El sometimiento a la justicia, la otra cara de la paz total
No basta con el proceso de paz con el ELN; se necesita una salida para el crimen organizado
Colombia es el segundo pa¨ªs con mayor incidencia del crimen organizado: se cuentan 52 organizaciones criminales y un grupo guerrillero. Con este ¨²ltimo, actualmente se desarrolla una mesa de negociaci¨®n de paz. Por otro lado, de los 1.122 municipios que tiene el pa¨ªs, la situaci¨®n de violencia y presencia de estas organizaciones criminales se hace intensa en poco m¨¢s de 300. Hay regiones en Colombia donde en un pu?ado de municipios operan hasta 11 de estos grupos, generando situaciones de violencia extrema.
Parece como si en Colombia nos encontr¨¢ramos con dos tipos de violencia organizada. Una es aquella derivada del siglo pasado, donde la disputa ideol¨®gica y los contenidos pol¨ªticos a¨²n son fuertes. De ese vestigio de conflictos pol¨ªticos queda la guerrilla del ELN, que representa entre el 10 y 12% de las acciones criminales en Colombia. Pero hay otro tipo de violencia, una que parece nueva, pero que en el fondo es la violencia reciclada en un pa¨ªs ahogado en econom¨ªas ilegales. Esta representa alrededor del 60% de la actividad criminal. Es aqu¨ª donde se entiende que no basta con el proceso de paz con el ELN; se necesita una salida para el crimen organizado.
Producto de dicha realidad, el nuevo Gobierno colombiano emprendi¨® el proyecto de la paz total que, entre otras estrategias, contiene una para desestructurar los factores organizados de violencia. Dicha estrategia se basa en negociaciones de paz y procesos de sujeci¨®n y sometimiento a la justicia. Frente a los primeros, Colombia ha acumulado una gran cantidad de experiencia: procesos de paz con las guerrillas del M-19, el EPL, entre otras, y m¨¢s recientemente con las extintas FARC. Sobre el sometimiento a la justicia la experiencia es mucho m¨¢s baja y hay resultados positivos, pero tambi¨¦n experiencias que ha salido bastante mal. Aun as¨ª, Colombia necesitaba dar cuenta de este nuevo ciclo de violencia y tener una oferta para el crimen organizado.
Por ende, se tom¨® la decisi¨®n, por parte del Gobierno, de construir un modelo de sometimiento a la justicia. Bajo el liderazgo de los senadores Iv¨¢n Cepeda y Roy Barreras, del exministro Yesid Reyes, del exvicefiscal Jorge Perdomo, de instituciones como el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y de abogados y expertos, se redact¨® la ley de sujeci¨®n a la justicia y desmantelamiento de estructuras criminales de alto impacto, que fue presentada al pa¨ªs hace pocos d¨ªas.
De forma individual, en la justicia colombiana existe lo que se ha denominado el principio de oportunidad, que es un modelo de sometimiento a la justicia donde una persona que comete un crimen o un delito se sujeta a la justicia y, a cambio de verdad y entrega de informaci¨®n, recibe un beneficio en la pena. Entonces de lo que se trataba era de crear un modelo de sometimiento colectivo. Fueron muchos debates, ideas y empantanamientos. La ecuaci¨®n que deb¨ªa hacerse se compon¨ªa de cuatro partes. Por un lado, una oferta lo suficientemente atractiva para lograr el sometimiento a la justicia de estructuras criminales poderosas. En segundo lugar, cumplir con las expectativas de los miles de v¨ªctimas de estas organizaciones criminales y con ello dar las garant¨ªas del derecho a la no repetici¨®n. En tercer lugar, un modelo que permitiera desestructurar redes criminales, rutas del narcotr¨¢fico y, en general, desmantelar el negocio il¨ªcito. Por ¨²ltimo, estructurar un modelo jur¨ªdico fuerte que diera cuenta del reto de desmontar organizaciones criminales.
As¨ª las cosas, el modelo presentado no contempla nuevos jueces, ni nuevos procedimientos. Lo ¨²nico que existe es una sustituci¨®n de la pena si se contribuye a la verdad, la restauraci¨®n, la garant¨ªa de no repetici¨®n y al desmantelamiento de estructuras criminales. Tampoco hay un nuevo tribunal o un tribunal transicional; el bloque de la justicia ordinaria el que liderar¨¢ este proceso. Frente al tema de penas, se establece una de entre 10 a 12 a?os, mucho m¨¢s de lo que en su momento fue Justicia y Paz, el modelo de desmovilizaci¨®n paramilitar. Esa pena tendr¨ªa dos componentes: una de c¨¢rcel, que ser¨¢ entre seis y ocho a?os, y otra de pena restaurativa supervisada de cuatro a?os. Frente a las riquezas ilegales, se mantuvo la cifra de la ley de extinci¨®n del dominio de 2014, la cual, una vez entregados bienes y recursos por parte de un actor criminal y una vez se pague la pena, a la persona que los entrega se le otorga hasta un 6% de esa riqueza para que pueda vivir con su familia.
El modelo de paz total debe ser entendido como la met¨¢fora de la zanahoria y el garrote. El Estado ya ha dise?ado la zanahoria con el proceso de paz y los procesos de sometimiento a la justicia. Pero la estructura criminal que no se quiera someterse deber¨¢ ser perseguida y judicializada.
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