La JEP imputa 14 cr¨ªmenes de guerra y de lesa humanidad a 10 exintegrantes de las FARC

Ensa?amiento sistem¨¢tico y deliberado. Eso fue lo que vivieron en 17 municipios del Cauca durante 23 a?os. As¨ª se desprende del auto de determinaci¨®n de hechos y conductas de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) que imput¨® 14 cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad a 10 ex integrantes de la extinta guerrilla de las FARC. La primera decisi¨®n de car¨¢cter territorial del Caso 05 afecta a nueve hombres y una mujer de las columnas m¨®viles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, que hac¨ªan parte del antiguo Bloque Occidental, que operaba en Cauca y Valle del Cauca, en el occidente colombiano.

Entre los delitos hay asesinatos, desaparici¨®n forzada, traslado forzoso de poblaci¨®n y otros actos inhumanos. Adem¨¢s, por primera vez, la JEP les imputa reclutamiento forzado que, de acuerdo con la investigaci¨®n, fue uno de los patrones que utilizaron en la regi¨®n para ¡°obtener o mantener el control territorial y social de la zona¡±. Abundan casos de menores ejecutados por ser considerados supuestos informantes, como el de una ni?a ind¨ªgena de la comunidad Nasa, que ten¨ªa 14 a?os. El asesinato de la menor fue reconocido por los comparecientes durante la investigaci¨®n.

El reclutamiento de ni?os y ni?as se present¨® de forma intensa desde la d¨¦cada de los a?os noventa, pero m¨¢s adelante, tuvo un aumento significativo desde el a?o 2011. ¡°Para el a?o 2010, las FARC-EP hab¨ªan acentuado la pr¨¢ctica del reclutamiento o alistamiento de ni?os y ni?as, los casos en su mayor¨ªa no fueron denunciados por el temor de las v¨ªctimas y sus familias a sufrir retaliaciones¡±, indica el auto, que se centra en afectaciones territoriales en esta regi¨®n del pa¨ªs. Entre las estrategias de reclutamiento o alistamiento se inclu¨ªan el ¡°enamoramiento de las mujeres j¨®venes¡± de las comunidades; o enga?os y ofrecimientos econ¨®micos.

Los consejos comunitarios que se declararon v¨ªctimas en este caso, destacaron que buena parte de las afectaciones recayeron en las mujeres de las comunidades, ¡°entre otras razones, debido a que el reclutamiento o alistamiento de ni?os y ni?as llevaba a la p¨¦rdida de sus hijos, fuese por muerte o por desaparici¨®n, o por los largos tiempos en que estos ya no volv¨ªan a las comunidades¡±.

La amplia gama de cr¨ªmenes cometidos por estas dos columnas de las ex FARC incluyen ataques a la poblaci¨®n civil, instalaci¨®n de minas antipersonales, asesinatos y desapariciones de l¨ªderes de comunidades ¨¦tnicas y campesinas. Todos los hechos fueron planificados, organizados y dirigidos por los integrantes de las comandancias de las dos estructuras investigadas, argumenta la JEP.

Se trata de ¡°cr¨ªmenes que violaron gravemente las normas del Derecho Internacional Humanitario aplicables en conflictos armados¡± y que ¡°no respetaron los principios de distinci¨®n¡±, explic¨® el magistrado Ra¨²l S¨¢nchez S¨¢nchez, durante la presentaci¨®n del auto. Que la JEP haya imputado a las FARC por cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad significa ¡°que no puede haber ning¨²n tipo de perd¨®n o amnist¨ªa, ni ning¨²n tipo de pena que prescriba. Tienen que enfrentase s¨ª o s¨ª las consecuencias de estos actos¡±, agreg¨®.

Los hechos investigados por la JEP abarcan hechos entre el primero de enero de 1993 y diciembre 2016, poco m¨¢s de dos d¨¦cadas. De acuerdo con la justicia transicional, despu¨¦s de la octava conferencia de las FARC, en 1993, se recrudeci¨® la violencia en esa regi¨®n. A partir de ese momento se identifican varios patrones de su actuaci¨®n en la zona.

Uno de ellos fueron los ataques para expulsar a las autoridades locales, que dejaron cientos de muertos y afectaron a escuelas, sitios sagrados y la naturaleza. Con estos buscaban ¡°obtener o consolidar el control territorial y social¡± y se caracterizaron por el lanzamiento indiscriminado de armas no convencionales llamadas ¡®tatucos¡¯ que perjudicaron a la poblaci¨®n civil. Otro patr¨®n fueron las muertes y la desaparici¨®n de ind¨ªgenas para hacer control territorial. ¡°Los comparecientes reconocieron la existencia de una pol¨ªtica de la extinta guerrilla de asesinar a personas de la poblaci¨®n civil de ser informantes, colaboradores o enemigos contrarios a esa organizaci¨®n¡± se lee en el Auto.

La persecuci¨®n de los ind¨ªgenas, afrodescendientes y campesinos, as¨ª como el desplazamiento forzado de las comunidades y el reclutamiento de menores, fueron otra de las estrategias. ¡°Muchos j¨®venes de los pueblos ¨¦tnicos fueron asesinados en consejos de guerra sin consideraci¨®n a su edad y mucho menos a su origen¡±, se lee en el documento. ¡°En conclusi¨®n el ¨¦xito del plan de comando Conjunto de Occidente exig¨ªa el sometimiento de los pueblos ind¨ªgenas y afrocolombianos para los fines de la organizaci¨®n y eso desconoce su autodeterminaci¨®n¡±.

Los imputados

Seg¨²n S¨¢nchez, los hallazgos de esta justicia, creada tras los acuerdos de paz, superan con creces los de la justicia ordinaria. ¡°Llama la atenci¨®n que los comparecientes que estuvieron privados de la libertad por delitos menores como la rebeli¨®n o el porte ilegal de armas han reconocido delitos m¨¢s graves como la toma de municipios, reclutamiento de menores, minas antipersona, asesinatos, por los cuales no fueron investigados por la justicia ordinaria¡±. Para este caso, explic¨® el presidente de la JEP, Roberto Vidal, se hizo un trabajo interjurisdiccional con el tribunal de ¨¦tica afrocolombiano y con la jurisdicci¨®n especial ind¨ªgena, as¨ª como una contrastaci¨®n judicial.

Los imputados como m¨¢ximos responsables por planificar, ordenar, facilitar y cometer estos cr¨ªmenes son: Diego Ardila Merch¨¢n, Jos¨¦ Gregorio Lasso C¨¦spedes, Efr¨¦n N¨²?ez Pulido, Remigio Valero R¨ªos y Gloria Ram¨ªrez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna m¨®vil Gabriel Galvis; as¨ª como Reinel Natalio Garc¨ªa Mujica, Braulio V¨¢squez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y Jos¨¦ Antonio Mu?oz, quienes formaron parte de la comandancia de la columna m¨®vil Jacobo Arenas.

De Garc¨ªa Mujica la JEP investiga si volvi¨® a alzarse y delinqui¨® una vez m¨¢s despu¨¦s del primero de diciembre de 2016. De comprobarse, el excomandante de la columna Jacobo Arenas ser¨¢ excluido de la justicia transicional.

El Auto de la JEP ya ha generado cr¨ªticas de grupos feministas. Varias organizaciones como Caribe Afirmativo, Colombia Diversa, Corporaci¨®n Colectiva Justicia Mujer y Corporaci¨®n 8 de Marzo, dicen que la decisi¨®n no incluy¨® la violencia sexual, violencia basada en g¨¦nero y otras violencias motivadas en la orientaci¨®n sexual, identidad y expresi¨®n de g¨¦nero de las v¨ªctimas. ¡°La JEP posterga una vez m¨¢s la investigaci¨®n con enfoque de g¨¦nero en la determinaci¨®n de hechos y conductas dentro del caso 05¡å, indicaron. Durante la rueda de prensa, el magistrado S¨¢nchez dijo que decidieron abordar estas tem¨¢ticas en un ¡°Auto especial que se emitir¨¢ pr¨®ximamente¡±.

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