La justicia transicional ordena al Gobierno reconocer que los ni?os reclutados no son ¡°m¨¢quinas de guerra¡±

Nunca m¨¢s los ni?os deber¨¢n ser llamados ¡°m¨¢quinas de guerra¡±. La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal colombiano que naci¨® de los acuerdos entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC en 2016, hizo p¨²blico este jueves un auto en el que ordena al Gobierno de Gustavo Petro que, en un plazo m¨¢ximo de 15 d¨ªas, haga un pronunciamiento p¨²blico que reconozca como v¨ªctimas del conflicto armado a los menores de 18 a?os reclutados para la guerra. Adicionalmente, la JEP ordena al Gobierno incorporar en su doctrina militar nuevas acciones para que se reconozca esa calidad de v¨ªctima en las filas de la fuerza p¨²blica, y se acaben los ¡°discursos justificativos¡± del pasado. En este punto, la JEP se?ala en particular a unas declaraciones que, consideran los magistrados, hicieron mucho da?o: las del Ministro de Defensa, Diego Molano, cuando un grupo de menores fue asesinado en un ataque contra las disidencias de las FARC en 2021.

Para entender la orden hay que devolverse hasta marzo de ese a?o, cuando era presidente Iv¨¢n Duque. En ese entonces hubo un bombardeo, por parte del Ej¨¦rcito Nacional a un campamento de las disidencias de las FARC, lideradas para la ¨¦poca por Gentil Duarte. Sin embargo, poco despu¨¦s del ataque se conoci¨® que entre los muertos estaban una docena de menores de edad. Los medios llamaron inmediatamente al ministro Molano, que justific¨® el ataque a pesar de que hubiera ni?os en el campamento. ¡°Aqu¨ª lo que tenemos son m¨¢quinas de guerra¡±, respondi¨® entonces en declaraciones a la radio. ¡°Dejan de ser v¨ªctimas cuando cometen delitos. Desafortunadamente se convierten en criminales¡±, a?adi¨® ante otro medio. Tambi¨¦n afirm¨® que el entrenamiento en la guerrilla transforma a los menores en ¡°j¨®venes combatientes y peligrosos¡±.

La JEP explica que ministro Molano ¨Cque antes hab¨ªa sido director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar¨C fue en contra de lo que dice la legislaci¨®n nacional, que ya ha reconocido en varias ocasiones que los ni?os y ni?as que han sido reclutados por los grupos armados son v¨ªctimas de la guerra, no criminales. Un ejemplo es la ley de v¨ªctimas aprobada en 2011, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y otro es una sentencia de la Corte Constitucional, del 2005, que expl¨ªcitamente dice: ¡°es obligaci¨®n del Estado promover el inter¨¦s superior, la protecci¨®n especial y los derechos fundamentales de estos menores, en su condici¨®n de v¨ªctimas particularmente vulnerables del conflicto armado¡±.

Sin embargo, el tribunal especial de paz reconoce que una cosa es la ley y otra cosa es cambiar los discursos que han justificado combates de guerra. ¡°El lenguaje pol¨ªtico y el lenguaje p¨²blico son importantes para garantizar un medio simb¨®lico libre de violencia¡±, dice el tribunal. ¡°Los actores institucionales no pueden utilizar cualquier tipo de lenguaje para referirse a los habitantes del territorio nacional. Deben cuidar de no estigmatizar a los opositores pol¨ªticos y de no revictimizar con sus palabras a las v¨ªctimas de delitos muy graves, como es el del reclutamiento il¨ªcito. Pero, adem¨¢s, las autoridades del Estado deben reconocer el efecto performativo del lenguaje. Se hacen cosas con las palabras¡±, a?ade el auto de la JEP.

Lo que hicieron las palabras, de acuerdo al tribunal, no fue solo estigmatizar y revictimizar a quienes fueron menores reclutados, sino tambi¨¦n desincentivar a quienes participan en el macrocaso 07 que adelanta la JEP, el que examina c¨®mo fue el reclutamiento forzado en el conflicto armado hasta el 2016. De acuerdo a la JEP, solo entre 1996 y 2016, m¨¢s de 18 mil menores fueron reclutados por las FARC. En el auto de este jueves, la JEP menciona que m¨¢s de 500 menores han sido reclutados entre septiembre del 2016 y agosto del 2022 por distintos grupos armados. Los ni?os siguen siendo v¨ªctimas de nuevas din¨¢micas de reclutamiento forzado, por lo que es importante que el Estado reconozca su calidad de v¨ªctimas en los combates, considera el tribunal.

La JEP reconoce que el nuevo ministro de Defensa designado por el presidente Petro, Iv¨¢n Vel¨¢zquez, ha tenido una actitud contraria a la de Diego Molano. En agosto del a?o pasado Vel¨¢zquez dijo que ninguna acci¨®n militar debe poner en peligro a la poblaci¨®n civil, o a los menores, para evitar repetir ¡°actos muy dolorosos del pasado¡±. No los mencion¨® pero, adem¨¢s del caso Molano, Guillermo Botero, el primer ministro de Defensa del Gobierno Duque, renunci¨® ante la inminente aprobaci¨®n de una moci¨®n de censura despu¨¦s de que se supo que ocho menores de edad hab¨ªan muerto en otro bombardeo contra disidentes de las FARC.

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