Gobiernos ingobernables

?El poder para qu¨¦? pregunt¨® el pol¨ªtico liberal Dar¨ªo Echand¨ªa cuando sus copartidarios le pidieron que se tomara el Gobierno de Colombia, en medio de los tremendos disturbios de abril de 1948, desatados por el asesinato del popular caudillo liberal Jorge Eli¨¦cer Gait¨¢n. Algo similar se pueden preguntar en la actualidad varios presidentes latinoamericanos. ?El poder para qu¨¦?

Empecemos por el chileno, Gabriel Boric. La C¨¢mara de Diputados rechaz¨® siquiera discutir su proyecto de reforma tributaria, y deber¨¢ esperar un a?o para presentarla nuevamente; si fuera antes, debe garantizar que dos terceras partes del senado apoyen la nueva iniciativa. Observadores locales responsabilizan al Ejecutivo de no haber logrado un ambiente de concertaci¨®n de sus principales propuestas.

Esto se suma al rechazo en las urnas de la nueva Constituci¨®n. El economista chileno Alejandro Mico culpa del poco avance del gobierno a un exceso de ambici¨®n y un defecto de realismo. Cecilia Cifuentes atribuye los reveses a las posturas radicales extremas, que demonizaron la negociaci¨®n pol¨ªtica y llevaron a perder el apoyo de la poblaci¨®n. Volver a avanzar en reformas requerir¨ªa cambiar la actitud del gobierno Boric.

En el caso del depuesto presidente del Per¨², Pedro Castillo, en abril de 2022 present¨® el proyecto de una reforma constitucional para un referendo y convocar una asamblea constituyente. Era la bandera de su gobierno, pero fue derrotada en una comisi¨®n del Congreso. Poco antes, el mismo Congreso hab¨ªa limitado iniciativas tributarias clave del Gobierno, orientadas a aumentar los impuestos a la renta, las ventas y alquileres, as¨ª como las regal¨ªas mineras. De nuevo, una mezcla de inexperiencia pol¨ªtica y un exceso de optimismo frente a propuestas desmesuradas dieron al traste con la gobernabilidad. Otros hechos desatar¨ªan el cambio de gobierno.

En Ecuador la oposici¨®n hostil ha bloqueado la mayor¨ªa de las iniciativas del presidente Guillermo Lasso y la Corte Constitucional admiti¨® la solicitud de juicio pol¨ªtico contra ¨¦l. Lasso podr¨ªa disolver la Asamblea Nacional y gobernar por decreto, pero ser¨ªa una ruta temeraria.

En Colombia las restricciones al activismo del presidente Gustavo Petro han venido tanto del Congreso como de las altas cortes. El primero rechaz¨® una reforma constitucional de la pol¨ªtica a pesar de que creaba una puerta giratoria a los congresistas para permitirles ocupar ministerios y les facilitaba cambiar de partido. Las suspicacias sobre las intenciones hegem¨®nicas del ejecutivo pesaron m¨¢s que el plato de lentejas de la reforma.

El Consejo de Estado impidi¨® que, por decreto, el presidente se convirtiera en el regulador de facto del sector el¨¦ctrico. Finalmente, la Corte Constitucional advirti¨® estar dispuesta a invalidar leyes que considere contrarias al dise?o constitucional del pa¨ªs. Petro tambi¨¦n ha recibido el rechazo de varios partidos pol¨ªticos a su propuesta de reforma de salud, y no est¨¢ claro si las reformas del mercado laboral y pensiones ser¨¢n fuertemente ¡°peluqueadas¡±, pues son vistas con recelo por los empresarios y los aportantes al ahorro previsional.

Terminemos nuestro recorrido de sur a norte con M¨¦xico donde se ha limitado el alcance de las tres reformas constitucionales clave que buscaba el gobierno de Andr¨¦s Manuel L¨®pez Obrador; a saber, la el¨¦ctrica, la de la Guardia Nacional y la electoral. A tal punto que a principios de enero el gobierno anunci¨® que no habr¨ªa m¨¢s reformas de car¨¢cter constitucional.

Las iniciativas el¨¦ctrica y electoral fueron rechazadas como normas constitucionales, y debieron ser aprobadas como leyes secundar¨ªas. La propuesta de la Guardia Nacional fue aprobada gracias al PRI, y si bien se permiti¨® que el Ej¨¦rcito tuviera funciones de combatir el crimen, no se aprob¨® que la Guardia Nacional pasara a la Secretar¨ªa de Defensa. La suspensi¨®n a la reforma electoral estar¨¢ vigente hasta que la Suprema Corte resuelva, pues se trata de la posible violaci¨®n a los derechos pol¨ªtico-electorales de la ciudadan¨ªa.

Como en Chile, Per¨², Ecuador y Colombia, el Congreso de M¨¦xico y la Suprema Corte de Justicia han delimitado la discrecionalidad del ejecutivo. Podr¨ªamos haber rese?ado tambi¨¦n la experiencia de Macron en Francia con la reforma pensional, o de Netanyahu en Israel con la reforma de justicia, pero la evidencia de estos cinco pa¨ªses latinoamericanos basta para revelar una especie de sistema inmunol¨®gico que defiende a las instituciones contra cierto tipo de modificaciones.

Los gobiernos rese?ados llegaron al poder con la promesa de llevar a cabo profundas reformas que cambiar¨ªan el comportamiento de la econom¨ªa, la pol¨ªtica y la sociedad en su conjunto. El caso m¨¢s dram¨¢tico tal vez fue la propuesta de nueva Constituci¨®n producida por la Asamblea Constituyente de Chile y rechazada en las urnas.

A Castillo en Per¨² no se lo dej¨® llegar a la instancia de preguntarle a los peruanos si quer¨ªan o no una nueva constituci¨®n. Petro y AMLO han buscado cambios en temas pol¨ªticos, electorales y de energ¨ªa que o han sido rechazados por los respectivos congresos, o que han sido objeto de control por parte de las altas cortes.

Algunos argumentar¨¢n que las ¨¦lites pol¨ªticas y econ¨®micas se resisten al cambio, y que eso puede cerrar las puertas para transformaciones democr¨¢ticas. Con base en ese tipo de reflexi¨®n se ha llegado a sugerir otros caminos de participaci¨®n directa de ¡°el pueblo¡±. Inclusive en desmedro de la democracia representativa.

Pero no son solamente las ¨¦lites. Las demostraciones callejeras indican que el malestar con las reformas es m¨¢s generalizado que simplemente un tema de medios y ¨¦lites. Dicho sea de paso, muchos mandatarios se apoyaron en dichas demostraciones, y varios fueron posteriormente v¨ªctimas de un cambio de sentimiento de ¡°la calle¡±.

Una forma alternativa de verlo es que estos presidentes se han equivocado en el alcance de sus agendas, que contemplan transformaciones excesivas y riesgosas, de dif¨ªcil tr¨¢mite. Eso se suma al desconocimiento de la mec¨¢nica de trabajo cotidiano en el Congreso. El manejo de los balances pol¨ªticos demanda dialogar e inclusive negociar con la oposici¨®n. En lugar de desconocerla y querer imponerle unas mayor¨ªas que, a la postre, resultan endebles.

Una tercera perspectiva para entender los tiempos que corren es que esto es lo mejor que les puede pasar a los gobiernos. Los presidentes buscan acertar, pero tambi¨¦n deben evitar equivocarse, en especial en materia grave. Cuando las instituciones le dicen a los mandatarios que tal o cual reforma traspasa las fronteras de lo admisible, llevar¨ªa a incurrir en riesgos excesivos en servicios clave como salud y pensiones, o tendr¨ªan consecuencias indeseables en empleo, o un dise?o da?ino en impuestos, est¨¢n actuando como el buen amigo que le advierte a uno sobre un error que est¨¢ a punto de cometer.

Sea como fuere, como dice un amigo mexicano, ¡°hemos descubierto que las instituciones son m¨¢s fuertes de lo que pens¨¢bamos¡±. Esto tiene un inmenso valor, a¨²n al costo de que los nuevos gobiernos encuentren que no pueden adelantar una agenda radical y sientan que no es posible gobernar. Estos acontecimientos definitivamente han dado nueva vigencia la pregunta de Dar¨ªo Echand¨ªa ?El poder para qu¨¦?

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