Un beb¨¦ ember¨¢ muere en Bogot¨¢ bajo custodia del ICBF
Las comunidades ind¨ªgenas albergadas en un centro del distrito se?alan el caso
Ni siquiera tres meses alcanz¨® a vivir Jadiel Grepson Queragama. El pasado 21 de abril alrededor de las 4:00 p.m. el beb¨¦ ember¨¢ falleci¨® a causa de una falla respiratoria. Su mam¨¢ biol¨®gica, Claudia Queragama, recibi¨® la noticia varias horas despu¨¦s, pues el reci¨¦n nacido llevaba 10 d¨ªas bajo la custodia de una madre sustituta designada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El caso de Jadiel se suma a la de 38 ind¨ªgenas que han muerto desde que llegaron desplazados a Bogot¨¢ 15 pueblos originarios e iniciaron una minga en el Parque Nacional en septiembre de 2021. El 80% han sido menores de 10 a?os.
Frente al caso de Jadiel, el Distrito no se ha pronunciado hasta el momento. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emiti¨® un comunicado en el que asegura que ¡°el d¨ªa 21 de abril [el beb¨¦] present¨® algunas complicaciones respiratorias y fue trasladado al servicio de urgencias donde fallece por sus complicaciones de salud de base¡±
Esta no es la primera vez en la que un menor de edad muere en protecci¨®n de esta entidad. El pasado 20 de febrero Deisy Eliana Queragama, de 11 a?os muri¨® a causa de un paro respiratorio como consecuencia de una neumon¨ªa severa que padec¨ªa, seg¨²n los m¨¦dicos del Hospital San Jos¨¦. Los d¨ªas anteriores hab¨ªa estado viviendo en un Centro de Emergencia del ICBF en el marco del proceso de restablecimiento de sus derechos.
La familia de Jael viv¨ªa en la Unidad de Protecci¨®n Integral (UPI) La Florida y la de Deisy en en La Rioja. Los dos hacen parte de las familias del pueblo Ember¨¢ que firmaron hace ya un a?o acuerdos con las administraciones distrital y nacional, que permiti¨® que los aproximadamente 5.000 ind¨ªgenas que ocupaban el Parque Nacional fueran trasladados a diferentes UPI de Bogot¨¢. A¨²n as¨ª, lo que en su momento fue una esperanza para miles de personas desplazadas se ha ido desvaneciendo, pues el lento cumplimiento de lo pactado ha tenido un impacto mortal en la vida de los m¨¢s peque?os, incluso cuando est¨¢n bajo cuidado y tutela estatal.
Los casos de ni?os y j¨®venes ind¨ªgenas en custodia estatal se han vuelto cada vez m¨¢s recurrentes. Seg¨²n cuentan algunos l¨ªderes de Autoridades Ind¨ªgenas de Bakat¨¢ (AIB), dadas las condiciones indignas en las que viven dentro de los centros y su precaria situaci¨®n econ¨®mica, los j¨®venes y sus familias se ven obligadas a trabajar en la calle, vivir de la caridad de extra?os o comer en situaciones insalubres. En ello coincide Eduardo Mumundia, l¨ªder ember¨¢ en la UPI La Florida, ¡°cocinamos con le?a, el humo ha enfermado a muchos ni?os. El ICBF dijo que el caso de Jael fue por abandono, pero no fue as¨ª, su grave estado de salud fue producto de c¨®mo vivimos aqu¨ª¡±, explica.
Para hacerle frente al problema de hacinamiento de las UPI, que agrava la salud de muchos ind¨ªgenas, en diciembre la Sociedad de Activos Especiales -la entidad estatal que administra bienes incautados a la mafia y la delincuencia- anunci¨® que, producto de los di¨¢logos de emergencia entre l¨ªderes ind¨ªgenas y el presidente Petro, dispondr¨ªa de tres predios para reubicarlos, uno en Risaralda y dos en Bogot¨¢. EL PA?S se comunic¨® con la entidad para conocer en qu¨¦ iba este proceso, pero no obtuvo respuesta. Una respuesta que tampoco han obtenido las Autoridades Ind¨ªgenas en Bakata, la organizaci¨®n que agrupa a estas comunidades en la capital y que han sido voceros de estos pueblos ante el gobierno.
Otro punto pactado es hacer retornos seguros de los ind¨ªgenas a sus territorios. La Unidad de atenci¨®n a las v¨ªctimas, encargada de llevarlos a cabo, informa que 210 personas de la UPI La Florida y 457 de la UPI La Rioja han expresado la voluntad de retornar a sus territorios.
A pesar de esos anuncios, las Autoridades Ind¨ªgenas en Bakata afirman que esos puntos no han sido socializados con ellos, lo que a su juicio es clave pues las AIB agrupan la mayor¨ªa de las comunidades originarias asentadas en la capital. Asimismo, sostienen no saber de los predios prometidos y denuncian que en muchos de los procesos de retorno de las m¨¢s de 100 familias que han decidido regresar a su territorio, no se les ha hecho part¨ªcipes.
Pero, sobre todo, claman que las instituciones apoyen a las familias de los ni?os fallecidos, como debi¨® ocurrir en el caso de Camila Evao de dos a?os de edad. La ni?a muri¨® el 16 de febrero pero su entierro se tard¨® m¨¢s de un mes y se logr¨® gracias a que su madre ¡ª quien no hablaba espa?ol ni hab¨ªa sido informada sobre la ruta a seguir ¡ª pas¨® d¨ªas enteros llorando frente a Medicina Legal para que le entregaran a su hija. Una tr¨¢gica imagen que sus l¨ªderes temen se siga repitiendo.
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