Jorge Mantilla: ¡°Colombia lleva tres d¨¦cadas construyendo la paz total¡±

El experto en conflicto armado, gobernanza criminal y seguridad habla sobre el conflicto y la reci¨¦n salida pol¨ªtica de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro.

Jorge Mantilla en su casa en Bogot¨¢, Colombia el 28 de abril del 2023.Diego Cuevas

Jorge Mantilla es polit¨®logo y doctorando en Criminolog¨ªa, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois Chicago. Durante a?os ha estudiado el conflicto armado, la gobernanza criminal y la seguridad. Habla con EL PA?S sobre el conflicto y la reci¨¦n salida pol¨ªtica de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro.

Pregunta. Muchos opinan que la violencia que vivimos en Cauca, Catatumbo, Arauca, Buenaventura, es hist¨®rica. Y lo es, pero tiene que ser posible explicar por qu¨¦ se reci...

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Jorge Mantilla es polit¨®logo y doctorando en Criminolog¨ªa, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois Chicago. Durante a?os ha estudiado el conflicto armado, la gobernanza criminal y la seguridad. Habla con EL PA?S sobre el conflicto y la reci¨¦n salida pol¨ªtica de seguridad del Gobierno de Gustavo Petro.

Pregunta. Muchos opinan que la violencia que vivimos en Cauca, Catatumbo, Arauca, Buenaventura, es hist¨®rica. Y lo es, pero tiene que ser posible explicar por qu¨¦ se reciclaron los conflictos en esos lugares y qu¨¦ los caracteriza hoy¡­

Respuesta. En 2017, con el proceso de desmovilizaci¨®n de las FARC, Colombia entra en un proceso de fragmentaci¨®n de la violencia. Como eran el ¨²ltimo grupo con capacidad de comando y control a nivel nacional, inicia un proceso de fragmentaci¨®n de la violencia.

A partir de 2018, se agudizan las guerras locales, peleadas por grupos m¨¢s fragmentados y de liderazgos m¨¢s inestables; no son guerras nuevas, simplemente emergieron con mayor visibilidad y violencia. Su caracter¨ªstica m¨¢s importante y dram¨¢tica es que no son contra el Estado sino entre grupos ilegales. Por ello la violencia contra la poblaci¨®n civil.

Ahora bien, esos territorios que usted menciona son todos zonas de frontera, el rev¨¦s de la naci¨®n seg¨²n la antrop¨®loga Margarita Serje. Colombia no ha podido integrar sus fronteras a la vida pol¨ªtica y econ¨®mica, y no las controla. Las comunidades que viven en ellas est¨¢n a merced de poderes no estatales.

P. Hay lugares donde existe una institucionalidad que deber¨ªa ser garante o al menos un muro de contenci¨®n a la violencia ?Por qu¨¦ no funciona? ?Corrupci¨®n y qu¨¦ m¨¢s?

R. Tenemos un problema de capacidades y otro de legitimidad, relacionados con la manera en la que se ven estos lugares desde Bogot¨¢. F¨ªjese en Tumaco: un municipio priorizado por todos los programas de Gobierno, en el que trabajan m¨¢s de treinta organizaciones internacionales. Pocas cosas han cambiado all¨ª en los ¨²ltimos a?os, y probablemente pocas cosas cambien en los pr¨®ximos. ?Por qu¨¦? Son lugares desconectados, sin v¨ªas de acceso, en los que se hacen ¡°intervenciones¡±. Los l¨ªderes locales se burlan del ¡°desfile de chalecos¡±: llega un helic¨®ptero con funcionarios con su chaleco y su gorra institucional, hacen una reuni¨®n, reparten refrigerios y se van.

Tendemos a ver estos lugares como el lejano oeste, lugares a los que uno no deber¨ªa ir. Por supuesto tienen graves problemas de inseguridad, pero tambi¨¦n tienen un orden local, una manera de entender y dirimir los conflictos: son claves las juntas de acci¨®n comunal, los resguardos, los consejos comunitarios. Un tejido social que es un ingrediente fundamental para construir Estado. Creo que eso lo entiende este Gobierno.

La brecha de legitimidad est¨¢ tambi¨¦n mediada por la cooptaci¨®n del Estado, m¨¢s que por la corrupci¨®n. Se ha normalizado la cooperaci¨®n de la fuerza p¨²blica con actores armados: generales, coroneles, sargentos les suplen armas e informaci¨®n. Son verdades judiciales, hechos irrefutables. Si vamos a la pol¨ªtica regional el panorama es peor. En Arauca o C¨®rdoba es pr¨¢cticamente imposible hacer pol¨ªtica sin el permiso de los grupos armados.

P. ?C¨®mo y cu¨¢les son las estructuras criminales por regiones? Usted hizo un doctorado en criminolog¨ªa, ?c¨®mo explicar sus jerarqu¨ªas y modos operandi?

R. Desde la criminolog¨ªa no es posible entender las estructuras del crimen organizado sin tener en cuenta los esquemas de protecci¨®n que el crimen recibe por parte de agentes del Estado. Ahora bien, el contexto criminal de Colombia se ha venido transformando y cada vez es m¨¢s dif¨ªcil diferenciar entre grupos armados pol¨ªticos y no pol¨ªticos.

Esto es propio de contextos en donde las insurgencias empiezan a verse sobrepasadas por las din¨¢micas de los mercados il¨ªcitos mediante los cuales financian sus guerras. En el ELN se les conoce como ¡°embambados¡±: comandantes que andan con cadenas de oro, celulares de alta gama, las mejores motocicletas.

El caso m¨¢s paradigm¨¢tico es el de John 40. Ha hecho parte de las dos disidencias, hoy est¨¢ con la Segunda Marquetalia. En su momento hered¨® los dominios del Negro Acacio, uno de los financistas m¨¢s importantes de las FARC. Ha sido c¨¦lebre por sus excesos: les hac¨ªa cirug¨ªas est¨¦ticas a las guerrilleras, armaba conciertos de m¨²sica carrilera. Por eso en 2010 el secretariado le hizo un juicio revolucionario. Sin embargo, apareci¨® ahora al lado de Iv¨¢n M¨¢rquez hablando de ¡°transformaciones estructurales¡±.

El contexto criminal de hoy en Colombia es complejo. Tenemos tres grandes formaciones armadas: el Clan del Golfo, el ELN y las dos disidencias de las FARC, el Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia. Todas est¨¢n compuestas por estructuras que, aunque le hablan al pa¨ªs bajo el mismo nombre, no siempre jalan para el mismo lado. Cada una tiene una ¡°zona de confort¡± donde es el actor hegem¨®nico; de resto compite, coopera o convive con otros grupos. Por eso la lectura de un conflicto armado nacional con grandes narrativas pol¨ªticas es insuficiente para entender lo que est¨¢ pasando ?C¨®mo explicar que el ELN trabajase con el Clan en el sur de Bol¨ªvar alrededor de la miner¨ªa de oro, pero est¨¦n en guerra en Choc¨®? ?O que est¨¦ en guerra con las disidencias en Arauca, pero convivan en el Catatumbo? Son otro tipo de l¨®gicas las que explican la violencia de hoy.

P. ?En un escenario c¨®mo este por qu¨¦ hablar de una paz total? ?Es viable? Deseable s¨ª, pero ?de qu¨¦ manera?

R. Colombia lleva tres d¨¦cadas construyendo la paz total. Desmoviliz¨® al M-19, a las AUC, a las FARC. En las ¨²ltimas d¨¦cadas hemos desmovilizado m¨¢s de 50.000 personas entre procesos colectivos e individuales. No creo que haya otro pa¨ªs con una experiencia semejante.

Pero la pol¨ªtica de este Gobierno, adem¨¢s de los problemas de planeaci¨®n, ha adolecido de una estrategia de seguridad que la acompa?e. Los grupos se han empoderado y la extorsi¨®n, el control territorial o el reclutamiento forzado est¨¢n disparados en varias regiones. Esto genera zozobra entre la ciudadan¨ªa y le resta credibilidad a la paz total en el mediano plazo.

Por ¨²ltimo, es previsible que cualquier acuerdo al que se llegue con el ELN o con las disidencias tenga que ser implementado por el pr¨®ximo Gobierno que seguramente ser¨¢ uno menos entusiasta de la paz total. Se puede repetir la historia del acuerdo del Teatro Col¨®n durante el Gobierno Duque.

P. ?Cu¨¢les identificar¨ªa como las dificultades? Por ejemplo, el gobierno toma la decisi¨®n por micr¨®fono y sin m¨¢s de declarar el estatus pol¨ªtico a las disidencias de las FARC que llama Estado Mayor Central (EMC), los legitima como interlocutores. ?Es la manera de reconocer que efectivamente estamos a merced de un ej¨¦rcito de disidentes?

R. El problema del Gobierno es serio. Se acerca a su primer a?o y los resultados en paz son insuficientes. Su caso de ¨¦xito, la tregua en Buenaventura, est¨¢ saliendo mal; volvieron los desplazamientos forzados y los enfrentamientos entre Shottas y Espartanos; en la zona rural el panorama es peor. Esta semana sali¨® un comunicado diciendo que se renov¨® la tregua. Habr¨¢ que ver.

El actor de mayor complejidad son las disidencias. El EMC s¨®lo exist¨ªa en comunicados, pero el Gobierno necesitaba un interlocutor v¨¢lido en la negociaci¨®n. Como esa validez depende de que pueda cumplir lo que pacta, necesitaban un nivel de coordinaci¨®n que no ten¨ªan. Con la reuni¨®n del Yar¨ª, el Gobierno propici¨® la integraci¨®n de una guerrilla que estaba desarticulada, y que se le puede salir de las manos.

Como los avances en la paz total dependen de que el ELN y el Estado Mayor Central hagan concesiones, ellos despliegan prepotencia. El Estado entr¨® a la negociaci¨®n cediendo las operaciones ofensivas y es dif¨ªcil pensar hacia futuro qu¨¦ otro recurso m¨¢s valioso que ese podr¨ªa utilizar en el marco de la negociaci¨®n.

P. ?Qu¨¦ consecuencias puede tener ese status a las disidencias?

R. La m¨¢s importante es que termina de sepultar el acuerdo de paz 2016. No s¨®lo porque les da la posibilidad de decir que ellos son las verdaderas FARC y que nunca hubo acuerdo, cosa absolutamente falsa, sino porque abre la puerta a renegociar aspectos de este como los asuntos de reforma rural integral y de drogas. Adem¨¢s, teniendo en cuenta que como el EMC y la Segunda Marquetalia est¨¢n en guerra en varias zonas, genera un incentivo para que esta ¨²ltima intente ganar relevancia. Ah¨ª tenemos el revuelo que ha generado la supuesta refundaci¨®n del frente 53 en la regi¨®n del Sumapaz.

P. Usted ha planteado que no hay opci¨®n distinta a una especie de peque?as desmovilizaciones? Expl¨ªquenos ?Pueden ¨¦stas evitar el c¨ªrculo de guerras recicladas y alimentadas por el mismo negocio: coca, miner¨ªa, ?y dem¨¢s?

R. Una cosa son las econom¨ªas ilegales y otra los grupos armados que las disputan y controlan. Frente a las econom¨ªas ilegales, la l¨®gica es de reducci¨®n y de contenci¨®n. Como en una barca con agujeros, el objetivo es sacar agua de tal manera que no nos hundamos. As¨ª es la lucha contra el crimen organizado. Frente a los grupos armados, la perspectiva debe ser el desmantelamiento mediante el uso de la fuerza y las conversaciones de paz o de sometimiento. Son dos caras de una misma moneda. Gustavo Duncan utiliza el t¨¦rmino ¡°domesticaci¨®n de los armados¡± y creo que es la perspectiva correcta.

Si la paz total logra desmovilizar al ELN, ya ser¨ªa un aporte hist¨®rico de este Gobierno. Creo que es posible llegar a acuerdos con una parte del ELN, hacer lo propio con las disidencias, y avanzar de manera decidida en recuperar la iniciativa militar del Estado.

El reciclaje de la violencia es previsible en contextos de transici¨®n a la paz como el colombiano. Nuestro problema es que nos quedamos atrapados en esa transici¨®n. Contener las econom¨ªas il¨ªcitas, desmantelar los grupos armados e impedir nuevos ciclos de violencia requiere que el Estado sea capaz de proteger a la poblaci¨®n civil, controlar el territorio y desarrollar procesos de transformaci¨®n territorial vinculados al desarrollo econ¨®mico. Esto ¨²ltimo es gradual y muchas veces tiene reveses, como el impacto devastador de la pandemia sobre los indicadores de pobreza.

A eso s¨²mele algo que es obvio pero que poco se tiene en cuenta: usted puede desmovilizar miles de personas, pero si no detiene el reclutamiento no est¨¢ haciendo nada. Una de las cosas preocupantes es que pareciera que no hay doliente de este tema en el Gobierno.

P. Por cierto ?en qu¨¦ escenario cree que est¨¢ Colombia ante las nuevas apuestas de cambiar el paradigma de las drogas cuando no hay acuerdos globales al respecto?

R. La crisis de la econom¨ªa cocalera en las regiones es una oportunidad para acelerar los procesos de sustituci¨®n econ¨®mica y es el reflejo de varias variables: los cambios en la fuerza p¨²blica, la sobreoferta por el desborde del n¨²mero de hect¨¢reas sembradas, el ¨¦nfasis en la interdicci¨®n y la creciente importancia de las drogas sint¨¦ticas a nivel global.

Faltan muchos a?os para que el mundo avance hacia una regulaci¨®n de la coca¨ªna como la que estamos viendo con la marihuana, y por eso, m¨¢s que en un cambio de paradigma, el pa¨ªs debe concentrarse en un cambio de estrategia contra el narcotr¨¢fico que se integre a una pol¨ªtica de drogas. Pienso que los compromisos sectoriales que se han hecho desde el sector defensa frente a este tema son s¨®lidos, sin embargo, a¨²n no conocemos la pol¨ªtica de drogas que debe formularse desde el Ministerio de Justicia. La izquierda es sectaria incluso entr¨¦ s¨ª, y eso ha dificultado echar a andar procesos institucionales por egos y desconfianzas. La demora es preocupante dadas las expectativas que se han generado entre los campesinos cocaleros.

Jorge Mantilla en Bogot¨¢, Colombia el 28 de abril del 2023.Diego Cuevas

P. Me pregunto cu¨¢les ser¨ªan los escenarios para llegar a acuerdos humanitarios m¨ªnimos que le dieran una pausa al desangre

R. Por un lado, la plataforma humanitaria de la sociedad civil que agrupa iniciativas de diferentes regiones ha venido trabajando, desde antes de este Gobierno, en unos m¨ªnimos humanitarios de acuerdo con el contexto de cada regi¨®n. All¨ª juegan un papel importante la iglesia y la comunidad internacional.

Por otro lado, est¨¢n los acercamientos entre el Gobierno y los grupos armados en los que la supuesta voluntad de paz deber¨ªa traducirse en hechos concretos. Sin embargo, estamos viendo todo lo contrario. Por ejemplo, OCHA reporta un aumento del 124% en los incidentes de acceso humanitario, y lo propio los ataques contra misiones m¨¦dicas. Si los trabajadores humanitarios no pueden acceder a las zonas afectadas por la violencia para ayudar a la poblaci¨®n civil, ?cu¨¢l es la voluntad de paz que est¨¢ viendo el Alto Comisionado de Paz? Es muy importante ser claros. Las caravanas, alivios y cercos humanitarios son una instrumentalizaci¨®n del t¨¦rmino humanitario. Es de la mayor gravedad.

P. ?Por qu¨¦ no implementa este Gobierno el acuerdo de paz como estrategia ¨²nica de contenci¨®n de la guerra?

R. Ese era el orden de las cosas: cumplir lo acordado y seguir avanzado en la desmovilizaci¨®n y desmantelamiento de los dem¨¢s grupos, principalmente del ELN con quien ya hab¨ªa una agenda y tempranamente se designaron delegaciones.

Supongamos que el acuerdo con las FARC hubiera sido implementado a cabalidad. Tendr¨ªamos igual los problema del ELN, el Clan del Golfo y la criminalidad organizada. No podemos olvidar que Am¨¦rica Latina es la regi¨®n m¨¢s violenta del mundo a pesar de no tener grandes conflictos armados, por el avance de la delincuencia y la criminalidad organizada. Si Colombia lograra superar los rezagos del conflicto armado seguir¨ªamos siendo un pa¨ªs con serios problemas de inseguridad como M¨¦xico, Brasil o Ecuador.

P. Volvamos a las estructuras de la violencia. Expl¨ªquenos el Clan del Golfo. ?C¨®mo lee el proyecto de sometimiento a la justicia? ?Es realista? ?Qu¨¦ elementos nos har¨ªa pensar que puede ser exitoso o un fracaso?

R. Es dif¨ªcil que alguien pueda explicar qu¨¦ es realmente el Clan del Golfo, porque tiene al menos tres formatos. Uno es el ej¨¦rcito privado que opera bajo el nombre de las AGC, usa brazaletes, tiene hombres con fusil y ha desarrollado un discurso pol¨ªtico acorde al contexto de la paz total. Viene de la desmovilizaci¨®n paramilitar, pero han adquirido protagonismo ex miembros de las FARC que trajeron aprendizajes criminales como el ataque a la fuerza p¨²blica con artefactos explosivos. Lo encontramos sobre todo en las zonas del sur de C¨®rdoba y el Urab¨¢, donde impone normas, como horarios o restricciones a la movilidad, a la par que controla la pol¨ªtica regional. Una aut¨¦ntica demostraci¨®n de gobernanza criminal.

Un segundo formato, a mi manera de ver el m¨¢s complejo, es de la subcontrataci¨®n y las franquicias criminales. Por ejemplo, hacia 2020 hombres del Clan literalmente compraron la estructura armada que quedaba de Los Rastrojos en Norte de Santander, y as¨ª hace contrapeso a la expansi¨®n del ELN, como tambi¨¦n lo han hecho en los llanos y el suroccidente. Este formato les permite incursionar en diferentes ciudades, particularmente en Cartagena y Barranquilla, donde se han incrementado los homicidios. Cooptan y patrocinan bandas locales que operan a nombre del Clan en momentos importantes, como el paro armado de mediados del 2022. Aunque queda la sensaci¨®n de que el Clan controla todo el norte del pa¨ªs, eso es bastante relativo.

Por ¨²ltimo, est¨¢ la red de intermediaci¨®n transnacional, un formato m¨¢s empresarial que llega a trabajar con otros grupos si existe la ventana de oportunidad para hacerlo y juegan un papel muy importante pues gestionan el gran narcotr¨¢fico, desde la exportaci¨®n hasta el lavado de activos.

La ventaja del Clan sobre los otros grupos es su pragmatismo. Son omn¨ªvoros, a donde llegan desarrollan r¨¢pidamente formas de regulaci¨®n de la ilegalidad y la informalidad. Por eso es tan dif¨ªcil que se sometan colectivamente. Probablemente haya avances concretos con gente que ya esta presa o en problemas con la justicia, pero las estructuras con capacidad financiera y militar robusta no tienen incentivos para hacerlo. Veremos procesos de ajustes internos como la muerte de Siopas y creo que prevalecer¨¢n la confrontaci¨®n y la persecuci¨®n judicial.

P. Entramos al tercer ciclo de conversaciones con el ELN en un par de d¨ªas. ?En qu¨¦ escenario estamos con esa guerrilla? Si no son los escenarios de poder tradicionales, curules, cargos, la dosis de impunidad por verdad, justicia y reparaci¨®n, ?A cambio de qu¨¦ har¨ªan la paz?

R. No creo que ellos mismos lo sepan. Una cosa querr¨¢ Pablito, otra Beltr¨¢n y los moderados. Habr¨¢ que ver qu¨¦ sector gana el pulso interno. En las declaraciones de Antonio Garc¨ªa se nota una desconexi¨®n enorme con los tiempos y las necesidades de una negociaci¨®n seria. El ELN est¨¢ en el mejor de los mundos: opera a sus anchas, sigue gozando de la protecci¨®n del Gobierno de Venezuela, e impone los tiempos y los t¨¦rminos de la negociaci¨®n. Por eso, uno esperar¨ªa que los organismos de inteligencia est¨¦n pensando ya en qu¨¦ estructuras integrar¨ªan unas eventuales disidencias del ELN; un reciente informe de la JEP habla de ocho frentes.

Los escenarios de poder en los que el ELN se siente m¨¢s c¨®modo son los del movimiento social. Cuando el ELN habla de poder popular habla justamente de eso, de integrarse a plataformas de la sociedad civil en zonas como el Catatumbo, Arauca o el Sur de Bol¨ªvar donde tradicionalmente han estado ligados al poder local. De all¨ª que la participaci¨®n de la sociedad civil sea un punto central de la agenda de la negociaci¨®n.

La mayor parte del COCE pasar¨¢ a buen retiro, pero el problema en estos procesos son los mandos medios. En el caso del ELN muchos son guerrilleros de medio tiempo, m¨¢s bien simpatizantes o colaboradores.

P. ?Y las disidencias? ?A cambio de qu¨¦ negociar¨ªan?

R. Hay dos grandes ¨¢mbitos geogr¨¢ficos de negociaci¨®n. El primero es la Amazon¨ªa, que pasa por los asuntos de frontera agr¨ªcola, deforestaci¨®n, coca y tenencia de la tierra. El segundo es el eje Cauca-Nari?o, donde los conflictos ¨¦tnico-territoriales y las salidas al mar son determinantes. La posibilidad de desactivar la violencia depender¨¢ de la naturaleza y la trayectoria de cada estructura armada. Los cerca de 20 mil combatientes que hoy engrosan las filas de los grupos armados hacen parte de las comunidades, tienen trayectorias de vida ancladas a esas realidades territoriales. A algunas estructuras disidentes no les interes¨® la paz antes ni les va a interesar ahora, como el Comando Coordinador de Occidente que hace parte del EMC y es una de las estructuras que m¨¢s ha violado el cese al fuego.

Las disidencias tienen tres tipos de integrantes: los que nunca entraron al acuerdo, los rearmados que son m¨¢s una especie de reincidentes, y los nuevos reclutas. Un error craso del Gobierno fue no entender esto desde el principio, porque la negociaci¨®n se parecer¨¢ m¨¢s a la de un pliego de peticiones que a la de una agenda de negociaci¨®n de pa¨ªs. Es lo que interpreto cuando analizo las declaraciones de Iv¨¢n Mordisco o de Calarc¨¢; ellos se ven a s¨ª mismos como voceros armados de las comunidades.

Lo que le corresponde al Gobierno es poner el acelerador en la implementaci¨®n de lo ya acordado en 2016, con lo cual le quitar¨¢ presi¨®n a los territorios y argumentos a las disidencias. De manera paralela debe incorporar en el plan de desarrollo aspectos concretos de los pliegos de peticiones locales, que lleven a mejorar la calidad de vida en estos lugares. Ahora bien, si eso no est¨¢ acompa?ado de la recuperaci¨®n del control territorial, el uso de la fuerza y la contenci¨®n de las econom¨ªas il¨ªcitas, es poco probable que esa negociaci¨®n salga bien.

P. Los protocolos de verificaci¨®n del cese al fuego c¨®mo pueden ser efectivos en violencias cruzadas? ?De estructuras de unos y otros actuando en los territorios al mismo tiempo?

R. Ese es quiz¨¢s el mayor desaf¨ªo de la paz total. Mientras el Estado no recupere la iniciativa militar y la inteligencia tenga un car¨¢cter estrat¨¦gico y no solo operacional, va a ser dif¨ªcil detener esas confrontaciones. No se entiende c¨®mo se instala un mecanismo de verificaci¨®n cuatro meses despu¨¦s de que se decreta un cese al fuego con el EMC, que adem¨¢s ha dicho que no puede cumplirlo.

Una de las falencias de la paz total es que no hay l¨ªneas rojas. No hay consecuencias para los grupos que contin¨²an matando, desplazando y extorsionando. Un d¨ªa est¨¢n en la paz total, al otro d¨ªa ya no tanto. Nadie les pone l¨ªmites.

P. Se lanz¨®, pasados ocho meses, la estrategia o plan de seguridad y defensa nacional. ?Qu¨¦ aciertos encuentra?

R. En primer lugar, reconoce que estamos en una crisis humanitaria lo cual en comparaci¨®n con el gobierno anterior que viv¨ªa en permanente negaci¨®n de la realidad es un paso enorme. El hecho que reconozca esa crisis e incorpore indicadores como desplazamiento forzado y confinamientos, hace suponer que la pol¨ªtica va a ser evaluada en esos t¨¦rminos. Recuerde que venimos de una pol¨ªtica cuyos indicadores principales eran capturas y hect¨¢reas erradicadas de coca.

En segundo lugar, pone la protecci¨®n de la poblaci¨®n civil en el centro de sus objetivos, totalmente alineada con las organizaciones humanitarias. Adicionalmente reconoce la necesidad de fortalecer los mecanismos de autoprotecci¨®n de las comunidades, que era una necesidad imperante. Estamos hablando de las guardias ind¨ªgenas, campesinas y cimarronas. Es un tema pol¨¦mico porque muchos lo entienden como la claudicaci¨®n del monopolio de la fuerza. Yo considero que es reconocer una realidad de facto ?Con qu¨¦ cara decirles a las comunidades en el norte del Cauca o en el Putumayo que renuncien a estos mecanismos si el Estado no tiene la capacidad, y muchas veces la voluntad, de protegerlos? Como le dec¨ªa, la materia prima de la construcci¨®n de Estado son las formas de autoridad y de acci¨®n colectiva que ya existen en el territorio nacional.

P. ?Encontr¨® respuestas al c¨®mo? ?C¨®mo se recupera territorio y se protege el medio ambiente, m¨¢s all¨¢ del enunciado?

R. Toda pol¨ªtica p¨²blica plantea una visi¨®n del problema, unos principios, unas l¨ªneas de acci¨®n, y unas instancias de implementaci¨®n y evaluaci¨®n. De all¨ª se desprenden programas, planes y proyectos que la aterrizan.

Yo creo que hay una lectura clara de la realidad el pa¨ªs y de las regiones y una idea clara del c¨®mo, pero por supuesto su ¨¦xito depende de la implementaci¨®n, que muchas veces escapa del margen de acci¨®n de los hacedores de la pol¨ªtica. Hay que tener en cuenta que en materia de seguridad y defensa el presupuesto siempre es escaso. Sin embargo, me parece preocupante que la pol¨ªtica de seguridad sea subsidiaria de la pol¨ªtica de paz total.

P. ?De qu¨¦ manera la estrategia del gobierno atiende la perspectiva del crimen organizado?

R. En la descripci¨®n que hace la nueva pol¨ªtica de las amenazas, hay una lectura acertada de la preponderancia del crimen organizado en el contexto actual. Toda esta idea del multicrimen refleja el af¨¢n de grandilocuencia de este Gobierno, de demostrar que antes no se hab¨ªa hecho nada y que se las saben todas, pero al final incorporaron la perspectiva de la Convenci¨®n de Palermo sobre Crimen Organizado. Prim¨® la sensatez.

Yo concuerdo con el Gobierno en que hay que hacer un especial ¨¦nfasis en el lavado de activos, la interdicci¨®n y la relaci¨®n entre crimen y Estado, incluyendo la pol¨ªtica, que la nueva pol¨ªtica desarrolla por dos v¨ªas. Por un lado, formula una estrategia de desmantelamiento de las organizaciones armadas ilegales, las que no est¨¢n en busca de objetivos pol¨ªticos sino de controlar el territorio para acumular rentas ilegales. De hecho, esta nueva pol¨ªtica de seguridad dice expl¨ªcitamente que el conflicto armado en Colombia termin¨® lo cual es sorprendente porque por otro lado est¨¢ la paz total.

Dentro de esta estrategia de desmantelamiento de organizaciones criminales hay tres elementos centrales: el fortalecimiento de la inteligencia y contrainteligencia, el redise?o de la comisi¨®n para la coordinaci¨®n institucional para el control del lavado de activos, y la creaci¨®n de un sistema para la coordinaci¨®n de la desarticulaci¨®n del multicrimen. No soy partidario de la creaci¨®n de instancias pues considero que escenarios ya existentes como el consejo de seguridad nacional podr¨ªan perfectamente ser funcionales.

Por otro lado, est¨¢n las estrategias contra las econom¨ªas il¨ªcitas de drogas y de miner¨ªa ilegal y explotaci¨®n de hidrocarburos. Entonces crea herramientas para desmantelar los grupos y para contener las econom¨ªas de las que se lucran. No es la pol¨ªtica m¨¢s sofisticada que se pueda encontrar, pero si se ejecuta bien puede ser¨¢ un gran avance.

P. ?En qu¨¦ momento aparece la transversalidad entre el sistema de justicia y la pol¨ªtica de seguridad y defensa?

R. Ac¨¢ la cosa empieza a complicarse; el ¡°adanismo¡± del que padecemos en Colombia nos hace siempre querer inventarnos la rueda. Me explico: en junio del 2022, dos meses antes de que se posesionara este Gobierno, el Ministerio de Justicia con el apoyo de la ONU sac¨® una estrategia territorializada contra el crimen organizado. Una cantidad de tiempo y recursos invertidos en dise?ar una estrategia que no creo que este Gobierno vaya a retomar y a articular con su pol¨ªtica de seguridad. Deber¨ªa hacerlo.

Por otro lado, tenemos un plan nacional de pol¨ªtica criminal que se supone tiene vigencia hasta el 2025. Ah¨ª el Ministerio de Justicia, que tiene un rol central en los temas penitenciarios y de sometimiento a la justicia, tendr¨¢ que tomar decisiones claves. Por lo pronto la nueva pol¨ªtica de seguridad considera aumentar el n¨²mero de jueces de extinci¨®n de dominio con un ¨¦nfasis en que sean rurales e itinerantes. De igual manera contempla la adopci¨®n de un modelo de cooperaci¨®n con el poder judicial, incluida la Fiscal¨ªa, mediante macro investigaciones. Es algo que se lleva haciendo varios a?os.

Gran parte de los problemas son los temas de articulaci¨®n y coordinaci¨®n. Como se elimin¨® la figura del Alto consejero para la seguridad nacional, esta articulaci¨®n tendr¨¢ que hacerla el propio presidente. No veo quien m¨¢s pueda dirigir la orquesta.

P. ?C¨®mo se imagina a Colombia en 3 a?os?

R. En estos ocho meses he pasado del optimismo moderado al escepticismo. Me preocupa que la paz total fracase, pues supondr¨ªa un aumento de la violencia, otra frustraci¨®n para las comunidades m¨¢s afectadas y sobre todo el repunte del ¡°mano durismo¡± contra el crimen. La nueva pol¨ªtica es prometedora y depender¨¢ de su implementaci¨®n si se logra enderezar el camino.

Si al Gobierno la va mal la derecha optar¨¢ por impulsar el modelo Bukele en Colombia, como ya lo est¨¢ haciendo. El mensaje del revolc¨®n ministerial es claro y viene un aumento de la polarizaci¨®n, con el deterioro de la democracia que eso implica. Las elecciones locales de octubre ser¨¢n determinantes para aclarar el panorama, pero considero lamentable el vac¨ªo del liderazgo que existe en el ¡°centro¡±. Hay mucho por hacer y es importante ayudar

Jorge Mantilla en Bogot¨¢, Colombia el 28 de abril del 2023.Diego Cuevas

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