La mesa de di¨¢logo de Medell¨ªn marca el dif¨ªcil inicio de la paz total en las ciudades
La capital de Antioquia ser¨¢ el epicentro de un di¨¢logo con 16 grupos delincuenciales
En una sorpresiva rueda de prensa a las afueras de la c¨¢rcel de Itag¨¹¨ª, en el ¨¢rea metropolitana de Medell¨ªn, a finales de abril, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, formaliz¨® los di¨¢logos con m¨¢s de una docena de grupos armados ilegales de la zona. Aunque asegur¨® que una semana despu¨¦s se instalar¨ªa esa mesa de conversaciones, llegada la fecha el evento se cancel¨® sin m¨¢s detalles. La nueva fecha sigue sin anunciarse. Fue la segunda cancelaci¨®n, despu¨¦s de que la primera, en enero de este a?o, tambi¨¦n se aplaza sin motivo conocido. Eso ha generado muchas inquietudes alrededor de un proceso que suscita muchas esperanzas, pues desde los a?os ochenta Medell¨ªn y el Valle de Aburr¨¢, uno de los mayores centros de poder pol¨ªtico y econ¨®mico del pa¨ªs, han sufrido sucesivas oleadas de violencia, empezando por la guerra del cartel de Medell¨ªn, encabezado por Pablo Escobar, contra el Estado, que dej¨® las semillas de una ilegalidad violenta que no ha desaparecido incluso en los a?os de calma.
De acuerdo con fuentes que han participado en las conversaciones, el Gobierno prefiri¨® aplazar la instalaci¨®n para que el proceso solo pase a la siguiente fase cuando exista un protocolo de seguimiento y verificaci¨®n de los acuerdos conciliado entre el Ejecutivo y los grupos armados. Las mismas fuentes apuntaron que ya hay un borrador del protocolo que est¨¢ siendo concertado entre los voceros de las bandas y que se espera pronto un decreto presidencial que oficialice qui¨¦nes ser¨¢n los delegados del presidente Gustavo Petro en la mesa.
En una entrevista con El Colombiano, Rueda revel¨® los nombres de tres posibles delegados: Luc¨ªa Gonz¨¢lez, ex comisionada de la verdad; Jorge Mej¨ªa, un pol¨ªtico liberal que entre otras ha sido tres veces concejal de Medell¨ªn y secretario de Gobierno de la ciudad y de Antioquia; e Isabel Cristina Zuleta, senadora por el Pacto Hist¨®rico y l¨ªder ambiental.
Estrategia con pies de plomo
En conversaci¨®n con este diario, la senadora Zuleta explic¨® que las primeras fases de acercamiento han sido muy discretas porque se ha enfocado en construir confianza entre los diferentes actores armados, y de ellos con los voceros del Gobierno. As¨ª lo confirm¨® el exsecretario Mej¨ªa: ¡°Hemos estado conversando y buscando acuerdos. Y eso es el resultado de una decisi¨®n de estas estructuras en cabeza de sus voceros de bajar la violencia¡±. El pol¨ªtico, quien fue secretario de paz de Medell¨ªn, sostuvo que producto de esas aproximaciones se logr¨® un comunicado, que firmaron el pasado 26 de abril 16 bandas criminales, en el que anunciaron seis acciones de paz como demostraci¨®n de su voluntad, incluyendo un cese de confrontaciones y no involucrarse en la producci¨®n y comercializaci¨®n de drogas qu¨ªmicas como el fentanilo.
Zuleta y Mej¨ªa enfatizaron que el proceso sigue en la fase llamada sociojur¨ªdica, en la que se hace una caracterizaci¨®n social de las bandas y una revisi¨®n de su situaci¨®n jur¨ªdica. As¨ª respondieron a las cr¨ªticas que han hecho desde organizaciones de v¨ªctimas que por meses han reclamando su inclusi¨®n en las conversaciones, como lo afirm¨® a EL PA?S Adriana Arboleda, del Movimiento de V¨ªctimas de Cr¨ªmenes de Estado (MOVICE). Ese movimiento hace parte de la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, que crearon m¨¢s de 60 organizaciones en septiembre del a?o pasado para articularse y apoyar la intenci¨®n de la administraci¨®n de Petro de entablar di¨¢logos con actores armados.
Arboleda dice: ¡°No creemos que nos deban llamar cuando ya todo est¨¦ definido, porque es contrario a lo que se quiere con la paz total, que es que la sociedad civil en general, y las v¨ªctimas en particular, participen en todas las fases del proceso¡±. Y agrega: ¡°Nos parece que es muy grave que reiteradamente se hagan reuniones y que no se hayan habilitado los mecanismos para que esas negociaciones tengan un enfoque de derechos humanos y de v¨ªctimas. Buscamos que haya un desmantelamiento real y garant¨ªas de no repetici¨®n¡±. La senadora Zuleta cont¨® a EL PA?S que s¨ª hicieron acercamientos con l¨ªderes sociales, pero que la mayor¨ªa declin¨® la invitaci¨®n, pues no se sent¨ªan seguros de interactuar con los grupos armados.
Mej¨ªa explic¨® que la mesa buscar¨¢ ser plural en su composici¨®n, por lo que tambi¨¦n estar¨¢ integrada por un empresario, un delegado de la Iglesia cat¨®lica y un l¨ªder de la oposici¨®n, sin revelar qui¨¦nes ser¨¢n. La idea es buscar una amplitud como la que tiene la delegaci¨®n del Gobierno en las negociaciones con el ELN, en la que est¨¢ el ganadero y l¨ªder de derecha Jos¨¦ Felix Lafaurie. El exconcejal explic¨® que, para facilitar las conversaciones, el Gobierno traslad¨® a la c¨¢rcel de Itag¨¹¨ª a varios cabecillas de las estructuras, que se encontraban en otros centros penitenciarios en diferentes partes del pa¨ªs, y que se sentar¨¢n en la mesa.
El facilitador manifest¨® que se han apoyado en la comunidad internacional, que es un actor crucial en estas iniciativas. La Misi¨®n de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) ha acompa?ado los acercamientos y uno de sus delegados particip¨® en la rueda de prensa en Itag¨¹¨ª. Agreg¨® que posiblemente se cuente con Suiza como garante.
Avanzar entre desaf¨ªos e interrogantes
Los facilitadores del Gobierno asumen que estas conversaciones enfrentan retos y que su ¨¦xito depende de una articulaci¨®n con las entidades distritales y departamentales. A juicio de Mej¨ªa, el presidente Petro tiene el reto de integrar a toda la estructura estatal alrededor de la paz total con el fin de ¡°construir un plan de intervenci¨®n integral en los territorios¡±. ¡°Este no es un ejercicio solo de desmonte de estructuras, se trata de implementar debidamente el Estado Social de Derecho¡±, concluy¨®.
M¨¢s all¨¢ de ese reto a futuro, a diferencia de las cifras en el departamento de Antioquia, en el Valle de Aburr¨¢ los homicidios han ido a la baja con el r¨¦cord de una semana sin homicidios a inicios de a?o y una disminuci¨®n del 10% en lo corrido de 2023. Es logro que el alto comisionado ha adjudicado a la paz total y las autoridades locales a s¨ª mismas, pero que para expertos en la criminalidad del Valle de Aburr¨¢ tiene otro origen. ¡°Desde finales de 2019 hay una pactaci¨®n entre los combos. Desde ese momento han venido bajando las cifras y se han sostenido hace cuatro a?os¡±, explica Carlos Zapata, del Instituto Popular de Capacitaci¨®n (IPC). Se trata de una din¨¢mica que ya se ha visto, una suerte de paz mafiosa que reduce la violencia pero mantiene el control territorial de los ilegales como ocurri¨® con la llamada donbernabilidad a inicios de siglo y el pacto del fusil en 2013.
Esos antecedentes y la realidad de la seguridad local han dejado dudas en medio del aparente progreso del proceso. Una fundamental: a qui¨¦nes representan las 16 bandas que han participado en los di¨¢logos exploratorios y c¨®mo hacer para que ellas efectivamente representen en un eventual acuerdo a los m¨¢s de 350 combos o bandas de tercer nivel. Sobre todo cuando delitos como la extorsi¨®n y el robo se han disparado en la ciudad. La primera registr¨® un aumento de 132 casos con respecto al a?o anterior, y 2022 fue el a?o con m¨¢s robos en la ciudad en una d¨¦cada, seg¨²n los registros del Sistema de Informaci¨®n para la Seguridad y la Convivencia (SISC). Es decir, los datos muestran un panorama similar al de esos momentos de paz con criminalidad fuerte que se vivieron en el pasado.
A ese riesgo de reforzar una paz mafiosa se suma el de que las conversaciones se empantanen por la falta de un camino jur¨ªdico claro. Si bien el Gobierno ha hablado de sometimiento y acogimiento a la ley, con una reglamentaci¨®n diferente a la general del C¨®digo Penal y a la que aplica a los grupos con car¨¢cter pol¨ªtico como la guerrilla del ELN, todav¨ªa no existe un marco jur¨ªdico definido. El Gobierno radic¨® en el Congreso el proyecto de ley de sometimiento, que sigue apenas iniciando con la ponencia para primer debate de la primera semana de mayo.
Los delegados del Gobierno son conscientes de los profundos desaf¨ªos, y por eso han enfocado muchos de sus esfuerzos en lograr sacar adelante las reformas y leyes en el Legislativo junto a los congresistas de la coalici¨®n en el Congreso. Y al mismo tiempo, han reiterado que lo que se ha conseguido en Medell¨ªn, a su juicio, es una muestra fuerte de voluntad de parte de las bandas. Pero, primordialmente, parar la violencia c¨ªclica es una necesidad humanitaria para una regi¨®n que ha intentado por d¨¦cadas alcanzar la paz.
Buenaventura, un hom¨®logo fr¨¢gil
Además de Medellín y su conurbación, la otra ciudad que ha liderado los esfuerzos de la paz total ha sido Buenaventura, que fue llamada “laboratorio de paz” tras la firma de un cese de hostilidades en octubre entre las dos grandes bandas locales: los Shottas y los Espartanos. Esa tregua ha afrontado tensiones. Al puerto más importante del país volvieron los tiroteos e incluso se denunció el asesinato de dos integrantes de los Shottas el viernes 5 de mayo. Diferentes oenegés alertaron de que durante la tregua, pese a que en la zona urbana se sentía tranquilidad, en la zona rural del puerto sobre el Pacífico la violencia iba al alza. Según investigadores del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) en el terreno, la tregua entró en crisis, entre otras causas, debido a la incertidumbre de cuál será la ruta jurídica que se aplicará a las bandas, es decir, a qué beneficios judiciales pueden acceder.
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