La masacre de los cuatro j¨®venes reta a la paz total

La masacre de cuatro menores de edad de una comunidad ind¨ªgena que escaparon luego de haber sido reclutados para la guerra vuelve a retar la estrategia de paz total del Gobierno de Gustavo Petro. Las comunidades ind¨ªgenas y los menores de edad, poblaciones vulnerables que deben ser doblemente protegidas, han sido v¨ªctimas recurrentes del conflicto armado colombiano y en esta ocasi¨®n con un acto criminal atroz. El asesinato de estos j¨®venes se convirti¨® en la gota que rebos¨® la copa despu¨¦s de muchas violaciones a un cese al fuego.

Sin duda se debe replantear la estrategia de paz total, y al tomar la decisi¨®n de levantar el cese al fuego bilateral con el llamado Estado Mayor Central de las FARC en cuatro departamentos, el Gobierno del presidente Petro deja claro que ¡°Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la poblaci¨®n, no tiene sentido persistir en ello¡±. En un comunicado de respuesta al levantamiento parcial del cese al fuego, los liderados por Iv¨¢n Mordisco aseguran que ¡°el rompimiento unilateral desatar¨¢ la guerra y se multiplicar¨¢n los muertos, heridos y prisioneros¡±. En un texto en el que hacen todo tipo de reclamos al Gobierno, afirman haber demostrado voluntad de paz y no mencionan el asesinato de los j¨®venes ind¨ªgenas que se atribuye al frente Carolina Ram¨ªrez del Estado Mayor Central.

Muchos expertos en negociaciones de paz han criticado que el Gobierno haya dado tanto de entrada sin haber pedido a cambio acciones concretas para bajar la intensidad del conflicto y en especial parar las hostilidades hacia la poblaci¨®n civil. Un di¨¢logo de paz se hace en la mesa y tambi¨¦n se presiona desde el ejercicio de la fuerza leg¨ªtima del Estado dentro del marco de lo que permiten la Constituci¨®n y las leyes.

Un di¨¢logo de paz se fortalece con la presencia efectiva de las instituciones en las zonas afectadas por la guerra que durante d¨¦cadas no han conocido una autoridad distinta a la de los grupos ilegales que se imponen a sangre y fuego. Las cifras pueden variar de una entidad a otra, pero es claro que no han sido pocas las violaciones al cese al fuego por parte de los distintos grupos ilegales con los que se busca una negociaci¨®n. Despu¨¦s de un primer alivio que se report¨® en los meses de septiembre y octubre en los hechos violentos, al final del a?o pasado y en en los primeros meses de 2023 la poblaci¨®n civil en varias regiones ha reportado un recrudecimiento de la guerra.

El Centro de Recursos para el An¨¢lisis del Conflicto (CERAC) ha registrado desde el comienzo de los ceses al fuego, y hasta el 30 de abril, 36 muertes en 141 violaciones o incumplimientos atribuidos a los grupos que estaban en cese. Mientras tanto, la Coordinadora Humanitaria, que re¨²ne a m¨¢s de 700 organizaciones sociales ubicadas en 15 territorios del pa¨ªs que son los m¨¢s afectados por el conflicto, reporta 219 violaciones en el consolidado del primer trimestre del a?o. En este reporte se incluyen asesinatos, violencia de g¨¦nero, ataques a l¨ªderes sociales, reclutamiento de menores, afectaci¨®n a la movilidad de las personas, entre otras formas de presi¨®n hacia las comunidades.

El asesinato de los cuatro menores de edad de una comunidad ind¨ªgena no es entonces un hecho aislado, pero s¨ª uno muy grave. El reclutamiento de menores de edad no ha parado y tampoco el hostigamiento a la poblaci¨®n civil, incluyendo las comunidades ind¨ªgenas. Esta masacre, en la que los criminales actuaron con sevicia, refleja un modus operandi recurrente: reclutar por la fuerza bajo amenaza de muerte. El terror es el denominador com¨²n del accionar de estos grupos y ahora vuelven a amenazar.

Este episodio confirma que lo primero que se debe exigir en cualquier mesa es el respeto a la poblaci¨®n civil. Hay que insistir en mantener abierta la opci¨®n del di¨¢logo porque se trata precisamente de parar los hechos atroces y desescalar el conflicto para evitar m¨¢s masacres y violencia. Dialogar, hablar, negociar, pero no se puede olvidar que el Estado tiene el mandato de proteger a los ciudadanos, y la paz total solamente ser¨¢ posible cuando de verdad ese Estado se convierta en garante de los derechos de todos en todos y cada uno de los municipios de este pa¨ªs.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decidi¨® usar un esquema diferente a la negociaci¨®n que conocimos en el Gobierno de Juan Manuel Santos, cuando se negoci¨® en medio de las confrontaciones. En el nuevo modelo se ha querido entrar a las mesas con la idea de bajar de entrada la intensidad de la violencia con el cese al fuego bilateral. Si bien hay algunos resultados que debemos destacar en ciertas regiones, como lo reporta el mismo comunicado del Gobierno al hablar de ¡°la distensi¨®n que se ha logrado en otros territorios¡±, en general los grupos ilegales siguen en su ejercicio de violencia, en especial contra la poblaci¨®n civil. Es hora de dar un timonazo en la paz total para que no lleguemos a una crisis total.

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