El conflicto latente en Putumayo que se esconde tras el asesinato de cuatro adolescentes

La masacre de cuatro adolescentes de Putumayo la semana pasada evidenci¨®, sin matices, la crisis de seguridad en el sur amaz¨®nico de Colombia. La edad de las v¨ªctimas, que hu¨ªan del Frente Carolina Ram¨ªrez, conmocion¨® a la opini¨®n p¨²blica m¨¢s all¨¢ del departamento. Fue el golpe final a la paciencia del Gobierno de Gustavo Petro, que anunci¨® el lunes que suspend¨ªa el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC a la que est¨¢ vinculada el Frente Carolina Ram¨ªrez. Los reclutamientos forzados, las ¡°limpiezas sociales¡± de delincuentes y los enfrentamientos hab¨ªan continuado durante los meses posteriores al acuerdo alcanzado en diciembre.

Hay pocos detalles confirmados sobre los homicidios. Se sabe que los adolescentes fueron asesinados el mi¨¦rcoles en Los Estrechos, en los l¨ªmites entre Caquet¨¢ y Amazonas, seg¨²n inform¨® la Organizaci¨®n Nacional de los Pueblos Ind¨ªgenas de la Amazon¨ªa Colombiana (Opiac). Los cuatro hab¨ªan escapado dos d¨ªas antes de un campamento del Frente Carolina Ram¨ªrez. Uno de ellos, Luis Alberto Mat¨ªas Capera, hab¨ªa adquirido notoriedad en la zona por una denuncia de desaparici¨®n que databa de marzo de este a?o. Los cuatro eran ind¨ªgenas, del pueblo Murui, y hab¨ªan sido reclutados en Puerto Legu¨ªzamo (Bajo Putumayo).

La masacre tard¨® varios d¨ªas en tomar repercusi¨®n medi¨¢tica. El jueves, la Opiac emiti¨® una solicitud de acci¨®n urgente, dirigida a varias entidades del Estado, como la Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n, el Ministerio del Interior y la Alcald¨ªa de Puerto Legu¨ªzamo. El texto relata los hechos, se?ala que solo se conoce la identidad de uno de los j¨®venes y pide medidas para proteger a los ind¨ªgenas de Putumayo en general. Denuncia que los pueblos de la regi¨®n son v¨ªctimas del Frente Carolina Ram¨ªrez, un grupo que ¡°se ha caracterizado por este tipo de actuaciones¡±, en referencia a los asesinatos y reclutamientos forzados.

La denuncia no tom¨® repercusi¨®n medi¨¢tica hasta el s¨¢bado, cuando los medios locales difundieron los primeros datos y los dirigentes pol¨ªticos comenzaron a pronunciarse. Francisco Santos, vicepresidente de ?lvaro Uribe entre 2002 y 2010, afirm¨® que ¡°no puede haber paz¡± cuando se asesina a ni?os ind¨ªgenas: ¡°Colombia necesita justicia, no acuerdos y pactos con criminarles mafiosos, que solo conocen el terror para imponerse¡±. El senador David Luna le pidi¨® al Gobierno que ¡°reaccione¡± y d¨¦ facultades a la Fuerza P¨²blica para actuar. Por su parte, la vicepresidenta Francia M¨¢rquez conden¨® ¡°el atroz asesinato¡± de los ni?os y pidi¨® que los hechos no queden impunes. ¡°Duele en el alma que ni?as y ni?os paguen el costo de una guerra absurda¡±, declar¨®.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, envi¨® el s¨¢bado una carta al Estado Mayor Central. En la misiva, difundida el lunes por el grupo armado, lamenta que los delegados del Estado Mayor Central no asistieran ese d¨ªa a una reuni¨®n del mecanismo de verificaci¨®n y monitoreo pactado como parte de las negociaciones para evaluar posibles violaciones al alto al fuego, y ante eso anuncia la suspensi¨®n del cese en Putumayo, Caquet¨¢, Meta y Guaviare. Hace especial ¨¦nfasis en el impacto de la masacre de los j¨®venes: ¡°Los ni?os no pueden ser reclutados y solo desde los 18 a?os pueden vincularse a la guerra. Es una exigencia del derecho de la guerra¡±. Seg¨²n Rueda, los asesinatos han generado ¡°un escepticismo en la opini¨®n y un ambiente de inseguridad que hace poco cre¨ªble la voluntad de paz¡±.

El presidente de la Rep¨²blica, Gustavo Petro, encabez¨® el domingo un Consejo de Seguridad en Bogot¨¢. El lunes, difundi¨® un comunicado fechado el d¨ªa anterior, que reconoce que el Gobierno reci¨¦n conoci¨® los hechos el s¨¢bado. El texto define la masacre como ¡°un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un pa¨ªs en paz¡± y reitera que los delegados del Estado Mayor Central no asistieron a la reuni¨®n del mecanismo de verificaci¨®n. ¡°Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la poblaci¨®n, no tiene sentido persistir en ello¡±, se lee en el anuncio.

El Estado Mayor Central ha reconocido este mi¨¦rcoles su responsabilidad en la masacre. ¡°Asumimos la muerte de los tres j¨®venes (no fueron cuatro) que fueron ajusticiados¡±, se lee en un comunicado. Hasta ahora, hab¨ªan evitado referirse directamente a los asesinatos y hab¨ªan dado a entender que no estaban implicados. ¡°Insistimos que en Caquet¨¢, Meta y Guaviare no ha habido combates de ning¨²n tipo, extorsiones o ajusticiamientos¡±, declar¨® el grupo en un comunicado del lunes. Asimismo, el Estado Mayor Central ha amenazado con el recrudecimiento de la violencia: ¡°El rompimiento unilateral desatar¨¢ la guerra y se multiplicar¨¢n los muertos, heridos y prisioneros¡±.

¡°El reclutamiento forzado pasa todos los d¨ªas¡±

La brutalidad de los asesinatos evidenci¨® din¨¢micas que nunca se detuvieron en el departamento del suroeste colombiano, lim¨ªtrofe con Ecuador. Para el representante Andr¨¦s Cancimance, del gobiernista Pacto Hist¨®rico, el cese al fuego no tuvo mecanismos de verificaci¨®n adecuados y se redujo a que no hubiera confrontaciones entre los grupos armados y el Ej¨¦rcito. ¡°?D¨®nde quedan los otros delitos?¡±, se pregunta por tel¨¦fono. Se?ala que ¡°el reclutamiento forzado pasa todos los d¨ªas¡±, que las comunidades ¡°se encuentran confinadas¡± y que no hay denuncias por miedo a represalias. ¡°Hay un subregistro de varios hechos victimizantes¡±.

Los grupos armados buscan reclutar, incluso, a ni?os de 10 a?os. En ocasiones, los padres no denuncian por temor a represalias de las organizaciones criminales, que controlan varias veredas y tienen identificadas a cada familia. En otras, no lo hacen porque los j¨®venes aceptan unirse a las estructuras a cambio de recursos econ¨®micos a los que no tienen acceso por formas legales. En estos ¨²ltimos casos, las familias no quieren exponer a sus hijos y prefieren mantener la ilusi¨®n de volverlos a ver. Yuri Quintero, coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, enfatiza por tel¨¦fono que la falta de oportunidades de estudio y trabajo en el territorio hace que los menores de edad sean especialmente vulnerables al reclutamiento.

El final del cese al fuego ha inquietado a los l¨ªderes sociales. La Opiac declar¨® el lunes que la medida causar¨¢ ¡°un aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades ind¨ªgenas¡±. Para la organizaci¨®n, los 64 pueblos que viven en el territorio amaz¨®nico son los que m¨¢s van a sufrir las consecuencias: ¡°Son nuestras comunidades, mujeres y ni?os ind¨ªgenas quienes d¨ªa a d¨ªa afrontan directamente la violencia del conflicto armado¡±.

Quintero y Cancimance tambi¨¦n est¨¢n preocupados. El congresista subraya que la sociedad civil ser¨¢ la principal afectada: ¡°Cuando el actor armado decide pelear, decide someter mucho m¨¢s a la poblaci¨®n civil, que no tiene nada que ver en la guerra y se vuelve el escudo para presionar al Gobierno¡±. Cree que la zona puede volver a vivir bloqueos, cierre de r¨ªos y una violencia generalizada que lleve a muchos padres a tomar la decisi¨®n de no enviar a sus hijos a las escuelas. Por su parte, Quintero resalta que el cese no funcion¨® porque nunca se implement¨® el mecanismo de verificaci¨®n. ¡°Como eso no se dio, no podemos decir si funcion¨® o no. La comunidad nunca fue part¨ªcipe, nunca nos escucharon¡±, comenta.

El homicidio de los cuatro j¨®venes no es el primer hecho del ¨²ltimo a?o que pone el foco de atenci¨®n en Putumayo. En noviembre de 2022, murieron al menos 18 personas tras un combate en el municipio de Puerto Guzm¨¢n entre el Frente Carolina Ram¨ªrez y los Comandos de la Frontera. Ambos son grupos h¨ªbridos, complejos en su composici¨®n: incluyen a antiguos miembros de las FARC, narcotraficantes y residuos paramilitares. En enero de 2021, la Defensor¨ªa del Pueblo emiti¨® la primera alerta especifica por la rivalidad entre ambos. Est¨¢n inmersos en una disputa territorial por el control de Nari?o, el r¨ªo Caquet¨¢ y las rutas de tr¨¢fico transfronterizo.

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