El tribunal de paz de Colombia realiza las primeras imputaciones por secuestro a mandos medios de las FARC
La JEP ya hab¨ªa imputado a la c¨²pula de la extinta guerrilla en uno de los casos que m¨¢s ha avanzado en el sistema de justicia transicional surgido del acuerdo de paz


La Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los delitos m¨¢s graves cometidos durante el conflicto armado en Colombia, acus¨® este viernes de cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad asociados con el secuestro a 10 antiguos integrantes del Comando Conjunto Central en las primeras imputaciones a mandos medios de la extinta guerrilla de las FARC. En el marco del llamado caso 01, relacionado con la privaci¨®n de la libertad de civiles y militares por parte de la guerrilla, una de sus pr¨¢cticas m¨¢s crueles y repudiadas, la Sala de Reconocimiento de la JEP ya hab¨ªa imputado tambi¨¦n a la ¨²ltima c¨²pula de las FARC.
La Sala les imput¨® a los 10 exguerrilleros los cr¨ªmenes de guerra de toma de rehenes, homicidio, atentados a la dignidad personal, tratos crueles e inhumanos y los cr¨ªmenes de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad como asesinato, desaparici¨®n forzada, esclavitud, violencia sexual, tortura y otros actos inhumanos, por hechos ocurridos en los departamentos de Tolima, Huila y Quind¨ªo. Aunque el Comando Conjunto Central era una estructura regional peque?a dentro de las FARC, ¡°jug¨® un papel importante en la manera en que la extinta guerrilla adopt¨® la pol¨ªtica de financiarse a trav¨¦s de los secuestros¡±, explic¨® la magistrada Julieta Lemaitre en una rueda de prensa. A trav¨¦s de la Comisi¨®n Financiera Manuelita S¨¢enz, cre¨® un sofisticado sistema de secuestro y extorsi¨®n para cumplir con la cuota de dinero que deb¨ªa entregarle al Secretariado, con el prop¨®sito de financiar el aparato militar para poder cercar a Bogot¨¢, la capital del pa¨ªs, en el momento m¨¢s ¨¢lgido de la guerra.
Esta es la primera de siete imputaciones regionales con las que la JEP busca ahondar en el esclarecimiento de los secuestros cometidos por las FARC en las distintas regiones del pa¨ªs y las diferencias y similitudes en la forma de operar. Entre los imputados est¨¢n Luis Eduardo Rayo, conocido como ¡®Marlon¡¯; Enoc Capera Trujillo, ¡®Giovanni¡¯; Jhon Jairo Oliveros Grisales, alias ¡®Armando Pipas¡¯; Nelson Antonio Jim¨¦nez Gantiva, ¡®Gonzalo¡¯; ?dgar Ram¨ªrez Medina, ¡®Onofre Camargo¡¯; V¨ªctor Hugo Silva, ¡®Erick¡¯ o ¡®el Chivo¡¯; Ra¨²l Agudelo Medina, ¡®Olivo Salda?a¡¯ y Wilson Ram¨ªrez Guzm¨¢n, conocido como ¡®Te¨®filo¡¯. ¡±La JEP determin¨® que son m¨¢ximos responsables por su liderazgo y que ostentaron el mando sobre los seis frentes, tres columnas y tres compa?¨ªas, adem¨¢s de las comisiones Financiera Manuelita S¨¢enz y Pol¨ªtica Ren¨¦ Gonz¨¢lez¡±, detall¨® la magistrada Lemaitre.
El sistema transicional surgido del acuerdo de paz privilegia la verdad ¡°plena, detallada y exhaustiva¡±, y establece penas alternativas a la c¨¢rcel para los excombatientes a cambio de que confiesen sus cr¨ªmenes y reparen a las v¨ªctimas. Los imputados tienen ahora 30 d¨ªas para aceptar o negar su responsabilidad. En caso de aceptar los cargos tendr¨¢n sanciones de entre 5 y 8 a?os consistentes en penas restaurativas que no incluyen c¨¢rcel; si no los aceptan, el caso pasa a la Unidad de Investigaci¨®n y Acusaci¨®n y pueden enfrentar hasta 20 a?os de prisi¨®n.
La JEP ha documentado en el caso 01 la pr¨¢ctica ¡°sistem¨¢tica y masiva¡± del secuestro por parte de la guerrilla durante al menos 30 a?os, entre 1982 y 2012, con un saldo de m¨¢s de 21.000 v¨ªctimas. Es el m¨¢s avanzado entre los grandes procesos abiertos por la justicia transicional, junto al caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado, los llamados ¡®falsos positivos¡¯.
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