El espinoso arranque del programa de subsidios de Petro: denuncias de saboteo, largas filas y confusi¨®n

El cambio del modelo de subsidios a familias vulnerables que quiere implementar el presidente Gustavo Petro arranc¨® con graves tropiezos. El gesto de impaciencia de miles de personas que buscaban sombra en el calor sofocante de ciudades como Cali, Medell¨ªn, Neiva, Cartagena y Barranquilla, mientras hac¨ªan largas filas para reclamar las ayudas de Renta Ciudadana en sedes del Banco Agrario, es apenas un ¨¢ngulo de esa compleja transici¨®n. Adem¨¢s de las aglomeraciones, existen denuncias sobre un supuesto intento de saboteo, alertas de colados en la lista de beneficiarios y cuestionamientos a la selecci¨®n del banco estatal como operador, una decisi¨®n que el Gobierno defiende a pesar de los traumatismos.

Renta Ciudadana naci¨® con la aprobaci¨®n de un art¨ªculo en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 como un sistema ¨²nico de transferencias monetarias que reemplaza programas tradicionales como Familias en Acci¨®n. El presidente Petro no se conforma con lo que encontr¨®. Quiere poner un sello propio con subsidios m¨¢s altos, que van desde 360.000 pesos hasta un mill¨®n de pesos bimestrales (entre 90 y 250 d¨®lares), dirigidos a hogares priorizados seg¨²n las condiciones socioecon¨®micas y el n¨²mero de integrantes.

La pol¨ªtica, que apenas comienza a alzar vuelo, privilegia a madres cabeza de hogar con ni?os o ni?as menores de seis a?os en 466 municipios con altas tasas de desnutrici¨®n infantil. El Gobierno lo concibe como un plan de choque contra el hambre. La promesa de fondo es que las familias beneficiarias logren salir de la pobreza o de la pobreza extrema.

Cielo Rusinque es la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), la entidad encargada del nuevo programa que dio los pasos iniciales a finales de abril. Ella sostiene: ¡°Antes se daban ayudas simb¨®licas, por debajo de la l¨ªnea de pobreza, que iban desde los 15.000 pesos hasta un promedio de 90.000 pesos bimestrales (entre menos de 4 y 22 d¨®lares). La idea es dignificar el ingreso y complementar con una oferta diversa para sacar a los beneficiarios de esa situaci¨®n; que no se vuelvan eternos dependientes del subsidio¡±.

Las ayudas, dirigidas a m¨¢s de tres millones de hogares, 113.000 de ellos ind¨ªgenas, est¨¢n condicionadas a la asistencia escolar de los hijos de los beneficiarios y la atenci¨®n de los servicios de salud. Pero el segundo desembolso, que arranc¨® este mes de julio, no ha dejado un buen sabor.

El DPS suscribi¨® un convenio interadministrativo con el Banco Agrario como ¨²nico responsable de la distribuci¨®n del dinero. La decisi¨®n levant¨® cr¨ªticas por debilitar la red de operadores privados para el pago de las transferencias. Rusinque alega que el banco estatal tiene la capacidad de garantizar la operaci¨®n y ofrece mejores tarifas que la banca privada.

La funcionaria lo justifica: ¡°El promedio de costos que presentaba el sector bancario privado estaba por el orden de 3.500 pesos por transferencia (87 centavos de d¨®lar) y el Banco Agrario por 3.200 pesos (82 centavos de d¨®lar). Adem¨¢s, tiene cobertura en m¨¢s de 400 municipios donde es la ¨²nica entidad bancaria y seguir¨¢ operando con otros bancos aliados¡±. Y a?ade: ¡°Se quiere crear la imagen de que el Banco Agrario no tiene la capacidad para responder, algo que no es cierto¡±. Con corte al 16 de julio, se hab¨ªan realizado el 57% de los pagos que van hasta el pr¨®ximo 31 de julio.

El economista Roberto Angulo cuestiona que el Banco Agrario haya sido seleccionado con base en tarifas de un simulador de Colombia Compra Eficiente, una agencia para la contrataci¨®n p¨²blica. ¡°La comparaci¨®n es de referencia, eso est¨¢ bien como un paso previo a un proceso competitivo, pero no lo deber¨ªa sustituir¡±, subraya.

Angulo, exdirector nacional de programas como Familias en Acci¨®n y J¨®venes en Acci¨®n, opina que, m¨¢s all¨¢ del debate entre lo p¨²blico y lo privado, la decisi¨®n de depender exclusivamente de esa entidad financiera supone un retroceso en la experiencia que ha ganado el pa¨ªs en la ¨²ltima d¨¦cada para evitar las filas del pasado.

¡°Es un cuello de botella operativo porque el operador no tiene la capacidad f¨ªsica, ni tecnol¨®gica, ni tiene todo el conocimiento para poder gestionar los pagos en toda la cobertura nacional. Eso no quiere decir que no deba estar o que no sepa nada. Simplemente no es robusto en las grandes ciudades. Por eso la congesti¨®n ha sido en ciudades principales¡±, explica el experto.

Antes, los beneficiarios no ten¨ªan que ir hasta los bancos, sino que pod¨ªan acceder a tecnolog¨ªas de pagos digitales como monederos electr¨®nicos, donde el Estado transfiere los recursos para que los usuarios puedan retirarlos en un cajero o en redes de corresponsales bancarios. ¡°Entre m¨¢s robusta sea la red de cajeros, oficinas y corresponsales, menos congesti¨®n va a haber¡±, a?ade Angulo.

Esta vez, quienes tienen cuentas bancarias reciben un c¨®digo o PIN que deben utilizar en los cajeros para retirar el dinero. Los no bancarizados, deben buscar atenci¨®n presencial en las sucursales del banco. A la posible confusi¨®n por los cambios, se suma el af¨¢n de reclamar un dinero del que podr¨ªa depender la comida diaria de miles de beneficiarios. En Colombia, 28 de cada 100 hogares no pueden acceder a alimentos de calidad o se saltan comidas por falta de recursos.

Por otra parte, el DPS ha revelado un presunto intento de saboteo que llev¨® a la entidad a presentar una denuncia penal por delitos inform¨¢ticos ante la Fiscal¨ªa el pasado 3 de mayo, semanas antes de que se iniciara el actual desembolso de Renta Ciudadana. ¡°En meses anteriores a esta operaci¨®n, colombianos recibieron mensajes enga?osos, v¨ªa WhatsApp y correo, de que eran beneficiarios y que se acercaran a reclamar el cobro¡±, dice Rusinque. En las pruebas, a las que tuvo acceso EL PA?S, aparecen una p¨¢gina web falsa, chats y m¨²ltiples correos electr¨®nicos.

El Gobierno tampoco descarta intereses pol¨ªticos por una depuraci¨®n de las bases de datos de beneficiarios. ¡°Tenemos aproximadamente un mill¨®n de familias suspendidas porque encontramos que ten¨ªan ingresos hasta por encima de los ocho millones de pesos (unos 2.000 d¨®lares), funcionarios p¨²blicos, pensionados, hogares que no cumpl¨ªan con los criterios de priorizaci¨®n¡±, denuncia la directora Rusinque, quien no descarta que hayan ingresado por intercambios de favores pol¨ªticos. ¡°All¨ª tambi¨¦n hay un inter¨¦s de pronto de torpedear una operaci¨®n que ya no les va a generar ning¨²n tipo de beneficio¡±, a?ade.

Mientras algunos grupos de oposici¨®n se frotan las manos en medio de las im¨¢genes de confusi¨®n que han dejado algunos desembolsos de los subsidios, el Gobierno de Gustavo Petro se empe?a en defender la implementaci¨®n de un nuevo modelo que no ha estado libre de errores. ¡°Estamos tomando las medidas para el aprendizaje que queda de esta oportunidad¡±, concede la directora del DPS. En el medio est¨¢n millones de ciudadanos a la espera de que el cambio de estrategia para reducir la pobreza funcione.

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