La Corte Constitucional tumba la declaraci¨®n de emergencia econ¨®mica en La Guajira
El decreto expedido por Gustavo Petro queda sin efecto, salvo las medidas relacionadas con la crisis humanitaria por la poca disponibilidad de agua
El pasado 2 de julio, el Gobierno decret¨® la emergencia econ¨®mica, social y ecol¨®gica en el departamento de La Guajira, uno de los m¨¢s pobres del pa¨ªs. El objetivo detr¨¢s de la medida, seg¨²n se?al¨® la Presidencia de la Rep¨²blica, era paliar ¡°la situaci¨®n de cosas inconstitucionales que vive este departamento¡± y ¡°mitigar los fen¨®menos clim¨¢ticos de alto impacto que se esperan en la regi¨®n¡± de forma r¨¢pida y sin tener que tramitar proyectos de ley a trav¨¦s del Congreso. Exactamente cuatro meses despu¨¦s, la Corte Constitucional dej¨® sin efecto casi toda la declaratoria, exceptuando los art¨ªculos relacionados con los riesgos que surgen ¡°por la menor disponibilidad de agua¡± en la regi¨®n, que se extender¨¢n por otros 12 meses.
En las semanas previas a que el decreto fuera expedido, el presidente Gustavo Petro visit¨® el departamento y justific¨® la decisi¨®n. ¡°Es absolutamente pertinente decretar la emergencia econ¨®mica y social porque se avecina una calamidad p¨²blica. Porque los modelos clim¨¢ticos nos anuncian, con cada vez mayores probabilidades, la cercan¨ªa de una sequ¨ªa que nunca antes se hab¨ªa visto¡±, advirti¨® en esa ocasi¨®n.
Sin embargo, desde entonces inici¨® una discusi¨®n jur¨ªdica acerca de la v¨ªa elegida por el primer mandatario. Eso porque la jurisprudencia constitucional estipula que esas declaratorias no se pueden realizar para solucionar problemas estructurales ¡ªaquellos que no responden a coyunturas y se gestaron en el largo plazo¡ª sino emergencias, y que ¨²nicamente proceden cuando las medidas ordinarias resultan insuficientes. En ¨²ltima instancia, busca que el Ejecutivo solo pueda tomarse atribuciones del Legislativo cuando sea absolutamente indispensable.
La misma Corte Constitucional, en 2017, determin¨® que en el departamento m¨¢s septentrional de Colombia exist¨ªa ¡°un estado de cosas inconstitucionales frente a la protecci¨®n especial de los derechos al agua, salud y alimentaci¨®n para las comunidades ind¨ªgenas Wayuu de los municipios de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao del departamento de La Guajira¡±. El hecho que desde hace seis a?os se reconociera que el Estado deb¨ªa atender y mejorar las condiciones de la poblaci¨®n, indica que la crisis no obedec¨ªa a circunstancias nuevas. As¨ª lo entendi¨® la mayor¨ªa de los magistrados, pues seis de los nueve encontraron que la declaratoria es contraria a la Constituci¨®n.
A pesar de eso, una porci¨®n del decreto sobrevivir¨¢ temporalmente. La ponencia que declar¨® su inexequibilidad, a cargo de los magistrados Diana Fajardo y Jos¨¦ Fernando Reyes ¡ªlos dos de tendencia liberal¡ª, determina que solo dentro de un a?o ser¨¢n inconstitucionales los aspectos que se refieren al saneamiento y acceso a agua potable. Estas disposiciones permanecer¨¢n vigentes hasta el 2 de julio de 2024.
Justamente, en su defensa del Decreto, el Gobierno cit¨® varios informes sobre las implicaciones negativas que tendr¨¢ el fen¨®meno de El Ni?o en la regi¨®n, disminuyendo las precipitaciones y un aumento de la temperatura media del aire, en comparaci¨®n con sus promedios hist¨®ricos. Por eso, la emergencia tiene una relaci¨®n m¨¢s directa con falta de agua que con otros asuntos que abord¨® el decreto, como el desarrollo de la conectividad de internet o el cambio del sistema de salud para implementar una l¨®gica similar a la de la propuesta de reforma que no le ha aprobado el Congreso a Petro.
En su fallo, la Corte tambi¨¦n exhorta al Gobierno y al Congreso para que ¡°en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural¡±. Es decir, le pide a los encargados hacer m¨¢s para resolver la compleja realidad de La Guajira, pero sin suspender el funcionamiento usual de los pesos y contrapesos.
Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, se pronunci¨® despu¨¦s de que se conociera el sentido de la providencia judicial. ¡°Respetamos la decisi¨®n de la Corte y nos adecuamos¡±, afirm¨® en un video que circula en redes sociales.
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