La violencia se ensa?a con el Pac¨ªfico colombiano

Una mujer negra con la mirada nublada por el llanto y el rostro sumergido en el desconsuelo se asoma al f¨¦retro donde yace el cuerpo de Elmer Abon¨ªa Rodr¨ªguez, el alcalde de Guachen¨¦ (Cauca), asesinado nueve d¨ªas antes de terminar su mandato, el 22 de diciembre de 2023. Abon¨ªa result¨® herido en un cruce de disparos, en medio de un aparente intento de robo a uno de sus escoltas. Horas m¨¢s tarde, muri¨® en un hospital cercano a donde hab¨ªa sido trasladado en un intento por salvarle la vida. La imagen de aquella mujer an¨®nima y desolada pronto quedar¨ªa en el olvido en un pa¨ªs donde un hecho de violencia desplaza f¨¢cilmente al anterior.

Al asesinato del alcalde de Guachen¨¦, quien hab¨ªa pedido ayuda del Gobierno por la inseguridad desbordada en el municipio de 20.000 habitantes, lo sucedi¨® una cadena de cr¨ªmenes: el homicidio del concejal de Tulu¨¢ (Valle), Eliecid ?vila, a pocas horas de posesionarse; el secuestro del delegado de la Registradur¨ªa, Jefferson Murillo y el funcionario del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Blyderson Arboleda, en carreteras del Choc¨®; y el atentado contra el alcalde reci¨¦n posesionado de Tumaco (Nari?o), F¨¦lix Henao. Ninguno de los cuatro departamentos del Pac¨ªfico colombiano estuvo a salvo de los violentos en el cambio de a?o.

La realidad de esa zona del pa¨ªs, desde donde el presidente Gustavo Petro despachar¨¢ entre el 22 y 27 de enero e hist¨®ricamente golpeada por acciones de grupos armados que se disputan el control de negocios ilegales como la extorsi¨®n y el narcotr¨¢fico, sigue anclada. Cauca, por ejemplo, concentr¨® el mayor n¨²mero de asesinatos de lideres sociales y defensores de derechos humanos en 2023. Seg¨²n el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), de los 188 casos a nivel nacional, 38 fueron en ese departamento con presencia de disidencias de las extintas FARC y del ELN, la guerrilla activa m¨¢s antigua en Colombia. El primer asesinato de un firmante de paz en 2024, ocurri¨® en el municipio caucano de Sucre. Cauca tambi¨¦n fue el departamento con m¨¢s excombatientes asesinados el a?o anterior, con siete de 44 v¨ªctimas.

Eduin Capaz, l¨ªder ind¨ªgena de la regi¨®n, explica que el asesinato se emplea como una forma de mostrar poder territorial. ¡°A eso se suman reclutamientos y amenazas a l¨ªderes y voceros, que no permiten tener una tranquilidad o sensaci¨®n esperanzadora¡±, agrega. Ese sentimiento empeora en un contexto de negociaciones con grupos armados en el que las comunidades interpretan los ataques como hechos contradictorios con los acuerdos de cese al fuego.

Los cuatro departamentos del Pac¨ªfico fueron determinantes en la elecci¨®n del presidente Gustavo Petro en 2022. El 80% de los votos a su favor en segunda vuelta fue el reflejo de la esperanza de cambio que despert¨® en campa?a. En un gesto inusual, el Consejo Regional Ind¨ªgena del Cauca (CRIC), que ha sido sost¨¦n del Gobierno, lanz¨® recientemente un llamado p¨²blico al mandatario para que tomara medidas concretas para detener el recrudecimiento del conflicto.

Human Rights Watch, la oeneg¨¦ internacional de derechos humanos, tambi¨¦n plante¨® advertencias en su reciente informe mundial 2024. ¡°En el departamento del Cauca, los ind¨ªgenas Nasa que se oponen a los abusos cometidos por grupos armados han sido amenazados y asesinados. Los enfrentamientos entre grupos armados, principalmente en el municipio de Argelia, han dejado m¨¢s de 6.500 personas desplazadas o confinadas¡±, se?ala el documento.

Los brazos de organizaciones armadas ilegales se extienden hacia el norte, al Valle del Cauca, el departamento con m¨¢s masacres el a?o pasado. De las 94 que report¨® Indepaz, 13 ¨C que suman 41 v¨ªctimas ¨C sucedieron all¨ª. Dos de las cuatro que van en los primeros d¨ªas de este a?o, tuvieron lugar en Toro y Candelaria, tambi¨¦n en el Valle. La gobernadora Dilian Francisca Toro cita como ejemplo del alcance de estas estructuras a la columna Jaime Mart¨ªnez del Estado Mayor Central, que delinque en el norte del Cauca y llega hasta municipios vallecaucanos como Jamund¨ª, vecino de Cali.

¡°Tiene que haber una soluci¨®n m¨¢s integral desde el suroccidente colombiano para la seguridad del Pac¨ªfico. Ese es el llamado que le hemos hecho al Gobierno nacional, que tiene que ser algo muy articulado entre estos departamentos¡±, sostuvo Toro en una entrevista con Caracol Radio.

A ese panorama se suma la presi¨®n de bandas criminales urbanas como ¡®La Inmaculada¡¯, a la que se le atribuye el homicidio de Eliecid ?vila, el concejal de Tulu¨¢, y amenazas contra el alcalde actual del municipio, Gustavo V¨¦lez. ¡°Son grupos de delincuencia com¨²n multicrimen que delinquen desde las c¨¢rceles: extorsionan, manejan el microtr¨¢fico y tienen el control de actividades como bares, restaurantes y hasta la venta de cebolla¡±, denuncia V¨¦lez. La ciudad portuaria de Buenaventura, que arrastra d¨¦cadas de pobreza y abandono, tambi¨¦n ha tenido que soportar los enfrentamientos entre grupos de mafias como los ¡®Shottas¡¯ y los ¡®Espartanos¡¯.

Algo similar ocurre en Quibd¨®, la capital del departamento del Choc¨®, ubicado en el extremo norte del Pac¨ªfico colombiano, en l¨ªmites con Panam¨¢. La Red de Madres y Cuidadoras denunci¨® que 170 j¨®venes fueron asesinados el a?o pasado. Seg¨²n el diario El Espectador, la red atribuye esas muertes, principalmente, al cruce de fronteras invisibles o al no pago de extorsiones. Los Locos Yam, los Palme?os y los Mexicanos son algunos de los grupos que act¨²an en el municipio donde seis de cada diez personas viven en condiciones de pobreza.

Adem¨¢s de las redes urbanas, la violencia echa ra¨ªces en los intereses econ¨®micos del ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, considerada la mayor banda del narcotr¨¢fico en el pa¨ªs, que domina el tr¨¢fico de migrantes por la espesa selva del Tap¨®n del Dari¨¦n, por donde el a?o pasado 520.000 personas arriesgaron su vida, el doble de las de 2022.

Andr¨¦s Preciado, director de din¨¢micas del conflicto de la Fundaci¨®n Ideas para la Paz, explica que la ubicaci¨®n estrat¨¦gica que tiene el Pac¨ªfico colombiano para las econom¨ªas il¨ªcitas ha impedido romper con la violencia. ¡°Lo que vemos es una disputa por la relevancia que han tomado las rutas de drogas. Adem¨¢s, han crecido los cultivos il¨ªcitos. Es el escenario perfecto de consolidaci¨®n de la econom¨ªa criminal de narcotr¨¢fico¡±, apunta. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito, para 2022 los cuatro departamentos del Pac¨ªfico colombiano produjeron el 41% de toda la coca del pa¨ªs.

El presidente Petro ha prometido como respuesta una estrategia de ox¨ªgeno a favor de los campesinos para reducir su dependencia a la econom¨ªa de las drogas y de asfixia contra los eslabones m¨¢s fuertes de las mafias.

Seg¨²n el mismo estudio de la ONU, Nari?o, en el sur de la regi¨®n, tiene la mayor ¨¢rea con cultivos de coca de los 32 departamentos de Colombia, m¨¢s del 25% del total. Fronterizo con Ecuador, es el departamento con m¨¢s desplazamientos forzados con 35.024 casos en 2023, seguido de Valle del Cauca y Cauca con 25.731 y 16.390 hechos de este tipo, respectivamente. La mayor¨ªa de ellos afectan a poblaci¨®n ind¨ªgena, negra, raizal y palenquera en zonas rurales.

La situaci¨®n no ofrece se?ales de mejora. El Consejo Noruego para los Refugiados denunci¨® que en Olaya Herrera y Samaniego, precisamente en Nari?o, m¨¢s de 3.000 personas han sido v¨ªctimas de desplazamiento forzado en los primeros d¨ªas de enero. Y en Choc¨®, m¨¢s de 9.000 personas han sido confinadas desde noviembre debido a enfrentamientos armados y amenazas de muerte a civiles. ¡°La situaci¨®n tambi¨¦n es preocupante en el municipio de Jurad¨® (Choc¨®), donde m¨¢s de 1.000 personas permanecen confinadas en su propio territorio¡±, indic¨® la organizaci¨®n.

Juan Pappier, subdirector de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch, advierte que el Pac¨ªfico colombiano sigue siendo un punto cr¨ªtico de la violencia. ¡°Concentra cerca del 30 por ciento de las masacres y asesinatos de l¨ªderes sociales en Colombia y una parte importante de los desplazamientos y confinamientos. Frenar la violencia all¨ª exige una pol¨ªtica s¨®lida de seguridad territorial y avances para garantizar la presencia estatal a trav¨¦s de la implementaci¨®n de los PDET. Sin ello la ¡°paz total¡± ser¨¢ solo una aspiraci¨®n¡±, asegura.

La identidad de la mujer que expresaba su dolor abrazada al f¨¦retro del alcalde de Guachen¨¦ no se hizo p¨²blica. Pero su imagen encarna a millones de v¨ªctimas y habitantes del Pac¨ªfico ¨C y del resto de Colombia ¨C agotados de una historia de violencia que no sana y, por el contrario, se repite; de un pa¨ªs que sigue mir¨¢ndose al espejo como aquella mujer al alcalde asesinado. ¡°Hay una deshumanizaci¨®n alrededor de todo lo que estamos viviendo¡±, lamenta Eduin Capaz, el l¨ªder ind¨ªgena del Cauca.

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