La lucha contra el reclutamiento forzado en el norte del Cauca

Tras caminar por horas en la completa oscuridad y en medio de un campo minado, David* encontrar¨ªa el camino a la libertad. Esa ser¨ªa la ¨²nica forma de escapar del grupo armado al que le hab¨ªan obligado pertenecer. Con el mayor de los sigilos logr¨® la haza?a, alz¨® los brazos y se entreg¨® al Ej¨¦rcito. Era la se?al que le avisar¨ªa a los militares de que ¨¦l era el joven del que la Defensor¨ªa del Pueblo hab¨ªa advertido horas antes. La se?a que lo salvar¨ªa de un disparo. El mensaje hab¨ªa llegado a la entidad gracias a Ana*, una lideresa ind¨ªgena a la que la familia de David contact¨® para rogar ayuda; su hijo hab¨ªa logrado avisarles que escapar¨ªa. Su participaci¨®n fue clave. Solo ella sab¨ªa c¨®mo actuar y a qui¨¦n acudir: lleva cuatro a?os auxiliando familias de ni?os reclutados en el Cauca.

La historia de David se ha vuelto parte del paisaje en el norte de ese departamento, una de las zonas m¨¢s disputadas de Colombia. De acuerdo con la Asociaci¨®n de Cabildos Ind¨ªgenas del Norte del Cauca (ACIN), la principal organizaci¨®n ind¨ªgena del ¨¢rea, en los ¨²ltimos dos a?os m¨¢s de 300 menores han sido enlistados forzosamente. El equipo de Derechos Humanos de la organizaci¨®n explica que el reclutamiento se transform¨® radicalmente luego del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 y que, a medida que el conflicto se agudiza, esa tragedia va al alza. Ana ha contabilizado 117 denuncias en lo corrido del a?o, y asegura que el subregistro es may¨²sculo.

La Defensor¨ªa del Pueblo refuerza esa alerta. Seg¨²n la entidad, desde 2021 le han reportado 344 casos de reclutamiento de menores en el pa¨ªs, y un 48% es de 2023. La mayor¨ªa de denuncias corresponde a casos en el Cauca, seguido por Nari?o, Arauca y Putumayo. ¡°Persiste una situaci¨®n muy preocupante: la ocurrencia de reclutamiento en la poblaci¨®n ind¨ªgena, donde se concentra el 75% de los casos¡±, expres¨® en un comunicado p¨²blico Carlos Camargo Assis, cabeza de esa instituci¨®n.

Detr¨¢s de esas cifras hay otras caracter¨ªsticas que empeoran la ya tr¨¢gica situaci¨®n. As¨ª lo han identificado las organizaciones sociales de la zona. Andrea*, quien pertenece a una de ellas, sostiene que tras la salida del Comando Conjunto de Occidente de las extintas FARC, poco a poco fueron nacieron nuevos y numerosos grupos armados ilegales, que con el pasar de los a?os se reagruparon y crecieron. De unos 60 integrantes, pasaron a 1.000 en un a?o o dos, afirma.

Ese es el caso de la columna Jaime Mart¨ªnez, que forma parte de la sombrilla de disidencias de las FARC conocida como Estado Mayor Central. Es la estructura armada que m¨¢s poder ostenta en el norte del Cauca y la que m¨¢s denuncias ha recibido por reclutamiento forzado. Un aviso que tambi¨¦n hicieron las Naciones Unidas en 2022 cuando, despu¨¦s de algunos a?os, Colombia volvi¨® a aparecer en su informe global Los Ni?os y los Conflictos Armados. Le sigue el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN), con el que la columna mantiene una disputa permanente. Despu¨¦s, est¨¢n los grupos que forman parte de la otra gran federaci¨®n de disidentes, la Segunda Marquetalia de Iv¨¢n M¨¢rquez, que han terciado en esa disputa sin mayor ¨¦xito en el departamento.

Andrea cuenta que cuando reinici¨® el reclutamiento en esa parte del Cauca, una subregi¨®n oficialmente compuesta por 13 municipios, los menores enlistados sol¨ªan ser hijos, sobrinos o primos de autoridades ind¨ªgenas, o adolescentes que pertenec¨ªan a la Guardia Ind¨ªgena. Los grupos valoraban esas dos caracter¨ªsticas, a su juicio, para sumar j¨®venes con formaci¨®n pol¨ªtica y preparaci¨®n f¨ªsica, y a la vez para impactar el tejido social. Entre 2018 y 2019, el rango de edad de los reclutados sol¨ªa estar entre los 14 y 17 a?os.

Las din¨¢micas se transformaron y, aunque parecer¨ªa imposible, han empeorado. En 2020, la ACIN empez¨® a registrar denuncias por reclutamiento de ni?os de tan solo 11 a?os. Y ahora es m¨¢s frecuente que las v¨ªctimas sean menores en condiciones de pobreza extrema o maltrato, a los que les prometen comida, ropa o alguna retribuci¨®n econ¨®mica. Asimismo, empezaron a ser comunes las redadas de reclutamiento masivo en las que hombres armados raptan a grupos de ni?os y ni?as a las afueras de las escuelas. Los casos m¨¢s sonados se presentaron en marzo de este a?o. Uno ocurri¨® en una instituci¨®n en el Cabildo de Huellas, en Caloto, y otro la misma semana, en la v¨ªa San Pedro del mismo municipio, mientras los ni?os se dirig¨ªan a la escuela ¡®Las Aves¡¯.

Ante esos riesgos, las comunidades ind¨ªgenas de la zona han reaccionado con medidas internas de control y seguimiento a los ni?os y ni?as. De esa forma lograron recuperar en El Tambo a dos de los menores reclutados en esa ocasi¨®n. Han establecido sistemas de alertas. Es decir, si hay presencia de hombres desconocidos o armados cerca de los colegios, la Guardia Ind¨ªgena se dispone en el sitio para resguardar a los ni?os. Una acci¨®n eficaz, pero que los ha convertido en enemigos ac¨¦rrimos de los grupos ilegales.

El celular de Ana siempre est¨¢ encendido. Sabe que, muchas veces, la vida de alguien depende de que responda una llamada. Ya no solo acuden a ella familias ind¨ªgenas, sino que recibe gritos de auxilio de muchas fuentes. Recuerda una llamada en la que le avisaban de un grupo de j¨®venes que iba camino a encontrarse con un reclutador. Activ¨® el protocolo, se moviliz¨® y lograron detener el veh¨ªculo en el que iban. El informante fue uno de los chicos, que se negaba a que sus amigos terminaran en la guerra.

Ese fue un desenlace excepcional. Andrea explica que los grupos armados han ido creando mafias de reclutamiento ilegal y algunas veces delegan en j¨®venes el reclutamiento de sus pares; en otras ocasiones, contratan a terceros que se encargan de identificar a los ni?os, ni?as o adolescentes, seguirlos, convencerlos, raptarlos y llevarlos hasta los campamentos. Les pagan por la cantidad de ni?os reclutados. La sofisticaci¨®n del tr¨¢fico humano para la guerra ha llevado a que deje de ser un asunto local. Las oeneg¨¦s de la zona han encontrado que los ni?os enlistados all¨ª terminan siendo trasladados al sur del Cauca o a ciudades cercanas como Tumaco y Buenaventura, donde la confrontaci¨®n armada es m¨¢s aguda.

Una lucha a contracorriente

¡°Mientras los ni?os me necesiten, no descanso¡±, explica Ana. Una decisi¨®n que le ha costado su tranquilidad. Ha atendido tantos casos que ya mucha gente la referencia. En las veredas remotas a las que llega para tomar las denuncias de las familias de ni?os desaparecidos, la han perfilado. A la fuerza, aprendi¨® a moverse entre el peligro. No tiene un esquema de seguridad ni recibe remuneraci¨®n por ese trabajo, as¨ª que opt¨® por tener otro de manera paralela, lo que le permite pagar las cuentas y crear alianzas para su lucha contra el reclutamiento.

Aun as¨ª, no ha sido f¨¢cil. Los obst¨¢culos que encuentra a diario son m¨²ltiples. Cuenta que debe lidiar con funcionarios negligentes, con una precaria articulaci¨®n entre las instituciones locales y nacionales, y con el alto costo econ¨®mico de sacar familias enteras del territorio. Sus tareas son variadas y dolorosas. La mayor¨ªa de menores que recibe porque se escaparon o porque los entregaron ¡ªen caso de que la Defensor¨ªa o la Cruz Roja Internacional logre intervenir en la entrega¡ª, llegan con problemas de salud f¨ªsica, como heridas de explosivos, o mentales, por haber sufrido violencia sexual.

La situaci¨®n cuando aparecen sin vida es m¨¢s dif¨ªcil, algo que, seg¨²n Andrea y Ana, es cada vez m¨¢s frecuente. ¡°Les dan un arma y as¨ª los mandan a combatir¡±, precisa Andrea. Revela que hace algunos meses aparecieron 40 cuerpos en la zona rural de Silvia, Cauca, y algunos de ellos eran de menores reclutados. Las familias reclamaron los cuerpos discretamente por temor a represalias. Y en la noche, cuando nadie era testigo, ¡®los sembraron¡¯. As¨ª le llaman al entierro los pueblos ind¨ªgenas.

El efecto de esa violencia en los pueblos originarios es profunda e irreparable. ¡°Est¨¢n desarraigando nuestra semilla¡±, reflexiona con pesadumbre Andrea. En ello coincide Edwin Capaz, ind¨ªgena nasa y exconsejero Mayor de Consejo Regional Ind¨ªgena del Cauca. ¡°La guerra nos est¨¢ trasquilando, est¨¢ cortando la trascendencia de los pueblos ind¨ªgenas. Se han enconado en estas generaciones de ni?os, adolescentes y j¨®venes, que es nuestro lado m¨¢s vulnerable¡±, enfatiza. Coinciden en que las medidas del Estado siguen siendo insuficientes para atacar un fen¨®meno que crece a un ritmo incontenible.

Pese al impacto social y humano, el tema no se ha discutido en las mesas de di¨¢logo que tiene el Gobierno con el ELN o el EMC. Hasta el momento no ha cobrado la relevancia que ha ganado el secuestro. ¡°Tiene que ser un punto urgente, por lo que significa no solamente para los pueblos ind¨ªgenas, sino para la poblaci¨®n en general¡±, exige Capaz. Mientras eso sucede, Ana, su comunidad y las organizaciones con las que trabaja no contemplan renunciar, siguen actuando con lo que pueden y con lo que tienen.

Ana lo tiene claro y no para. La impulsa la fuerza de su propia historia de lucha contra la violencia. Se alista para salir a recoger otra denuncia despu¨¦s de su entrevista con este diario. Una joven, que hace unas semanas lleg¨® para acompa?arla de manera voluntaria, presenci¨® en silencio la charla, tom¨® nota y escuch¨® atentamente. Habla solo para preguntar el porqu¨¦ de tanta dedicaci¨®n.

¡ª ?C¨®mo do?a Ana puede con todo? No entiendo

¡ª Porque se hace con amor. En nuestras manos est¨¢ salvar vidas.

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