A buscar acuerdos entre desacuerdos para desatascar a Colombia

En el grave conflicto institucional que est¨¢ teniendo lugar en Colombia, con el choque entre el Ejecutivo, la Fiscal¨ªa, la Procuradur¨ªa y la c¨²pula de la Rama Judicial, resulta urgente pensar hasta d¨®nde los desacuerdos vienen de diferentes concepciones del rol que deben jugar las instituciones p¨²blicas y la manera en que deben ser organizadas. Intentar esclarecer ese n¨²cleo tal vez nos permita sentarnos a discutir sobre las desavenencias e intentar construir acuerdos; acuerdos imperfectos y parciales, pero acuerdos en todo caso. Aqu¨ª busco hacer una peque?a contribuci¨®n a esta discusi¨®n.

Uno de los desacuerdos que, a mi juicio, es transversal a nuestro conflicto institucional es aquel entre quienes est¨¢n m¨¢s preocupados por defender el principio democr¨¢tico-participativo y aquellos que consideran prioritario proteger el Estado de derecho. Este desacuerdo en materia de proyectos pol¨ªtico-constitucionales no deber¨ªa sorprendernos, puesto que cabe perfectamente dentro de la filosof¨ªa de nuestra constituci¨®n. Cuando se cre¨®, esta decidi¨® que Colombia no deb¨ªa ser un Estado de derecho a secas, de corte liberal-conservador, sino un Estado constitucional, social y democr¨¢tico-participativo de derecho. Un Estado de derecho con apellidos, por decirlo as¨ª. Es por ello que el art¨ªculo primero de la Constituci¨®n Pol¨ªtica de 1991 establece que ¡°Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de Rep¨²blica unitaria, descentralizada, con autonom¨ªa de sus entidades territoriales, democr¨¢tica, participativa y pluralista¡±.

Dentro de esa f¨®rmula se pueden incluir muchos proyectos pol¨ªticos diferentes (conservadores, liberales, socialdem¨®cratas), y esa era la idea: permitir la alternancia en el poder entre partidos, grupos, movimientos que representen visiones muy distintas de lo que el pa¨ªs necesita. Dentro de ese amplio espectro, caben ciudadanos que consideran que ante un conflicto entre el principio democr¨¢tico-participativo y el Estado de derecho debe privilegiarse el primero; y tambi¨¦n, por supuesto, ciudadanos que piensan exactamente lo contrario.

Dicho todo esto, resulta lamentable que el debate entre estas posiciones est¨¦ en buena parte capturado por las extravagancias de dos adultos que a veces parecen comportarse como bravucones. Me refiero, por supuesto, a los dos funcionarios p¨²blicos m¨¢s importantes del pa¨ªs: el presidente Gustavo Petro y el ya ex fiscal general Francisco Barbosa. Creo genuinamente que entre ellos existen desacuerdos de fondo que merecen ser discutidos y sobre los cuales, con algo de esfuerzo, podr¨ªamos tender puentes y encontrar puntos de acuerdo. Lamentablemente, y para verg¨¹enza de la dignidad de sus cargos, ni Petro ni Barbosa deber¨ªan ser los puntos de referencia de esta discusi¨®n.

Para poder deliberar genuinamente sobre diferencias pol¨ªticas y constitucionales, es necesario hacer un esfuerzo por asumir un punto de vista p¨²blico sobre el objeto de discusi¨®n, en este caso la tensi¨®n entre la importancia de la estabilidad institucional que nos proporciona el Estado de derecho, y la necesidad de desarrollar m¨¢s fuertemente uno de los grandes compromisos a¨²n incumplidos de la Constituci¨®n de 1991: la democracia participativa.

Explico mejor lo del punto de vista p¨²blico. Si reunimos a 100 personas a discutir sobre esto, tendremos 100 puntos de vista diferentes. Y miles de desacuerdos; m¨¢s concretamente, 9.900 desacuerdos: 100 (personas y, por tanto, puntos de vista) multiplicado por 99 (las personas restantes una vez uno toma una persona como unidad de referencia) es igual a 9.900 desacuerdos. Es importante reconocer que cada una de estas personas tiene intereses particulares, lo cual es normal y no es cuestionable. Lo que est¨¢ mal es que, para tomar parte de las discusiones p¨²blicas, uno solamente tenga en cuenta sus motivaciones personales: es importante hacer un esfuerzo para intentar asumir una perspectiva m¨¢s general, un punto de vista p¨²blico.

Por supuesto, nadie se puede separar completamente de su punto de vista privado, la naturaleza humana tiene un componente ego¨ªsta y eso no tiene nada de malo. Pero para que el debate genuino sea posible, tenemos que asumir que las dem¨¢s personas que participan est¨¢n haciendo un esfuerzo por entender nuestra perspectiva, y tenemos el deber de actuar de la misma manera. Por ello, es fundamental que podamos confiar en las motivaciones de nuestros interlocutores: debemos creer que todos estamos haciendo un esfuerzo para ser lo m¨¢s imparciales posibles (as¨ª la imparcialidad absoluta sea un ideal inalcanzable). Y es muy dif¨ªcil creer que Petro o Barbosa est¨¢n haciendo siquiera el m¨¢s m¨ªnimo esfuerzo por asumir un punto de vista p¨²blico lo m¨¢s imparcial posible. Es evidente que no, y lo es porque es tambi¨¦n evidente que ambos est¨¢n embelesados por su propia grandeza percibida.

S¨¦ que es posible cuestionarme se?alando que el conflicto Petro¨CBarbosa no es m¨¢s que una disputa pura y descarnada por el poder pol¨ªtico, y no el reflejo de una tensi¨®n entre proyectos pol¨ªtico¨Cconstitucionales. Pero no se trata de cuestiones incompatibles entre s¨ª. Mientras que Barbosa cree representar una especie de ¡°constitucionalismo de fusi¨®n¡± producto de la alianza hist¨®rica del liberalismo y el conservadurismo, y preocupado especialmente por poner frenos al autogobierno colectivo para proteger los derechos civiles, Petro aspira a encarnar el proyecto radical-republicano cuya bandera central es la promoci¨®n del autogobierno colectivo mediante la participaci¨®n permanente de los ciudadanos en la vida p¨²blica (esta categorizaci¨®n de proyectos constitucionales es de Roberto Gargarella). Ahora bien, aunque Petro y Barbosa representan estos proyectos alternativos, sus palabras y acciones son poco confiables, pues ambos est¨¢n motivados tambi¨¦n por intereses non sanctos que no deber¨ªan tener cabida en la esfera p¨²blica.

Pero nosotros, la ciudadan¨ªa colombiana, no estamos atados por los gritos y el ruido de estos dos personajes. Y no solamente podemos, sino que debemos discutir m¨¢s intensamente sobre nuestros desacuerdos en materia de estabilidad institucional y democracia participativa. Este es un asunto fundamental para Colombia, y este es un momento propicio para hacerlo, pues las aspiraciones participativas de la Constituci¨®n de 1991 necesitan ser canalizadas institucionalmente. Esta cuesti¨®n fundamental necesita de la discusi¨®n entre movimientos sociales, empresarios, funcionarios p¨²blicos, v¨ªctimas de la violencia, acad¨¦micos, entre muchos otros. Y la requiere debido a que solamente mediante la discusi¨®n de nuestros desacuerdos podremos construir acuerdos entre desacuerdos.

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