El camino escarpado que se avecina para Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general

El bullicio que trae consigo el triunfo en una elecci¨®n pronto acabar¨¢ para Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general de Colombia. Las c¨¢maras y micr¨®fonos que hoy registran su victoria, con una mayor¨ªa aplastante de 18 votos de 23 posibles en la Corte Suprema, no tardar¨¢n en exigirle resultados en los procesos judiciales m¨¢s medi¨¢ticos del pa¨ªs. No son pocos los desaf¨ªos que se asoman en su camino. Su antecesor, Francisco Barbosa, se opuso con vehemencia al proyecto de cambio del presidente Gustavo Petro, sobrepasando en ocasiones sus funciones como fiscal, y recibi¨® el rechazo de la izquierda y de muchos analistas. Camargo enfrenta aguas movidas con investigaciones de alto calado pol¨ªtico en marcha y aterriza con la carga de todos los fiscales reci¨¦n llegados, de haber sido nominados por el presidente.

Aunque los fiscales generales no participan directamente en los procesos y sus subalternos gozan de autonom¨ªa (su jefe no les puede decir, formalmente, qu¨¦ decisiones tomar), s¨ª pueden definir qui¨¦nes llevan qu¨¦ expedientes, cu¨¢ntos recursos tienen para investigar y, en general, incidir en los casos. Incluso si no lo hacen, sobre ellos recae la responsabilidad pol¨ªtica de las decisiones y es a ellos a quienes la opini¨®n p¨²blica felicita por logros y se?ala por fracasos. Desde la posesi¨®n de este Ejecutivo, incluso antes de los m¨¢s fuertes choques entre el Gobierno Nacional y la Fiscal¨ªa, hubo un manto duda sobre la imparcialidad con la que se trabajaban los casos, m¨¢s all¨¢ de la calidad y contundencia de las pruebas aportadas.

Esa mirada, en el caso de Camargo, se centrar¨¢ en buena medida en dos expedientes relacionados con el entorno m¨¢s cercano al presidente. En el primero se acusa a Nicol¨¢s Petro, primog¨¦nito del primer mandatario, de lavado de activos y enriquecimiento il¨ªcito. Daysuris V¨¢squez, su exesposa, es la principal testigo en su contra, despu¨¦s de firmar un acuerdo de colaboraci¨®n con la Fiscal¨ªa. La mujer asegura que el hijo del jefe de Estado ¡ªexdiputado de Atl¨¢ntico tras incursionar en pol¨ªtica electoral¡ª recibi¨® dinero de exnarcotraficantes y empresarios para la campa?a presidencial, no lo report¨® y se lo apropi¨® para adquirir bienes de lujo. V¨¢squez aport¨® pantallazos de conversaciones de WhatsApp que sustentan estos se?alamientos y Nicol¨¢s fue capturado a finales de julio pasado. Inicialmente, manifest¨® su deseo de cooperar, fue puesto en libertad condicional y dio una entrevista a Semana, en la que admiti¨® que plata irregular ingres¨® a la campa?a, aunque aclar¨® que fue a espaldas de su padre. M¨¢s adelante cambi¨® su versi¨®n, desestimando cualquier ayuda a la Fiscal¨ªa y denunciando que hab¨ªa sido ¡°doblegado¡±. ¡°Me han presionado hasta el l¨ªmite con la ¨²nica intenci¨®n de convertirme en un arma contra mi padre. Decid¨ª levantarme y no arrodillarme ante el verdugo¡±, asever¨® a trav¨¦s de su cuenta de X, en septiembre, cuando se conoci¨® que ir¨ªa a juicio.

El segundo proceso es la donaci¨®n de 500 millones de pesos (125.000 d¨®lares) del sindicato de maestros a la candidatura de Petro en 2022. Con el objetivo de respaldarlo, la Federaci¨®n Colombiana de Educadores (Fecode) firm¨® un cheque por esta cantidad en favor de Colombia Humana, el partido pol¨ªtico que fund¨® Petro y que pertenece al Pacto Hist¨®rico, la coalici¨®n que aval¨® al hoy mandatario. Las normas proh¨ªben que personas jur¨ªdicas realicen aportes monetarios a aspiraciones presidenciales y se investiga si el monto en cuesti¨®n fue utilizado para sufragar gastos de la campa?a electoral. La Fiscal¨ªa intenta probar que se configur¨® una triangulaci¨®n de recursos ¡ªque el dinero pas¨® por el partido para evadir la ley¡ª y con ese prop¨®sito orden¨® una inspecci¨®n a la sede del sindicato en enero. Aquella diligencia fue el motivo de uno de los sonados enfrentamientos entre el entonces fiscal Barbosa y el presidente, quien a los pocos d¨ªas asegur¨® p¨²blicamente en X ¡ªcon publicaciones en distintos idiomas¡ª que se estaba promoviendo ¡°una ruptura institucional¡± para sacarlo del poder. El caso tiene en la mira a quien fuera su gerente de campa?a, Ricardo Roa, la cabeza de la mayoritariamente estatal Ecopetrol, la empresa m¨¢s grande del pa¨ªs.

Adem¨¢s de esos casos que ata?en a la cabeza del Ejecutivo (y de otra investigaci¨®n contra su hermano Juan Fernando), Camargo llegar¨¢ a una entidad que ha buscado cerrar al proceso por presunta manipulaci¨®n de testigos que se adelanta en contra del expresidente ?lvaro Uribe, la figura m¨¢s emblem¨¢tica de la derecha colombiana. Uribe, quien rompi¨® r¨¦cord de popularidad durante su mandato de ocho a?os entre 2002 y 2010, renunci¨® en 2020 a su curul en el Senado para que la competencia de su proceso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscal¨ªa. Tres fiscales diferentes, designados por Barbosa, han pedido ¡ªsin ¨¦xito¡ª que un juez ordene la preclusi¨®n, bajo el argumento de que no existen pruebas suficientes para acusar al exmandatario y llevarlo a juicio. Han fracasado. ¡°Hay interrogantes que eran susceptibles de abordar con un mejor esfuerzo investigativo¡±, se?al¨® la jueza que evalu¨® la primera solicitud.

Es probable que el proceder de Camargo sea percibido con desconfianza por el uribismo debido a su pasado como magistrada auxiliar de la Corte Suprema en el grupo que investig¨® la parapol¨ªtica, el esc¨¢ndalo que revel¨® los v¨ªnculos de grupos paramilitares con pol¨ªticos y en el que estuvieron involucradas personas que apoyaban al expresidente. A ello se suma su cercan¨ªa con el ministro de Defensa, Iv¨¢n Vel¨¢squez, quien fue interceptado por las fuerzas de inteligencia cuando Uribe era presidente y es visto por muchos uribistas como enemigo del exmandatario, a pesar de que su curr¨ªculo da fe de su desempe?o. Sobresalen sus trabajos en la Comisi¨®n Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CIGIG), destapando casos de corrupci¨®n en la naci¨®n centroamericana, y en el equipo de seguimiento que arm¨® la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para adentrarse en el homicidio de los periodistas Javier Ortega, Pa¨²l Rivas y Efra¨ªn Segarra, miembros de la redacci¨®n del diario ecuatoriano El Comercio, que tuvo lugar en la frontera colomboecuatoriana en marzo de 2018.

La muerte de Jorge Enrique Pizano, el testigo clave del caso Odebrecht, que un juez orden¨® seguir investigando; el constre?imiento sufrido por Marelbys Meza, quien era la ni?era del hogar de Laura Sarabia, por lo que actualmente se indaga acerca de la posible responsabilidad de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Rep¨²blica (DAPRE); o la estructura liderada por el fallecido senador liberal Mario Casta?o, que direccionaba millonarios contratos estatales para favorecer contratistas en diferentes regiones y es conocida como Las Marionetas, son otros expedientes que encara la nueva fiscal general. De ella depende sacarlos adelante.

Para eso necesita tiempo, por lo que ser¨¢ importante la decisi¨®n que tome la justicia sobre la legalidad de su elecci¨®n, frente a la que ya se han anunciado demandas. El debate legal gira alrededor de la renuncia de otra de las ternadas para ser fiscal, Amelia P¨¦rez, momentos antes de que la Corte Suprema iniciara la votaci¨®n que gan¨® Camargo este martes. La inesperada dimisi¨®n caus¨® dudas sobre la viabilidad de que los jueces de la Corte votaran. Algunos abogados sostienen que la terna estaba incompleta y, en consecuencia, no pod¨ªa elegirse fiscal. Otros defienden la legalidad de la votaci¨®n. Con posturas contrapuestas, ese reto para Camargo tiene el antecedente de que el Consejo de Estado, en 2012, anul¨® la elecci¨®n de la ¨²nica otra fiscal mujer elegida, Viviane Morales.

Suscr¨ªbase aqu¨ª a la newsletter de EL PA?S sobre Colombia y aqu¨ª al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del pa¨ªs.