S¨ª, pero no

El Gobierno necesita una entidad que certifique la validez de los decretos y resoluciones que emita para evitar las permanentes rectificaciones a las cuales se ve obligado. Alguna oficina que podr¨ªa denominarse La ?ltima Palabra, a la que cualquier ciudadano pueda acudir para saber cu¨¢l es la ¨²ltima norma que rige. Si, por ejemplo, los venezolanos pueden ingresar al pa¨ªs con pasaporte vigente, como lo public¨® la administraci¨®n especial de Migraci¨®n Colombia, o, por el contrario, con el pasaporte vencido en los t¨¦rminos que lo manifest¨® el se?or ministro encargado de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, quien se?al¨® que los funcionarios de esa dependencia deber¨ªan entender que la pol¨ªtica de migraci¨®n era la que facilitaba el ingreso de quienes se ve¨ªan obligados a huir de sus territorios y no complicar su permanencia en el pa¨ªs o su tr¨¢nsito hacia otros destinos.

De la misma manera, se ahorrar¨ªan tener que corregir la manifestaci¨®n equivocada del presidente Gustavo Petro de que Colombia buscar¨ªa postergar el repago al Fondo Monetario Internacional (FMI) a trav¨¦s de una renegociaci¨®n para abrir m¨¢s espacio al gasto p¨²blico en 2024. Seg¨²n el partido de los economistas, de renegociar la deuda con el FMI, el Gobierno dar¨ªa tres p¨¦simos mensajes: uno, que tenemos dificultades de caja; dos, que las condiciones blandas del 1% de intereses del Fondo Monetario nos resultan insuficientes; y tres, que el escalamiento de la deuda se utilizar¨ªa para gastar m¨¢s all¨¢ del 24% del Producto Interno Bruto (PIB) ya aprobado. Finalmente eso no ocurri¨®

Hay episodios m¨¢s complicados, como el de los pasaportes. Licitaciones adjudicadas que fueron declaradas desiertas y en urgencia manifiesta que todav¨ªa no se sabe c¨®mo se podr¨¢n resolver, porque hay millonarias demandas. Lo mismo que investigaciones en la Fiscal¨ªa y en la Procuradur¨ªa. El muelle en Buenaventura tambi¨¦n tuvo su reversazo. El Gobierno ech¨® para atr¨¢s la resoluci¨®n que confirmaba la concesi¨®n a un grupo portuario hasta el 2045, y que ahora solo podr¨¢ usar el puerto hasta el 2025. Seg¨²n la revista Semana, en cuesti¨®n de 14 d¨ªas, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) expidi¨® dos decisiones. La primera, que aceptaba una solicitud del grupo de extender por 20 a?os m¨¢s el contrato con el Estado colombiano que han ejecutado desde 2005 para encargarse de la operaci¨®n de ese muelle, lo que les daba el derecho de explotaci¨®n desde 2025 hasta el 2045. La segunda, una que decidi¨® revocar esa medida argumentando motivos ambientales. El problema de fondo es que, por cuenta de la primera, se instaure una demanda del concesionario contra el Estado colombiano.

Otro s¨ª, pero no es el que tiene que ver con la reforma pensional a la que hubo que pedalearle muy duro. Despu¨¦s de muchos tropiezos, se consigui¨® un apretado acuerdo para reducir el umbral de tres salarios m¨ªnimos para cotizar en Colpensiones y bajarlo a 2,3 salarios m¨ªnimos. Gracias a ello, se perfeccion¨® su aprobaci¨®n en el Senado, y el Pacto Hist¨®rico lo celebr¨® con bombos y platillos. Al otro d¨ªa, el presidente hizo uso de su facultad constitucional de dirigirse al pa¨ªs por los canales de televisi¨®n para desconocer el pacto y advertir que le pedir¨ªa a la C¨¢mara de Representantes aprobar una modificaci¨®n al texto del Senado, consistente en subir la cotizaci¨®n a cuatro salarios m¨ªnimos. Si existiera el Departamento Administrativo de La ?ltima Palabra podr¨ªamos saber que quedar¨¢ vigente al final del proceso.

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