Colombia, el pa¨ªs m¨¢s peligroso del mundo para los defensores de los derechos humanos

Los nombres de los defensores de derechos humanos asesinados en Colombia ocupan la mayor parte de las p¨¢ginas del informe anual de Front Line Defenders en el que esa ONG, que trabaja por la protecci¨®n de l¨ªderes en riesgo a nivel mundial, relaciona las identidades de al menos 300 v¨ªctimas en 28 pa¨ªses, en 2023. Con 146 cr¨ªmenes ¨Cpr¨¢cticamente la mitad del total¨C Colombia encabeza la lista a nivel global, seguido por M¨¦xico con 30 asesinatos, Brasil con 24 y Honduras con 19. Nueve pa¨ªses de Latinoam¨¦rica suman el 79% de los casos.

La cifra global es la m¨¢s baja desde el a?o 2017 y, aunque la de Colombia es menor que la de 2022, cuando se reportaron 186 asesinatos, representa el porcentaje m¨¢s alto del total desde 2020, cuando estuvo por encima del 53%, mientras que en 2023 se ubic¨® en el 48%. Es, en esencia, un nuevo campanazo sobre el ya evidente escalamiento del conflicto armado interno por la disputa de territorios donde se concentran econom¨ªas il¨ªcitas, como el narcotr¨¢fico y la miner¨ªa ilegal, y su impacto en la vida de las comunidades, especialmente, en las zonas rurales.

En su an¨¢lisis, el informe advierte que el contexto en el que trabajan los defensores de derechos humanos en Colombia sigue siendo extremadamente peligroso, ¡°ya que contin¨²an atrapados en luchas de poder con actores violentos no estatales que ejercen control social, econ¨®mico, pol¨ªtico y territorial, buscando destruir o suplantar el liderazgo afrodescendiente e ind¨ªgena¡±.

Solo en la ¨²ltima semana, varios municipios de los departamentos de Cauca y el Valle del Cauca, en el suroccidente del pa¨ªs, recibieron una seguidilla de ataques violentos que causaron la muerte de un menor de 12 a?os, dos polic¨ªas y dos presos. Los atentados fueron atribuidos a estructuras afiliadas al llamado Estado Mayor Central (EMC), un grupo de disidencias de las antiguas FARC con el que el Gobierno de Gustavo Petro adelanta negociaciones como parte de su objetivo, cada vez m¨¢s incierto, de alcanzar la llamada paz total. La crisis es tal que ha fracturado al EMC por la discusi¨®n sobre el camino a seguir en esa b¨²squeda.

Adem¨¢s de resistir el confinamiento, el desplazamiento, el reclutamiento forzado de menores y el despojo de tierras, los defensores de derechos humanos son v¨ªctimas de la estigmatizaci¨®n. Quienes se atreven a denunciar a uno u otro bando, o a revelar alianzas entre autoridades y grupos ilegales, corren el riesgo de ser asesinados. ¡°La pr¨¢ctica habitual de etiquetar a los defensores de derechos humanos como objetivos militares por parte de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el Ej¨¦rcito de Liberaci¨®n Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) socav¨® completamente su protecci¨®n¡±, se?ala el informe de Front Line Defenders.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, una organizaci¨®n colombiana aliada de esa ONG, dice que el reporte muestra una falla estructural. ¡°Es la evidencia de que el Estado colombiano ha fallado en su deber constitucional de proteger la vida y la integridad de l¨ªderes, lideresas y personas defensoras que han sido asesinados por buscar transformaciones profundas en un pa¨ªs desigual, como defender la tierra¡±, sostiene.

De los asesinatos registrados en Colombia el a?o pasado, al menos 64 son ind¨ªgenas, campesinos y afrodescendientes, un espejo de la situaci¨®n mundial donde el 31% de las v¨ªctimas eran defensores de derechos de los pueblos ind¨ªgenas. El total de asesinatos documentados de defensores de derechos humanos en la ¨²ltima d¨¦cada se elev¨® a casi 3.000 a nivel global, alerta el informe.

Ese escenario obstaculiza el avance de la defensa de los derechos de las comunidades y debe ser motivo de preocupaci¨®n a nivel regional, subraya ?scar Daza, secretario general de la Organizaci¨®n Nacional de los Pueblos Ind¨ªgenas de la Amazon¨ªa Colombiana (OPIAC). ¡°Hay muchos intereses hacia los territorios y una de las barreras siempre hemos sido los pueblos ind¨ªgenas que buscamos detener las acciones, por ejemplo, en la Amazon¨ªa, para la extracci¨®n ilegal de oro. Nosotros somos defensores de la tierra por naturaleza. Las consecuencias son el asesinato, las amenazas o los desplazamientos. Los pueblos ind¨ªgenas somos los que estamos en medio de la guerra¡±, expresa el l¨ªder.

Las causas que m¨¢s est¨¢n bajo riesgo, a ojos de los defensores en pa¨ªses de las Am¨¦ricas, son, precisamente, los derechos de los pueblos ind¨ªgenas, el uso de la tierra, la protecci¨®n del medio ambiente y los derechos de las mujeres. ¡°En este tiempo, miles de defensores han pagado con sus vidas y muchos m¨¢s enfrentan continuos ataques e intimidaciones por su trabajo pac¨ªfico. Se necesitan medidas urgentes para cambiar esto¡±, declar¨® el director ejecutivo de Front Line Defenders, Alan Glasgow.

Para frenar los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia no ser¨¢ suficiente con entregar chalecos de protecci¨®n y carros blindados, opina el subdirector de la Divisi¨®n de las Am¨¦ricas de Human Rights Watch, Juan Pappier. ¡°Es necesario contar con una pol¨ªtica de seguridad s¨®lida, destinada a proteger a la poblaci¨®n civil y buscar el desmantelamiento judicial de los grupos armados que operan en el pa¨ªs. Tambi¨¦n urge reformar los mecanismos de protecci¨®n para asegurar que sean m¨¢s eficientes y transparentes y est¨¦n mejor anclados en la realidad que se vive en los territorios¡±, sugiere.

En la b¨²squeda de alternativas para mantenerse a salvo, algunos defensores abandonan sus territorios, afectando la defensa de las comunidades. Daza, el dirigente de la OPIAC, a?ade que es dif¨ªcil esperar garant¨ªas por parte de los actores del Estado. ¡°No confiamos ni siquiera en el mismo gobierno. Uno de los mecanismos que hemos propuesto es fortalecer la guardia ind¨ªgena para sentirnos m¨¢s protegidos internamente, bajo nuestros propios sistemas de gobierno¡±, apunta.

Por su parte, Astrid Torres, la coordinadora de Somos Defensores, tambi¨¦n exige respuestas de la justicia para evitar que el 80% de los casos de agresiones contra defensores de derechos humanos sigan quedando en la impunidad. ¡°La Fiscal¨ªa General de la Naci¨®n debe avanzar r¨¢pidamente en el esclarecimiento de los homicidios y agresiones que sufren los defensores porque el alto nivel de impunidad evidencia que, si no hay justicia, los hechos se repiten¡±, reclama.

La falta de garant¨ªas de seguridad para los defensores de causas sociales tambi¨¦n golpea la implementaci¨®n de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC en 2016, y la participaci¨®n de la sociedad civil en negociaciones como la que avanza con el ELN, la ¨²ltima guerrilla en armas en el pa¨ªs.

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