La paz de Colombia, en la encrucijada entre una implementaci¨®n olvidada y una paz total que no engrana
La implementaci¨®n del Acuerdo de Paz con las FARC parece abandonada, mientras el presidente Petro se enfoca en su pol¨ªtica de paz total, que parece desordenada e incierta
La compleja situaci¨®n de orden p¨²blico en Colombia pasa por una encrucijada: la implementaci¨®n del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC parece abandonada a su suerte, mientras el presidente Gustavo Petro se enfoca en su pol¨ªtica de paz total, que parece desordenada e incierta. Los desaf¨ªos en materia de derechos humanos y seguridad en todo el territorio nacional siguen siendo apremiantes, lo que pone a prueba la capacidad del Estado para consolidar la paz y garantizar la justicia para todas las v¨ªctimas del conflicto armado y la poblaci¨®n civil en general.
La implementaci¨®n del Acuerdo de Paz, entre avances y serios desaf¨ªos
Desde la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, el Estado ha realizado esfuerzos significativos en la reincorporaci¨®n econ¨®mica y social de los excombatientes, as¨ª como en la Reforma Rural Integral. Seg¨²n el informe trimestral del secretario general de la Misi¨®n de Verificaci¨®n de las Naciones Unidas en Colombia, 8.063 hombres y 2.815 mujeres firmantes han sido involucrados en proyectos productivos, y se han formalizado 82.014 hect¨¢reas de tierras para fines productivos. Estos avances son cruciales para la estabilidad y el desarrollo rural del pa¨ªs, y constituyen una deuda hist¨®rica que a¨²n est¨¢ lejos de ser saldada.
No obstante, los retos persisten y son alarmantes. La seguridad sigue siendo una preocupaci¨®n cr¨ªtica, con 416 asesinatos, 37 desapariciones y 137 intentos de homicidio de l¨ªderes sociales y defensores de derechos humanos verificados desde la firma del Acuerdo. La Unidad Especial de Investigaci¨®n de la Fiscal¨ªa ha emitido 513 ¨®rdenes de captura por esos cr¨ªmenes y ha logrado 75 condenas, cifras que evidencian el peligro constante para quienes promueven la paz y la justicia. ¡°?Qu¨¦ tipo de paz estamos construyendo si los defensores de derechos humanos siguen siendo blancos f¨¢ciles de la violencia?¡±, es una de las preguntas que m¨¢s resuena hoy en la opini¨®n p¨²blica. No pierde vigencia aquella frase c¨¦lebre que varios promulg¨¢bamos en medio del estallido social: ¡°nos est¨¢n matando¡±.
En el ¨¢mbito de la justicia transicional, la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP) ha avanzado significativamente, con 151 imputaciones por cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad, y un reconocimiento de responsabilidad del 89% de los imputados. Estos logros son fundamentales para la reconciliaci¨®n y la confianza en el Acuerdo de Paz. Sin embargo, son avances insuficientes si la sociedad no aborda las causas estructurales de la violencia y si el Estado no brinda protecci¨®n efectiva a quienes est¨¢n en la primera l¨ªnea de la implementaci¨®n. De igual manera, genera especial sorpresa ver que hoy el petrismo, el uribismo y los l¨ªderes de los firmantes parecen estar de acuerdo en lanzar dardos al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparaci¨®n y No Repetici¨®n (SIVJRNR) buscando afectar la legitimidad no solo de la JEP, sino tambi¨¦n de la Comisi¨®n de la Verdad y otras instituciones creadas con el Acuerdo.
La paz total, una ambici¨®n desmesurada sin estrategia coherente
Si la implementaci¨®n enfrenta desaf¨ªos, la pol¨ªtica de paz total del presidente Petro parece desorientada. Con ella, el Gobierno ha buscado ampliar el di¨¢logo con todos los actores armados en Colombia, pero la premura en otorgar estatus pol¨ªtico a grupos armados como las disidencias de las FARC (agrupadas en los llamados Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia), ha generado confusi¨®n y descontento entre otros actores, como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Esta decisi¨®n ha socavado la estrategia de paz y ha complicado las negociaciones. ?C¨®mo se puede hablar de paz total cuando se act¨²a con tal improvisaci¨®n y falta de coherencia?
La Ley 2272 de 2022 estableci¨® dos rutas claras: negociaciones pol¨ªticas con grupos armados organizados y sometimiento judicial para estructuras criminales de alto impacto. La unificaci¨®n de diversas disidencias bajo una sombrilla a la que el Gobierno le ha dado un estatus pol¨ªtico com¨²n ha desviado esta claridad, creando incentivos perversos que desmotivan el sometimiento judicial. Esta confusi¨®n ha debilitado la autoridad del Estado y ha complicado la implementaci¨®n de la paz total.
Entre tanto, los grupos armados han venido incrementando su presencia e injerencia. Seg¨²n datos de Indepaz, las AGC o Clan del Golfo pasaron de operar en 253 municipios en el 2022 a 392 municipios en el 2023; el EMC de 230 a 299, y el ELN de 189 a 23. Estos tres grupos ya hacen presencia en aproximadamente el 40% del territorio colombiano, afectando a m¨¢s de 8 millones de personas. La falta de presencia y autoridad estatal en estas ¨¢reas no solo perpet¨²a la inseguridad, sino que tambi¨¦n pone en duda la capacidad del Gobierno para implementar cualquier pol¨ªtica de paz.
Urge un cambio de rumbo
Con la implementaci¨®n del Acuerdo de Paz a la deriva y la paz total sin rumbo, no sorprende que la situaci¨®n de derechos humanos en Colombia siga siendo alarmante. La violencia perpetuada por grupos armados ilegales como las AGC y el ELN, contin¨²an debilitando el tejido social y la capacidad del Estado para garantizar la seguridad en los territorios. No podemos seguir cerrando los ojos ante la realidad de que las pol¨ªticas est¨¢n fallando.
Es crucial que el Gobierno fortalezca las instituciones encargadas de la protecci¨®n de los derechos humanos y la implementaci¨®n de las pol¨ªticas de paz. La colaboraci¨®n con organizaciones de la sociedad civil puede proporcionar perspectivas valiosas y apoyo en la construcci¨®n de estrategias m¨¢s inclusivas y efectivas. Adem¨¢s, es esencial mejorar la coordinaci¨®n y efectividad en la implementaci¨®n de esas pol¨ªticas, asegurando que las acciones del Gobierno est¨¦n alineadas con los objetivos y principios del Acuerdo de Paz.
El Gobierno del presidente Petro debe abandonar la ret¨®rica grandilocuente y enfocarse en acciones concretas y coherentes que aborden las ra¨ªces de la violencia. La improvisaci¨®n y la falta de estrategia clara no solo desacreditan los esfuerzos de paz, sino que tambi¨¦n ponen en peligro la vida de aquellos que trabajan incansablemente por un pa¨ªs m¨¢s justo y pac¨ªfico.
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