La defensa jur¨ªdica del Estado cambia su foco de los litigios econ¨®micos a los derechos humanos

La Agencia de Defensa Jur¨ªdica del Estado, la entidad que lleva los grandes litigios de la Naci¨®n, ha estado en el centro de la agenda medi¨¢tica por el l¨ªo de la contrataci¨®n de los pasaportes con Thomas Greg & Sons. Sin embargo, esta entidad ha virado sus esfuerzos de ese tipo de disputas al cumplimiento de una de las banderas de este Gobierno: la defensa de los derechos humanos. Los reconocimientos de perd¨®n p¨²blicos que ha realizado el presidente Gustavo Petro y su presencia en actos de entrega de tierras a v¨ªctimas del conflicto, ind¨ªgenas o campesinos, no son fortuitos. Como dijo el viernes pasado en un acto de entrega de tierras en el simb¨®lico corregimiento de El Aro, lugar de una masacre paramilitar en 1997, ¡°ahora el Estado no se coloca m¨¢s del lado de los victimarios, sino al servicio de las v¨ªctimas¡±. Ese es un eje de su Gobierno que, a nivel jur¨ªdico, tiene ecos claros.

El director de la Agencia de Defensa Jur¨ªdica, C¨¦sar Palomino, le ha explicado a EL PA?S que esa mirada ha cambiado la funci¨®n principal de la entidad a su cargo, con unas prioridades que ¡°responden a la visi¨®n que tiene el presidente de gobernar en el sentido de los derechos humanos y atendiendo a su Plan de Desarrollo¡±. El jurista chocoano explica que en otros gobiernos su estrategia ante el poderoso Sistema Interamericano de Derechos Humanos era acudir ¡°a pleitear todo, a oponerse, a defenderse a como diera lugar¡±. Ahora, afirma, ¡°la pol¨ªtica de Gobierno es a ir a aceptar responsabilidades, no a revictimizar¡±. Adem¨¢s, dice que la instrucci¨®n del presidente ¡ªque fue beneficiado de una decisi¨®n de ese sistema cuando, siendo alcalde, el entonces procurador general lo suspendi¨® de su cargo¡ª es cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, seg¨²n el director, ¡°estaban represadas por alguna raz¨®n¡±.

Esa mirada se concreta en actos pol¨ªticos, en acuerdos amistosos de quienes han litigado contra el Estado para que reconozca sus responsabilidades. Uno de los m¨¢s emblem¨¢ticos ocurrir¨¢ el pr¨®ximo 11 de octubre, cuando el presidente pida perd¨®n por el exterminio de los integrantes del partido de izquierda Uni¨®n Patri¨®tica. Se trata de una masiva violaci¨®n a los derechos humanos por la que la Corte Interamericana conden¨® a Colombia tras 20 a?os de litigio. Esta administraci¨®n ya ha priorizado otros casos, como el del joven Diego Felipe Becerra, asesinado en 2011 a manos de un polic¨ªa tras verlo hacer un graffitti; el de la masacre de Segovia, en 1988; el de Raiza Isabela Salazar, una mujer trans violentada en 2001; o el ic¨®nico magnicidio de Guillermo Cano Isaza, director del diario El Espectador, por el que este gobierno asumi¨® responsabilidad a nombre del Estado.

De acuerdo con el m¨¢s reciente informe t¨¦cnico de la agencia, a julio de este a?o, entre los sectores del Estado con m¨¢s demandas est¨¢ el de Defensa, detr¨¢s de Trabajo, Educaci¨®n y Hacienda. Pero es de particular relevancia por su significado pol¨ªtico, porque concentra casos de graves violaciones a los derechos humanos que Petro y la izquierda han denunciado por a?os, y porque suma pretensiones de indemnizaciones por 207,3 billones de pesos (unos 50.000 millones de d¨®lares), casi la mitad del Presupuesto General de la Naci¨®n para el 2024. Palomino explica que, por su complejidad, la Agencia toma esos casos con pinzas, y tambi¨¦n porque son los que m¨¢s generan desencuentros al interior del Gobierno. Seg¨²n el director, quien lleva tan solo un mes en un cargo que dur¨® casi medio a?o en la interinidad, la mayor¨ªa de las peticiones de las v¨ªctimas por casos relacionados con derechos humanos incluyen pedidos de perd¨®n por parte del Ministerio de Defensa, ¡°y ellos son obstinados en no pedir perd¨®n, ellos no aceptan esas responsabilidades f¨¢cilmente¡±.

M¨¢s all¨¢ del significado pol¨ªtico, Palomino asegura que con esa estrategia se ahorra dinero de la Naci¨®n. Negociar directamente con los demandantes y evitar los pleitos, explica, permite no solo ahorrar en honorarios de abogados, sino pagar m¨¢s pronto las indemnizaciones, y a valores alrededor de un 40% menores a los de una posible condena. En los dos a?os de gobierno de Gustavo Petro, el pa¨ªs ha logrado negociaciones de indemnizaciones por 12 billones (unos 3.000 millones de d¨®lares) de pesos a las v¨ªctimas en casos de cr¨ªmenes de lesa humanidad. ¡°Impulsamos con fuerza el mecanismo de soluciones amistosas y mantenemos una actitud reflexiva para reconocer las violaciones ocasionadas, cuando sea necesario¡±, dice.

Ese funcionamiento de la Agencia de Defensa Jur¨ªdica ha levantado callos entre algunos de sus antiguos directores. Para el jurista Camilo G¨®mez, uno de ellos y experto en arbitramento, ¡°el ejecutivo se raja en rigor jur¨ªdico y eso se reflejar¨¢ en demandas que la Agencia enfrentar¨¢ m¨¢s adelante, como el famoso caso de los pasaportes o las medidas arbitrarias en temas de salud¡±. A juicio del antiguo candidato a la vicepresidencia por el Partido Conservador, durante los meses que la entidad estuvo en la interinidad, ¡°se perdi¨® el rigor t¨¦cnico¡±, pero dice que espera que se recupere con Palomino al mando. Recuerda que la anterior directora, la penalista Martha Luc¨ªa Zamora, sali¨® del cargo por petici¨®n del presidente en diciembre pasado, luego de que emitiera un concepto jur¨ªdico en el que advert¨ªa el alto riesgo de anular la licitaci¨®n de los pasaportes, como hab¨ªa pedido Petro. Pese a la cercan¨ªa entre Zamora y el presidente, esa postura jur¨ªdica llev¨® a una ruptura.

En los m¨¢s de seis meses sin director en propiedad, la Agencia acumul¨® retrasos en la gesti¨®n, seg¨²n explica su nuevo director. Adem¨¢s de poner la entidad al d¨ªa, sus prioridades est¨¢n sincronizadas con las del presidente de la Rep¨²blica. El 19 de julio pasado, por ejemplo, lider¨® en nombre del Gobierno un acto de perd¨®n con familias v¨ªctimas de una masacre en el municipio de El Banco, Magdalena, en 1993. Algo similar a lo que hizo el presidente este jueves en una entrega de tierras de la ic¨®nica hacienda Las Pavas, al sur de Bol¨ªvar, cuando repiti¨® la consigna: ¡°La reconciliaci¨®n consiste en eso, un Estado que se ponga al servicio de la gente que fue v¨ªctima¡±. Y tambi¨¦n una orden: ¡°un Estado que se ponga al servicio de la gente que fue v¨ªctima, esa es una orden del presidente¡±.

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