La disputa por la econom¨ªa marca el debate legislativo y se convierte en el primer escollo para Petro

Los primeros dos meses del periodo legislativo en Colombia, que inici¨® el 20 de julio, han estado m¨¢s marcados por las discusiones econ¨®micas que por las pol¨ªticas o sociales. Las principales apuestas del Gobierno del presidente Gustavo Petro son su presupuesto para 2025, la ley de financiamiento para solventar el d¨¦ficit que este prev¨¦ y el plan de reactivaci¨®n econ¨®mica, que comenz¨® con un gran acuerdo con los bancos para dar cr¨¦ditos baratos por m¨¢s de 50 billones de pesos en cinco sectores estrat¨¦gicos en el desarrollo del pa¨ªs. Adem¨¢s, los debates legislativos sobre sus dos grandes reformas sociales que cursan en el Congreso, la laboral y la de salud, se han centrado en sus eventuales costos y consecuencias econ¨®micas.

La discusi¨®n para definir el monto del presupuesto para el pr¨®ximo a?o, un debate que suele ser un simple tr¨¢mite en el Congreso, comenz¨® mal hace pocas semanas en las comisiones econ¨®micas del Senado y la C¨¢mara de Representantes. All¨ª, el Gobierno sufri¨® un gran rev¨¦s legislativo. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, propuso gastar 523 billones de pesos, 3,9% m¨¢s que en 2024, aclarando que tendr¨¢ ingresos por 511 billones de pesos. La diferencia de 12 billones de pesos prendi¨® alarmas. El presupuesto en general, y su monto en concreto como primer punto a tramitar, debe ser aprobado por las dos comisiones terceras y las dos comisiones cuartas que tiene el Congreso. Si una de ellas lo niega, se hunde. La semana anterior, la comisi¨®n tercera del Senado vot¨® en contra de la propuesta de Bonilla; tras un debate por una duda t¨¦cnica, se vot¨® de nuevo y la comisi¨®n cuarta tom¨® la misma decisi¨®n por un avasallador resultado de 12 votos a 1. El resultado refrend¨® que el Ejecutivo tiene un relativo control de la C¨¢mara de Representantes, pero no ha logrado recuperar las mayor¨ªas en el Senado.

La negaci¨®n del monto del presupuesto ha generado incertidumbre en el Gobierno y en el Congreso porque no tiene precedentes, no hay una norma espec¨ªfica sobre su efecto y no est¨¢n muy claros los pasos a seguir. Por ahora, el Congreso sigue debatiendo el presupuesto, sin monto global definido. El ministro Bonilla asegur¨® este viernes en una entrevista en La Rep¨²blica que el Congreso ¡°tiene hasta el 24 de septiembre para tomar una decisi¨®n en primera instancia y lo que est¨¢n haciendo las comisiones econ¨®micas es evaluar el gasto¡±. Sin embargo, la negativa fundada en los 12 billones que a¨²n no est¨¢n financiados tensiona m¨¢s la situaci¨®n.

La Constituci¨®n establece que un Gobierno puede presentar un proyecto de presupuesto sin suficientes recursos, y ya ha ocurrido en otras Administraciones, pero exige que el Ejecutivo presente un proyecto de ley para financiar ese vac¨ªo. Esa ley de financiamiento, que ya radic¨® el Ministerio la semana pasada, es en la pr¨¢ctica una nueva reforma tributaria. El articulado, defendido por el presidente, busca incrementar la tasa de renta del 39% al 41% para las personas naturales con ingresos anuales superiores a los 1.500 millones de pesos y cobrarle IVA a las apuestas en l¨ªnea. Adem¨¢s, pretende eliminar el r¨¦gimen simple y acelerar la transici¨®n energ¨¦tica. ¡°Esta reforma es para los superricos, quienes ganan m¨¢s de 120 millones mensuales¡±, dijo en su momento el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. A la vez que apunta a recaudar m¨¢s para llenar el hueco, el Gobierno ha argumentado que busca reactivar la econom¨ªa. Para ello, plantea una reducci¨®n gradual de la tarifa de renta a las empresas, del 33% actual al 30% o incluso el 27% para las microempresas. Por eso, el texto de la ley aclara que ¡°no solo busca reducir la desigualdad, sino tambi¨¦n estimular un crecimiento econ¨®mico inclusivo y sostenible¡±.

El director del Departamento Nacional de Planeaci¨®n (DNP), Alexander L¨®pez, ha dicho que el presupuesto y la ley de financiamiento son dos procesos simult¨¢neos con un objetivo com¨²n, aunque tramitados de manera independiente en el Congreso. Sin embargo, muchos sectores pol¨ªticos independientes y de oposici¨®n afirman que si se aprueba el presupuesto, pero se niega la ley de financiamiento, el Gobierno tendr¨¢ que hacer un recorte en el gasto durante de 2025, tal y como ocurri¨® este a?o, lo que provoca traumatismos en el Estado. En cualquier caso, si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, el Gobierno deber¨¢ emitir su proyecto v¨ªa decreto, por lo que el pulso de fondo tiene que ver con la reforma tributaria, que podr¨ªa salir incluso a finales de diciembre.

El clima pol¨ªtico, sin embargo, no parece favorable para esa propuesta. La reforma tributaria de 2022, liderada por el entonces ministro Jos¨¦ Antonio Ocampo, sali¨® adelante con votos de bancadas como la Liberal, la de La U y la Conservadora, que ya no se alinean de la misma manera con el Gobierno. Adem¨¢s de las cr¨ªticas de partidos tradicionales, el ministro Bonilla tiene a¨²n la sombra del esc¨¢ndalo de la UNGRD, en el que se le vincula con un presunto tr¨¢fico de influencias para la adjudicaci¨®n de contratos multimillonarios que habr¨ªan beneficiado a congresistas a cambio de su apoyo en los tr¨¢mites legislativos. Y pol¨ªticos independientes se?alan que no tiene sentido que el Estado pida m¨¢s recursos cuando no ha podido ejecutar la totalidad de los recaudados en 2023 y lo que va de 2024.

Ese mismo ambiente, el de un tenso debate econ¨®mico y fiscal, es el que deber¨¢n sortear la reforma laboral y la sanitaria para convertirse en leyes y acompa?ar al gran logro que reivindican el Gobierno y sus aliados en las calles, la reforma pensional. Esta semana la reforma laboral regres¨® a la discusi¨®n en la plenaria de la C¨¢mara de Representantes, pero no avanz¨® como el Gobierno esperaba. El principal argumento de la oposici¨®n, y de los gremios econ¨®micos, es que medidas como el inicio de la jornada nocturna a las 7:00 pm y no a las 9:00pm, planteadas en el proyecto, implicar¨ªan sobrecostos para las empresas. Y que eso desencadenar¨ªa la p¨¦rdida de 350.000 empleos formales, seg¨²n un estudio del Banco de la Rep¨²blica que han utilizado todos los sectores que se oponen a los ajustes.

El jueves pasado se presentaron tres ponencias de archivo lideradas por Jairo Humberto Cristo, del opositor Cambio Radical, Andr¨¦s Forero, del Centro Democr¨¢tico, y Luis Miguel L¨®pez, del Partido Conservador, que si bien es de derecha ha apoyado el Gobierno en varios asuntos. Las tres ponencias reconoc¨ªan la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores, pero insist¨ªan en el impacto negativo para la n¨®mina de las peque?as y medianas empresas. De hecho, Bruce Mac Master, director de la ANDI y del Consejo Gremial, le pidi¨® a la ministra del Trabajo, Gloria In¨¦s Ram¨ªrez, que explicara ¡°el impacto econ¨®mico de cada una de las medidas, y cada uno de los art¨ªculos del proyecto de ley en lo laboral, para que podamos saber si ese proyecto nos va a generar m¨¢s empleo o nos va a generar m¨¢s informalidad¡±. Esa ¨²ltima posibilidad, en una econom¨ªa con unas tasas muy altas de trabajo no formal, es otra de las grandes cr¨ªticas a la propuesta. Se espera que esta semana la plenaria supere las dilaciones de la oposici¨®n y empiece a discutir el contenido.

En paralelo, la reforma a la salud, que debe comenzar su tr¨¢mite en la Comisi¨®n S¨¦ptima de la C¨¢mara, conserva el esp¨ªritu del proyecto que hundi¨® el Senado en abril. Y, de nuevo, se enfrenta a cr¨ªticas econ¨®micas. En particular, la oposici¨®n ha argumentado que no se sabe con certeza cu¨¢nto costar¨ªa la puesta en marcha del nuevo sistema. Con la idea de resolver ese interrogante, que acompa?¨® a la fallida propuesta hasta su ca¨ªda, en esta ocasi¨®n el Ministerio de Hacienda present¨® al tiempo con el texto un concepto que busca despejar las dudas. ¡°El impacto fiscal estimado del proyecto de ley puede incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, manteniendo la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de las finanzas p¨²blicas¡±, se lee en el apartado que resaltan los congresistas gobiernistas. La oposici¨®n hace ¨¦nfasis en la fase que sigue y que lo condiciona: ¡°en la medida en que las obligaciones corrientes del sector salud acumuladas al cierre de 2024 sean cubiertas seg¨²n la priorizaci¨®n y definiciones que al respecto realice el Ministerio de Salud¡±. Seg¨²n la viceministra t¨¦cnica de Hacienda, Martha Villaveces, el costo total del sistema para 2025 ser¨ªa de $99,6 billones.

El problema, ahora, ser¨¢ si el Gobierno, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, logra alinear a las fuerzas pol¨ªticas necesarias para que el Congreso apruebe el monto del presupuesto, la ley de financiamiento, la reforma laboral y la reforma a la salud, en ese orden. No parece f¨¢cil, pero esta semana el presidente Petro demostr¨® pragmatismo pol¨ªtico al postular al secretario del Senado, Gregorio Eljach, para dirigir la Procuradur¨ªa. Solo un d¨ªa despu¨¦s de la decisi¨®n, Eljach ya tiene asegurado el apoyo de las bancadas de los partidos de La U, Liberal y Conservador, adem¨¢s de los votos de los partidos de Gobierno. Si gana, como es previsible, Petro habr¨¢ impulsado a la cabeza de un ¨®rgano de control de su Gobierno a alguien que viene del coraz¨®n de esa pol¨ªtica tradicional que como congresista siempre critic¨®. Pero tambi¨¦n puede haber dado el primer paso para recomponer las mayor¨ªas parlamentarias a su favor o para consolidar en el Legislativo el gran acuerdo nacional en el que ha insistido, con altibajos, desde que lleg¨® al poder.

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