El enfoque de g¨¦nero, otro pendiente de la paz total
En las mesas que adelanta el Gobierno en paralelo con diferentes actores armados no se han logrado acuerdos para reducir el impacto del conflicto sobre las mujeres y diversidades sexuales
La belleza natural de los caudales del r¨ªo Baud¨®, que atraviesa el departamento del Choc¨®, contrasta con los carteles guerreristas que lo marca, aguas abajo. Los afiches, con enormes letras AGC (por Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que se da a s¨ª mismo el grupo narcotraficante Clan del Golfo), buscan marcar ese territorio como suyo. En ocasiones, sujetos armados hacen las veces de guardia a la entrada de los caser¨ªos....
La belleza natural de los caudales del r¨ªo Baud¨®, que atraviesa el departamento del Choc¨®, contrasta con los carteles guerreristas que lo marca, aguas abajo. Los afiches, con enormes letras AGC (por Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el nombre que se da a s¨ª mismo el grupo narcotraficante Clan del Golfo), buscan marcar ese territorio como suyo. En ocasiones, sujetos armados hacen las veces de guardia a la entrada de los caser¨ªos. Con esa escena se toparon los ember¨¢ de una comunidad de la zona de Punto Viejo, en el Bajo Baud¨®, el pasado 7 de septiembre. Seg¨²n denunciaron oeneg¨¦s, hombres del grupo criminal m¨¢s grande de Colombia incursionaron en la vereda, amenazaron a sus pobladores, se emborracharon y obligaron a mujeres ind¨ªgenas a bailar para ellos. Tras varias horas de intimidaciones, ellas buscaron huir, pero cinco no lograron. Tienen entre 14 y 19 a?os. Solo el domingo pasado recuperaron su libertad, tras ocho d¨ªas de secuestro.
Como ocurre tantas veces con el conflicto en Colombia, el riesgo estaba alertado. Desde mayo, la Defensor¨ªa del Pueblo hab¨ªa advertido sobre los ataques contra las mujeres en el Choc¨®. En un comunicado, la entidad que defiende los derechos humanos, se?al¨® haber recibido testimonios de retenes ilegales y de ultraje a mujeres en Bojay¨¢, un municipio al norte del departamento, que despierta recuerdos dolorosos por una masacre cometida por las extintas FARC en 2002. El entonces defensor, Julio Balanta, se refiri¨® a lo que ocurr¨ªa: ¡°Las requisan y las despojan de sus pertenencias ¨ªntimas. Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan m¨¢s la degradaci¨®n a la que est¨¢n siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro¡±.
Las vulneraciones que han sufrido las mujeres en el Choc¨® no son las ¨²nicas que se han venido presentando en el marco de la agudizaci¨®n del conflicto armado en el pa¨ªs. La asociaci¨®n Madres del Catatumbo denunci¨®, el a?o pasado, que un grupo ilegal retuvo por varios meses a Mariana Contreras para luego asesinarla. La organizaci¨®n de mujeres asegura que dej¨® hu¨¦rfanos a sus cuatro hijos. Meses despu¨¦s, una de las lideresas de esa misma Asociaci¨®n alert¨® que el Estado le quit¨® su esquema de seguridad en medio del fortalecimiento de grupos armados ilegales, como el ELN, en esa regi¨®n. La asociaci¨®n ha exigido un cese de la guerra en su territorio. ¡°Las mujeres no parimos hijos e hijas para la guerra¡±, ha reclamado.
Justamente, esa fue la m¨¢xima de uno de los hitos del Acuerdo de Paz con las extintas FARC, que hizo historia al incluir un enfoque de g¨¦nero transversal a todo lo pactado. A¨²n as¨ª, el seguimiento del Grupo G¨¦nero en la Paz (GPAZ), integrado por siete organizaciones de mujeres y feministas, muestra que se ha materializado muy poco. La esperanza de retomar esa visi¨®n renaci¨® con la pol¨ªtica de paz total del Gobierno Petro, que consiste en negociar de forma paralela con todos los grupos armados. En la ley que da herramientas al Gobierno para hacerlo, conocida sencillamente como ley de paz total, el Estado asume el compromiso: ¡°El Estado garantizar¨¢ la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de g¨¦nero, ¨¦tnico, cultural, territorial e interseccional para la construcci¨®n de la paz total¡±, dice la norma. Lo mismo record¨® Iv¨¢n Cepeda, el llamado ¡®arquitecto de la paz¡¯ en una columna para EL PA?S donde subraya que en la mencionada ley se establece que en cada etapa de los diferentes di¨¢logos ¡°se garantizar¨¢ la participaci¨®n efectiva de las mujeres¡±. A esa misma l¨ªnea se pronunci¨® en 2021, el entonces canciller, ?lvaro Leyva. ¡°La paz en Colombia se construye con las mujeres y para las mujeres¡±, dijo.
Los pronunciamientos, leyes y columnas se han quedado en lo dial¨®gico, alertan las expertas. Luz Piedad Caicedo, abogada y delegada de la Corporaci¨®n Humanas a la mesa de GPAZ, sostiene que desde que empez¨® a andar la pol¨ªtica insignia de esta administraci¨®n solo una vez lograron reunirse con el comisionado de Paz. Fue en abril de 2023, con Danilo Rueda. De ese encuentro no se desprendieron acciones o compromisos concretos, explica, y hasta hoy no hay ninguna materializaci¨®n. ¡°No les interesa el enfoque de g¨¦nero. Ha sido muy dif¨ªcil lograr ese espacio¡±, asevera en conversaci¨®n con EL PA?S.
Ana Mar¨ªa Rodr¨ªguez, directora de la Comisi¨®n Colombiana de Juristas, reputada oeneg¨¦ que tambi¨¦n integra GPAZ, apunta a la urgencia de que el Gobierno compagine los avances en construcci¨®n de paz no solo con la ley, sino con lo consignado en la declaratoria de emergencia por violencia machista que qued¨® incluida en el Plan de Desarrollo. ¡°Estos temas deben ser prioridad en las mesas formales, acercamientos, o en las discusiones sobre cu¨¢les deben ser las medidas espec¨ªficas que se incluyan en acuerdos humanitarios o en eventuales ceses al fuego¡±, reflexiona.
Por su parte, Caicedo insiste en que la perspectiva de g¨¦nero debe atravesar toda la pol¨ªtica de paz. Explica que lo m¨¢s notorio ha sido la inclusi¨®n femenina, con el nombramiento de varias mujeres como negociadoras de los distintos espacios de di¨¢logo. El caso con mayor relevancia ha sido el de Vera Grabe, quien lidera los reci¨¦n suspendidos di¨¢logos con el ELN. Este paso, aunque importante, sigue siendo insuficiente, afirma. ¡°No debe ser necesariamente en los equipos de la mesa, es en el monitoreo del cumplimiento de los ceses. Y en el caso de la mesa con el ELN deben brindarse garant¨ªas de participaci¨®n de las mujeres y las feministas en el dise?o de la metodolog¨ªa de participaci¨®n¡±, agrega.
EL PA?S pregunt¨® a la oficina de prensa del alto comisionado para la Paz si existe un protocolo de enfoque de g¨¦nero transversal a los di¨¢logos o si lo han planteado, pero no obtuvo respuesta. Para los di¨¢logos sobre el conflicto urbano de Quibd¨®, dadas las alertas de un supuesto ¡°plan feminicidio¡± en esa ciudad, este peri¨®dico habl¨® con David Racero, congresista oficialista y negociador del Gobierno. El representante a la C¨¢mara manifiesta que la propuesta para superar la crisis es conseguir una tregua con el Clan del Golfo. ¡°Las tres estructuras que ya est¨¢n sentadas (Locos Yam, Los Mexicanos y RPS) plantearon su disposici¨®n a tregua que beneficie a la comunidad y que pueda generar un di¨¢logo regional. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta asertiva por parte del Clan del Golfo¡±, explic¨®.
Con respecto a las medidas con visi¨®n de g¨¦nero, el representante detalla que esa mirada se ha incluido en programas paralelos del Gobierno, como j¨®venes en paz, ollas comunitarias o las iniciativas productivas. Seg¨²n cuenta Racero, en todas ellas se han involucrado mujeres de la comunidad y parejas de j¨®venes asociados a la delincuencia. Y subraya que ven con preocupaci¨®n las amenazas a las mujeres y manifiesta que son pr¨¢cticas recientes en la ciudad, que responden m¨¢s a un modus operandi de las AGC.
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