Un juez del Putumayo ordena enviar de la c¨¢rcel a la casa a los 24 militares imputados por la masacre del Alto Remanso

Un juzgado de Puerto As¨ªs (Putumayo) ha revocado este mi¨¦rcoles la medida preventiva que ten¨ªa en la c¨¢rcel a 24 militares que participaron en un operativo militar en la vereda Alto Remanso, en marzo de 2022, que termin¨® con la muerte de 11 personas, incluyendo al menos ocho civiles. EL PA?S revela la decisi¨®n del Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de la ciudad amaz¨®nica, que da la raz¨®n a las cr¨ªticas que hizo la defensa de los uniformados contra una decisi¨®n de agosto pasado, en la que otro juzgado de menor rango hab¨ªa enviado a prisi¨®n a los militares. Con la nueva decisi¨®n, los militares seguir¨¢n siendo procesados, pero deber¨¢n ser liberados de las c¨¢rceles en las que algunos estaban recluidos, para mantenerse en sus domicilios.

El caso al que se refiere ocurri¨® el 28 de marzo de 2022, cuando el Ej¨¦rcito abri¨® fuego en medio de un bazar comunitario que se desarrollaba en la vereda Alto Remanso del municipio de Puerto Legu¨ªzamo, en plena frontera entre Colombia y Ecuador. Luego del hecho, las autoridades aseguraron que hab¨ªan dado de baja a 11 integrantes de los Comandos de la Frontera, un grupo armado adscrito a una de las disidencias de las FARC que opera en el territorio. Sin embargo, la comunidad reclam¨® que varios de ellos eran civiles. Dos a?os y decenas de pruebas judiciales despu¨¦s, la Fiscal¨ªa les dio la raz¨®n: imput¨® a los 24 militares el delito de homicidio en persona protegida en una audiencia, en la que confirm¨® que por lo menos ocho de los muertos no pertenec¨ªan a ninguna estructura ilegal.

Este diario ya hab¨ªa revelado, en agosto pasado, los pormenores de las casi 19 horas de diligencia judicial en la que el fiscal Luis Alfonso Cabezas destap¨® sus cartas contra un coronel, un capit¨¢n, un teniente y 17 soldados profesionales que participaron de la operaci¨®n militar. En principio eran 25 investigados, pero uno de ellos falleci¨®. Esa misma semana, el juzgado de Puerto Legu¨ªzamo aval¨® la imputaci¨®n de los cargos y les impuso medida de aseguramiento preventiva mientras avanzaba la investigaci¨®n. Ninguno de los uniformados ha aceptado los cargos.

En la nueva decisi¨®n, el juez segundo promiscuo del circuito ha determinado que, para enviarlos a la c¨¢rcel, el juez promiscuo municipal omiti¨® ¡°aspectos relevantes y particulares que podr¨ªan haber variado la decisi¨®n sobre la medida a imponer, como por ejemplo, que solo dos de los veinticuatro imputados dispararon durante el desarrollo de la operaci¨®n, que arroj¨® como resultado las muertes y lesiones de personal civil, pero tambi¨¦n de personal militar¡±.

Y a?ade que ¡°en la decisi¨®n judicial de primera instancia no se tomaron en cuenta otros aspectos rese?ados por la bancada defensiva -obviando argumentos o circunstancias como el contexto de la operaci¨®n en la selva y las condiciones espec¨ªficas del escenario, la posibilidad de participaci¨®n directa en la ejecuci¨®n de la operaci¨®n-, raz¨®n por la cual no debieron ser tratados de manera uniforme o indistinta, sino particular e individualizada¡±.

Dos a?os a la espera de la justicia

El operativo militar investigado ocurri¨® el 28 de marzo de 2022, luego de tres d¨ªas de celebraci¨®n en un bazar comunitario. Iba dirigido contra Carlos Emilio Loaiza, conocido como Bruno y a quien las autoridades se?alaban de ser el responsable de las finanzas de los Comandos de Frontera. Sin embargo, el disidente no fue capturado ni dado de baja: de acuerdo con el fiscal del caso, el Ej¨¦rcito tuvo informaci¨®n de inteligencia antes del operativo que confirmaba que Bruno no estaba en la vereda. Sin embargo, el vicepresidente de la Junta de Acci¨®n Comunal de ese territorio fue se?alado por los militares de ser el disidente.

Una de las revelaciones m¨¢s importantes de la Fiscal¨ªa en la audiencia de imputaci¨®n es que el Ej¨¦rcito abri¨® el fuego en medio de las 50 personas que se encontraban en la vereda. Ello desmiente la versi¨®n que en 2022 entregaron el Ej¨¦rcito y el Ministerio de Defensa, en cabeza de Diego Molano, de que los militares respondieron a disparos. Seg¨²n el acusador, los militares hicieron m¨¢s de 1.600 disparos y detonaron 14 granadas.

El proceso judicial de la que ser¨ªa la masacre cometida por militares m¨¢s grande en la historia reciente de Colombia ha avanzado a paso lento, en parte, por las dilaciones de la defensa. La audiencia de imputaci¨®n, que se program¨® inicialmente para el 1 de agosto de 2023, solo se realiz¨® un a?o despu¨¦s. Los militares solicitaron que su caso pasara a la Justicia Penal Militar, un debate que zanj¨® la Corte Constitucional el pasado 10 de abril. Despu¨¦s, la diligencia fue programada para el 25 de junio pasado, pero el abogado defensor del coronel N¨¦stor Andr¨¦s Cadena, comandante del batall¨®n encargado del operativo, pidi¨® un aplazamiento porque ten¨ªa programada otra diligencia para ese d¨ªa. Y el 17 de julio pasado, cuando inici¨® finalmente la diligencia, el mismo penalista present¨® una excusa m¨¦dica y una orden de cirug¨ªa de rodilla que, seg¨²n ¨¦l, le realizaron apenas horas antes de la audiencia. Era la tercera solicitud de aplazamiento. Para la jueza que orden¨® la prisi¨®n de los militares, en todo ello hubo ¡°algo dilatorio al desarrollo normal de las audiencias¡±.