El catastro de tierras de las disidencias en el Guaviare avanza m¨¢s r¨¢pido que el del Estado

Hacia la semana santa de este a?o, el pasado marzo, varios campesinos del departamento del Guaviare recibieron una particular visita. Hombres y mujeres llegaron a sus fincas con un formulario en la mano. Encabezado con el logo del Estado Mayor Central (EMC), una de las dos grandes sombrillas de grupos disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, se trataba de un ¡°censo poblacional¡± que inclu¨ªa preguntas sobre las tierras de esos campesinos.

Ese fue tan solo un elemento m¨¢s de las pruebas que demuestran que el EMC est¨¢ armando su propio catastro. Es decir, recopilando informaci¨®n sobre los predios con datos como su tama?o o sus propietarios, para cobrar luego extorsiones seg¨²n el tama?o de las tierras y sentar las bases para armar una ¡°reforma agraria¡± a su medida y as¨ª ganar legitimidad entre campesinos sin tierra.

La informaci¨®n es poder

Por lo menos en esa zona, el grupo armado ha avanzado m¨¢s r¨¢pido que el Estado, que lleva ocho a?os construyendo un nuevo catastro mutiprop¨®sito, un elemento central para las pol¨ªticas agraria, ambiental o fiscal. Pero apenas est¨¢ actualizado en un 12,4% del territorio nacional. En el Guaviare, eso incluye el casco urbano de su capital, San Jos¨¦, y algunas zonas rurales de ese municipio, pero no el resto. Incluirlas ser¨¢ clave para atacar la deforestaci¨®n que carcome la selva en ese departamento, porque ayudar¨ªa a saber d¨®nde, hace cu¨¢nto y qui¨¦nes est¨¢n talando. Al EMC no le conviene que el Estado lo sepa. Pero s¨ª le conviene tener esos datos y los est¨¢ recogiendo. El EMC ha convertido la tala y el acaparamiento de tierras en un poderoso negocio ilegal, como lo muestra el informe que acaba de publicar la ONG International Crisis Group ¡°Rebel Razing: Loosening the Criminal Hold on the Colombian Amazon¡±.

Entre finales de 2022 y comienzos de 2023, pocos meses despu¨¦s de que Gustavo Petro llegara a la Presidencia, campesinos de varias veredas entre El Capricho y Puerto Cachicamo, comenzaron a recibir visitas. Las hac¨ªan miembros del llamado Bloque Jorge Su¨¢rez Brice?o, grupo del EMC que comanda alias Calarc¨¢ y que tiene el coraz¨®n de su dominio en esa zona. Con GPS en mano, exig¨ªan a la gente medir sus predios, y cobraban 2.000 pesos (50 centavos de d¨®lar) por hect¨¢rea medida. Ese dinero solo era otro de varios cobros. El EMC llama ¡°impuesto¡± a la extorsi¨®n de 10.000 pesos al a?o por cabeza de ganado (2,5 d¨®lares), un valor variable por la venta de animal, y 10.000 pesos por cada hect¨¢rea de tierra, de las que ahora tienen informaci¨®n m¨¢s precisa.

Esta informaci¨®n la corroboraron a EL PA?S cuatro personas que fueron censadas y una fuente que hace trabajo comunitario en esas veredas, que cuenta que en esa ¨¦poca no encontraba a los due?os de las fincas porque ¡°les tocaba irse a medir los predios con gente de ellos¡±. Personas armadas que reciben muchos nombres: ¡°los de la empresa grande¡±, ¡°los t¨ªos¡±, ¡°los de la cachucha¡±, ¡°los que mandan¡±. ¡°Notificaban a trav¨¦s de los presidentes de junta. Dec¨ªan, ¡®esta semana van a estar midiendo¡±, agrega esta fuente, cuya identidad se reserva por su seguridad, al igual que las dem¨¢s citadas en este reportaje. ¡°Era una estructura organizada haciendo el levantamiento, con mediciones que se georreferencian. Es informaci¨®n que se escala¡±.

Justo por esas fechas, en noviembre de 2022, llegaron denucias al Ej¨¦rcito de que personas se hac¨ªan pasar por funcionarios estatales para medir las tierras de campesinos de El Capricho y despu¨¦s cobrarles extorsiones sobre ellas. ¡°Hay un inter¨¦s por parte de ese personal de tener esa medici¨®n de tierras, obviamente para lucrarse de ese cobro, porque ya est¨¢n cobrando espec¨ªficamente por hect¨¢reas¡± dijo en marzo de 2023 el entonces comandante del Batall¨®n Jos¨¦ Joaqu¨ªn Par¨ªs, en el medio regional Marand¨²a St¨¦reo.

La alerta lleg¨® a la Alcald¨ªa de San Jos¨¦. Los encargados consultaron a las entidades nacionales de tierras, que les negaron haber enviado funcionarios. Hubo un consejo de seguridad extraordinario sobre el tema y se cre¨® una l¨ªnea telef¨®nica exclusiva para recibir denuncias. Pero el tel¨¦fono no son¨® ni una vez, en una peque?a muestra del temor que da denunciar en la zona.

Aunque para el Ej¨¦rcito la evidencia disponible apuntaba a que se trataba de delincuencia com¨²n, era dif¨ªcil pensar que all¨ª alguien hiciera esa actividad sin que la disidencia al menos lo supiera, por su injerencia dominante que llega a definir qui¨¦n entra y qui¨¦n no. En enero de 2023, el Ej¨¦rcito captur¨® a cinco personas se?aladas de hacer estas mediciones. Les incautaron los seis millones de pesos (1.400 d¨®lares) que acababa de pagarles un finquero y unos volantes que dec¨ªan ¡°Marquetalia¡±, nombre de la otra gran disidencia de las FARC, rival del EMC. No pudieron confirmar si se trataba de una disidencia o de un grupo delincuencial usando ese nombre para infundir m¨¢s temor.

En todo caso, despu¨¦s de esta ronda de medici¨®n vino la de semana santa de 2024, con los formularios que ped¨ªan m¨¢s informaci¨®n, y luego una carta p¨²blica del Bloque Jorge Su¨¢rez Brice?o fechada el pasado 28 de septiembre. ¡°Seguimos haciendo reforma agraria revolucionaria donde el recurso de la tierra nos lo permita. Ser¨¢n objeto de Reforma Agraria las extensiones latifundistas y predios ociosos en las ¨¢reas de nuestra influencia¡±, dice uno de sus puntos, con argumentos para justificar el hacer un catastro.

Sobre esta estrategia de las disidencias ya hab¨ªa alertado en una columna en Cambio Rodrigo Botero, director de la Fundaci¨®n para la Conservaci¨®n y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una ONG que lleva a?os haciendo seguimiento al medio ambiente en la Amazonia. ¡°Recientemente, varios grupos han avanzado ¡ªv¨ªa presi¨®n armada¡ª en hacer levantamientos topogr¨¢ficos finca a finca, as¨ª como la caracterizaci¨®n de usos¡±, escribi¨® en abril de este a?o.

Las tierras, otra fuente de poder para los disidentes

El EMC ha entendido que su fuente de poder, m¨¢s que la coca o el ganado, es la tierra. Por lo menos desde 2018 hay evidencia de que los frentes al mando de Calarc¨¢ se quedaron con bald¨ªos que fueron entregados por las FARC y que lideraron colonizaciones dirigidas al Parque Natural Tinigua, ubicado al oeste de Puerto Cachicamo. All¨ª hicieron su primer censo y su catastro m¨¢s rudimentario.

¡°Lo que hicieron fue preguntarle a cada familia cu¨¢ntos miembros ten¨ªa, y entregarle las hect¨¢reas seg¨²n ese n¨²mero¡±, dice una persona que le hizo seguimiento a esta colonizaci¨®n. Con esa acci¨®n, la disidencia fue creando una base social dentro de ese parque y una fuente de ingresos permanente producto de la tierra, la ganader¨ªa y la hoja de coca, porque cada familia deb¨ªa pagarles y participar de una suerte de barrera contra cualquier incursi¨®n de la fuerza p¨²blica.

Luego siguieron haciendo censos con fines extorsivos. En San Vicente del Cagu¨¢n, al norte del Parque Tinigua, censaron a los transportadores de ganado y personas y con esa informaci¨®n ajustaron su manual ¡°tributario¡±. En Calamar, a unos 30 kil¨®metros al sur de San Jos¨¦, entre finales de 2021 e inicios de 2022, llegaron al punto de averiguar por los litros de leche de cada vaca y el n¨²mero de aves de corral. ¡°Quer¨ªan cobrar de 500 a 1.000 pesos (unos 25 centavos de d¨®lar) por ave. La gente se rebot¨® con ese comandante¡±, cuenta una persona que conoce de primera mano el tema. Esa vez la comunidad logr¨® evitar que el censo se convirtiera en un cobro.

Pero hace poco, con su nuevo catastro, mostraron que ir¨¢n incluso m¨¢s all¨¢ de exigir dinero. Hace poco miembros de la disidencia citaron a campesinos a una reuni¨®n en La Cristalina, un caser¨ªo al suroccidente de San Jos¨¦, y les dijeron que los que ten¨ªan muchas tierras deb¨ªan repartirlas con familias sin tierra. As¨ª, buscan sentar las bases de una reforma agraria a su medida, que les dar¨ªa legitimidad entre los colonos sin tierras que lleguen a la zona.

La apuesta del Estado

Mientras esto pasa, el Instituto Geogr¨¢fico Agust¨ªn Codazzi (IGAC), la entidad encargada de la cartograf¨ªa del Estado, as¨ª como otras autoridades ambientales, se han estrellado de frente con el poder armado que les impide poner un pie en las zonas m¨¢s claves para contener la deforestaci¨®n en toda Colombia. La mayor¨ªa de los 30 millones de hect¨¢reas del pa¨ªs sin ninguna informaci¨®n catastral est¨¢n ubicadas en zonas de la Amazonia, la Orinoqu¨ªa y el litoral Pac¨ªfico, lejos del poder estatal y cerca del ilegal.

Buena parte de ellas se cruzan con resguardos ind¨ªgenas y consejos comunitarios afro, en los que el Estado tiene que hacer una consulta previa antes de iniciar el catastro. As¨ª lo empez¨® a hacer en 2021, pero avanz¨® poco porque, como lo detalla Mongabay, la Comisi¨®n Nacional de Territorios Ind¨ªgenas (CNTI) y las comunidades afro buscaban participar del levantamiento de la informaci¨®n y tem¨ªan perder tierras. En octubre del a?o pasado, el Gobierno logr¨® un acuerdo. ¡°Las organizaciones y pueblos ind¨ªgenas que demuestren capacidades catastrales, pueden hacer la gesti¨®n catastral¡±, dice Camilo Ni?o, secretario t¨¦cnico de la CNTI. ¡°Seguimos esperando el decreto que define la ruta para implementarlo¡±, agrega. Seg¨²n supo EL PA?S, ese decreto ya est¨¢ listo y solo le faltan las firmas de los ministerios de Justicia e Interior. Este agosto, el IGAC inici¨® la ¨²ltima fase de la consulta previa con las comunidades afro para entrar en la costa pac¨ªfica.

Superado ese escollo, Diego Carrero Bar¨®n, subdirector general de la entidad, explica a EL PA?S que el Gobierno espera lograr, a finales de 2025, que al menos el 50% del territorio est¨¦ actualizado. Pero faltan otros obst¨¢culos, incluyendo que en algunos lugares las disidencias dificultan la presencia institucional e incluso incitan a la comunidades a oponerse al levantamiento de los datos. Argumentan que el Estado no debe cobrar un impuesto a la tenencia de la tierra pese a que ya lo exigen en algunos territorios armas en mano. Carrero agrega que esa resistencia ha dificultado la implementaci¨®n del catastro no solo en algunos municipios donde tiene injerencia el EMC en la Amazonia, sino tambi¨¦n por las acciones armadas del mismo EMC en Cauca, e incluso con la incidencia del ELN en Arauca. Pese a esto, agrega, las comunidades han mostrado disposici¨®n de facilitar avances porque son conscientes que el catastro permite sentar las bases en temas claves como el ordenamiento territorial y la formalizaci¨®n de la propiedad.

La barrera en el Guaviare

No se trata solo de argumentos. A finales de julio, due?os y administradores de locales comerciales en San Jos¨¦ e incluso en Puerto Concordia (Meta) recibieron una citaci¨®n del Bloque Jorge Su¨¢rez Brice?o. En ella les indicaban que asistieran a una cita. Aunque no todos fueron, el d¨ªa de la convocatoria casi todo el comercio de San Jos¨¦ se abstuvo de abrir sus puertas.

Alejandra G¨®mez Sarmiento, quien desde octubre de 2023 es el enlace regional del IGAC para la actualizaci¨®n catastral en el sur de Meta, Guaviare, Guain¨ªa y Vaup¨¦s, no encontr¨® donde desayunar esa ma?ana. Ni ella ni su equipo pudieron hacer su trabajo. Por los mismos d¨ªas de la citaci¨®n a los comerciantes, intentaron hacer barridos prediales en Puerto Cachicamo, pero no pudieron entrar. Esa escena se repiti¨® en otras zonas del Guaviare, donde tambi¨¦n hay injerencia de la facci¨®n del EMC que sigue en la mesa de negociaci¨®n.

Con 105 personas contratadas para levantar la informaci¨®n de los predios, G¨®mez y su equipo tienen la dif¨ªcil misi¨®n de dejar actualizado el catastro cuando termine el Gobierno Petro, en agosto de 2026. Les ha sido muy dif¨ªcil entrar a las 276.000 hect¨¢reas del suroccidente de San Jos¨¦, donde la disidencia de Calarc¨¢ les ha limitado la entrada. Finalmente, hace dos semanas lograron acudir a varias zonas cercanas a Puerto Cachicamo, incluyendo al ¨¢rea que limita con el Parque Nacional Natural Chiribiquete.

La facci¨®n que lidera Mordisco, quien se par¨® de la mesa de conversaci¨®n con el Gobierno, tiene poder en el lado nororiental del municipio, donde hay 159.129 hect¨¢reas por incluir en el catastro. All¨ª, los funcionarios se han reunido con l¨ªderes comunales para explicarles qu¨¦ implica el catastro, con la idea de que ellos le cuenten a sus familias y vecinos, y se inicie un voz a voz que llegue a las cabezas de las disidencias. La estrategia ha dado frutos, pero igual no han podido entrar: un mando les mand¨® a decir que no permit¨ªa el ingreso hasta que un profesional del catastro fuera a explicarle directamente a ¨¦l, pero hasta el momento de publicaci¨®n de esta historia a¨²n no ha sido permitida la entrada a esa zona.

¡°El temor que ellos (los disidentes) m¨¢s ten¨ªan¡±, dice G¨®mez, ¡°era que identific¨¢ramos las zonas que estaban deforestadas en sus veredas y el uso econ¨®mico que se le estaba dando a esos predios. Nuestro argumento es que no reconocemos ni otorgamos derechos, tampoco saneamos vicios de la propiedad ni juzgamos a la comunidad. Simplemente hacemos un inventario, una maqueta del territorio¡±.

Las disidencias tambi¨¦n han intentado cobrar lo que llaman ¡°la contribuci¨®n solidaria¡±, un eufemismo para las extorsiones. A mediados de este a?o le mandaron a decir a una persona en el Guaviare que, como supuestamente el IGAC hab¨ªa recibido 21.000 millones de pesos para hacer el catastro en la zona, ten¨ªan que ¡°contribuir¡±. No saben si eran hombres de Mordisco o de Calarc¨¢. Lo que s¨ª saben es que es otra barrera a un catastro necesario y una muestra m¨¢s de c¨®mo los ilegales han convertido el catastro en un negocio y una forma de ganar a¨²n m¨¢s legitimidad que el Estado en la Amazonia.