La Contralor¨ªa multa a Centros Poblados con 87.027 millones de pesos por el incumplimiento del contrato para llevar internet a zonas rurales

La Contralor¨ªa General de la Naci¨®n ha emitido este martes un fallo de responsabilidad fiscal por 87.027 millones de pesos contra la Uni¨®n Temporal Centros Poblados. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupci¨®n de esa entidad ha tomado la decisi¨®n debido a las irregularidades ocurridas en un contrato para llevar internet gratuito a zonas rurales del pa¨ªs, en 2020, que se convirti¨® en uno de los grandes esc¨¢ndalos del Gobierno de Iv¨¢n Duque. El convenio hab¨ªa sido pactado entre la uni¨®n temporal, con miembros con nula experiencia en el tema y problemas de corrupci¨®n en el pasado, y el Fondo ?nico de Tecnolog¨ªas de la Informaci¨®n y las Comunicaciones (FUNTIC) del Ministerio de las TIC.

Seg¨²n ha expuesto la Contralor¨ªa, la decisi¨®n se ha tomado despu¨¦s de demostrarse que hubo una ¡°gesti¨®n fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna¡± en el contrato que incumpli¨® con la entrega de los equipos para terminar el proyecto Centros Poblados, cuyo objetivo era instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del pa¨ªs. La meta inicial era llevar conectividad de internet a varias de las zonas m¨¢s apartadas de Colombia, algo que no se logr¨®.

En t¨¦rminos espec¨ªficos, las empresas que integran la uni¨®n temporal contra la que fall¨® la Contralor¨ªa son las empresas Fundaci¨®n de Telecomunicaciones, Ingenier¨ªa, Seguridad e Innovaci¨®n; ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Building Constructora S.A.S. Tambi¨¦n ha fallado contra su representante legal, Luis Fernando Duque Torres. Adem¨¢s, al considerar que hubo omisi¨®n en la entrega de los equipos por parte de la empresa proveedora, la entidad tambi¨¦n ha declarado responsable fiscal a su representante legal, Juan Carlos C¨¢ceres Bayona.

Todos ellos son se?alados de no ejecutar el contrato en los t¨¦rminos que hab¨ªan sido pactados. De hecho, ante ese incumplimiento, el Gobierno Duque termin¨® el convenio de manera anticipada, lo que implicaba el retorno de los recursos p¨²blicos que se hab¨ªan abonado. Incluso, la uni¨®n temporal present¨® al Ministerio una garant¨ªa bancaria falsa como condici¨®n para el desembolso de 70.000 millones de pesos, que se llev¨® a cabo a pesar de las advertencias emitidas en la prensa por posibles irregularidades con los contratistas. El pago fue lo que desencaden¨® el que fuera uno de los mayores esc¨¢ndalos de corrupci¨®n durante el cuatrienio de Duque.

Por ese caso, la entonces ministra de las TIC, Karen Abudinen, tuvo que enfrentar una moci¨®n de censura en el Congreso en septiembre de 2021 ¨Dque fracas¨®¨D y fue objeto de una investigaci¨®n por parte de la Procuradur¨ªa ¨Darchivada en septiembre pasado¨D. Adem¨¢s, la trama motiv¨® su renuncia ese mismo a?o. ¡°Hoy me retiro adolorida por las circunstancias que el pa¨ªs conoce pero segura de que actu¨¦ con honradez y transparencia, con la esperanza de que la justicia castigar¨¢ a quienes defraudaron a los colombianos¡±, dijo al presentar su dimisi¨®n. Abudinen nunca fue vinculada por la Contralor¨ªa en este caso.

La entidad ha declarado responsables fiscales a los miembros del consorcio interventor PE2020 C Digitales, por aprobar unas ¨®rdenes de pago sin la verificaci¨®n adecuada de las condiciones para acceder a los equipos necesarios para la culminaci¨®n del proyecto. El consorcio estaba integrado por las empresas PMO Solycom S.A.S., Eurocontrol SA Sucursal Colombia y Telemediciones S.A.S, representados legalmente por Paola Izquierdo Rivera.

Por otra parte, la Contralor¨ªa eximi¨® de responsabilidad a los funcionarios del MinTIC, miembros del FUNTIC, implicados en la operaci¨®n. Ellos fueron Adriana Meza, representante legal delegada; Sandra Orjuela, subdirectora de Gesti¨®n Contractual del ministerio, y Camilo Alberto Jim¨¦nez Santofimio, supervisor del contrato. Tambi¨¦n fueron desvinculadas las aseguradoras relacionadas en el caso.

El fallo, sin embargo, no significa que la multa vaya a ser pagada, al estar por encima de las capacidades financieras de las empresas implicadas que, no obstante, s¨ª pueden terminar embargadas. Al tratarse de una decisi¨®n de primera instancia, puede ser apelada ante la misma Contralor¨ªa y, como cualquier dictamen de ese ¨®rgano, luego puede ser demandada ante la justicia.