Coosalud, la EPS en la mira del Gobierno

Mientras la reforma del Ejecutivo que busca transformar las Entidades Promotoras de Salud avanza a paso lento en la plenaria de la C¨¢mara de Representantes, el Gobierno concentra sus focos sobre Coosalud, la quinta m¨¢s grande de ellas. En los ¨²ltimos dos meses, la Superintendencia del ramo denunci¨® a esa entidad por desviar recursos a una empresa de las Islas Caim¨¢n, un para¨ªso fiscal, y haber creado un esquema para pagar con dineros p¨²blicos un cr¨¦dito privado por 226.000 millones de pesos (unos 46 millones de d¨®lares). Dos acusaciones graves y complejas de entender por su alto tecnicismo.

La m¨¢s reciente viene de Giovanni Rubiano, superintendente desde inicios de noviembre. El m¨¦dico ha expuesto que Coosalud, encargada de garantizar los servicios para 3,2 millones de afiliados, ha puesto en riesgo los recursos de la salud al pagar los 226.000 millones de pesos al banco GNB Sudameris. Lo hizo el pasado 20 de noviembre, como fiadora de otra empresa, Coosalud Inversa, que hab¨ªa recibido dos pr¨¦stamos del GNB. ¡°El banco notific¨® el incumplimiento del cr¨¦dito, activando las cl¨¢usulas de aceleraci¨®n para recuperar la obligaci¨®n (...) lo que redund¨® en la transferencia de 226.000 millones de pesos¡±, explic¨® Rubiano en una rueda de prensa.

El se?alamiento gan¨® relevancia pol¨ªtica por la posterior intervenci¨®n del presidente, quien se?al¨® a dos miembros de la junta directiva de la EPS. ¡°Coosalud EPS es dirigida por familias presidenciales uribistas. Hermano del presidente Pastrana, casado con hermana de la senadora Valencia, hijo de presidente y nieta de presidente, hermano del vicepresidente Francisco Santos, sobrinos bisnieto de presidente, eran miembros de la junta directiva que aprob¨® que 221.000 millones de pesos del dinero p¨²blico (...) se pusieran como una fianza a un pr¨¦stamo de una empresa particular del gerente de la EPS¡±, escribi¨® en X, en referencia a Jaime Pastrana, hermano del expresidente conservador Andr¨¦s Pastrana, y de Rafael Santos. Para ¨¦l y para Rubiano es sospechoso que el pago se haya hecho justo dos d¨ªas antes de que el Gobierno interviniera a Coosalud, como ha hecho en el pasado con otras EPS.

Jaime Gonz¨¢lez Monta?o era el representante legal de la EPS desde 1996 y hasta su intervenci¨®n, y tambi¨¦n de Coosalud Inversa. Ha negado cualquier irregularidad y ha explicado que Inversa no era una empresa particular suya, sino una filial de la EPS creada con anuencia de la Superintendencia desde 2017. En un comunicado de prensa, ha argumentado que el pago se hizo con ¡°recursos propios de libre destinaci¨®n¡±, es decir, con dinero diferente al que recibe cualquier EPS del Estado. Y ha explicado que si el banco cobr¨® el cr¨¦dito fue justamente ante el temor de una intervenci¨®n, algo que le permit¨ªa el contrato del pr¨¦stamo.

Todos los miembros de la junta directiva lo han secundado y, en un comunicado p¨²blico, han pedido a Petro que rectifique. ¡°Se?or presidente, usted nos ha se?alado de manera injuriosa y calumniosa en una actividad en la que no hemos participado¡±, dicen, argumentando que no participaron en ning¨²n hecho de corrupci¨®n porque la operaci¨®n fue legal. ¡°Ning¨²n banco acepta como aval recurso de exclusiva destinaci¨®n¡±, recuerdan, y se?alan que el GNB Sudameris no aceptar¨ªa una garant¨ªa con dinero p¨²blico.

Por esas supuestas irregularidades, el Gobierno elev¨® una denuncia ante la Fiscal¨ªa. Por su parte, el Ministerio de Salud (del que depende la Superintendencia) pidi¨® al ente acusador que lo acepte como v¨ªctima ¡°por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos p¨²blicos de la salud¡±. Y la nueva administraci¨®n de la EPS, liderada por un interventor designado por la misma Superintendencia, anunci¨® que inici¨® una auditor¨ªa forense interna.

Esas entidades tienen recursos que gira el Gobierno a?o a a?o para que con ellos paguen los servicios de salud, pero tambi¨¦n dinero propio, desde el patrimonio que aportaron inicialmente sus accionistas hasta utilidades de a?os anteriores. Lo que deben determinar las autoridades, ahora, ser¨¢ de d¨®nde proven¨ªa el dinero que se pag¨® y con qu¨¦ finalidades se utiliz¨®.

Un lobbista y un posible para¨ªso fiscal

Un similar debate de pruebas enfrenta la otra denuncia del Gobierno contra Coosalud. Luis Carlos Leal, pocos d¨ªas antes de ser reemplazado por Rubiano como superintendente, radic¨® una denuncia penal en la que se?ala que los recursos p¨²blicos que manejaba esa EPS podr¨ªan haber sido desviados a una compa?¨ªa oculta tras la opacidad propia de un para¨ªso fiscal, jurisdicciones en las que se facilita ocultar la propiedad de las empresas y pagar menos impuestos.

Un informe de la Superintendencia, que es el sustento de la acusaci¨®n, advierte que la entidad recibi¨® una denuncia an¨®nima de que Mario Andr¨¦s Ur¨¢n, un contratista de EPS y viejo conocido en el sector, habr¨ªa direccionado recursos a varios proveedores que ten¨ªan detr¨¢s a un mismo due?o, la empresa de las Islas Caim¨¢n, una posible se?al de un desfalco. La entidad revis¨® computadores de las EPS y documentos administrativos. V¨ªa telef¨®nica, el exfuncionario explica su conclusi¨®n: ¡°identificamos un desv¨ªo de recursos significativo, sin pasar los protocolos de elecci¨®n, a determinadas IPS [por instituciones prestadoras de salud, el nombre t¨¦cnico para las cl¨ªnicas, laboratorios y dem¨¢s proveedores] que pertenec¨ªan a un mismo holding, Venum Investments¡±. Y cuenta que la due?a de Ventum es Patria Investments, de Islas Caim¨¢n.

Esas acusaciones a Coosalud, ya no a Ur¨¢n, las replic¨® el presidente el pasado 6 de noviembre en una intervenci¨®n p¨²blica. Dijo que se habr¨ªa construido una ¡°red de empresas que logra sacar el dinero de las EPS y lo trasladan a para¨ªsos fiscales¡±.

Ur¨¢n ha negado las acusaciones a trav¨¦s de su abogado, Andr¨¦s Garz¨®n Roa. ¡°Las afirmaciones subjetivas de la Superintendencia no tienen en cuenta la realidad del negocio de la salud. Y Coosalud, que se?al¨® no ser responsable ¡±de las actuaciones que ¨¦l [Ur¨¢n] pudo realizar usando de manera indebida y no autorizada su correo institucional¡±, tambi¨¦n ha negado estar involucrada en hechos de corrupci¨®n. Ha se?alado al Gobierno de da?ar ¡°el buen nombre de una empresa que, por 30 a?os, se ha destacado por las buenas pr¨¢cticas¡±.