La violencia en el partido Am¨¦rica de Cali - Nacional atiza el debate sobre la presencia de la Polic¨ªa en los estadios de Colombia
Los disturbios de este domingo en el estadio Pascual Guerrero recuerdan otros desmanes que se repiten con frecuencia y dejan en evidencia la pasividad de las autoridades ante acciones anunciadas y predecibles
El Bar¨®n Rojo Sur, la barra brava del Am¨¦rica de Cali, jam¨¢s ocult¨® sus intenciones de impedir que Atl¨¦tico Nacional celebrara el t¨ªtulo de la Copa Colombia si ganaba en la final en el estadio Pascual Guerrero, donde su equipo funge como local. El cuadro paisa se impuso en la noche del domingo, y la barra cumpli¨® su promesa: invadi¨® el campo de juego, se enfrent¨® a la Polic¨ªa y oblig¨® al equipo rival, ya campe¨®n, a salir en una tanqueta antidisturbios. Afuera del estadio se oyeron disparos, hubo saqueos, robos, desmanes y 30 heridos. La pasividad de las autoridades ante una asonada anunciada y la mancha de la violencia en el f¨²tbol colombiano han vuelto a ser muy visibles, justo en medio del debate sobre la presencia de la Polic¨ªa en los estadios del pa¨ªs.
Faltaban cinco minutos, sin contar la adici¨®n, para el final del partido. Nacional hab¨ªa vencido al equipo cale?o 3-1 en el partido de ida, y el 0-0 en la capital del Valle del Cauca le aseguraba el t¨ªtulo. Fue entonces cuando los barristas saltaron las barandas que marcan los l¨ªmites de las tribunas, rompieron los asientos, las bater¨ªas sanitarias y las vallas de seguridad. Uno de ellos hab¨ªa ingresado un ca?¨®n hechizo para disparar voladores de p¨®lvora, con los que atac¨® a varios polic¨ªas. Los jugadores de Nacional se refugiaron en los vestuarios. All¨ª recibieron el anuncio de que el partido se daba por terminado, y recibieron el trofeo en privado. Minutos despu¨¦s, se difundieron videos de esos campeones, ahora apretujados en una tanqueta de la Polic¨ªa para salir del principal escenario deportivo de Cali.
El comandante de la Polic¨ªa de la tercera ciudad de Colombia, Germ¨¢n Manrique, declar¨® este lunes que ocho uniformados resultados heridos. Tambi¨¦n anunci¨® una recompensa de 30 millones de pesos para quien entregue informaci¨®n sobre los responsables de los desmanes, y 50 millones de pesos para quien ayude a identificar al hombre que manipul¨® el artefacto pirot¨¦cnico contra la Polic¨ªa.
Por su parte, el alcalde de la ciudad, Alejandro ?der, se pronunci¨® dos horas despu¨¦s del partido, a trav¨¦s de su cuenta de X. ¡°Lo que ocurri¨® esta noche en el Estadio Pascual Guerrero es inaceptable. No voy a permitir que la violencia empa?e el f¨²tbol ni la convivencia en Cali¡±. Sin embargo, las autoridades estaban alertadas por otro gesto. Aunque hab¨ªan sostenido tres encuentros en los d¨ªas previos al partido para garantizar la seguridad en la cancha, horas antes de comenzar el compromiso, cuando las autoridades instalaron el puesto de mando unificado ¡ªla reuni¨®n en la que monitorean eventos de riesgo¡ª, nunca lleg¨® el representante de la barra brava del Am¨¦rica, que se hab¨ªa comprometido a asistir. Eso dej¨® a las instituciones sin un interlocutor inmediato ante una crisis como la que se vivi¨®.
Los esfuerzos van m¨¢s all¨¢. Desde 2016 existe un proceso y una institucionalidad organizada para evitar esos problemas. La Alcald¨ªa de Cali tiene programa de resocializaci¨®n de integrantes de pandillas y barras bravas. Su l¨ªder es Rub¨¦n Dar¨ªo Valencia, un polic¨ªa que tiene permanente comunicaci¨®n con miembros de las barras de los dos equipos de la ciudad. Antes de los partidos, las cabezas de las barras hacen compromisos, como los que hab¨ªa previo al domingo. Nada de eso funcion¨®. En los encuentros previos, se hab¨ªa acordado que la hinchada no manipular¨ªa elementos de p¨®lvora y que los barristas no pod¨ªan entrar telas con insignias del equipo, para evitar que en ellas camuflaran drogas, armas y p¨®lvora. Ni la Polic¨ªa ni la Alcald¨ªa han logrado explicar c¨®mo es que la barra logr¨® saltar todos los anillos de seguridad y termin¨® armada en plena final.
La noche de disturbios en Cali volvi¨® a poner los focos en el problema c¨ªclico de la violencia en los estadios de Colombia. Pero adem¨¢s coincidi¨® con la reuni¨®n de la Dimayor, la entidad que organiza y dirige los torneos de f¨²tbol en Colombia, que el viernes anterior se hab¨ªa citado con los dirigentes de los equipos de las categor¨ªas A y B para discutir sobre la propuesta del Ministerio del Interior de retirar a la Polic¨ªa la responsabilidad de garantizar la seguridad en los estadios, para pasar a entregarla a los clubes y a entidades privadas.
El director general de la Polic¨ªa, William Ren¨¦ Salamanca, viene se?alando que la seguridad en los estadios de Colombia es un asunto de seguridad privada, m¨¢s que de responsabilidad del Estado. Argumenta que se trata de un espect¨¢culo que manejan unos privados, los clubes y la Dimayor. En una rueda de prensa, en mayo de ese a?o, cuando se abri¨® el debate sobre la presencia de uniformados en partidos de f¨²tbol profesional, dijo: ¡°Queremos ir desprendiendo a la Polic¨ªa de esta responsabilidad y que est¨¦ volcada a su esencia, que es la seguridad ciudadana¡±.
Tras los desmanes del domingo, el Ministerio del Interior reiter¨® la necesidad de modificar la seguridad en los estadios. Explic¨® que la reducci¨®n de la presencia de la Polic¨ªa en los escenarios deportivos ¡°no es una decisi¨®n unilateral¡±, sino que se trata de una medida que busca cumplir con la sentencia C-128 de 2018 de la Corte Constitucional, que busca optimizar los recursos p¨²blicos de seguridad. El plan, discutido a lo largo de este a?o entre las autoridades y la Dimayor, contempla que la reducci¨®n policiva comenzara este mismo a?o, con un 45% menos de presencia. Para 2025 se espera que la reducci¨®n llegue al 60%, en 2026 al 70% y en 2027 al 80%.
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