Ebullici¨®n

La paz total del presidente Gustavo Petro agoniza en medio del fuego cruzado entre los distintos actores armados y el fin de las treguas pactadas entre bandas criminales. Sin haber solventado la crisis humanitaria desatada en el Catatumbo, que hasta la fecha deja m¨¢s de 50.000 personas desplazadas, el Gobierno se enfrenta a nuevos focos de violencia que han empeorado la situaci¨®n de derechos humanos en varias regiones del pa¨ªs. Sobre algunos, la Defensor¨ªa del Pueblo ya hab¨ªa alertado su inminencia.

Si imagin¨¢ramos un mapa de Colombia, varios fuegos se encender¨ªan en puntos cardinales donde la guerra siempre ha embestido con mayor fuerza. Choc¨®, Cauca, Guaviare, sur de Bol¨ªvar, Valle del Cauca, Nari?o y Meta son algunos de los territorios donde las comunidades, a trav¨¦s de comunicados p¨²blicos y redes sociales, han documentado desplazamientos forzados, confinamientos e incursiones armadas. La preocupaci¨®n de organizaciones sociales, autoridades locales y consejos comunitarios no es menor; temen que se repita la crisis de El Catatumbo en sus territorios.

Ejemplo de lo anterior lo que ocurre desde el pasado 6 de febrero en el Medio San Juan, Choc¨®, donde m¨¢s de 15.000 personas est¨¢n confinadas y otras 1.000 se han desplazado forzadamente, seg¨²n denunci¨® la Gobernaci¨®n. La falta de respuesta del Gobierno, con acciones que contrarresten la ofensiva de los grupos armados y la carencia de un despliegue institucional que garantice la gobernanza, ha acelerado la incertidumbre de las comunidades.

Desde diciembre de 2023, las organizaciones sociales han insistido al Gobierno en cumplir las 50 medidas de protecci¨®n colectiva aprobadas en diciembre de ese mismo a?o. No ha ocurrido. As¨ª como tampoco el cumplimiento del pacto por la Paz y la Vida, que pretend¨ªa garantizar el buen vivir y la convivencia territorial con presencia de las distintas entidades nacionales. Es una deuda hist¨®rica que este Gobierno tampoco ha podido subsanar.

La explicaci¨®n del nuevo ciclo de violencia obedece a dos din¨¢micas nacionales y a varios conflictos locales. A sangre y fuego el autodenominado Ej¨¦rcito Gaitanista de Colombia (EGC) y la guerrilla del ELN se disputan la expansi¨®n y consolidaci¨®n territorial sobre corredores estrat¨¦gicos del narcotr¨¢fico y otras econom¨ªas de uso il¨ªcito como la miner¨ªa. Mientras el EGC pretende llegar fortalecido a la mesa de di¨¢logos socio-jur¨ªdica con el Gobierno, los ¡®elenos¡¯ buscan afianzarse en nuevos departamentos buscando implantar su gobernanza armada, la cual ha incluido -hist¨®ricamente- la captura del Estado a partir de la contrataci¨®n.

Por otro lado, los conflictos en la Amazonia colombiana, entre las disidencias de las FARC de alias ¡®Calarc¨¢¡¯ e ¡®Iv¨¢n Mordisco¡¯ han mostrado su lado m¨¢s sangriento y enunciado qui¨¦nes est¨¢n haciendo la guerra: los menores de edad. Tras los enfrentamientos, autoridades denunciaron que la mayor¨ªa de los muertos eran adolescentes entre los 14 y 16 a?os. Seg¨²n cifras de la JEP, m¨¢s de 18.000 ni?os y ni?as fueron reclutados por las FARC para el conflicto, una realidad que nos sigue atravesando como naci¨®n y que evidencia las particularidades locales de donde el Estado nunca ha podido hacer presencia.

Al panorama rural, se suma la estocada que tuvo la paz urbana con el fin del pacto de las bandas criminales de Shottas y Espartanos en Buenaventura. Lo que en el a?o 2022 se conoci¨® como la ciudad laboratorio de la Paz Total, hoy nuevamente est¨¢ al alza en las tasas de homicidios, luego del asesinato de 18 civiles en el mes de enero. Esta mesa de conversaciones socio-jur¨ªdica hab¨ªa logrado reducir los ¨ªndices de homicidios, desdibujar las fronteras invisibles y sacar a Buenaventura de las ciudades m¨¢s peligrosas de Latinoam¨¦rica. En manos del Gobierno est¨¢ volver a buscar un cese al fuego entre las bandas y avanzar en la materializaci¨®n de los programas sociales para la inclusi¨®n y no reincidencia, una apuesta que no ha logrado mostrar avances significativos.

Con la guerra a cuestas, la realidad con la que se enfrentan estos territorios la describi¨® el mismo exministro de Defensa Iv¨¢n Vel¨¢squez durante el Consejo de Ministros del pasado 4 de febrero, cuando asever¨® que, a sitios como El Plateado, Cauca, no hab¨ªan entrado por la imposibilidad de articular las distintas instituciones para hacer presencia en el territorio m¨¢s all¨¢ de la fuerza p¨²blica. Un choque de realidad certero y diciente sobre la desconexi¨®n interinstitucional y su apuesta de volcar la institucionalidad a los territorios con presencia de actores armados.

Con la renuncia de Vel¨¢squez qued¨® en evidencia que la reforma a las FFMM, en lo que respecta a la eliminaci¨®n de las fuerzas de tarea conjunta y la modificaci¨®n de los comandos conjuntos- resoluci¨®n 4760 del 1 de noviembre de 2024- no dio los resultados esperados. La operaci¨®n independiente de cada fuerza -Ej¨¦rcito, Armada y Fuerza A¨¦rea- no respondi¨® a la nueva din¨¢mica y reconfiguraci¨®n del conflicto, y deja un balance negativo en materia de seguridad en las ¨¢reas hist¨®ricas de la confrontaci¨®n.

Seguir¨¢n entonces las comunidades en medio del fuego cruzado hasta que se instale una nueva gobernanza armada e imponga orden territorial. No es de ahora, es el eterno ciclo del reciclaje y degradaci¨®n de la guerra que vuelve a repetirse en medio de advertencias de las comunidades y o¨ªdos sordos de las autoridades nacionales.