Un grupo de peruanos lucha contra la contaminaci¨®n por metales en una demanda pionera

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A Maricruz Aliaga, una enfermera peruana de 28 a?os, vivir al lado de una fundici¨®n metal¨²rgica le cambi¨® la vida. Desde peque?a, ella y su familia tuvieron que convivir con los efectos de la contaminaci¨®n por plomo, azufre, cadmio y ars¨¦nico del complejo de La Oroya, en los Andes centrales. Pero tambi¨¦n con el rechazo y discriminaci¨®n que generaba su activismo contra las actividades t¨®xicas de la empresa. Sus padres estuvieron entre las decenas de personas que demandaron al Estado peruano ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2006 por violaci¨®n de sus derechos.

La semana pasada, en una audiencia que abre la fase final de la demanda, la joven dio testimonio ante la Corte IDH de c¨®mo es vivir con metales pesados en el organismo, en un entorno t¨®xico y bajo hostigamiento por reclamar. Se espera que en los pr¨®ximos meses los magistrados emitan una sentencia que puede sentar un precedente en la regi¨®n sobre el derecho a un medio ambiente sano y la obligaci¨®n que tienen los Estados sobre las industrias que contaminan.

¡°Era penoso e impactante¡±, relat¨® Aliaga acongojada durante la audiencia realizada en Montevideo. ¡°Desde ni?a, en los salones de clase, cuando ten¨ªamos una plantita, los profesores nos dec¨ªan que la cuid¨¢ramos como nuestra vida, pero ?qu¨¦ pasaba? Que ni 15 d¨ªas duraban, pese a que la regabas y le hablabas con cari?o. ?Cu¨¢ntas plantas al a?o mi mam¨¢ compraba para ver que crezcan, pero nunca crec¨ªan: se secaban!¡±. Lo que les pasaba a las plantas era solo un reflejo de las dolencias que, seg¨²n su relato, sufr¨ªan los vecinos.

En su caso y el de su hermana, se les inflamaban los ojos y a menudo sufr¨ªan de alergias y granos en la piel, lo que tambi¨¦n les costaba las burlas de sus compa?eros de clase. Seg¨²n cont¨® en la audiencia, esa discriminaci¨®n hizo que sus padres le cambiaran cinco veces de escuela. Mientras el hostigamiento crec¨ªa y en algunos momentos lleg¨® a convertirse en episodios de violencia contra su familia por formar parte del Movimiento por la Salud de La Oroya, quienes presentaron la demanda ante la CIDH. Algunos residentes no cre¨ªan que la fundici¨®n les estuviera contaminando y no entend¨ªan por qu¨¦ se opon¨ªan a un proyecto que generaba empleos en la zona.

Cuando Maricruz ten¨ªa 13 a?os, su familia decidi¨® mudarse de casa por la recomendaci¨®n de un m¨¦dico a sus padres de sacar a sus hijas de La Oroya por su salud. Precisamente esa experiencia fue lo que llev¨® a la joven a estudiar enfermer¨ªa despu¨¦s de que ella y sus parientes no encontraran una atenci¨®n adecuada a sus problemas en el sistema de salud.

Zona de sacrificio

En su intervenci¨®n como perito en las audiencias de Montevideo, el relator de la ONU sobre desechos t¨®xicos, Marcos Orellana, explic¨® que La Oroya es una zona de sacrificio, es decir, una comunidad afectada por una infraestructura muy contaminante y peligrosa que genera consecuencias devastadoras en la salud f¨ªsica y mental.

La Oroya est¨¢ entre los 50 lugares m¨¢s contaminados del mundo incluidos en el reporte de marzo sobre zonas de sacrificio, elaborado por David Boyd, relator de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente. En 2007, la Comisi¨®n IDH otorg¨® medidas cautelares para garantizar los derechos a la vida, la integridad personal y la salud a 65 personas de La Oroya. Luego, en 2016, las ampli¨® a otras 15 personas.

El complejo metal¨²rgico comenz¨® sus operaciones en 1922 a manos de una empresa privada y pas¨® al Estado en 1974. En 1997, el Gobierno de Alberto Fujimori lo vendi¨® a una empresa del multimillonario estadounidense Ira Rennert, quien sol¨ªa adquirir negocios que luego abandonaba declar¨¢ndolos en bancarrota. La fundici¨®n dej¨® de operar entre 2009 y 2012 porque la compa?¨ªa Doe Run se declar¨® en insolvencia e incumpli¨® sus programas de adecuaci¨®n y manejo ambiental pese a que el Estado le prorrog¨® tres veces los plazos. Nunca construy¨® una planta de procesamiento de ¨¢cido sulf¨²rico, una de sus obligaciones para seguir operando.

Desde el 17 de octubre, los extrabajadores de la refiner¨ªa de La Oroya, a quienes la empresa Doe Run les adeudaba salarios, controlan legalmente el complejo metal¨²rgico mediante una nueva empresa. Sus representantes deben tramitar permisos ante las autoridades para volver a operar y esperan producir zinc en el primer trimestre del pr¨®ximo a?o, y plomo a partir de mayo, entre otros metales.

Durante la audiencia ante la justicia interamericana la semana pasada, Mercedes Gallegos, una experta en legislaci¨®n ambiental peruana, coment¨® que las primeras normas medioambientales en Per¨² datan de los a?os 90 y que, antes de ello, no hubo supervisi¨®n a la contaminaci¨®n en La Oroya. Ante una pregunta de los jueces, la perito presentada por los agentes del Estado se?al¨® que la empresa Doe Run cumpli¨® entre un 60% y 70% de los programas de adecuaci¨®n ambiental. Sin embargo, una de las abogadas de los afectados, Liliana ?vila, inform¨® que el Estado nunca realiz¨® una limpieza y remediaci¨®n de suelos ¡ªpese a estar obligado a ello¡ª debido a que la empresa desapareci¨® del lugar.

Los tres representantes del Estado peruano defendieron en la audiencia que no existe una correlaci¨®n entre la exposici¨®n a los metales pesados y las patolog¨ªas de los habitantes de La Oroya. Uno de los peritos, el m¨¦dico Jonh Astete, inform¨® en su testimonio que en 2004 el Estado empez¨® a realizar monitoreo ambiental en La Oroya y de la repercusi¨®n en la salud de la poblaci¨®n. Adem¨¢s, ante las preguntas de los jueces, inform¨® de que, aunque los metales pesados solo permanecen 30 d¨ªas en la sangre, pueden quedarse acumulados en los ¨®rganos hasta por 30 a?os.

Por su parte, el relator Orellana, tambi¨¦n jurista especializado en derecho ambiental, sostuvo que no hay incertidumbre sobre los efectos que el plomo, mercurio y ars¨¦nico tienen en la salud. ¡°Son elementos ampliamente t¨®xicos. En este caso, el impacto adverso de estos metales y metaloides es apabullante y en La Oroya ha habido contaminaci¨®n por horas, d¨ªas, a?os, d¨¦cadas: eso est¨¢ documentado¡±, manifest¨®.

La vida que no pudo ser

Las defensoras ambientales Rosa Amaro y Yolanda Zurita, l¨ªderes del Movimiento por la Salud de La Oroya, tambi¨¦n declararon en la audiencia. Ambas contaron que, adem¨¢s de problemas de salud, tambi¨¦n sufrieron de violencia por parte de ciudadanos del distrito que las estigmatizaron como enemigas de la empresa y de la miner¨ªa. Amaro tuvo que huir de La Oroya por falta de garant¨ªas para su vida y porque a uno de sus hijos lo amenazaron de muerte si ella segu¨ªa hablando de la poluci¨®n.

¡°Solo quer¨ªamos demostrar que s¨ª existe contaminaci¨®n; nuestro pedido de respirar aire puro ha sido considerado un delito para ellos. Quiero que se limpie mi nombre y que no sea tildado de la culpa del cierre del complejo (metal¨²rgico)¡±, dijo Amaro, de 73 a?os, cuando los jueces le preguntaron qu¨¦ esperaba de ellos.¡±Solo quiero un tratamiento [de salud] abierto para todos, quiero volver a mi tierra, quiero estar all¨¢¡±, a?adi¨®.

Por su parte, Zurita, una agente pastoral de 63 a?os, declar¨® que no pudo terminar sus estudios de trabajo social debido a las convulsiones que empez¨® a sufrir cuando era adolescente, algo que achaca a efectos de la contaminaci¨®n. ¡°Estoy perdiendo fuerzas en los m¨²sculos y tengo movimientos involuntarios en el pie: esto se relaciona con la presencia de metales en mi cuerpo: todo esto trab¨® mi quehacer profesional¡±, agreg¨®.

Zurita record¨® que en a?os pasados las emisoras de radio de La Oroya las tachaban de enemigas porque daban a conocer los riesgos de salud que corr¨ªan los residentes de ese distrito. ¡°Un cabildo dirigido por un alcalde de ese entonces nos declar¨® personas no gratas, con nombre y apellido, y los difundieron en un diario. Lo m¨ªnimo que esperamos son disculpas p¨²blicas¡±, detall¨®.

Al t¨¦rmino de los dos d¨ªas de audiencias, el presidente de la Corte IDH, Ricardo P¨¦rez, anunci¨® que pedir¨¢n autorizaci¨®n al Gobierno peruano para una visita de campo a La Oroya antes de emitir su decisi¨®n. Gloria Cano, otra abogada de los demandantes, espera que ¡ªcomo en otros casos¡ª emitan la sentencia en tres o cuatro meses. ¡°Es un caso hist¨®rico porque es el primero ante la Corte Interamericana de obligaciones del Estado sobre un ambiente sano, el derecho a la salud y la integridad de los ciudadanos, y es importante que establezca est¨¢ndares¡±, coment¨®.

Por su parte, los demandantes como Aliaga se sienten felices porque su caso haya llegado a la Corte IDH. ¡°Por primera vez se est¨¢ haciendo conocido el caso luego de tantos a?os de lucha, muchas veces nuestros representantes han sido la voz de protesta¡±, dijo. ¡°Hoy s¨ª me siento feliz porque fuimos escuchados. En este camino ha habido v¨ªctimas que ya no est¨¢n con nosotros. Pero tambi¨¦n estoy indignada porque los representantes del Estado nos tratan como si dij¨¦ramos una mentira. Estamos aqu¨ª solo por defender la salud de toda una poblaci¨®n¡±.