Cuando el Estado reconoce su culpa: cuatro casos en los que Am¨¦rica Latina fue ejemplo de justicia

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Si hubiera que ponerle un rostro a la justicia y la reparaci¨®n en Am¨¦rica Latina, ese ser¨ªa probablemente el de una madre aliviada despu¨¦s de a?os de espera y dolor. Podr¨ªa ser el de una abuela de Plaza de Mayo al reencontrarse con su nieto robado durante la ¨²ltima dictadura militar argentina o el de la madre de alg¨²n desaparecido cuando reconoce sus restos. ¡°Me siento orgullosa de que me hayan tra¨ªdo hasta este pueblo a sacar el cuerpo que me hab¨ªan dicho que de pronto era el de la ni?a m¨ªa¡±, dec¨ªa la colombiana Arnobia del Socorro Guti¨¦rrez hace algunas semanas, tras identificar el cuerpo de su hija desaparecida casi dos d¨¦cadas antes. La clave fue un escapulario que la adolescente siempre llevaba en el tobillo. Natalia Andrea Cartagena fue reclutada a la fuerza en Medell¨ªn en 2001, cuando ten¨ªa 16 a?os, por la guerrilla del ELN. Despu¨¦s de una larga angustia, su madre obtuvo al fin una respuesta que le permitiera empezar a transitar el camino del duelo. ¡°Es un descanso para m¨ª y un alivio. Son 20 a?os casi que esper¨¦ encontrarla y al haberla encontrado me siento orgullosa, a pesar de mis tristezas y mis dolores¡±, dice en un v¨ªdeo en el que, adem¨¢s, se dice esperanzada porque otras madres tambi¨¦n encuentren los cuerpos de sus hijos.

La recuperaci¨®n de los restos de Natalia fue posible gracias a una unidad de b¨²squeda creada en Colombia, uno de los mecanismos de la justicia transicional implementados en ese pa¨ªs tras el largu¨ªsimo conflicto armado. En Argentina, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son un icono de la b¨²squeda de justicia y reparaci¨®n en el pa¨ªs que, adem¨¢s, ofreci¨® el primer caso de ¨¦xito en el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado. Guatemala y Per¨² tambi¨¦n ¡°tienen experiencias de transformaciones institucionales y conocimiento para la ciudadan¨ªa para promover la justicia, reparaci¨®n, memoria y la no repetici¨®n de las atrocidades del pasado¡±, como reconoce el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque estos procesos estuvieron inicialmente asociados a procesos post dictatoriales o de recuperaci¨®n tras guerras civiles, dice el organismo, la nueva ola de demandas de justicia transicional se ve ahora como una herramienta para la renovaci¨®n del contrato social y enfatiza el ¡°abordaje de violaciones de derechos humanos bajo cualquier tipo de Gobierno¡±.

En este sentido, en los ¨²ltimos meses, Am¨¦rica Latina ha sido testigo de dos actos de perd¨®n y reparaci¨®n surgidos de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). En abril pasado, Honduras admiti¨® su responsabilidad por el asesinato de Vicky Hern¨¢ndez, una mujer transg¨¦nero de 26 a?os y activista LGBT, durante el golpe de Estado de 2009. En el acto presidido por Xiomara Castro, y en el que estuvo la madre de la v¨ªctima, se anunciaron medidas de reparaci¨®n con su familia y la comunidad transg¨¦nero del pa¨ªs. Un mes despu¨¦s, el Gobierno de Gabriel Boric pidi¨® perd¨®n en nombre del Estado chileno a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilizaci¨®n sin su consentimiento cuando tuvo un hijo en noviembre de 2002. La v¨ªctima, sin embargo, no estuvo en el acto por miedo a ser estigmatizada.

La reconciliaci¨®n, seg¨²n PNUD, ¡°debe estar al centro de los esfuerzos para promover la paz y el desarrollo humano sostenible¡±. Am¨¦rica Latina tiene, en este sentido, ejemplos poderosos de c¨®mo construir una sociedad m¨¢s justa desde el ¡®mea culpa¡¯. Estos son algunos de ellos:

Colombia: Comisi¨®n de la verdad y justicia transicional

Colombia ha vivido una guerra por m¨¢s de seis d¨¦cadas entre guerrillas, grupos paramilitares, militares y carteles del narcotr¨¢fico. Y quiz¨¢s la paradoja es que, por esa tragedia, el pa¨ªs se ha convertido en experto global en construir sistemas de justicia transicional para reparar a las v¨ªctimas, condenar a los m¨¢ximos responsables de los cr¨ªmenes e imaginar un posible camino hacia la reconciliaci¨®n.

¡°La tragedia a la que nos arrastr¨® la guerra no debe repetirse, si la justicia brilla, y si su brillo es la verdad¡±, se?al¨® recientemente el magistrado colombiano Eduardo Cifuentes. La guerra m¨¢s larga en Colombia es la que hubo entre la extinta guerrilla de las FARC y el Gobierno central, un conflicto que empez¨® en 1964 y termin¨® en un Acuerdo de Paz firmado en 2016. Entre los acuerdos a los que llegaron los dos lados enfrentados estaban tres instituciones claves para la justicia transicional.

Primero est¨¢ la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), un tribunal que puede dar condenas especiales a los m¨¢ximos responsables de la guerra ¨Cen el ej¨¦rcito y la guerrilla¨C si estos confiesan la verdad de sus cr¨ªmenes y se comprometen con medidas de reparaci¨®n. Este a?o Colombia escuch¨® por primera vez a los jefes de la guerrilla confesar su falta de humanidad como secuestradores, y a miembros del ej¨¦rcito confesar ejecuciones extrajudiciales contra civiles. ¡°Vengo a asumir uno de los m¨¢s abominables cr¨ªmenes que cometi¨® nuestra organizaci¨®n¡±, dijo Rodrigo Londo?o, conocido antes como alias Timochenko en la guerrilla. ¡°Asesinamos personas inocentes, campesinos¡±, confes¨® N¨¦stor Guillermo Guti¨¦rrez, suboficial retirado del ej¨¦rcito. Los magistrados de la JEP persiguen estos procesos de audiencias actualmente, y por esto no han emitido a¨²n condenas.

Segundo, est¨¢ la Comisi¨®n de la Verdad, un grupo de investigadores liderados por un padre jesuita Francisco de Roux que a finales de junio entreg¨® un informe sobre las causas de la guerra despu¨¦s de escuchar a casi 30.000 personas ¨C victimarios, v¨ªctimas, pol¨ªticos o empresarios. ¡°Llamamos a tomar conciencia de que nuestra forma de ver el mundo y relacionarnos est¨¢ atrapada en un ¡®modo guerra¡¯¡±, dijo el padre al presentar el informe que no hace acusaciones penales pero que busca crear un nuevo relato sobre el conflicto armado y dar recomendaciones al Gobierno para un crear camino hacia la reconciliaci¨®n. Quiz¨¢s el dato m¨¢s impactante del informe, hasta ahora, es que en la guerra entre armados, el 90% de las v¨ªctimas fueron civiles. Casi medio mill¨®n de personas asesinadas entre 1985 y 2018.

Tercero, est¨¢ la Unidad de B¨²squeda de Personas Desaparecidas (UBDP), la m¨¢s discreta de las tres pero una de las m¨¢s importantes porque intenta ayudar a que familiares encuentren los restos de sus seres queridos (en parte con la verdad que pueden confesar los antiguos victimarios). Se estima que hay m¨¢s de 99.000 desaparecidos por el conflicto armado colombiano desde 1948, aunque algunos estiman que la cifra llega a 120.000. Esto es mucho mayor al n¨²mero de desaparecidos durante la dictadura Argentina (unos 9.000, aunque organizaciones hablan de 30.000) o Chile (entre 1.100 y 3.000) o incluso el conflicto en Guatemala (unos 45.000).

Colombia cre¨® estas tres instituciones en los acuerdos de paz del 2016, pero no han sido las ¨²nicas que han intentado llegar a la verdad, a la justicia, o a la reparaci¨®n. Cuando se desmovilizaron varios jefes paramilitares a principios del milenio, la Corte Constitucional modific¨® una ¡®Ley de Justicia y Paz¡¯ que permiti¨® audiencias para esclarecer sus cr¨ªmenes. Adem¨¢s, se cre¨® el Centro Nacional de Memoria Hist¨®rica que durante varios a?os public¨® investigaciones sobre las causas y consecuencias de la guerra desde el punto de vista de las v¨ªctimas. Y al principio del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) se crearon dos instituciones m¨¢s, la Unidad de V¨ªctimas y la Unidad de Tierras, que buscaban devolverle su tierra a campesinos desplazados, y otras ayudas econ¨®micas a quienes han vivido otro tipo de violencia. Fueron esfuerzos incompletos de justicia, pero unos primeros pasos hacia el proceso de verdad y reparaci¨®n.

El padre de Roux, director de la Comisi¨®n de la Verdad, suele decir: ¡°Si hici¨¦ramos un minuto de silencio por cada v¨ªctima, tendr¨ªamos que callarnos por 17 a?os¡±. Colombia no puede callar durante tanto tiempo. Pero, por ahora, est¨¢ haciendo el doloroso esfuerzo de escuchar.

Argentina, pionera en reparaci¨®n a las v¨ªctimas de la dictadura militar

Argentina es el primer caso regional exitoso de una sociedad que busca justicia y reparaci¨®n para v¨ªctimas del terrorismo de Estado. En 1983, el Gobierno de Ra¨²l Alfons¨ªn orden¨® investigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y la conformaci¨®n de una comisi¨®n de la verdad, la Conadep. La comisi¨®n, bajo el mando del escritor Ernesto S¨¢bato, public¨® al final de su trabajo un informe que se titul¨® Nunca M¨¢s, con los detalles de m¨¢s de 8.000 casos de torturas y asesinatos cometidos por los militares. El titular fue una referencia a la frase con la que el fiscal Julio C¨¦sar Strassera cerr¨® los alegatos contra nueve jerarcas del r¨¦gimen que en 1985 se hab¨ªan sentado en el banquillo en el llamado Juicio a las Juntas. Cinco fueron condenados a cadena perpetua, entre ellos el dictador Jorge Rafael Videla.

No fue f¨¢cil para Argentina, reci¨¦n recuperada, sostener el impacto pol¨ªtico del que fue el primer juicio por terrorismo de Estado realizado por una democracia. Acorralado por levantamientos militares constantes, Alfons¨ªn promulg¨® las ¡°leyes del perd¨®n¡±, que pusieron fin a todas las causas contra los rangos medios y bajos de la represi¨®n. Entre 1989 y 1990, Carlos Menem indult¨® a los jefes militares presos en el juicio a las Juntas. En 2006, el presidente N¨¦stor Kirchner anul¨® las leyes del perd¨®n y los indultos, y las causas se reactivaron. Las dos m¨¢s representativas fueron la de la ESMA, como se llamaba el centro de detenci¨®n de la Armada, y Campo de Mayo, bajo control del Ej¨¦rcito. La primera causa se cerr¨® en 2017, con la condena de 54 represores por delitos de lesa humanidad contra 800 v¨ªctimas. A principios de julio, en tanto, un tribunal conden¨® 19 militares en la causa justicia transicional y sald¨® la historia de 323 v¨ªctimas.

Argentina nunca abandon¨® la b¨²squeda de justicia y reparaci¨®n. Ha sido fundamental el papel de los movimientos de Derechos Humanos, con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo como icono de esa lucha. En diciembre del a?o pr¨®ximo, la democracia argentina cumplir¨¢ 40 a?os y los juicios a¨²n contin¨²an. Hasta marzo, un total de 1.058 personas hab¨ªan sido condenadas por delitos de lesa humanidad en 273 sentencias, seg¨²n el ¨²ltimo relevamiento de la Procuradur¨ªa.

Honduras: la reparaci¨®n a Vicky Hern¨¢ndez, que reconoce a un colectivo golpeado

El motivo principal que mov¨ªa la vida de Vicky Hern¨¢ndez, una mujer transg¨¦nero que fue asesinada en 2009 durante el golpe de Estado de Honduras, era que ella era el sost¨¦n de su familia en San Pedro Sula. Pese a que a menudo regresaba a casa golpeada v¨ªctima de la violencia transf¨®bica, la mujer, que tambi¨¦n era activista por los derechos LGTBI y trabajadora sexual, sab¨ªa que su madre, su hermana menor y una sobrina que ten¨ªa poco m¨¢s de dos a?os cuando la mataron depend¨ªan de ella y por ello sal¨ªa todos los d¨ªas a buscarse la vida.

Cuando el Estado hondure?o reconoci¨® en mayo pasado su responsabilidad en el asesinato de Vicky Hern¨¢ndez 12 a?os despu¨¦s y le pidi¨® perd¨®n a su familia atendiendo una sentencia de la Corte IDH, la presidenta Xiomara Castro anunci¨® varias medidas de reparaci¨®n: el Estado de Honduras otorgar¨¢ una beca educativa a su sobrina Argelia Reyes, har¨¢ un documental sobre la discriminaci¨®n y violencia de las mujeres trans, adoptar¨¢ un procedimiento para reconocer las identidades de g¨¦nero diversas y dise?ar¨¢ un sistema de recopilaci¨®n de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, tal y como orden¨® la Corte.

Honduras tambi¨¦n anunci¨® la creaci¨®n de una beca educativa para mujeres trans que llevar¨¢ el nombre de Vicky Hern¨¢ndez, la implementaci¨®n de un plan de capacitaci¨®n permanente para agentes de los cuerpos de seguridad y la adopci¨®n de un protocolo de investigaci¨®n y administraci¨®n de justicia durante los procesos penales para v¨ªctimas de violencia LGBTI. ¡°La violencia ejercida contra Vicky Hern¨¢ndez lo fue en raz¨®n de su expresi¨®n o identidad de g¨¦nero, se violaron los derechos al reconocimiento a la personalidad jur¨ªdica, la libertad personal, la privacidad y libertad de expresi¨®n y al nombre¡±, reconoci¨® la presidenta Castro durante el acto de perd¨®n en el que adem¨¢s dijo que su muerte no fue investigada con la debida diligencia.

Vicky Hern¨¢ndez fue asesinada el 28 de junio de 2009 durante un toque de queda tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya, esposo de la actual mandataria, cuando una patrulla policial la intent¨® arrestar junto con unas amigas y estas trataron de huir por temor a la violencia que hab¨ªan ejercido contra ellas los agentes en ocasiones anteriores, seg¨²n declararon varias testigos durante el juicio. La Corte IDH constat¨® que ¡°exist¨ªan indicios de participaci¨®n de agentes estatales¡± y que el Estado hondure?o no hab¨ªa hecho lo suficiente para investigar el asesinato.

Con el acto de perd¨®n y reparaci¨®n, la familia de Vicky Hern¨¢ndez sinti¨® que por fin se hac¨ªa algo de justicia. ¡°Todos somos humanos y no nos creemos mejor que otros, tenemos que amar a nuestros hijos como sean¡±, dijo Rosa Hern¨¢ndez, su madre, tras el evento. Tres meses despu¨¦s, adem¨¢s de la petici¨®n p¨²blica de perd¨®n, se ha reparado econ¨®micamente a su familia y est¨¢ en marcha la instalaci¨®n de un observatorio de muertes violentas, explica Indyra Mendoza, coordinadora de la Red L¨¦sbica Cattrachas. Tambi¨¦n han comenzado los procedimientos para adecuar los documentos de identidad a la identidad de g¨¦nero autopercibida, pero todav¨ªa no ha comenzado a implementarse, algo que le preocupa a la activista. Seg¨²n los datos de su organizaci¨®n, en 2021 hubo 26 muertes violentas de miembros del colectivo LGBTI y en lo que va de a?o ya van 28, especialmente de hombres gays (18 de los casos), un incremento que Mendoza califica de ¡°sumamente exagerado¡±.

Chile: el caso de Francisca

A fines de mayo, el presidente Gabriel Boric le pidi¨® perd¨®n a nombre del Estado chileno a Francisca, una mujer con VIH que fue sometida a una esterilizaci¨®n sin su consentimiento cuando tuvo un hijo en noviembre de 2002. En el acto p¨²blico con fines reparatorios, el mandatario se disculp¨® con la mujer por la violaci¨®n a los derechos sexuales y reproductivos de los que fue victima.

Francisca, criada en una zona rural de Curic¨®, a 200 kil¨®metros de Santiago, nunca hab¨ªa recibido educaci¨®n sexual antes de su embarazo. Aterrada por su diagn¨®stico, cumpli¨® con todas las recomendaciones m¨¦dicas durante los nueve meses de espera. Cuando lleg¨® al hospital p¨²blico a dar a luz, algunos miembros del personal sanitario la criticaron por engendrar un beb¨¦ teniendo VIH. El ni?o naci¨® sano, pero cuando Francisca despert¨®, una enfermera le dijo que no podr¨ªa volver a tener hijos, que la hab¨ªan esterilizado. Ella nunca solicit¨® el procedimiento quir¨²rgico, ni dios su consentimiento por escrito ni verbal, como obliga la ley desde el 2000.

Durante a?os, Francisca no se vio a s¨ª misma como una v¨ªctima de violaci¨®n a los derechos sexuales y reproductivos. Solo tom¨® consciencia cuando la Fundaci¨®n Vive Positivo, dedicada a entregar informaci¨®n y acompa?ar a personas con VIH, se enter¨® de su caso y le explic¨® la ilegalidad cometida por el hospital. Francisca no se llama as¨ª. Es el nombre que adopt¨® cuando comenz¨® una batalla judicial asesorada por la fundaci¨®n y por el Centro para Derechos Reproductivos. En 2007 interpuso una querella contra el m¨¦dico que la atendi¨®. En el juicio, el doctor dijo que la paciente s¨ª le hab¨ªa otorgado el consentimiento verbal de practicarle una esterilizaci¨®n. La mayor¨ªa de las enfermeras apoyaron dicha versi¨®n y el juez fall¨® en contra de la denunciante.

En 2009 presentaron una demanda contra el Estado de Chile ante la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando la vulneraci¨®n de derechos de la Convenci¨®n Interamericana de DDHH: integridad personal, garant¨ªas judiciales, protecci¨®n de la honra y de la dignidad, entre otros. En 2014 la comisi¨®n la declar¨® admisible. Dos a?os despu¨¦s, el Estado chileno inici¨® un proceso de Acuerdo de Soluci¨®n Amistosa con el equipo legal de Francisca y finalmente llegaron a un acuerdo firmado en agosto de 2021.

El acuerdo establece una compensaci¨®n econ¨®mica para la v¨ªctima -cuyo montante no se ha hecho p¨²blico-, acceso a un subsidio habitacional, beneficios estudiantiles y atenci¨®n de salud integral, entre otras compensaciones. Tambi¨¦n obliga al Estado a comprometerse en capacitar al personal sanitario y justicia sobre esterilizaci¨®n, la realizaci¨®n de una campa?a de sensibilizaci¨®n para la atenci¨®n y no discriminaci¨®n de las personas con el VIH. Por ¨²ltimo, el Estado deb¨ªa celebrar un acto de reconocimiento p¨²blico de sus responsabilidades en el caso. Por temor a las represalias y ser estigmatizada, Francisca no asisti¨®.