Una exhumaci¨®n de cuerpos que da cuenta de lo que pierde Per¨² con su ¡°ley de impunidad¡±

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¡°Lo que viene son restos humanos, tengan cuidado¡±, dice un polic¨ªa, mientras el arque¨®logo forense Aldo Lara ¡ªcon casco y enfundado en un traje especial¡ªsale de una fosa de 18 metros de profundidad con bolsas en la mano. Casi inmediatamente, un grupo de hombres y mujeres suelta un llanto colectivo que clama a un cielo sin nubes. Sa¨²l Gaspar ten¨ªa apenas ocho a?os cuando vio c¨®mo un grupo de hombres se llevaba a su padre. Nunca m¨¢s lo volvi¨® a ver. Hoy, con 40 a?os, toma la palabra en medio del dolor: ¡°En esta ma?ana, cuando nos encontramos ac¨¢ los hu¨¦rfanos de ?ahuinpuquio y de otros lugares, tenemos que darnos fuerza. Hasta hoy vivimos con ese maltrato, con l¨¢grimas en los ojos¡±.

Gaspar est¨¢ en un paraje llamado Paccha Simi (boca de catarata, en quechua), cerca de la comunidad de Siusa, en el distrito de Ingenio, de la sierra central del Per¨². Junto con otros familiares y miembros del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Ministerio P¨²blico buscan a seres queridos desaparecidos hacia 1990 cuando el Per¨² estaba sumergido en un brutal enfrentamiento entre las fuerzas del orden y el sanguinario grupo subversivo Sendero Luminoso. En esta zona del departamento de Jun¨ªn, entre 1980 y 2000 desaparecieron 3.001 personas, seg¨²n el Registro Nacional de Desaparecidos (Renade). El mismo organismo estima que, en todo el pa¨ªs, la cifra fue de 22.551.

Algunas de ellas podr¨ªan estar en este hueco despiadado. Lara recuerda que en 2017 el sobreviviente de una masacre indic¨® que en este lugar enterraron a algunos de los muertos. Cuando se excav¨®, se encontraron tres cr¨¢neos humanos en el fondo. ¡°El acceso era m¨¢s peque?o, se ten¨ªa que bajar con ox¨ªgeno¡±, explica el forense.

La fiscal¨ªa especializada en derechos humanos abri¨® un caso que denomin¨® como Paccha 1, por el nombre de una localidad donde desapareci¨® gente en esos a?os, e hizo m¨¢s excavaciones. En noviembre de 2022, se recuperaron los restos de cinco cuerpos en medio de basura y animales muertos, y en octubre del 2023 se encontraron cinco cuerpos m¨¢s.

Los huesos que han sacado hoy, envueltos en unos 30 paquetes de papel Kraft y metidos en cinco bolsas de colores, pertenecen a cuatro cad¨¢veres. Se cree que ser¨ªan de otra masacre; una ocurrida en ?ahuinpuquio, la comunidad a la que aludi¨® Gaspar cuando habl¨® ante sus compa?eros de desgracia. Con ello se configurar¨ªa el caso Paccha 2.

Pero en realidad no se sabe a¨²n a ciencia cierta qu¨¦ pas¨®. Qui¨¦nes son. En estos parajes donde a lo lejos se distinguen nieves que ya no son tan eternas, los hechos de violencia fueron profusos y se dieron en varios pueblos, como Rimaycancha, Rangra, Quilcas, Ancal. En la peque?a plaza central de este ¨²ltimo pueblo, que ahora luce serena, una mujer recuerda c¨®mo en una ocasi¨®n fueron torturadas ¡°varias¡± personas, entre ellas su esposo.

Entre el olvido y la impunidad

Seg¨²n la ONG Comisi¨®n de Derechos Humanos, existen en Per¨² 6.400 sitios de entierro, como este que acaba de abrir sus entra?as para que emerjan huesos olvidados. Otros muchos todav¨ªa est¨¢n por explorar, en b¨²squeda de justicia. Pero, el pasado 10 de agosto, el Estado peruano promulg¨® una norma, apodada ¡®ley de impunidad¡¯ por sus cr¨ªticos, que bloquea tal prop¨®sito.

La Ley 32107, como se llama oficialmente, establece que ¡°nadie ser¨¢ procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio del 2002¡å. Seg¨²n el texto, esto se debe a que tanto el Estatuto de Roma¡ªque cre¨® la Corte Penal Internacional (CPI)¡ªcomo la Convenci¨®n sobre la Imprescriptibilidad de este tipo de cr¨ªmenes entraron en vigencia en Per¨² a partir de ese a?o y del 2003., respectivamente. Por ello, todos los cr¨ªmenes cometidos antes de 2002, como la desaparici¨®n forzada, tendr¨¢n que ser considerados con otra tipolog¨ªa. Adem¨¢s, muchos prescribir¨¢n o no ser¨¢n juzgados. Tal argumento, basado en la irretroactividad de la ley, ha sido cuestionado dentro y fuera del pa¨ªs.

Para el fiscal Ramiro Riveros, presente en la exhumaci¨®n de Paccha Simi, esta ley amenaza con dejar en la impunidad los casos Paccha 1 y Paccha 2. ¡°Podr¨ªa seguirse con la investigaci¨®n fiscal, sostiene, pero solo por motivos humanitarios¡±. Es decir, ya no para procesar a los perpetradores, sino ¨²nicamente para encontrar los cuerpos y que los deudos puedan despedirse dignamente de sus familiares.

El 13 de junio pasado, cuando esta ley a¨²n era un proyecto, la Junta de Fiscales Supremos emiti¨® un pronunciamiento en el que declar¨® que era ¡°evidentemente inconstitucional¡±. Con ella, cerca de 600 casos en curso de investigaci¨®n pueden quedar impunes, entre los que hay algunos que involucran al expresidente Alberto Fujimori. Precisamente la bancada fujimorista en el Congreso fue una de las que impuls¨® esta ley.

Tambi¨¦n puede beneficiar a exjefes militares y policiales, as¨ª como a miembros de los Comit¨¦s de Autodefensa (CAD) y a grupos de campesinos armados por las fuerzas del orden para enfrentar el terrorismo, a quienes se les atribuye lo ocurrido en las alturas de Siusa y zonas vecinas. Incluso miembros de Sendero Luminoso podr¨ªan favorecerse de la norma, seg¨²n ha dicho la congresista Susel Paredes.

El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Cat¨®lica del Per¨² (Idehpucp) ha emitido un informe en el cual analiza con detalle la ley. Los cr¨ªmenes de guerra y delitos de lesa humanidad, se?ala el documento, son imprescriptibles porque la irretroactividad que reclama la norma s¨®lo est¨¢ referida a los casos llevados a la propia CPI.

Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se ha unido a las voces que lamentan la aprobaci¨®n de la ley en una reciente declaraci¨®n. En junio pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti¨® una resoluci¨®n pidiendo que se suspenda ¡°inmediatamente el proyecto¡±. Pero nada eso impidi¨® que el Congreso aprobara la norma y el Ejecutivo no la observara.

¡°Quiero encontrarlo, aunque sea para llevarle un ramo¡±

De vuelta a la exhumaci¨®n, mientras siguen saliendo las bolsas con restos humanos, una anciana de cabellos canos y trenzas llora amargamente. Quiere encontrar el cuerpo de Paulino Alcoser, su esposo. Un d¨ªa se lo llevaron con una soga y nunca m¨¢s supo de ¨¦l. ¡°Me gustar¨ªa encontrarlo, aunque sea para llevarle un ramo de flores¡±, dice con voz tr¨¦mula.

Irene Flores, por su parte, busca a su pap¨¢ Justiniano, de quien solo recuerda que una noche fue sacado de su casa cuando ella era una ni?a. Seg¨²n el CICR, los familiares ¡°requieren apoyo emocional, orientaci¨®n e informaci¨®n durante el proceso de b¨²squeda¡±. Algo que nunca ser¨¢ suficiente. Como explica la antrop¨®loga social Nori C¨®ndor Alarc¨®n, integrante del Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal, en estos pueblos ¡°hubo mucha violencia y sufrimiento¡±. Seg¨²n ella, por ac¨¢ las desapariciones datan de 1990 y 1992, cuando err¨®neamente cre¨ªa que hab¨ªa m¨¢s calma porque las acciones de Sendero Luminoso hab¨ªan decrecido.

¡°Sin embargo, la violencia ejercida por este grupo subversivo activ¨® conflictos que ya exist¨ªan¡±, explica, lo que hizo que algunos miembros de los CAD levantaran falsas acusaciones de terrorismo y victimaran o desaparecieran a otros campesinos. A veces a varios miembros de una familia, como ocurri¨® con Milita Samaniego, una se?ora que perdi¨® a cinco familiares.

Samaniego ha repartido hojas de coca para que sea mascada ritualmente por los familiares. ¡°Si el sabor de las hojas es dulce, quiere decir que la tierra hablar¨¢¡±, afirma. Esto, en efecto, parece haber ocurrido durante las cuatro horas en las que Lara y dos personas m¨¢s se sumergieron en la fosa. Encontraron cr¨¢neos, huesos de las extremidades superiores e inferiores, retazos de ropa.

Los restos pasar¨¢n por ex¨¢menes de ADN, que se cruzar¨¢n con las muestras de los familiares para ver si los datos coinciden y confirmar as¨ª si son las personas que buscan con persistencia. El proceso durar¨¢ meses, que ahora no parecen nada frente a los m¨¢s de 30 a?os de espera.

¡°Esta ley es contra los m¨¢s pobres¡±, apunta la congresista Paredes, cuya bancada minoritaria present¨® un proyecto para derogar la norma. Pero todo indica que esta petici¨®n ser¨¢ ignorada, pese a la presi¨®n nacional e internacional. Mientras, los familiares de los desaparecidos, que ahora suben una cuesta empinada en medio de la puna para volver a sus casas tras la exhumaci¨®n, parecen estar condenados nuevamente al olvido.