Per¨² aprueba leyes que favorecen a responsables de cr¨ªmenes de lesa humanidad

Adem¨¢s de por los llamativos relojes de la presidenta, el Gobierno de Dina Boluarte ser¨¢ recordado por sus silencios. Sus reiterados silencios para eludir las preguntas de los abogados de las v¨ªctimas que murieron protestando en contra suya; su silencio de m¨¢s de 90 d¨ªas con la prensa; y ahora su silencio para observar o pronunciarse acerca de dos normativas que han despertado la preocupaci¨®n de la ciudadan¨ªa y la comunidad internacional: aquella que redefine el concepto de organizaci¨®n criminal y aquella que librar¨¢ de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entr¨® en vigencia en Per¨² el Estatuto de Roma.

Este viernes ambos proyectos han sido promulgados por el Congreso a pesar de la objeci¨®n de diversos organismos internacionales. De acuerdo al Ministerio P¨²blico, esta segunda ley dejar¨¢ en libertad a procesados por 600 casos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Diversos analistas han alertado que beneficiar¨¢ directamente al expresidente Alberto Fujimori ¡ªcondenado a 25 a?os de prisi¨®n por diversas matanzas, de los cuales solo cumpli¨® 16 por un indulto humanitario¡ª, pues dejar¨ªa sin efecto el juicio que tiene pendiente por el caso Pativilca, donde se le acusa de haber orquestado el asesinato de seis agricultores en 1992. A sus 86 a?os, Fujimori pretende competir en las elecciones generales de 2026.

Ser¨¢n favorecidos tambi¨¦n los altos mandos de las fuerzas militares que, en el violento contexto de las dos ¨²ltimas d¨¦cadas del siglo pasado, cometieron masacres contra inocentes, bajo la sospecha de que eran terroristas. All¨ª est¨¢n el Grupo Colina, comando paramilitar que ejecut¨® a decenas de civiles y estudiantes universitarios en los casos Barrios Altos y La Cantuta; el comandante Telmo Hurtado, quien en 1985 orden¨® la aniquilaci¨®n de 69 ayacuchanos; o el exministro del Interior Daniel Urresti, hallado culpable de la muerte del periodista Hugo Bust¨ªos en 1988, cuando serv¨ªa al Ej¨¦rcito. Los otros beneficiados, por supuesto, ser¨¢n los mandos terroristas, un detalle que ha sido pasado por alto por sus principales impulsores.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se opuso desde el inicio a las nuevas normativas y le record¨® al gobierno de Boluarte sus obligaciones internacionales, a partir de su adhesi¨®n al Sistema Interamericano de Protecci¨®n de los Derechos Humanos. ¡°Lo contrario har¨ªa ilusorio el acceso a la justicia de las v¨ªctimas y sus familiares, tanto en el derecho interno, como ante el Sistema Interamericano¡±, dice su comunicado del lunes pasado. Hace algunas semanas, en una carta suscrita por Boluarte y el extitular del Congreso Alejandro Soto, el Gobierno dej¨® en evidencia la postura de desacato que ahora ha refrendado. ¡°Deploramos profundamente que la Corte IDH implique que el Per¨² no es un Estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una Rep¨²blica democr¨¢tica en la que operan el balance y el control de los poderes f¨¢cticos¡±, indicaron.

Volker T¨¹rk, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, ha lamentado la oficializaci¨®n de la norma sin observaci¨®n alguna del Poder Ejecutivo. ¡°La ley contraviene las obligaciones del pa¨ªs en virtud del derecho internacional y es un hecho preocupante, en un contexto m¨¢s amplio de retrocesos en materia de derechos humanos y el Estado de derecho en Per¨² [...] La falta de rendici¨®n de cuentas por estos cr¨ªmenes, cuando quiera que se hayan cometido, pone en peligro los derechos a la verdad, justicia, reparaci¨®n y las garant¨ªas de no repetici¨®n de miles de v¨ªctimas de graves violaciones en el Per¨²¡±, sostiene.

La otra ley aprobada establece que, a partir de ahora, un grupo calificar¨¢ como organizaci¨®n criminal en tanto haya cometido delitos cuya penas sean superiores a seis a?os de c¨¢rcel. Ello excluir¨¢ a una serie de delitos como tala ilegal, tr¨¢fico de ¨®rganos, tr¨¢fico il¨ªcito de migrantes, estafa agravada, tr¨¢fico de productos pirot¨¦cnicos, entre otros. Por si fuera poco, debilitar¨¢ las investigaciones fiscales debido a que los allanamientos a los inmuebles de los criminales solo podr¨¢n realizarse en presencia del investigado y su abogado, mermando as¨ª el efecto sorpresa para hallar medios probatorios.

A inicios de semana, la presidenta Boluarte no asisti¨® a la conmemoraci¨®n del bicentenario de la Batalla de Jun¨ªn, celebrada en la provincia del mismo nombre, aduciendo ¡°motivos de fuerza mayor¡±. Si bien el primer ministro, Gustavo Adrianz¨¦n, ha dicho que su ausencia se debi¨® a un cuadro respiratorio, medios locales aseguran que Boluarte simplemente no quiso correr el riesgo de ser abucheada. ?Responder¨¢ por la promulgaci¨®n de estas dos leyes? De momento ha sido consecuente y est¨¢ sumida en el m¨¢s profundo silencio.

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