Guatemala, irreconocible

Tantas cosas han cambiado en Guatemala desde las elecciones del 25 de junio en que el candidato anticorrupci¨®n de centro izquierda, Bernardo Ar¨¦valo, pas¨® sorpresivamente a la segunda vuelta electoral y luego gan¨® la Presidencia, que resulta casi irreconocible.

Por estos d¨ªas, los m¨¢s encumbrados empresarios se encuentran discretamente, al amparo de la embajada de Estados Unidos, con dirigentes ind¨ªgenas. Eso, en un pa¨ªs segregado de hecho, refleja un cambio. Estos l¨ªderes ind¨ªgenas han puesto a la defensiva a la poderosa alianza oficialista que domina todas las instituciones nacionales y por medio de ellas procura revertir los resultados electorales. Los l¨ªderes mayas se han convertido s¨²bitamente en dirigentes nacionales de la protesta contra el intento de desconocer los resultados electorales. Han pasado a ser la inspiraci¨®n, aunque tambi¨¦n el azote, de muchos guatemaltecos. Habitantes de zonas populares de la capital de Guatemala y habitantes de las ¨¢reas rurales m¨¢s remotas les reconocen como los motores de la protesta.

Han sido las autoridades mayas de las principales organizaciones comunitarias de origen ancestral, encabezadas por la organizaci¨®n 48 Cantones de Totonicap¨¢n, quienes iniciaron y encabezan el movimiento, activo ya durante dos semanas, para exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Cada esfuerzo por desmotivar la protesta de quienes apoyan a Porras (impopular 9 a 1, seg¨²n dos recientes encuestas de opini¨®n) ha resultado fallido.

La m¨¢xima Corte del pa¨ªs, integrada s¨®lo por partidarios de la alianza oficialista, orden¨® a pedido de la fiscal el desalojo de quienes demandan la renuncia frente a la sede del Ministerio P¨²blico. Los magistrados conminaron a la Polic¨ªa y al propio Ej¨¦rcito, so pena de destituir a sus responsables, a despejar el sitio en seis horas.

Pero no hizo falta que los militares ni los polic¨ªas, quienes se muestran poco dispuestos a confrontar a la poblaci¨®n subvertida, arriaran sus porras. Una serena negociaci¨®n de autoridades y l¨ªderes ind¨ªgenas ante el procurador de Derechos Humanos (otra pieza de la alianza oficialista), permiti¨® abrir un espacio para el ingreso al edificio desde donde antes despachaba la fiscal general. Ella, sin embargo, no ha querido volver a su escritorio, en el piso octavo, desde el cual se escuchan los incesantes llamados a que renuncie.

Miles de personas procedentes lo mismo del norte del pa¨ªs que de regiones cercanas a la capital, caravanas de mototaxis, comerciantes de los mercados capitalinos e incluso vecinos de zonas con el mejor poder de compra en la ciudad se han sumado a exigir su renuncia. En los ¨²ltimos d¨ªas, despu¨¦s de las primeras diez jornadas de bloqueos en toda la red vial que llegaron a sumar 120 cada ma?ana y paralizaron el pa¨ªs en la pr¨¢ctica, las protestas han evolucionado hacia fiestas callejeras, con bailes y canciones alusivas a la exigencia de la renuncia de la Fiscal, caravanas de veh¨ªculos que marchan a la velocidad m¨ªnima para entorpecer sin bloquear el tr¨¢fico, festivales de arte en plazas y parques y manifestaciones al final de la tarde en las cuales se entona el himno.

Y todo le sale mal a quienes procuran desincentivar la protesta.

El ataque de gatilleros en Oc¨®s, un municipio fronterizo con M¨¦xico, contra un bloqueo de carretera fue r¨¢pidamente documentado por vecinos de la zona con im¨¢genes digitales que pronto reconocieron el n¨²mero de placa del veh¨ªculo en que viajaban los sicarios como uno de los que utiliz¨® el alcalde electo por el partido oficialista en ese lugar para hacer campa?a.

Vecinos de la Antigua Guatemala identificaron a la supuesta pareja del presidente, un joven ingeniero, Miguel Mart¨ªnez, en una ceremonia religiosa en la ciudad. Mart¨ªnez tuvo que ser protegido y escoltado por la Polic¨ªa, mientras los vecinos vituperaban y agred¨ªan con palos y piedras a ¨¦l y a su familia. En cuesti¨®n de minutos, estaba documentado en las redes sociales que el veh¨ªculo usado para evacuar a Mart¨ªnez era propiedad de una empresa que, durante el actual Gobierno, ha pasado a contratar m¨¢s de US$12 millones con el Estado.

La corrupci¨®n rampante, el enriquecimiento de diputados oficialistas y el entorno del presidente generan la indignaci¨®n de los manifestantes que han llegado al edificio con apartamentos de 330.000 d¨®lares a donde fueron a vivir los tres hijos del gobernante tras su llegada al poder.

Los oficialistas, por su parte, anuncian que la Fiscal¨ªa de Porras est¨¢ a punto de presentar el caso que demostrar¨ªa un fraude a favor de Ar¨¦valo. Para lograrlo, ha allanado la sede del Tribunal Supremo Electoral, lo cual motiv¨® la exigencia de renuncia de la Fiscal.

La dirigencia ind¨ªgena, ni la mayor¨ªa de la poblaci¨®n mestiza, acepta la posibilidad del fraude.

Guatemala cuenta con un sistema electoral administrado el d¨ªa de los votaciones por ciudadanos voluntarios que entregan, reciben y contabilizan los votos. Cualquier reclamo de fraude es f¨¢cilmente contrastable con las actas que los representantes de las mesas de votaciones guardan en sus tel¨¦fonos y en la nube digital.

Quienes propugnan por desconocer el triunfo de Bernardo Ar¨¦valo y repetir las elecciones (sin permitirle a su partido participar) chocan de frente con las autoridades ancestrales que han convocado a una muralla de manifestantes, nada dispuestos a esperar de brazos cruzados a que las cortes amigas del poder decidan por ellos.

Guatemala, encabezada por las autoridades ind¨ªgenas, rechaza que la fiscal Porras trate de arrancar el triunfo electoral a quien lo ha obtenido.

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