Guerra total entre antiguos aliados: los cortes de carretera liderados por Evo Morales en Bolivia asfixian al Gobierno de Luis Arce

Hace 11 d¨ªas que la principal carretera de Bolivia, que comunica la capital administrativa, La Paz, con la pr¨®spera Santa Cruz de la Sierra, est¨¢ cortada por campesinos seguidores del expresidente Evo Morales. Tambi¨¦n hay cortes, menos significativos, en otras v¨ªas del pa¨ªs. La protesta ha causado escasez de combustibles, alza de precios y p¨¦rdidas econ¨®micas calculadas en 600 millones de d¨®lares. Ha puesto contra las cuerdas al presidente Luis Arce, antes considerado ¡°hermano Lucho¡± y hoy un ¡°traidor¡± para el movimiento que conduce Morales. El Gobierno no ha querido reprimir los cortes de caminos, que considera ¡°parte de la cultura¡± pol¨ªtica del pa¨ªs. Conf¨ªa en que se disolver¨¢n por s¨ª mismos cuando se acerque el carnaval, que es una festividad muy importante para los bolivianos. Las demandas est¨¢n relacionadas con la inhabilitaci¨®n del expresidente para la candidatura en 2025 por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la instituci¨®n contra la que los manifestantes se estrellan.

En los ¨²ltimos d¨ªas, los campesinos ¡°evistas¡± han querido ¡°radicalizar¡±, es decir, incrementar la cantidad de cortes para subir la presi¨®n sobre las autoridades, que, por su parte, han denunciado que la mayor¨ªa de los puntos de bloqueo fueron establecidos por cultivadores cocaleros ¡°acarreados¡± por sus dirigentes desde el Chapare, la zona cocalera de Cochabamba y basti¨®n de Morales. Seg¨²n el Gobierno, la fuerza de este ha quedado reducida a la misma que ten¨ªa en los a?os noventa, cuando era el l¨ªder de la coca y a¨²n no hab¨ªa formado el Movimiento al Socialismo (MAS).

¡°Estamos cansados de la justicia boliviana, que solo hace trampas¡±, declar¨® a la televisi¨®n uno de los manifestantes. El camino que se ve¨ªa junto a ¨¦l estaba lleno de pedruscos lanzados los d¨ªas anteriores para impedir el tr¨¢nsito de veh¨ªculos. En otros lugares, acciones como esta, de taponear las v¨ªas con rocas, son consideradas delitos, pero en Bolivia no. Por lo menos, hasta ahora. En medio del actual conflicto, el gremio empresarial present¨® un proyecto de ley para sancionar con c¨¢rcel los cortes de ruta, pues impiden el traslado de mercanc¨ªas y causan graves p¨¦rdidas a los productores y comerciantes. Simult¨¢neamente, el viceministro de Coordinaci¨®n y Gesti¨®n Gubernamental, Gustavo Torrico, declar¨® que ¡°los bloqueos de caminos son, casi, una parte de la cultura de Bolivia. El problema es por qu¨¦ se bloquea. Si es contra una dictadura, por ejemplo, el pueblo tiene todo el derecho de bloquear, pero si se trata de un asunto personal, como la inhabilitaci¨®n [de Evo Morales], est¨¢ mal¡±.

Los manifestantes exigen la renuncia de todos los tribunales judiciales del pa¨ªs, comenzado por el TCP. Para el Gobierno, lo que en verdad buscan es un modo de anular la sentencia constitucional 1010/2023, aprobada en diciembre del a?o pasado, que proh¨ªbe que un presidente gobierne m¨¢s de dos veces, sea de forma continua o discontinua. Esta cl¨¢usula sac¨® del juego electoral a Morales, quien ya ha ocupado tres veces el poder.

El pedido de renuncia general de los altos tribunales se basa en que los mandatos de sus miembros terminaron constitucionalmente el 31 de diciembre de 2023. Poco antes de esta fecha, el TCP aprob¨® la sentencia que inhabilita a Morales y sac¨® otros veredictos que benefician al Gobierno; por ¨²ltimo, orden¨® su propia pr¨®rroga y la de las dem¨¢s cortes, hasta que el Parlamento consiga organizar las elecciones judiciales.

Estas deb¨ªan realizarse en 2023, pero la Asamblea Legislativa fue incapaz de convocarlas. Los ¡°evistas¡± creen que la continuidad de los magistrados es ilegal y ha sido el precio que estos han cobrado a cambio de inhabilitar a Morales.

Al calor de los cortes de ruta, una comisi¨®n legislativa multipartidaria, en la que el oficialismo entr¨® a rega?adientes, comenz¨® a debatir una ley de consenso para realizar las elecciones cuanto antes. En ese punto, el TCP obstaculiz¨® el esfuerzo multipartidario con un fallo que ordena a los legisladores que no consideren esta ley sin aceptar primero la pr¨®rroga de los mandatos judiciales. Como la cuesti¨®n de aceptar o no esta pr¨®rroga separa irreconciliablemente a los partidos que estaban buscando una soluci¨®n al conflicto, la misma ha quedado comprometida. La oposici¨®n considera esta acci¨®n una maniobra prorroguista del TCP. No ser¨ªa la primera. Desoyendo el precepto de que un juez no debe fallar en asuntos que puedan afectarlo, el TCP boliviano ha detenido con una seguidilla de dict¨¢menes de inconstitucionalidad las diferentes medidas adoptadas por el Legislativo para concretar las elecciones judiciales. La oposici¨®n cree que, en realidad, ha actuado para impedirlas. Y que lo ha ayudado el Gobierno, interesado en conservar la influencia de Arce sobre la justicia.

Tras la ¨²ltima medida del TCP, estallaron fuertes recriminaciones contra ¡°la dictadura del Tribunal Constitucional¡± y su intento de someter al Parlamento a su voluntad. ¡°Han sobrepasado todo l¨ªmite de legalidad, ¨¦tica y racionalidad¡± escribi¨® el expresidente y l¨ªder opositor Carlos Mesa en X. ¡°Empe?ados en mantener sus cargos de facto y violando la Constituci¨®n y las leyes, pretenden anular la facultad legislativa de la Asamblea. No podemos permitir esta aberraci¨®n, in¨¦dita en la historia, que pone en serio riesgo al sistema democr¨¢tico¡±, poste¨®.

Bolivia ha tenido elecciones judiciales cada seis a?os desde la aprobaci¨®n de su nueva Constituci¨®n en 2009. Es el ¨²nico pa¨ªs de la regi¨®n que elige a sus altos magistrados de esta manera. Los comicios que estaban programados para el a?o pasado quedaron cancelados porque la Asamblea Legislativa no cont¨® con la mayor¨ªa que necesitaba, dos tercios de los votos, para aprobar la convocatoria. Esta mayor¨ªa se hizo inalcanzable por la divisi¨®n del MAS, otrora hegem¨®nico, en dos alas, una bajo Morales y otra detr¨¢s de Arce. La oposici¨®n, incluyendo el ¡°evismo¡±, se ha aliado en diversas iniciativas para, pese a esto, lograr convocar a las elecciones, pero no ha podido superar la resistencia del oficialismo en el Parlamento y la de los propios magistrados, que tienen el control de constitucionalidad del pa¨ªs.

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