Evo Morales lidera un corte de carreteras en Bolivia en contra de su inhabilitaci¨®n como candidato presidencial

La inhabilitaci¨®n de Evo Morales como candidato presidencial, realizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia en diciembre del a?o pasado, no pod¨ªa quedar sin respuesta de sus bases. Los incondicionales del expresidente boliviano (2006-2019) han cortado por un lapso indefinido las rutas en su basti¨®n, la zona cocalera del Chapare, y bloqueado la principal v¨ªa econ¨®mica del pa¨ªs, la que comunica a la capital administrativa, La Paz, con la pr¨®spera Santa Cruz de la Sierra. Tambi¨¦n han paralizado el tr¨¢nsito en la regi¨®n de Potos¨ª. As¨ª, el largo y variado historial de cortes de rutas en Bolivia se ha incrementado con un nuevo tipo. Por primera vez estos se realizan en contra del Poder Judicial.

Los ¡°evistas¡± que ocupan las carreteras demandan que los magistrados de los altos tribunales, incluyendo a los del TCP que imposibilit¨® una nueva postulaci¨®n de Morales, renuncien a sus cargos y se convoque de inmediato a elecciones judiciales. Desde la perspectiva de los manifestantes, Bolivia est¨¢ sufriendo un ¡°golpe judicial¡± por dos hechos: la pr¨®rroga indefinida del mandato de los magistrados, que finaliz¨® el 31 de diciembre pasado, y el aplazamiento sin fecha de las elecciones judiciales que deb¨ªan realizarse en 2023. El Gobierno y la mayor¨ªa de los analistas consideran que el objetivo de fondo de las protestas es otro: impedir la inhabilitaci¨®n electoral de Morales propiciando la conformaci¨®n de un nuevo TCP que revea la sentencia constitucional 1010/2023, la cual fij¨® un m¨¢ximo de dos periodos continuos o discontinuos para los presidentes, y as¨ª sac¨® a Morales de cualquier competici¨®n futura, pues este ya ocup¨® tres veces el m¨¢s alto cargo pol¨ªtico boliviano, de 2006 a 2019. En un discurso en cadena nacional, el presidente Luis Arce dijo que tiene ¡°razones para estar alerta y en pie de combate¡±. Se?al¨® que los seguidores de Evo Morales, que etiquet¨® como ¡°nueva derecha¡±, se suman a las ya conocidas amenazas conservadoras en contra de su Gobierno, solo ¡°por ambiciones personales y electorales¡±.

La demanda de los movilizados hace eco de una preocupaci¨®n internacional. El 22 de enero, Margaret Satterthwaite, relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, se pronunci¨® en Ginebra por la pronta realizaci¨®n de elecciones judiciales en Bolivia, lo que consideraba ¡°uno de los elementos clave para garantizar la independencia y la imparcialidad de la justicia¡±. El expresidente Morales se solidariz¨® con Satterthwaite en sus redes sociales. Arce discurs¨® que se deben hacer ¡°todos los esfuerzos para allanar el camino hacia elecciones judiciales, pero siempre dentro de lo estipulado en la Constituci¨®n y evitando el cuoteo pol¨ªtico¡±.

Las elecciones de magistrados, que tambi¨¦n son exigidas por la oposici¨®n tradicional con m¨¦todos parlamentarios, se trabaron el a?o pasado por la disputa de fuerzas en la Asamblea Legislativa, que qued¨® fragmentada tras la divisi¨®n del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS) en dos grupos, uno leal a Morales y otro al presidente Arce. El TCP tambi¨¦n contribuy¨® a este fracaso, ya que declar¨® inconstitucionales dos convocatorias a los comicios judiciales. Se lo ha acusado de haber inviabilizado las elecciones para poder prorrogar a los actuales tribunales. El ¡°evismo¡± sostiene que el Gobierno necesita la pr¨®rroga de las actuales autoridades judiciales para asegurar la reelecci¨®n de Arce en 2025 mediante la inhabilitaci¨®n de Morales y la entrega de la personer¨ªa jur¨ªdica del MAS al ala partidaria que responde al presidente. Por eso el corte de rutas se realiza en contra de esta pr¨®rroga.

La elecci¨®n popular de los magistrados es una innovaci¨®n boliviana, introducida por la Constituci¨®n de 2009. Las dos elecciones que se han realizado hasta ahora han sido f¨¢cilmente controladas por el MAS, que contaba con dos tercios del Parlamento y pod¨ªa seleccionar por s¨ª mismo a los candidatos que luego presentar¨ªa a consideraci¨®n del electorado. Como ning¨²n partido posee ya esta ventaja, la elaboraci¨®n de una lista de candidatos exigir¨ªa la celebraci¨®n de acuerdos entre distintas bancadas, lo que implicar¨ªa compartir entre ellas la influencia pol¨ªtica sobre la justicia. Hasta ahora, este desaf¨ªo se ha mostrado demasiado grande para el actual sistema pol¨ªtico boliviano.

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