El Congreso de Per¨² amenaza a la instituci¨®n que supervisa a los jueces y fiscales

Fue en mayo de 2023, cuando el congresista Jorge Montoya, un almirante retirado de derecha, present¨® una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por supuestamente haber favorecido a uno de sus miembros de forma indebida. La falta grave en cuesti¨®n: avalar que la magistrada In¨¦s Tello contin¨²e formando parte de la instituci¨®n a pesar de tener m¨¢s de 75 a?os (en septiembre cumplir¨¢ 79 a?os). El eje de la pol¨¦mica en todos estos meses ha sido ese: mientras un bando se?ala, con la Constituci¨®n en la mano, que ese es el l¨ªmite de edad para integrar la Junta y que su vulneraci¨®n es una causa grave que amerita una inhabilitaci¨®n por diez a?os para ejercer cargos p¨²blicos, el otro bando aduce que dicha condici¨®n era v¨¢lida solo al asumir el cargo mas no para ejercerlo y que detr¨¢s de este reglamentarismo, en realidad se esconden otros intereses.

¡°Comparto la preocupaci¨®n expresada por muchos ante los persistentes esfuerzos por destituir a la JNJ (...) Una administraci¨®n de justicia independiente es la primera l¨ªnea de protecci¨®n de los derechos humanos de todos y garantiza el derecho a exigir justicia. Respetar el Estado de derecho y fomentar la separaci¨®n de poderes y la independencia de la justicia son requisitos indispensables para la protecci¨®n de los derechos humanos y la democracia¡±, ha remarcado Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el caso. La Junta Nacional de Justicia se encarga de nombrar, sancionar y ratificar a los jueces y fiscales del pa¨ªs, as¨ª como a sus autoridades electorales. Se trata, pues, de un ente vital y, por tanto, codiciado por diversas fuerzas pol¨ªticas que pugnan por tener alg¨²n grado de influencia.

Este jueves 7 de marzo, despu¨¦s de superar las instancias correspondientes, el informe final que propone la inhabilitaci¨®n de los integrantes de la Junta ser¨¢ sometido al pleno del Congreso. Se requiere el voto de dos tercios de los 130 legisladores, sin contar a los 30 integrantes de la Comisi¨®n Permanente. En otras palabras, con el voto de 66 parlamentarios ser¨¢ suficiente. La votaci¨®n ser¨¢ individual por cada uno de los magistrados acusados. Si bien la Junta est¨¢ conformada por siete miembros, solo seis ser¨¢n juzgados, pues el abogado Marco Tulio Falcon¨ª Picardo asumi¨® funciones reci¨¦n a mitad de semana. A ello se suma la renuncia de Henry ?vila, enlodado en un presunto pedido de favores al exministro de Justicia, F¨¦lix Chero, durante el gobierno de Pedro Castillo.

No es el ¨²nico cuestionado del grupo. El magistrado Guillermo Thornberry es sindicado de haber favorecido a Patricia Benavides, la suspendida Fiscal de la Naci¨®n, para obtener el m¨¢ximo cargo del Ministerio P¨²blico al filtrarle informaci¨®n del concurso y, adem¨¢s, darle una alta calificaci¨®n en la entrevista personal, rubro que representaba el 30% del puntaje final. Benavides es acusada de liderar una organizaci¨®n criminal que jugaba en pared con diversas bancadas del Congreso: los libraba de sus procesos fiscales a cambio de votos que la mantuvieran en el poder.

M¨¢s all¨¢ de estas cuestiones que ensombrecen a algunos magistrados y, desde luego, salpican a la Junta Nacional de Justicia, las razones de la b¨²squeda de la remoci¨®n de sus miembros tendr¨ªan m¨¢s motivaciones que hacer cumplir la Carta Magna. El contexto preelectoral de 2026 es un detalle fundamental en el an¨¢lisis. Una columna del congresista Carlos Anderson en el diario El Comercio echa luz: ¡°Necesitan asegurarse que entidades clave como la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y Reniec (Registro Nacional de Identificaci¨®n y Estado Civil) no vuelvan a caer en manos de ¡®rojos y caviares¡¯. Un segundo objetivo es tener alg¨²n nivel de influencia en la designaci¨®n de jueces y fiscales cuando la inmensa mayor¨ªa de sus l¨ªderes pol¨ªticos partidarios enfrentan sendos procesos por corrupci¨®n, enriquecimiento il¨ªcito o por conformar una organizaci¨®n criminal. La destituci¨®n de la JNJ no es un fin en s¨ª mismo, sino el mecanismo por el que deben responder a sus propios e inconfesables fines¡±, argumenta Anderson. Por citar un caso, en julio iniciar¨¢ el juicio contra Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, por presuntamente haber lavado 17 millones de d¨®lares, provenientes de la constructora Odebrecht. Se han solicitado 30 a?os de c¨¢rcel para la hija del patriarca Fujimori.

La magistrada Imelda Tumial¨¢n, miembro de la Junta Nacional de Justicia, alerta que de prosperar la inhabilitaci¨®n, a la larga se beneficiar¨ªa a los jueces y fiscales que se encuentran bajo la lupa de la instituci¨®n. ¡°Hay aproximadamente 70 procesos disciplinarios en los que habr¨ªa faltas graves que quedar¨ªan en impunidad, pues con el transcurso del tiempo prescribir¨¢n y no se podr¨ªa sancionarlos. Los suplentes podr¨ªan verlo, pero hasta que asuman y retomen los casos pasa tiempo, as¨ª que simplemente caducar¨ªan¡±, cuestiona.

Por su parte, el vicepresidente de la Junta, Aldo V¨¢squez, ha hecho hincapi¨¦ en que ¡°la JNJ quedar¨ªa bloqueada para el cumplimiento de sus funciones constitucionales¡±, pues solo tres de los seis magistrados suplentes cumplen con el requisito de tener hasta 75 a?os para asumir el cargo. Junto a Marco Tulio Falcon¨ª Picardo quedar¨ªan cuatro miembros, sin voto dirimente. ¡°Para que la Junta pueda operar requiere el qu¨®rum de cinco miembros, si no hay no se puede tomar absolutamente ninguna decisi¨®n de selecci¨®n y nombramiento, de ratificaci¨®n de jueces y fiscales, de ratificaci¨®n o no de los titulares de ONPE y Reniec, no se puede convocar a concurso para titulares de ONPE y Reniec, no se pueden tomar decisiones sobre ning¨²n procedimiento disciplinario, generando con ello ¨Cen los casos en donde pudiese haber responsabilidad disciplinaria- impunidad¡±, explica V¨¢squez.

En tanto, el congresista Jorge Montoya, impulsor de la moci¨®n, insiste: ¡°Es imperativo proceder con la renovaci¨®n de un tribunal que originalmente fue establecido para supervisar y fiscalizar a jueces cuyo desempe?o ha sido deficientemente cuestionable, quienes han transgredido la constituci¨®n y han asumido una actitud intocable¡±. En ese sentido, la legisladora Gladys Echa¨ªz desconoce que la inhabilitaci¨®n de los miembros de la JNJ sea un golpe a la democracia. ¡°Creo que se est¨¢n magnificando las cosas y eso de la afectaci¨®n de la democracia es un argumento sensacionalista para justificar o pretender no ser investigados, no rendir cuentas de los actos¡±, dice.

Creada en 2018, tras la desactivaci¨®n del Consejo Nacional de la Magistratura, la Junta Nacional de Justicia cont¨® con el respaldo mayoritario de las bancadas que hoy tienen en sus manos su remoci¨®n, y fue ratificada por un 86% de los peruanos mediante un refer¨¦ndum. El pr¨®ximo jueves conoceremos los resultados de las negociaciones en los pasillos del Congreso.

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