Opositores nicarag¨¹enses perseguidos en el exilio: Costa Rica deja de ser un refugio tranquilo

Una pareja fue atacada a balazos un mediod¨ªa de enero en una zona universitaria del centro de Costa Rica y muchos pensaron que era una escena m¨¢s de sicarios y criminales del narcotr¨¢fico, pero pronto empezaron a surgir otras dudas. Las v¨ªctimas eran un conocido opositor nicarag¨¹ense llamado Joao Maldonado y su esposa, dos a?os y cuatro meses despu¨¦s de un primer atentado armado contra el activista en suelo costarricense, donde se refugi¨® despu¨¦s de la represi¨®n posterior al estallido social de 2018 en Nicaragua, como tambi¨¦n lo hicieron decenas de miles de nicarag¨¹enses.

El ataque contra Maldonado daba motivos para sospechar de razones pol¨ªticas como las que ¨¦l hab¨ªa mencionado en una entrevista en septiembre, cuando asegur¨® al diario local La Naci¨®n que en Costa Rica operan grupos orteguistas para ¡°cazar¡± a opositores, una denuncia que coincid¨ªa con informaci¨®n que en el pasado hab¨ªan admitido altos cargos de la Direcci¨®n de Inteligencia y Seguridad (DIS). Un d¨ªa despu¨¦s del atentado, el Gobierno de Rodrigo Chaves neg¨® que tenga indicios de c¨¦lulas organizadas o contratadas por el r¨¦gimen de Ortega, pero las dudas quedaron en el ambiente y dos meses despu¨¦s, con Maldonado y su pareja ya fuera del hospital, no hay explicaci¨®n alguna de las autoridades locales sobre ese ataque.

El aparente intento de matar a la pareja motiv¨® a una mayor¨ªa de diputados de Costa Rica a condenar el ataque y las escasas explicaciones de parte del Gobierno; s¨®lo se opusieron los ocho legisladores oficialistas. ¡°Esto no hace m¨¢s que tender una serie de dudas sobre los esfuerzos del gobierno para proteger a los refugiados nicarag¨¹enses en nuestro pa¨ªs¡±, dec¨ªa la moci¨®n aprobada en la Asamblea Legislativa del pa¨ªs que por d¨¦cadas ha alojado poblaci¨®n de Nicaragua y que m¨¢s activistas cr¨ªticos de Ortega recibi¨® tras la crisis del 2018.

Desde ese a?o Costa Rica ha recibido m¨¢s de 200.000 solicitudes de refugio de nicarag¨¹enses, que son parte de casi medio mill¨®n de poblaci¨®n procedente de ese pa¨ªs que vive en el pa¨ªs centroamericano (alrededor de 10% de la poblaci¨®n total), seg¨²n c¨¢lculos que incluyen residentes nacionalizados y sin documentaci¨®n. Sin embargo, en 2023 decrecieron las peticiones de refugio hasta 28.500, el 35% de lo registrado en 2022. S¨®lo se resolvieron 2.660 peticiones en el a?o (se rechaza una de cada cuatro), mientras unos 172.000 solicitantes siguen esperando respuesta. ¡°Dos familiares se iban a venir a Costa Rica en diciembre, pero yo les dije que ya no es lo mismo y que tampoco est¨¢ uno aqu¨ª a salvo¡±, dijo Uriel Mart¨ªnez, un campesino que particip¨® en las protestas en Nicaragua y ahora trabaja por horas en una finca de caf¨¦ en Costa Rica. Los n¨²meros no son esperanzadores para la comunidad que en el pasado fue recibida con brazos abiertos mientras escuchaba desde San Jos¨¦ duras cr¨ªticas al gobierno de Ortega.

Ahora el clima es otro, como mencionaron los legisladores de oposici¨®n al recordar palabras de Rodrigo Chaves en las que, a diferencia de Gobiernos costarricenses anteriores, reconoci¨® tener con Ortega ¡°una relaci¨®n sumamente cordial y constructiva¡±, como dijo en diciembre a la agencia Efe. Meses atr¨¢s hab¨ªa contestado a un periodista de CNN que prefer¨ªa no utilizar la palabra ¡°dictadura¡± para referirse al gobierno vecino, pues contest¨® que no le corresponde calificarlo.

El riesgo de la extradici¨®n

Este discurso de Chaves se suma al clima de inseguridad e incertidumbre que perciben dirigentes de la comunidad opositora nicarag¨¹ense en Costa Rica. Desde que en 2022 el mandatario costarricense endureci¨® requisitos para otorgamiento de refugio y descalific¨® los motivos pol¨ªticos para la mayor¨ªa de ellos al llamarlos ¡°migrantes econ¨®micos¡±, organizaciones de derechos humanos encendieron las alarmas, pero la preocupaci¨®n no ha parado de crecer y llegado el 2024 hay nuevos elementos: el alcance de las ¨®rdenes judiciales nicarag¨¹enses y el riesgo de las extradiciones.

Se trata de la posibilidad de que autoridades judiciales costarricenses atiendan los requerimientos de fiscales o jueces de Nicaragua como si el Poder Judicial en ese pa¨ªs no estuviera bajo las ¨®rdenes del Ejecutivo gobernado de manera autoritaria por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Ya ocurri¨® a mediados de febrero con un dirigente opositor al que las autoridades migratorias de San Jos¨¦ le hab¨ªan negado refugio o asilo pol¨ªtico, lo que facilit¨® la entrega tras conocer la alerta internacional activada por Managua, seg¨²n las organizaciones de derechos humanos.

Tambi¨¦n hay otro caso de un hombre llamado Reinaldo Picado, quien fue concejal por un partido opositor en el municipio del Caribe, a quien en agosto la Canciller¨ªa rechaz¨® la petici¨®n de asilo sin explicar razones. Tambi¨¦n tiene pendiente de respuesta una solicitud de refugio, pero pasan las semanas y no logra respuesta favorable, mientras sigue activa una solicitud de extradici¨®n.

Las organizaciones adem¨¢s subrayan el caso de Gabriel Leonidas Putoy, un profesor ind¨ªgena que fue preso pol¨ªtico en Nicaragua y logr¨® huir a Costa Rica, pero acaba de perder el empleo porque le cerraron las cuentas bancarias debido a ¨®rdenes judiciales emitidas en su pa¨ªs ¡°por el delito de obstrucci¨®n de funciones en perjuicio del Estado¡±, seg¨²n el diario La Prensa, que opera basado en San Jos¨¦ para el p¨²blico nicarag¨¹ense.

Pese al car¨¢cter judicial de esas ¨®rdenes de captura, los dirigentes desde exilio ven ah¨ª a la mano de Ortega, pues en Nicaragua rige una centralizaci¨®n de todos los poderes del Estado alrededor del presidente y la vicepresidenta Murillo, con ¡°control total¡± sobre el sistema judicial, como se?ala un informe presentado en febrero por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, adscrito a Naciones Unidas, en el que advierte sobre la persistencia de cr¨ªmenes de lesa humanidad.

En Costa Rica, el ministro de Seguridad local, Mario Zamora, dijo a EL PA?S que parte de su Gobierno ¡°la pol¨ªtica migratoria no ha cambiado en nada¡±, que todas las decisiones sobre refugios obedecen a criterios t¨¦cnicos y las extradiciones son responsabilidad del Poder Judicial. Las reglas de refugio las hab¨ªa modificado por decreto Rodrigo Chaves a finales de 2022 con la intenci¨®n de ¡°poner orden¡± y detener lo que consideraba eran ¡°abusos¡± de solicitantes de protecci¨®n, pues se?al¨® que muchos son en realidad ¡°migrantes econ¨®micos¡± y no perseguidos pol¨ªticos. Despu¨¦s, la Sala Constitucional orden¨® anular parte del decreto por violar la Carta Magna y convenios internacionales, pero ha pasado un a?o y a¨²n no hay certeza de las reglas vigentes. El ambiente es, cuando menos, incierto.

¡°La posibilidad de una extradici¨®n representa un peligro enorme porque sabemos lo sucede en las c¨¢rceles all¨¢. Las autoridades costarricenses act¨²an casi en complicidad con autoridades nicarag¨¹enses¡±, dijo a EL PA?S Ana Quir¨®s, activista de la organizaci¨®n Unidad Azul y Blanco. Ella estuvo presa antes de migrar a Costa Rica en noviembre de 2018. Tiene nacionalidad costarricense, lo que le permiti¨® no haber quedado ap¨¢trida cuando en febrero de 2023 el Gobierno de Ortega retir¨® la nacionalidad a ella y m¨¢s de 300 opositores.

¡°Cambio en la pol¨ªtica de brazos abiertos¡±

¡°En este Gobierno hay en Costa Rica un cambio en la pol¨ªtica de brazos abiertos que siempre se hab¨ªa mantenido¡±, a?ade la activista en sinton¨ªa con Luciano Garc¨ªa, refugiado en Costa Rica y director de la ONG Hagamos Democracia, ilegalizada en Nicaragua. ¡°Sentimos que poco a poco vamos quedando expuestos¡±, advierte el dirigente en referencia al riesgo de ser deportados. Apunta a la amenaza de vivir en la marginalidad por falta de regularizaci¨®n con los actuales m¨¦todos migratorios e incluso de ser alcanzados por la violencia por motivos pol¨ªticos como pudo haber ocurrido con Joao Maldonado, aunque algunos sectores de la comunidad a¨²n evitan sacar conclusiones sobre ese atentado.

¡°No sabemos la verdad ni hay nada comprobado, pero s¨ª es una duda razonable [la idea de un ataque por motivos pol¨ªticos dirigido desde Managua] y m¨¢s en un contexto como este [en Costa Rica]. donde no es dif¨ªcil contratar a un sicario¡±, a?ade Garc¨ªa en relaci¨®n con el fuerte aumento de homicidios que vive Costa Rica como parte de la lucha entre bandas narcotraficantes.

Yefer Bravo es cercano a Maldonado e integrante del grupo Unidad de Exiliados Nicarag¨¹ense en Costa Rica. Se?ala que lo ocurrido con su amigo es s¨®lo una expresi¨®n del peligro que perciben mientras las autoridades costarricenses parecen querer evadir el problema. ¡°Es decepcionante que el Estado de Costa Rica se preste para esa internacionalizaci¨®n de persecuci¨®n de opositores. Tenemos sentimientos de decepci¨®n, frustraci¨®n y a la vez indignaci¨®n¡±, coment¨®. De ah¨ª, el pedido de auxilio que han lanzado a la comunidad internacional.

En Ginebra, el empresario y ex precandidato presidencial Juan Sebasti¨¢n Chamorro report¨® la amenaza de las ¨®rdenes judiciales con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua y Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¡°La dictadura quiere expandir su represi¨®n al exterior, con ¨®rdenes de captura y solicitudes de extradici¨®n. La comunidad internacional ha tomado nota¡±, public¨® en su cuenta de X.

Este cambio en el clima de acogida en Costa Rica ha hecho que una parte de los nicarag¨¹enses decidiera mudarse a Estados Unidos, algunos recorriendo por tierra los 4.700 kil¨®metros, pero la mayor¨ªa permanece en territorio costarricense porque el retorno a Nicaragua es una osad¨ªa a la que pocos se atreven. Muchos viven con temor adicional al dolor por no poder regresar, con dificultades para acceder a empleos en un entorno laboral adverso y un costo de vida grosero en relaci¨®n con los par¨¢metros nicarag¨¹enses.

¡°No hay sensibilidad para comprender las dimensiones del descalabro en Nicaragua¡±, explica Carlos Sandoval, soci¨®logo experto en migraciones, adem¨¢s de se?alar como posibles factores una afinidad en torno a la corriente autoritarista que en distintas escalas se expande en la regi¨®n o una posible conveniencia econ¨®mica en una relaci¨®n bilateral Costa Rica-Nicaragua. Entre las sospechas de dirigentes nicarag¨¹enses est¨¢ la necesidad de acuerdos diplom¨¢ticos que repercutan en decisiones dentro del Banco Centroamericano de Integraci¨®n Econ¨®mica (BCIE), cuyos pr¨¦stamos resultan estrat¨¦gicos para ambos Gobiernos.

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