Un llamado a la comunidad internacional por Guatemala

La situaci¨®n pol¨ªtica y judicial en Guatemala ha sido motivo de preocupaci¨®n nacional e internacional debido a las amenazas al Estado de derecho y la independencia judicial. En el ¨²ltimo a?o, la elecci¨®n de Bernardo Ar¨¦valo como presidente marc¨® un hito en la pol¨ªtica guatemalteca, pero tambi¨¦n desat¨® una serie de desaf¨ªos que requieren la atenci¨®n continua de la comunidad internacional. En efecto, tras la elecci¨®n de Ar¨¦valo, surgieron intentos para anular los resultados, pese a que misiones de observaci¨®n electoral como la de la Uni¨®n Europea (UE) y la Organizaci¨®n de Estados Americanos (OEA) confirmaron la legitimidad del proceso electoral.

Guatemala est¨¢ actualmente en un proceso crucial para la elecci¨®n de jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones, un proceso que ha estado plagado de desaf¨ªos y controversias. Desde esta perspectiva, no cabe duda, como lo reportan diversos informes internacionales, la crisis del Estado de derecho en Guatemala contin¨²a siendo un enorme desaf¨ªo. Durante su reciente visita in loco, la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observ¨® c¨®mo la criminalizaci¨®n de jueces y fiscales, junto con la interferencia pol¨ªtica en el sistema judicial, ha afectado gravemente la institucionalidad democr¨¢tica del pa¨ªs.

La OEA tambi¨¦n ha mostrado preocupaci¨®n por el proceso de selecci¨®n de magistrados de las altas cortes en Guatemala. La misi¨®n de observaci¨®n de la OEA ha criticado la lentitud del proceso y ha subrayado la importancia de asegurar que la independencia judicial prevalezca sobre intereses particulares. Desde el Panel de Personas Expertas Independientes, un esfuerzo de diversas organizaciones internacionales, hemos enfatizado la necesidad de que se adopten medidas para asegurar la participaci¨®n ciudadana, la transparencia y la publicidad del proceso. Nos preocupa la influencia indebida, por parte de poderes f¨¢cticos, en el proceso de selecci¨®n, lo cual podr¨ªa comprometer a¨²n m¨¢s la independencia judicial.

El conflicto armado interno en Guatemala, que se extendi¨® desde 1960 hasta 1996, dej¨® un saldo devastador de m¨¢s de 200000 personas muertas y desaparecidas. La mayor¨ªa de las v¨ªctimas eran civiles, en su mayor¨ªa ind¨ªgenas. El 93% de las violaciones de derechos humanos documentadas durante el conflicto se atribuyen a las fuerzas del Estado y grupos paramilitares relacionados con ¨¦l. Los Acuerdos de Paz de 1996 establecieron compromisos para abordar las violaciones de derechos humanos y garantizar la justicia y la reparaci¨®n para las v¨ªctimas del conflicto armado. Sin embargo, la implementaci¨®n ha sido deficiente, y muchos de los compromisos, como las garant¨ªas de no repetici¨®n y la reforma del sistema judicial, no se han cumplido. La falta de avances en la b¨²squeda de justicia y la persistente impunidad han obstaculizado el cumplimiento de estos acuerdos, perpetuando un ciclo de violaciones de derechos humanos y debilitando la confianza en las instituciones del Estado.

Actualmente en Guatemala, m¨¢s de 100 personas, entre jueces, fiscales, activistas y periodistas, han sido criminalizados y perseguidos por el Ministerio P¨²blico y los tribunales de justicia. Se estima que al menos 43 fiscales, jueces, defensores de derechos humanos y periodistas se han visto forzados a huir del pa¨ªs debido a la persecuci¨®n judicial y amenazas. Esta situaci¨®n refleja un patr¨®n sistem¨¢tico de criminalizaci¨®n que busca asegurar la impunidad en el pa¨ªs, afectando gravemente la independencia judicial y el Estado de derecho. En efecto, la criminalizaci¨®n y persecuci¨®n de jueces, fiscales y defensores de derechos humanos es una t¨¢ctica com¨²n para intimidar y silenciar a aquellos que investigan casos de corrupci¨®n y violaciones de derechos humanos.

La corrupci¨®n dentro del sistema judicial es otro factor que contribuye a la falta de independencia. Los jueces y fiscales honestos son a menudo desplazados o exiliados, mientras que aquellos dispuestos a colaborar con actores corruptos son promovidos. Esto resulta en un sistema de justicia distorsionado, donde la ley se utiliza como herramienta para mantener el poder y la impunidad.

La situaci¨®n en Guatemala es un recordatorio de la fragilidad de la democracia y el Estado de derecho en la regi¨®n. La comunidad internacional debe permanecer alerta y comprometida con el apoyo a Guatemala en su camino hacia la consolidaci¨®n democr¨¢tica. La vigilancia continua y el apoyo decidido son esenciales para garantizar que el pueblo guatemalteco pueda disfrutar de un futuro basado en la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

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