Sentenciado a 18 a?os de c¨¢rcel un alto mando de la Marina peruana por el asesinato de 70 personas en la guerra sucia contra el terrorismo

Ten¨ªa 22 a?os, un hijo y un carn¨¦ de periodista que no impidi¨® su muerte. La ¨²ltima vez que Jaime Boris Ayala Sulca fue visto con vida, antes de cruzar el port¨®n del estadio municipal de Huanta, el ¨ªmpetu en sus ojos pod¨ªa distinguirse a leguas. Durante la madrugada, unos hombres hab¨ªan irrumpido en la casa de su madre para amenazarla con una pistola y, adem¨¢s, le hab¨ªan fracturado el tabique a su hermano de unas cuantas patadas. Ayala Sulca ten¨ªa la sospecha de que hab¨ªan sido polic¨ªas y, como en la comisar¨ªa se hab¨ªan negado a aceptar su denuncia, se dirigi¨® a la base de la Marina, apostada en el estadio, a pedir explicaciones. Fue la ma?ana del 2 de agosto de 1984 en las alturas de Ayacucho. La ciudad estaba tomada por las Fuerzas Armadas en respuesta a la subversi¨®n. Han pasado cuarenta a?os y el corresponsal del diario La Rep¨²blica y conductor de un programa en Radio Huanta 2000 todav¨ªa no aparece.

Apenas la noche anterior, una patrulla de infanter¨ªa de la Marina hab¨ªa ingresado con violencia a un templo de la Iglesia Presbiteriana, en medio de un culto, en la comunidad de Callqui, tambi¨¦n ubicada en la provincia de Huanta. Sacaron a la fuerza a seis feligreses y los condujeron al patio. Despu¨¦s de preguntarles si eran terroristas, los acuchillaron, les dispararon y los dinamitaron. Dos de ellos eran menores de edad. Poco despu¨¦s, entre el 9 y 13 de agosto de 1984, se produjo la desaparici¨®n de 42 personas en la comunidad de Culluchaca, un anexo de Huanta. El 22 de ese mismo mes se descubrieron cuatro fosas en la zona de Pucayacu, en la regi¨®n colindante de Huancavelica, con medio centenar de cad¨¢veres. Su avanzado estado de descomposici¨®n no escondi¨® los signos de tortura: manos atadas, lesiones por cuchillo y orificios en la cabeza.

Esta breve cronolog¨ªa del horror prueba el contexto de violencia que se viv¨ªa en Ayacucho, donde la poblaci¨®n, dedicada a la agricultura y el ganado en su mayor¨ªa, viv¨ªa entre dos fuegos: el terrorismo y las Fuerzas Armadas. Seg¨²n la Comisi¨®n de la Verdad y Reconciliaci¨®n, solo en Huanta se produjeron el 22.16% de los asesinatos y el 18.52% de las desapariciones de toda la regi¨®n. Este lunes, despu¨¦s de 40 a?os de espera y una larga batalla en los tribunales, uno de los grandes responsables de aquellos cr¨ªmenes ha sido sentenciado a 18 a?os de prisi¨®n. Se trata de un alto mando de la Marina, Alberto Rivera Valdeavellano, exjefe pol¨ªtico militar del ¨¢rea de seguridad nacional de Huanta.

A Rivera se le atribuye la autor¨ªa mediata de estas graves violaciones a los derechos humanos. En este fallo de ribetes hist¨®ricos, la sala le impuso una inhabilitaci¨®n de cinco a?os y una reparaci¨®n civil de 100 mil soles (26.700 d¨®lares) para los familiares de cada una de las v¨ªctimas. Tambi¨¦n se se?al¨® que el Estado peruano les debe unas disculpas p¨²blicas, pues se demostr¨® que las ¡°v¨ªctimas no ten¨ªan ninguna vinculaci¨®n con elementos terroristas. M¨¢s bien, eran humildes campesinos a los cuales les recortaron sus derechos y sus proyectos de vida¡±, se ley¨® durante la sentencia.

Otro de los imputados en estas masacres es el exmarino Augusto Gabilondo Garc¨ªa del Barco, quien por aquellos a?os asumi¨® la jefatura de la Base Contrasubversiva de Huanta. En su caso, los magistrados declararon en reserva el fallo, y emitieron una orden de captura a nivel nacional e internacional debido a que se encuentra en Espa?a. Garc¨ªa del Barco, cuyo apelativo de guerra era ¡®Barrab¨¢s¡¯, huy¨® del Per¨² y fue capturado en 2022 en Fuengirola, un balneario en M¨¢laga, pero fue liberado sin fianza. ?l, adem¨¢s, est¨¢ implicado en la desaparici¨®n de Benito Balde¨®n, un trabajador de la Oficina de Reclutamiento del Ej¨¦rcito que, al igual que el periodista Jaime Ayala Sulca, est¨¢ no habido desde el 2 de agosto de 1984.

Augusto Gabilondo Garc¨ªa del Barco es el primer militar que ha solicitado la aplicaci¨®n de la Ley N¡ã 32107, conocida como la ley de impunidad, promulgada por el Congreso en agosto pasado que exime de todo proceso judicial a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o cr¨ªmenes de guerra antes de julio de 2002, cuando entr¨® en vigencia en Per¨² el Estatuto de Roma. Los jueces, sin embargo, desestimaron su pedido y decidieron inaplicar la ley por el control de la convencionalidad y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Originalmente entre los acusados tambi¨¦n se encontraba Adri¨¢n Huam¨¢n Centeno, exjefe del comando pol¨ªtico militar de Ayacucho, pero muri¨® y el juicio continu¨® con los otros imputados. Un protagonista principal de estas torturas tambi¨¦n fue el capit¨¢n de coberta ?lvaro Artaza Adrianz¨¦n, conocido como ¡®comandante Cami¨®n¡¯. En febrero de 1986, a dos a?os de los cr¨ªmenes, la Corte Suprema de Justicia resolvi¨® que aquellos casos pasaran al fuero com¨²n. Y fue justo por esos d¨ªas que el ¡®comandante Cami¨®n¡¯ fue presuntamente secuestrado cerca a un restaurante en Lima. Tres a?os despu¨¦s fue declarado muerto, aunque su desaparici¨®n nunca dej¨® de despertar suspicacias.

El hist¨®rico fallo sucedi¨® en la v¨ªspera del D¨ªa del periodista peruano. A prop¨®sito de ello, la Asociaci¨®n Nacional de Periodistas del Per¨² ha se?alado que la ¡°sentencia es un paso firme en la lucha contra la impunidad, pero para que exista justicia plena es urgente hallar los restos del periodista (Jaime Ayala Sulca)¡±. Por otra parte, la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos (Aprodeh) remarc¨® que se mostrar¨¢ vigilante para que la condena sea confirmada por la Corte Suprema, tambi¨¦n para que se ¡°cumplan las reparaciones integrales¡± y, finalmente, para que se ¡°logre la extradici¨®n de Augusto Gabilondo Garc¨ªa del Barco¡±.