Las mafias del transporte en el Per¨²: asesinatos, extorsiones y v¨ªnculos con el Congreso
La huelga de transportistas que ha puesto a tambalear al gobierno de Dina Boluarte es la m¨¢xima expresi¨®n de c¨®mo el sicariato ha arrinconado al Estado
A inicios de esta semana, en los exteriores de la Morgue Central de Lima, un t¨¦cnico especializado en necropsias, vestido con un mameluco, un gorro quir¨²rgico y una mascarilla, cogi¨® un micr¨®fono y dio un sentido an¨¢lisis de la realidad, dirigi¨¦ndose a la presidenta Dina Boluarte. Con la voz firme se?al¨® que la principal morgue del pa¨ªs ha colapsado, porque a diario reciben decenas de cad¨¢veres por bala, y los empleados no se dan abasto. ¡°Lima se ha convertido en una ciudad muy insegura para todos. Lo que vemos en la prensa, en las noticias, en las redes sociales es solamente la punta del iceberg, porque la realidad es mucho m¨¢s fuerte. [...] Pero para la se?ora Dina Boluarte todo est¨¢ bien, no hay ning¨²n problema¡±, explic¨® sin titubear, en medio de una huelga de trabajadores del Ministerio P¨²blico.
Con 1.493 asesinatos hasta el 10 de octubre, el 2024 se encamina a ser el a?o con m¨¢s homicidios de la ¨²ltima d¨¦cada en el Per¨², seg¨²n estimaciones del Sistema de Informaci¨®n de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud. La ola de atentados en contra de las empresas del transporte solo ha puesto los reflectores sobre los peligros que amenazan a los peruanos a diario. Hasta el mes pasado se reportaron 13.372 denuncias por extorsi¨®n y entre el 2021 y el 2023 la cifra se quintuplic¨®: de 4.510 a 22.162, de acuerdo al Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
En las ¨²ltimas cuatro semanas se han producido dos paros, impulsados por los gremios del transporte, que han puesto al Ejecutivo contra las cuerdas. El segundo fue m¨¢s significativo debido a que despert¨® la indignaci¨®n de otras v¨ªctimas de los cobros de cupos como los comerciantes textiles; los minoristas y mayoristas de abarrotes, verduras y carnes; los repartidores por aplicativos, entre otros. La respuesta del Gobierno ha sido declarar en estado de emergencia por 60 d¨ªas a catorce distritos de Lima y la provincia constitucional del Callao, pero el aumento de agentes y militares en las esquinas no ha escarmentado a las mafias. Se han contabilizado m¨¢s de veinte cr¨ªmenes desde la declaratoria. El m¨¢s reciente fue un suboficial de tercera, quien recibi¨® una r¨¢faga de balas mientras hac¨ªa labores de inteligencia en el sector de Barrios Altos, en Cercado de Lima. Ni la Polic¨ªa est¨¢ a salvo.
¡°Las extorsiones en Lima no son un fen¨®meno nuevo, lo que es una novedad es c¨®mo se ha generalizado. Nos impacta ver c¨®mo matan a un profesor enfrente de sus alumnos en un distrito que est¨¢ a media hora de nuestra casa. Pero esto pasa desde hace varios a?os en las ciudades del norte, solo que como no pasaba en Lima no era noticioso¡±, dice Julio Corcuera, gerente general de la Asociaci¨®n de Seguridad Privada del Per¨². En 2017, junto al investigador Wilson Hern¨¢ndez, se adentraron en las mafias de la ciudad costera de Trujillo, en la regi¨®n La Libertad, y lograron entrevistar a nueve miembros de organizaciones dedicadas a la extorsi¨®n y al sicariato. Su art¨ªculo forma parte de La muerte es un negocio, libro que retrata la violencia criminal en Am¨¦rica Latina. Y la pol¨ªtica tampoco es ajena a estas mafias: tienen v¨ªnculos en el Congreso, donde tienen congresistas comprados para que no avancen leyes que impulsen una reforma.
Concluyeron que este fen¨®meno ha adquirido una din¨¢mica cada vez m¨¢s sofisticada, que cada quien cumple un rol definido ¡ªdesde quien identifica a la v¨ªctima, deja un arreglo floral o un sobre con balas en su casa, hasta quien aprieta el gatillo¡ª, y que, aunque puede haber cierto remordimiento en algunas ocasiones, al fin y al cabo es su trabajo y deben cumplirlo de la mejor manera. Adem¨¢s, descubrieron que cuatro de sus nueve entrevistados hab¨ªan pasado por la universidad. ¡°La realidad es m¨¢s compleja de lo que uno piensa¡±, subraya Corcuera.
Uno de los patrones que, desde su punto de vista, Lima ha replicado de las organizaciones delictivas de Trujillo es el uso de stickers para dejar dicho que ese negocio o aquel autob¨²s est¨¢ ¡°protegido¡± por tal o cual banda. ¡°Nace un negocio retorcido de la seguridad. T¨² me pagas un cupo para que yo no te robe y proteja que tu restaurante o tu l¨ªnea de bus no sea robado por nadie m¨¢s y pueda transitar tranquilo. Funciona como un seguro¡±, explica Corcuera. Un reportaje del diario El Comercio revel¨® que en Lima un solo taxi colectivo ¡ªun servicio de transporte informal al que recurre la gente por el p¨¦simo servicio del transporte p¨²blico¡ª puede lucir hasta cuatro stickers. Cada sticker representa una ruta distinta. Esa figurita, que va pegada en la parte trasera y puede ser una calavera, el escudo del Per¨² o el logo de la pel¨ªcula Transformers, les asegura que sean ¡°socorridos¡± por sujetos que evitar¨¢n que sean detenidos por los inspectores y sus veh¨ªculos sean llevados al dep¨®sito en caso cometan una infracci¨®n grave.
Seg¨²n la ONG Luz Ambar se calcula que en Lima se produce un promedio de 20 millones de viajes al d¨ªa, de los cuales las empresas del transporte tradicional cubren 18 millones. El grueso de la poblaci¨®n se moviliza en buses, custers (unidades medianas) y combis (unidades peque?as) que pertenecen a 365 empresas. El detalle, indica Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ambar, es que dichas empresas no tienen un poder real, porque las unidades de transporte no son de su propiedad, sino que las alquilan para dar el servicio. Esa informalidad, que data desde finales de los a?os noventa, es una de las razones que explica c¨®mo el transporte se ha convertido en el bot¨ªn de los extorsionadores.
¡°La delincuencia ha identificado el absoluto desorden en que se encuentran estas empresas y lo vulnerables que son a la extorsi¨®n. A diferencia de otros medios de transporte como el Metro de Lima o el Metropolitano, los cobradores tienen dinero en efectivo en todo momento y al final de la jornada deben pagar el alquiler de la ruta. Eso los hace presa f¨¢cil¡±, explica Luis Quispe Candia. En los atentados de los ¨²ltimos meses, los sicarios se camuflaron como pasajeros o incluso se hicieron pasar por cobradores para atacar a sus v¨ªctimas. Otros simplemente se apostaron en un paradero concreto y esperaron el menor descuido para descargarles el rev¨®lver. Los llamados jaladores, aquellos que le consiguen pasajeros a los taxis colectivos, o los dateros, quienes controlan las rutas, tambi¨¦n han sido reclutados y forman parte de la cadena delictiva.
El abogado David Mujica, vocero de un sector de los gremios de transporte p¨²blico de Lima y Callao, sostiene que por lo menos el 40% del transporte urbano es extorsionado. Los cupos van desde los dos d¨®lares diarios por chofer hasta 13 mil d¨®lares mensuales por empresa. Diversos colectivos remarcan que una de las grandes deudas del Estado peruano es la implementaci¨®n de un sistema integrado de transporte que reduzca la informalidad generalizada, aleje a los criminales, y ofrezca un ¨®ptimo servicio en una ciudad como Lima, con m¨¢s de diez millones de habitantes que pierden alrededor de 283 horas al a?o a causa de la congesti¨®n vehicular. Aunque los gremios est¨¢n divididos, se prev¨¦ un tercer paro de transportistas en las pr¨®ximas semanas. No desmayar¨¢n en la derogatoria de la ley de crimen organizado. Movilizarse en Lima ya no solo es un suplicio, sino tambi¨¦n una amenaza en cada esquina.
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