Los transportistas y los comerciantes se echan a la calle en Per¨² para acabar con la ola de extorsiones

Lima amaneci¨® este jueves con 14.000 polic¨ªas y militares apostados en las principales arterias de la ciudad para controlar el primero de los tres d¨ªas de huelga anunciado por el gremio de transportistas. Se trata de la segunda gran medida de fuerza del sector tras un paro a fines de septiembre por una ola de atentados y extorsiones que padecen desde hace meses. Si bien en esta ocasi¨®n las empresas formales de transporte informaron que no parar¨ªan sus actividades, lo cierto es que las calles de Lima y Callao han carecido notoriamente de buses y miles de ciudadanos han tenido serias dificultades para asistir a sus trabajos. Una de las razones es que se trata de un sector altamente informal, donde el 86.82% (19.237 veh¨ªculos) son propiedad de terceros y no de empresas autorizadas, ha revelado el diario El Comercio.

Las clases en los colegios p¨²blicos y privados se suspendieron, al igual que en las universidades, aunque m¨¢s de una opt¨® por la c¨¢tedra virtual. El Seguro Social de Salud se vio obligado a reprogramar las citas m¨¦dicas. ¡°Estamos en condiciones de informar que toda la ciudad de Lima est¨¢ en calma, no ha habido ning¨²n acto de vandalismo, ni en contra del patrimonio. Las unidades que salieron a trabajar lo hicieron de manera tranquila¡±, dijo durante la ma?ana el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianz¨¦n, en un intento por minimizar el asunto.

No obstante, en varios puntos de Lima se reportaron quema de llantas, as¨ª como incidentes donde los huelguistas impidieron el paso de custers (peque?as combis) y autobuses y los obligaron a bajarse. Producto de ello, los agentes del orden detuvieron a 13 personas hasta las primeras horas de la tarde. Aunque la Marina de Guerra habilit¨® buses para menguar el impacto, la medida no acab¨® con las aglomeraciones de personas ni los contratiempos. Yerbateros, uno de los principales terminales interprovinciales permaneci¨® cerrado.

Ante la ola extorsiva que ha acabado con la vida de una veintena de choferes y cobradores, los principales gremios de comerciantes se plegaron al paro. Gamarra, un emporio textil donde laboran 80.000 personas, fren¨® sus actividades. Tambi¨¦n mercados de diversa ¨ªndole, desde abarrotes hasta textiles, se sumaron a la medida de fuerza como Unicachi, Polvos Azules o Las Malvinas. Es cierto que algunos tambi¨¦n lo hicieron por temor a los desmanes o represalias. ¡°Invoco a los comerciantes de los mercados que decidieron no abrir el d¨ªa de hoy por temor a que pueda haber un tipo de desorden ciudadano que afecte sus negocios, la ciudad est¨¢ totalmente segura. Los peque?os incidentes que hubo ya se resolvieron¡±, dijo el ministro de Transporte, Ra¨²l P¨¦rez Reyes, para persuadirlos.

Miles de personas marchan hacia el Congreso, ubicado en el Centro de Lima, para exigir la derogaci¨®n de la nueva ley de crimen organizado que excluye a la extorsi¨®n y, adem¨¢s, repercute en los allanamientos fiscales, pues exige que ahora el imputado y su abogado est¨¦n presentes antes de ingresar a un inmueble. La semana pasada la Junta de Portavoces del Congreso se neg¨® a debatir su derogaci¨®n. El Gobierno de Dina Boluarte, por su parte, ha presentado un proyecto de ley que incorpora el delito de ¡°terrorismo urbano¡± en el C¨®digo Penal y establece una sanci¨®n de no menos de 25 a?os de c¨¢rcel y no m¨¢s de 35 a quienes generen zozobra en la poblaci¨®n a trav¨¦s de los delitos de extorsi¨®n y sicariato. Para la oposici¨®n y diversos analistas en realidad es una medida de doble filo que busca criminalizar cualquier movilizaci¨®n ciudadana.

No se trata de la ¨²nica movida de la presidenta Boluarte que ha despertado el rechazo de un grueso de la poblaci¨®n. En la antesala al paro de transportistas, la sucesora de Pedro Castillo firm¨® la norma que le traslada la facultad de dirigir las investigaciones preliminares de los delitos a la Polic¨ªa y ya no al Ministerio P¨²blico. ¡°Al gobierno de Dina Boluarte tampoco le interesa defender la legalidad, una perfecta t¨ªtere que responde obediente a sus bancadas oficialistas¡±, ha se?alado la congresista Ruth Luque, del Bloque Democr¨¢tico Popular.

A ello se suma una reciente declaraci¨®n de la mandataria, durante la conmemoraci¨®n del Combate de Angamos, donde para defenderse de su baja aprobaci¨®n ha dejado entrever que podr¨ªa criminalizar la labor de la prensa. ¡°Tenemos que luchar contra un nuevo mal, una nueva amenaza en el mundo. La guerra de las mentiras, las fake news, las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen. Un viejo m¨¦todo que aplicaron los totalitarios¡±.

Para el ojo p¨²blico, el Estado de Emergencia durante 60 d¨ªas en trece distritos de Lima y uno del Callao, dictado por el Ejecutivo, no ha sido una soluci¨®n. Los atentados han continuado. Veinticinco buses amanecieron calcinados en un almac¨¦n solo al d¨ªa siguiente de la declaratoria. El ¨²ltimo lunes un sicario se hizo pasar por un pasajero, en el Callao, y acribill¨® al chofer y a otras personas que estaban en la combi, matando a cuatro personas. Hace poco, en Villa El Salvador, el due?o de una Botica muri¨® por no pagar cupo. Su viuda Maritza Vel¨¢squez, le reclam¨® airadamente a Boluarte: ¡°Si nuestra presidente misma dice ¡®el que delinque es porque no tiene ingresos fijos¡¯, entonces c¨®mo yo puedo pedir justicia para la muerte de mi esposo que me lo arrebataron¡±.