Guatemala pide 2.860 a?os de prisi¨®n para un ex alto cargo militar por genocidio contra el pueblo Ixil

Juan Velasco carga sobre sus espaldas la historia de terror que sufri¨® su familia en Guatemala. Este hombre de 31 a?os es hijo y nieto de v¨ªctimas de operativos militares que pretend¨ªan eliminar al pueblo Ixil, una de las etnias mayas del altiplano guatemalteco. Su abuelo materno, Juan Raymundo, fue desaparecido en 1983 en una ¡°intervenci¨®n selectiva¡± del Ej¨¦rcito en el poblado de Nebaj, a 254 kil¨®metros de Ciudad de Guatemala, en medio de un conflicto armado que dej¨® 200.000 muertos y graves cr¨ªmenes contra los derechos humanos durante la dictadura militar de Romeo Lucas Garc¨ªa (1978-1982). La justicia guatemalteca juzga por los hechos de Ixil a Manuel Benedicto Lucas Garc¨ªa, exjefe del Estado Mayor General del Ej¨¦rcito, quien es acusado de genocidio, desaparici¨®n forzada y delitos contra la humanidad. La Fiscal¨ªa ha pedido, tras m¨¢s de noventa audiencias y de presentar m¨¢s de mil pruebas, 2.860 a?os de prisi¨®n para el exmilitar. Se espera que una sentencia se dicte esta semana, lo que Velasco considera un acto de justicia sobre los verdugos de su poblaci¨®n. ¡°Es devolverle al pueblo la esperanza y la confianza en el Estado¡±, afirma.

Velasco creci¨® escuchando aquellas historias terribles de persecuci¨®n que sufri¨® su familia. Narra por entrevista telef¨®nica desde Chajul, un poblado en el occidente del pa¨ªs centroamericano, que las heridas siguen abiertas. ¡°Mis padres nos cuentan que ese tiempo fue muy duro. A veces, cuando estamos alrededor del fuego, nos dicen que toda su juventud se perdi¨®¡±, expresa. ¡°Pero aseguran que sobrevivieron para buscar justicia¡±, agrega. Velasco cuenta que el Ej¨¦rcito desapareci¨® a su abuelo en 1983 en Nebaj, que forma parte de la comunidad Ixil, cuando las tropas militares irrumpieron en el poblado. Sus familiares y varios vecinos huyeron hacia las monta?as aleda?as porque sab¨ªan, por lo que hab¨ªan escuchado en otras poblaciones, que los militares ser¨ªan despiadados. ¡°Cuando mi abuelo intent¨® regresar al pueblo para saber si todav¨ªa quedaba en pie su casa, en el camino se encontr¨® con el Ej¨¦rcito y lo desaparecieron¡±, afirma.

Un informe del organismo Impunity Watch, que ha acompa?ado a la v¨ªctimas, informa de que lo ocurrido en Ixil abarca dos fases relacionadas con la estrategia de persecuci¨®n del Ej¨¦rcito contra las comunidades mayas. Los militares actuaron de forma ¡°selectiva¡± contra estas poblaciones entre 1978 y 1981, en lo que se ha conocido como fase de ¡°prevenci¨®n¡±, cuando se combati¨® a estos poblados bajo la excusa de erradicar a las guerrillas insurgentes que pretend¨ªan acabar la dictadura militar y, seg¨²n el informe, ¡°se cometieron cr¨ªmenes de lesa humanidad¡±.

La segunda fase se denomin¨® de ¡°intervenci¨®n¡± y la realizaron los militares de enero a marzo de 1982, ¡°cuando se generaliz¨® la represi¨®n y se perpetr¨® el genocidio¡±. En ambas fases, recoge el documento, ocurrieron desapariciones forzadas de l¨ªderes comunitarios y hechos de violencia sexual contra mujeres. ¡°El genocidio inici¨® durante los ¨²ltimos meses de la dictadura de Romeo Lucas y continu¨® durante la dictadura de R¨ªos Montt (1982-1983)¡±, apunta el informe. Durante el Gobierno de Romeo Lucas se produjo el incendio a la embajada de Espa?a, en el que murieron 37 personas, incluidos todos los miembros de la sede diplom¨¢tica, excepto el embajador, M¨¢ximo Cajal, que logr¨® escapar. La mayor parte de las muertes fueron causadas despu¨¦s de la explosi¨®n de un c¨®ctel molotov y por los disparos de la polic¨ªa guatemalteca.

El dictador R¨ªos Montt fue condenado en 2013 a 50 a?os de c¨¢rcel por genocidio y a otros 30 por cr¨ªmenes de guerra perpetrados por el Ej¨¦rcito en contra del grupo ¨¦tnico ixil entre 1982 y 1983. Sin embargo, d¨ªas despu¨¦s, el Tribunal Constitucional decidi¨® anular la sentencia del juicio. Los magistrados aceptaron, en una decisi¨®n dividida, los recursos que hab¨ªa presentado la defensa del dictador por supuestas irregularidades. R¨ªos Montt falleci¨® en 2018 en la impunidad. ¡°Ha sido muy dif¨ªcil pasar por todo esto¡±, afirma Juan Velasco. ¡°La gente va al cementerio a visitar a sus familiares y uno no puede, porque no sabemos d¨®nde est¨¢ mi abuelo. Cuesta mucho, porque uno sabe si realmente est¨¢ muerto. La intenci¨®n de los militares era desaparecer al pueblo y que se condene a este militar en concreto es creer que es posible lograr justicia¡±, afirma.

Velasco, educador de profesi¨®n, ha trabajado desde 2017 acompa?ando a los testigos en el proceso contra Manuel Benedicto Lucas Garc¨ªa. Ha buscado durante a?os a las v¨ªctimas, las ha convencido de que testifiquen, ha ayudado a encontrar testigos, ha servido de traductor del ixil al espa?ol y hasta ha dado acompa?amiento psicosocial. Cuenta que en muchos casos ha sido dif¨ªcil persuadir a los supervivientes para que den su testimonio, porque muchos no tienen confianza en la justicia ni el Estado guatemalteco, o solo quieren dejar en el pasado hechos brutales de violaciones a los derechos humanos. La Fiscal¨ªa ha presentado durante el juicio 71 testimonios, de los que 11 han sido de mujeres sobrevivientes de violencia sexual. Tambi¨¦n ofrecieron 55 peritajes, incluidas excavaciones en fosas clandestinas, 42 de antropolog¨ªa forense y 13 de otras disciplinas, adem¨¢s de decenas de documentos y pruebas materiales.

Masacres y violaciones

Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, organizaci¨®n que ha realizado una labor tit¨¢nica para rescatar la memoria hist¨®rica de ese pa¨ªs, explica que hay grupos de poder que han intentado obstaculizar el proceso para mantener la impunidad sobre estos cr¨ªmenes. La corrupci¨®n es un c¨¢ncer que carcome el sistema judicial guatemalteco, a pesar de los esfuerzos del presidente Bernardo Ar¨¦valo de impulsar reformas. Funcionarios como la fiscal general Consuelo Porras operan en la sombra para mantener en pie lo que en ese pa¨ªs se conoce como ¡°pacto de corruptos¡±, una trama pol¨ªtica, judicial y empresarial que aceler¨® una deriva antidemocr¨¢tica durante la Administraci¨®n del entonces presidente Alejandro Giammattei.

Rodenas, sin embargo, conf¨ªa en que haya justicia en este caso. ¡°El Tribunal de Sentencia ha venido jugando un papel muy importante y nosotros podemos calificarlo como bastante objetivo e imparcial. Es decir, que a pesar de las cr¨ªticas que se han hecho al sistema judicial de Guatemala, principalmente en el tema de la fiscal¨ªas, tenemos confianza en que pueda haber una resoluci¨®n favorable para las v¨ªctimas¡±, afirma Rodenas por entrevista telef¨®nica desde Washington, donde est¨¢ estos d¨ªas como parte de su trabajo.

Para estas organizaciones de derechos humanos ese es su principal objetivo: que se condene a los perpetradores de terribles violaciones. El informe de Impunity Watch recoge historias como la de Baltazar Chival¨¢n Lux, quien relat¨® que el 28 de febrero de 1981 el Ej¨¦rcito guatemalteco lleg¨® a la comunidad de Xe¡¯sontzaa, en Nebaj, para asesinar a mansalva: ¡°Cuando su familia y ¨¦l comenzaron a escuchar disparos, decidieron huir. A los tres d¨ªas regresaron a la aldea y encontraron a muchas personas asesinadas y las casas quemadas. En la iglesia hab¨ªa un mensaje que dec¨ªa ¡°matamos a 118 guerrilleros¡±.

Tambi¨¦n est¨¢n los testimonios de mujeres v¨ªctimas de violaci¨®n. Una de ellas cont¨® durante el juicio que logr¨® escapar de su pueblo junto a una ni?a, atravesaron un r¨ªo y pasaron la noche escondidas en la selva. ¡°Al d¨ªa siguiente, ambas continuaron huyendo, pero se encontraron con soldados, quienes al verlas las interrogaron, las amarraron y comenzaron a violar a la ni?a. Mientras tanto, los soldados le dec¨ªan a ella que ¡°ya le tocar¨ªa¡±, y as¨ª fue, porque despu¨¦s la violaron¡±, cont¨®, seg¨²n recoge Impunity Watch. La mujer qued¨® inconsciente: ¡°Hasta el d¨ªa en que muera, esos recuerdos se ir¨¢n conmigo¡±, relat¨® en el informe. Otra de las sobrevivientes de violencia sexual declar¨® que los soldados rodearon su hogar y ella logr¨® huir, pero ¡°me agarraron, me empujaron, me desnudaron; me da pena decirlo, pero me violaron. No s¨¦ cu¨¢ntos fueron, pero me dejaron tirada. No ten¨ªa fuerza para levantarme. A mi hijo lo dejaron tirado en el monte¡±.

El defensor de derechos humanos Rodenas considera que estos testimonios y las pruebas aportadas son lo suficientemente fuertes para que la justicia condene al exjefe militar. ¡°Se ha probado la responsabilidad del general Benedicto Lucas Garc¨ªa. Con todos los testimonios y todos los peritajes hay suficientes medios de convicci¨®n como para que exista una condena¡±, afirma. ¡°Es un caso emblem¨¢tico que sienta un precedente en virtud de la crueldad que se cometi¨® contra muchas poblaciones ajenas totalmente a un conflicto armado interno¡±, explica.

Para ¨¦l, ¡°este proceso ha revelado la forma como el Estado de Guatemala actu¨® durante la guerra, porque se ha logrado demostrar las graves violaciones a derechos humanos contra la poblaci¨®n civil. Tambi¨¦n es un precedente porque es muy dif¨ªcil poder conseguir sentencias condenatorias contra aquellos altos mandos militares que a¨²n siguen gozando de cierta protecci¨®n de determinados sectores que tuvieron alg¨²n tipo de participaci¨®n directamente en el conflicto interno¡±, explica. Juan Velasco, el hijo y nieto de v¨ªctimas del conflicto, espera que la justicia no les falle a quienes sufrieron aquellos atropellos. ¡°Que se condene a este militar es una forma de afirmar a la gente que s¨ª es posible la justicia, que lo que est¨¢n diciendo es verdad. Ser¨ªa muy duro que le negaran ese derecho a la verdad. Yo he visto como rompen a llorar cuando cuentan sus historias en los tribunales. Una condena les devolver¨ªa la esperanza¡±, afirma.