La Suprema de Honduras confirma las sentencias contra los asesinos de la activista Berta C¨¢ceres

La Corte Suprema de Honduras ha decidido este martes confirmar la sentencia contra siete de las personas condenadas por el asesinato en marzo de 2016 de la activista Berta C¨¢ceres y el intento de asesinato de uno de sus compa?eros, Gustavo Castro. La condena ha sido ratificada contra David Castillo, se?alado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato; los exmilitares Henry Hern¨¢ndez y Douglas Bustillo, el mayor del Ej¨¦rcito de Honduras Mariano D¨ªaz y otros tres involucrados en el hecho que estremeci¨® al pa¨ªs centroamericano. El m¨¢ximo tribunal, sin embargo, ha decidido modificar las agravantes contra Castillo, a quien C¨¢ceres hab¨ªa denunciado p¨²blicamente por amenazas de muerte, lo que podr¨ªa implicar una reducci¨®n de su condena, seg¨²n organizaciones defensoras de derechos humanos.

La decisi¨®n de la Corte es un alivio para quienes durante a?os han presionado para que se imponga la justicia en este caso y contra la impunidad, en uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos para los defensores del medio ambiente. ¡°Estamos muy alegres de por fin comunicar esto¡±, ha dicho una de las integrantes del Consejo C¨ªvico de Organizaciones Populares e Ind¨ªgenas de Honduras (COPINH), organismo que no ha cejado en denunciar no solo la trama que termin¨® con el asesinato de la activista, sino la influencia de poderosos sectores econ¨®micos interesados en que este caso quede impune. La Sala de lo Penal de la Suprema declar¨® ¡°por unanimidad de votos¡± no aceptar el recurso de casaci¨®n que interpuso ante la justicia la defensa de David Castillo, quien fue condenado a 22 a?os y seis meses de c¨¢rcel por el delito. La Corte, adem¨¢s, ha declarado ¡°firme y ejecutable la sentencia¡± contra los otros involucrados.

Un tribunal hondure?o conden¨® en noviembre de 2018 a siete personas relacionadas con el asesinato de C¨¢ceres. Entre los condenados est¨¢n los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, los exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energ¨¦ticos S.A. (DESA), que construir¨ªa la presa hidroel¨¦ctrica a la que la ecologista se opon¨ªa. Castillo fue condenado en 2021 tras ser se?alado como uno de los autores intelectuales del asesinato. La Fiscal¨ªa afirm¨® en su acusaci¨®n que el entonces presidente ejecutivo de DESA pidi¨® al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudi¨® a un viejo amigo del Ej¨¦rcito, el mayor Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pag¨® hasta 2.200 d¨®lares para cometer el crimen.

A pesar de la ratificaci¨®n de la sentencia, las organizaciones de derechos humanos de Honduras temen que la modificaci¨®n de las agravantes contra Castillo pueda reducir la condena en su contra. Berta Z¨²?iga, hija de la ambientalista asesinada, dijo el martes que espera analizar la sentencia a fondo, porque a pesar de haber estado en la sede de la Corte no le fue entregado el documento hasta que, le dijeron, sean notificadas todas las partes involucradas en el proceso.

Una de las decisiones que preocupan a los activistas es la de haber enviado el caso de Sergio Rodr¨ªguez, otro de los implicados del crimen, al pleno de la Corte Suprema debido a una supuesta falta de unanimidad entre los jueces sobre la ratificaci¨®n de su condena. Rodr¨ªguez, gerente de comunicaciones de DESA, confes¨® durante el juicio que el ¡°problema Berta C¨¢ceres¡± era discutido a nivel de la junta directiva de la empresa. La Sala de lo Penal ¡°recalific¨®¡± el delito de Rodr¨ªguez de asesinato consumado a c¨®mplice de asesinato, ¡°por lo que, debido a esta decisi¨®n mayoritaria, a la brevedad posible el expediente junto con sus antecedentes ser¨¢n remitidos a la Suprema Corte para que la causa sea conocida por el pleno de magistrados de ese ente superior¡±, establece la sentencia.

Los integrantes de COPINH han emitido un comunicado en el que expresan su preocupaci¨®n por esta decisi¨®n, que, dicen, ¡°confirma una vez m¨¢s la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta C¨¢ceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala [accionistas mayoritarios de la empresa DESA] contin¨²an en la impunidad¡±. Para estos activistas, la decisi¨®n de los magistrados es ¡°producto de las presiones indebidas al ¨®rgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detr¨¢s del crimen contra C¨¢ceres. El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses econ¨®micos y pol¨ªticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondure?o y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales¡±, afirman desde la organizaci¨®n.

La ambientalista y l¨ªder ind¨ªgena fue asesinada en su casa en marzo de 2016, a pesar de que la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hab¨ªa obligado al Gobierno en 2009 a brindarle protecci¨®n policial. El asesinato de C¨¢ceres se sum¨® a la lista de homicidios y actos de violencia contra defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Honduras, uno de los pa¨ªses m¨¢s violentos del mundo para los activistas. Un informe de Naciones Unidas publicado en marzo afirma que los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas aumentaron durante 2023, con unas 561 personas v¨ªctimas de agresi¨®n y al menos 15 defensores y dos reporteros asesinados. ¡°Me preocupa mucho el hecho de que Honduras siga siendo uno de los pa¨ªses m¨¢s peligrosos del mundo para las personas que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente¡±, dijo el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker T¨¹rk. ¡°Mi Oficina alienta firmemente a las autoridades a fortalecer el Mecanismo Nacional de Protecci¨®n y a implementar todas las medidas institucionales necesarias para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos¡±, agreg¨®.