La misi¨®n de Berta Z¨²?iga contra la impunidad, el ¨²ltimo cap¨ªtulo de una saga de mujeres luchadoras
La activista espera que la justicia hondure?a imponga las sentencias a los condenados por el crimen contra su madre, la ambientalista Berta C¨¢ceres, y persiga a los autores intelectuales, quienes, afirma, siguen sin ser enjuiciados
Berta Z¨²?iga ha regresado a Honduras con una firme misi¨®n. La hija de la ambientalista Berta C¨¢ceres ¡ªasesinada en marzo de 2016 por su trabajo a favor de los derechos ambientales y de las poblaciones ind¨ªgenas hondure?as¡ª espera poder presionar a las autoridades judiciales para que impongan sentencias firmes a los condenados por ese crimen que conmocion¨® al mundo, pero que tambi¨¦n persigan a quienes ella considera los actores intelectuales. ¡°Estamos muy preocupadas porque, a pesar de que tuvimos dos importantes sentencias que rompen la impunidad que normalmente se ha acostumbrado en nuestro pa¨ªs, esas sentencias no han sido reafirmadas por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema y ya han pasado m¨¢s de cinco a?os. Este es el ¨²ltimo paso que debe realizar el sistema de justicia para dar por cerrado el procedimiento en lo que respecta a los autores materiales¡±, explica Z¨²?iga.
Un tribunal hondure?o conden¨® en noviembre de 2018 a siete personas relacionadas con el asesinato de C¨¢ceres. Entre los condenados est¨¢n los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, dos exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energ¨¦ticos S.A. (DESA), que construir¨ªa la presa hidroel¨¦ctrica a la que la ecologista se opon¨ªa. En 2021 tambi¨¦n fue condenado David Castillo, se?alado de ser uno de los actores intelectuales del asesinato. C¨¢ceres hab¨ªa denunciado p¨²blicamente a Castillo por amenazas de muerte. La Fiscal¨ªa afirm¨® en su acusaci¨®n que Castillo, entonces presidente ejecutivo de DESA, pidi¨® al jefe de seguridad de la empresa, el militar retirado Douglas Bustillo, que organizara el homicidio. Bustillo acudi¨® a un viejo amigo del Ej¨¦rcito, el mayor Mariano D¨ªaz Ch¨¢vez, instructor de la Polic¨ªa Militar y miembro de las Fuerzas Especiales, para que contratara a unos sicarios. Se les pag¨® hasta 2.200 d¨®lares para cometer el crimen.
¡°Este es uno de los primeros casos en los que son condenadas personas vinculadas a una empresa generadora de energ¨ªa hidroel¨¦ctrica¡±, afirma Z¨²?iga en una entrevista telef¨®nica d¨ªas antes de volar a Honduras. ¡°Desde el a?o pasado hemos mantenido comunicaciones con la Corte Suprema de Justicia, porque se exceden los tiempos que tiene el pa¨ªs para reafirmar las sentencias¡±, explica la activista. A ella le preocupa tambi¨¦n que se ha reactivado lo que llama una campa?a en medios de comunicaci¨®n por parte de los abogados de David Castillo para desestimar los procesos judiciales, porque alegan que fueron ¡°juicios arbitrarios¡± y que las condenas obedecen ¡°intereses pol¨ªticos. ¡°Esto, junto con otro tipo de acciones indebidas, pretende presionar a los tres magistrados de la Sala de lo Penal para que retrocedan en estas condenas, exculpar a personas que han sido sentenciadas y, por supuesto, obstaculizar en la persecuci¨®n judicial hacia los autores intelectuales¡±, advierte Z¨²?iga.
Su lucha, agrega, no se limita a que el sistema judicial cumpla con su rol con las condenas ya establecidas, sino que se ampl¨ªe la investigaci¨®n a otras personas que considera autores intelectuales del crimen. Ella se?ala a integrantes de la poderosa familia Atala, accionistas mayoritarios de la empresa DESA, a quien el Gobierno le otorg¨® la concesi¨®n del proyecto hidroel¨¦ctrico Agua Zarca, al que C¨¢ceres se opon¨ªa. Z¨²?iga recuerda que el pasado diciembre se emiti¨® una orden de captura contra Daniel Atala, gerente financiero de la empresa, pero no surti¨® efecto porque el hombre huy¨® de Honduras. ¡°?l entrar¨ªa en una categor¨ªa de autor intelectual del crimen, pero como la orden de captura no se hizo efectiva, se encuentra pr¨®fugo de la justicia¡±, apunta Z¨²?iga. ¡°No sabemos d¨®nde se encuentra, hubo noticias de que ¨¦l sali¨® por la frontera salvadore?a, pero no lo podemos comprobar¡±, agrega.
Entre los declarados culpables en 2018 estaba Sergio Rodr¨ªguez, gerente de comunicaciones de DESA, quien confes¨® que el ¡°problema Berta C¨¢ceres¡± era discutido a nivel de la junta directiva de la empresa. ¡°Todas estas personas participaban de las comunicaciones en las que b¨¢sicamente se hablaba de atacar y neutralizar las acciones en la defensa del r¨ªo Gualcarque¡±, asegura Z¨²?iga. DESA envi¨® un mensaje a este peri¨®dico en 2017 en el que afirmaba que estaba ¡°completamente desvinculada de los desafortunados hechos que terminaron con la vida de Berta C¨¢ceres¡±.
Z¨²?iga espera que el nuevo Gobierno de la presidenta Xiomara Castro la justicia pueda cumplir con su papel para evitar que los cr¨ªmenes contra ambientalistas queden impunes en uno de los pa¨ªses m¨¢s letales para los activistas. La Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) public¨® a mediados de mayo un informe en el que revela que en 2022 fueron asesinados 17 ambientalistas en esa peque?a naci¨®n. El documento recuerda que murieron en condiciones violentas en el primer cuatrimestre de 2023 al menos ocho personas defensoras, algunas de las que contaban con medidas de protecci¨®n estatales. El informe muestra tambi¨¦n que en 2022 se registr¨® una tasa del 87% de impunidad en los homicidios ocurridos ese a?o. ¡°La tasa de impunidad ser¨ªa a¨²n mayor cuando se trata del asesinato de mujeres, personas defensoras y personas LGBTI¡±, alerta el organismo. La CIDH afirma que el acceso a la justicia ¡°contin¨²a siendo un reto importante en Honduras¡±.
Z¨²?iga concede que se han producido ¡°algunos compromisos¡± de parte del Gobierno de Castro para seguir con las investigaciones relacionadas con el asesinato de su madre, pero es consciente de que la responsabilidad sigue estando en manos del sistema de justicia. ¡°Ha habido una apertura a dialogar, pero eso debe traducirse en acciones concretas, que den certeza de que van a haber avances¡±, se?ala.
La joven activista no va a cejar en la lucha contra la impunidad en este caso. Ella forma parte de una estirpe de mujeres comprometidas, que han peleado por los derechos ind¨ªgenas y ambientales. Su abuela, Mar¨ªa Berta Flores, es un personaje reconocido en Honduras por su arduo activismo. ¡°Ha sido una lideresa pol¨ªtica y fue el ejemplo de mi mam¨¢. Ha hecho un trabajo pol¨ªtico amplio, que tiene que ver con la participaci¨®n de las mujeres en la vida pol¨ªtica¡±, explica Z¨²?iga. Flores fue la primera alcaldesa de Honduras, en el departamento de Intibuc¨¢, el occidente del pa¨ªs. Lider¨® por tres mandatos la alcald¨ªa de la ciudad La Esperanza, la capital local. ¡°Organiz¨® muchos grupos de mujeres, exhort¨® a su participaci¨®n pol¨ªtica y promovi¨®, cuando fue diputada suplente, el convenio de la OIT para los pueblos ind¨ªgenas¡±, recuerda Z¨²?iga. Esa rama combativa fuerte es el motor que impulsa a Z¨²?iga a continuar con su lucha contra la impunidad, aunque conoce los peligros que se enfrenta en su pa¨ªs. ¡°Tratamos de que eso no impida el ejercicio de nuestro trabajo¡±, afirma tajante.
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