La muerte de Saulo Rojas: primer juicio en Argentina contra una granja de rehabilitaci¨®n de adictos

El viernes 14 de junio de 2013, la argentina Miriam Lucero recibi¨® la peor noticia posible: su hijo, Saulo Rojas, hab¨ªa fallecido. Rojas, de 23 a?os, llevaba casi un a?o internado en una granja de rehabilitaci¨®n de adictos a las drogas. Muri¨® ¡°de un infarto¡±, le comunicaron por tel¨¦fono desde la comunidad San Camilo pasadas las 10 de la noche. ¡°Estaba en shock. Jam¨¢s me hubiese imaginado que algo as¨ª iba a pasar porque fui all¨¢ a buscar ayuda para resguardar la vida de mi hijo¡±, dice Lucero. No fue hasta m¨¢s tarde que descubri¨® que Rojas se hab¨ªa ahorcado tras ser encerrado sin su dosis de insulina en una celda de castigo que a ella le dec¨ªan que era una ¡°sala de reflexi¨®n¡±. Nueve a?os despu¨¦s, ha logrado que la causa llegue a los tribunales, donde por primera vez en Argentina se juzga una muerte dudosa ocurrida en una instituci¨®n de ese tipo.

El fallo por homicidio culposo contra ?ngel S¨²?ez, exresponsable de seguridad de San Camilo, se conocer¨¢ el lunes. La fiscal pide tres a?os de prisi¨®n de cumplimiento efectivo y 10 de inhabilitaci¨®n. Sus jefes, el director de la instituci¨®n, Mart¨ªn Iribarne, y el director terap¨¦utico, Alejandro Jacinto, se libraron del juicio a cambio de realizar tareas comunitarias.

¡°Fue mucho tiempo de espera, muchas idas y vueltas y algunas decisiones judiciales que no me esperaba, como la probation de Iribarne y Jacinto. Ojal¨¢ que se haga un poco de justicia por mi hijo. A m¨ª nada me va a cambiar¡±, responde Lucero. La madre de Rojas conf¨ªa en que el tribunal dicte el lunes ¡°una sentencia ejemplar¡± que ayude a que no haya m¨¢s muertes similares, aunque advierte que ser¨¢ insuficiente a menos que el Estado controle que esos centros, en su mayor¨ªa de gesti¨®n privada, cumplen la normativa vigente.

Organizaciones de derechos humanos como la Comisi¨®n Provincial de la Memoria (CPM) han documentado violaciones a los derechos humanos perpetradas en su interior, como torturas, sobremedicaci¨®n e internaciones forzosas.

Lucero sostiene que fue muy importante, como paso previo al juicio, lograr la clausura de la comunidad San Camilo en 2017. ¡°Ayer una chica me dijo: ¡®Gracias a usted y su lucha pude salvarme de ese lugar¡¯¡±. Seg¨²n la CPM, en esta granja de rehabilitaci¨®n se realizaban ¡°pr¨¢cticas sistem¨¢ticas de torturas y malos tratos, personas privadas ilegalmente de su libertad, medidas de aislamiento sistem¨¢ticas y arbitrarias, uso abusivo de psicof¨¢rmacos en el marco de la ausencia completa de un abordaje interdisciplinario de los cuadros m¨¦dicos¡±.

El periodista de investigaci¨®n Pablo Galfr¨¦, autor del libro La comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitaci¨®n, coincide con el diagn¨®stico del organismo de derechos humanos. ¡°San Camilo era peor que una c¨¢rcel. A diferencia de los presos, que tienen un juez de ejecuci¨®n que controla la pena, ya sea a cinco, 10 a?os de prisi¨®n y saben cu¨¢ndo van a salir y cu¨¢ndo pueden pedir una condicional, en San Camilo los pacientes estaban internados y no ten¨ªan fecha de salida. He llegado a entrevistar a pacientes que llevaban tres a?os internados. En el juicio hubo una chica que pas¨® cinco a?os¡±, se?ala.

Galfr¨¦ agrega que algunos pacientes de San Camilo fueron internados a la fuerza, en contra de la Ley de Salud Mental. ¡°Iban a buscar a los adictos a sus casas, los secuestraban y se los llevaban¡±, describe. A pesar de que la normativa vigente limita a casos excepcionales y peligrosos las internaciones sin consentimiento, la CPM confirma que esa pr¨¢ctica se repite tambi¨¦n en otros centros. ¡°Hemos relevado casos en los que si una persona no quiere internarse, van a la casa, le dan una inyecci¨®n y se la llevan¡±, cuenta Roberto Cipriano, secretario de la CPM.

La familia de Rojas es de Mendoza, una provincia lim¨ªtrofe con Chile, pero tras el fracaso de distintos tratamientos ambulatorios, lograron que el Estado les designase un centro para realizar un tratamiento integral. No les import¨® que el lugar estuviese a 1.200 kil¨®metros de su casa, en la periferia norte de Buenos Aires. ¡°?l sab¨ªa que no pod¨ªa salir, pero estaba convencido¡±, asegura Lucero. En los alrededores de Pilar, donde estaba San Camilo, hay muchas comunidades terap¨¦uticas. ¡°En la zona de Pilar, en los ¨²ltimos ocho a?os ha habido 16 muertes que no se han investigado de forma adecuada¡±, destaca Cipriano. ¡°Este a?o murieron cuatro personas en un incendio en la comunidad Resiliencia San Fernando que estaban sobremedicadas en un lugar con rejas en las ventanas¡±, cuenta el secretario de la CPM.

El abogado querellante Yamil Castro Bianchi cree que el sistema de premios y castigos por el que se reg¨ªa San Camilo manten¨ªa amedrentados de forma permanente a los pacientes. Rojas no pudo soportar la amenaza de ser trasladado al centro de Del Viso, con un r¨¦gimen a¨²n m¨¢s estricto que San Camilo. Desde el otro lado de la pared de la celda de castigo, un compa?ero cont¨® que escuchaba llorar a Rojas y que estaba deprimido. En una semana iba a cumplir un a?o de internaci¨®n.

¡°A Rojas lo sacaron a las ocho de all¨¢ para llev¨¢rselo a Del Viso, pero lo vuelven a encerrar. Lo encierran con cintur¨®n y con cordones, que son pr¨¢cticas reglamentariamente prohibidas por la autolesi¨®n que puede infligirse el paciente. Aunque eso no debe distraer de que no pod¨ªa estar encerrado¡±, se?ala Bianchi. Seg¨²n el testimonio de pacientes ante la Justicia, los responsables de San Camilo ordenaron que instalaran muebles y una cama en el lugar donde se quit¨® la vida Rojas para aparentar que era una habitaci¨®n.

En su alegato, la fiscal Valeria Oyola resalt¨® que los horrores de San Camilo no deber¨ªan repetirse nunca m¨¢s. Solicit¨® que la justicia investigue los delitos denunciados durante las testimoniales, como secuestros, torturas, privaci¨®n ileg¨ªtima de libertad y abusos sexuales, entre otros. De prosperar esta causa, podr¨ªa dar impulso a otras.

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