Detenidos por protestar: el gobierno argentino aumenta la represi¨®n de las manifestaciones sociales

Admirador confeso del presidente salvadore?o Nayib Bukele y su mano dura, Javier Milei aboga en Argentina por un Estado limitado que apenas se centra en la aplicaci¨®n de la ley y el orden. Eligi¨® como ministra de Seguridad a su ex rival presidencial Patricia Bullrich, que ya hab¨ªa ocupado ese cargo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ocho a?os despu¨¦s, las condiciones son m¨¢s propicias para la aplicaci¨®n de sus ideas autoritarias. Debut¨® con un protocolo antipiquetes que ya hab¨ªa ensayado en 2016 y que habilita la intervenci¨®n de las fuerzas de seguridad ¡°frente a impedimentos al tr¨¢nsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras v¨ªas de circulaci¨®n¡± sin mediaci¨®n de orden judicial y permite demandar a las organizaciones que resulten responsables ¡°por el costo de los operativos¡±.

El estreno del protocolo tuvo lugar en la manifestaci¨®n del 20 de diciembre de 2023, donde se despleg¨® un operativo policial sobredimensionado que termin¨® con el desalojo violento de los concurrentes y en la demanda de las organizaciones participantes. A pesar de esto, el Gobierno no logr¨® amedrentar lo que en Argentina es una tradici¨®n muy arraigada: salir a la calle a expresar el descontento social. Hubo varias manifestaciones muy concurridas como la convocada por la Central General del Trabajo en el primer paro general del 24 de enero, las de las organizaciones feministas el 8 de marzo y la universitaria, que reclamaba la actualizaci¨®n de fondos para la educaci¨®n p¨²blica. El protocolo resultaba imposible de aplicar en eventos masivos, lo que hac¨ªa pensar que quedaba obsoleto ante la respuesta popular. Pero a seis meses de gobierno, la hostilidad hacia la libertad de expresi¨®n tuvo un nuevo cap¨ªtulo.

El mi¨¦rcoles 12 de junio se llev¨® a cabo la votaci¨®n en el Senado Nacional de la denominada ¡°Ley Bases¡±, una megapropuesta de desguace del Estado enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Varias organizaciones sindicales, sociales y pol¨ªticas convocaron a manifestarse y, desde muy temprano, en los alrededores del Congreso se congreg¨® una multitud con el objetivo de promover el rechazo. Dentro del recinto, se hablaba de un posible empate en la votaci¨®n, por lo que se intu¨ªa que la participaci¨®n en las calles pod¨ªa influir en la decisi¨®n final.

Piedras y gases lacrim¨®genos

Luego del mediod¨ªa, comenzaron algunos disturbios. Algunos manifestantes arrojaron piedras e incendiaron un veh¨ªculo ante la pasividad de la polic¨ªa, que despu¨¦s los dej¨® escapar. Poco despu¨¦s, los antidisturbios avanzaron contra la multitud de forma violenta. Utilizaron gases lacrim¨®genos, balas de goma, bombas de estruendo y camiones hidrantes. El desalojo de la calle se dio en medio de un clima de alta tensi¨®n que culmin¨® con m¨¢s de 200 heridos y 33 detenidos.

Sasha Llyardet, quien concurri¨® a la manifestaci¨®n con sus compa?eras de la universidad, relata en di¨¢logo con EL PA?S que al ver que comenzaba a haber conflictos con las fuerzas de seguridad, emprendi¨® la retirada, pero un operativo de oficiales motorizados estaban apostados a unas cuadras del lugar. ¡°Esperaban a los que nos ¨ªbamos, salieron a cazar gente. Nos asustamos y empezamos a correr como todos¡±, cuenta. ¡°Una amiga se cay¨®, yo me demor¨¦ por intentar levantarla y aparecieron unos polic¨ªas. A ella la retuvieron en el piso y a m¨ª me dijeron que si me escapaba, iban a disparar¡±, dice entre l¨¢grimas.

La violencia de esta escena no ces¨® en su escalada. Los efectivos le apoyaron el arma reglamentaria en la cabeza y le dijeron una y otra vez que si eso no le gustaba ¡°no tendr¨ªa que haber ido¡±. Desde ese momento fue trasladada a varias comisar¨ªas, lo que dificult¨® que su familia, que se enter¨® de su detenci¨®n a trav¨¦s de los medios de comunicaci¨®n, encontrara su paradero. Durante casi 24 horas, cuenta su hermana Grisel, estuvieron busc¨¢ndola hasta que lograron dar con ella en la Alcald¨ªa 15 de la Ciudad de Buenos Aires donde hab¨ªa pasado la noche esposada en un pasillo.

Los testimonios coinciden: en la calle, las fuerzas de seguridad impart¨ªan el terror para disolver la manifestaci¨®n. Y las detenciones fueron tan arbitrarias que incluso se llevaron a personas que estaban en las inmediaciones por otros motivos. As¨ª lo cuenta Emiliano Villar, el abogado que se hizo cargo de la representaci¨®n del detenido Luis Alberto de la Vega, una persona en situaci¨®n de calle que pasaba cerca. ¡°?l se dirig¨ªa a la escuela donde est¨¢ completando su educaci¨®n primaria, ni siquiera sab¨ªa que hab¨ªa una protesta. La [polic¨ªa] motorizada da mucho miedo, se suben a la vereda con sus veh¨ªculos, hacen emboscadas. Entonces Luis se escondi¨® detr¨¢s de un container porque estaba asustado. Eso solo les dio la pauta de que estaba haciendo algo indebido y se lo llevaron¡±.

Argentina carga con una historia de represi¨®n estatal muy importante y hay costumbres que persisten como estrategia de autocuidado. Por ejemplo, en las manifestaciones, quienes sufren aprehensiones gritan su propio nombre para facilitar el posterior hallazgo de su paradero. Esto fue lo que hizo Luis Alberto de la Vega y, gracias a que alguien estaba grabando la situaci¨®n y lo subi¨® a las redes sociales, la Asociaci¨®n Civil Proyecto 7 -que ayuda a personas en situaci¨®n de calle- se ocup¨® de averiguar ad¨®nde lo llevaron y de brindarle representaci¨®n legal.

Al culminar la represi¨®n, la cuenta oficial de la Oficina del Presidente en X (ex Twitter) emiti¨® un comunicado en el que felicitaba a las Fuerzas de Seguridad ¡°por su excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado, atentando contra el normal funcionamiento del Congreso de la Naci¨®n Argentina¡±.

Cerca de la medianoche se vot¨® en el Senado la Ley Bases en general y el resultado fue un empate. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, desnivel¨® el n¨²mero en favor del oficialismo.

Por pedido del fiscal federal Carlos Stornelli, las 35 personas fueron puestas a disposici¨®n de la justicia federal, donde interviene la jueza Mar¨ªa Servini. Las acusaba de m¨²ltiples delitos como: lesiones, incendio o estrago, delitos contra la seguridad p¨²blica, instigaci¨®n a cometer delitos, intimidaci¨®n p¨²blica, incitaci¨®n a la violencia colectiva contra las instituciones, delitos contra los poderes p¨²blicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravado, resistencia a la autoridad y/o perturbaci¨®n del orden en sesiones de cuerpos legislativos. Adem¨¢s, se dict¨® la prisi¨®n preventiva de 33 de ellos y varios fueron trasladados a unidades del Sistema Penitenciario Federal.

¡°Ten¨ªamos mucho miedo¡±

Cuenta Sasha Llyardet que las condiciones eran deplorables: ¡°Ten¨ªamos mucho miedo, no sab¨ªamos c¨®mo iba a ser estar en una c¨¢rcel, no somos personas con antecedentes. El pabell¨®n y la comida estaban llenas de cucarachas¡±. Las condiciones en las c¨¢rceles son inhumanas, y ese es otro problema a resolver, pero en este caso hubo un trato especial con los presos por protestar. Durante esos d¨ªas, otros detenidos relataron torturas que incluyeron intimidaciones, humillaciones y lesiones f¨ªsicas.

Las familias, por su parte y con el apoyo de varias organizaciones sociales, encabezaron dos concentraciones para reclamar las liberaciones. Finalmente, el 14 de junio Servini dict¨® la excarcelaci¨®n de 17 de los detenidos y cuatro d¨ªas despu¨¦s dejaron salir a 11 m¨¢s. Adem¨¢s, se resolvi¨® sobre la situaci¨®n procesal de los 33 imputados: el procesamiento con prisi¨®n preventiva de 5 de ellos, que son los ¨²nicos que actualmente permanecen detenidos, y sobre los 28 restantes, se dict¨® la falta de m¨¦rito. Es decir, que no hab¨ªa pruebas para sostener las acusaciones. De todas maneras, contin¨²an abiertas las causas hasta que se dicten las absoluciones.

Esa misma semana, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organizaci¨®n de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, advirti¨® por un ¡°socavamiento¡± en esta ¨¢rea en Argentina. ¡°Insto a las autoridades a colocar los derechos humanos en el centro de su elaboraci¨®n de pol¨ªticas para construir una sociedad m¨¢s cohesiva e inclusiva. Esto tambi¨¦n significa el pleno respeto al derecho de reuni¨®n y la libertad de expresi¨®n¡±, dijo.

Presentaci¨®n ante la CIDH

Durante esos d¨ªas, las redes sociales y los medios de comunicaci¨®n reflejaron una fuerte preocupaci¨®n por lo que suced¨ªa con los detenidos. Y los sucesos alertaron a las organizaciones sociales y organismos que velan por el derecho a la huelga y la garant¨ªa de los derechos humanos en Argentina, quienes pusieron sus recursos a disposici¨®n sus recursos para las familias. Al mismo tiempo, el Centro de Estudios Legales y Sociales hizo una presentaci¨®n de intervenci¨®n a la Comisi¨®n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a los relatores especiales de Naciones Unidas para que intervengan en lo que denominaron una escalada penal ¡°arbitraria y peligrosa¡±

Advirtiendo que este era un desenlace posible, el 12 de junio trabaj¨® en el lugar el Archivo Hist¨®rico de la Represi¨®n en Argentina (AHoRA), un proyecto de registro fotogr¨¢fico y documental que forma parte de Mapa de la Polic¨ªa ¨Cla red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad Aut¨®noma de Buenos Aires¨C.

Uno de los coordinadores de AHoRa, Mario Santucho, dijo: ¡°Nosotros venimos alertando un quiebre en los est¨¢ndares m¨ªnimos de la democracia. Lo que sucedi¨® en este caso fue claramente una violaci¨®n del derecho a la protesta con la disoluci¨®n de la manifestaci¨®n y hay muchas evidencias para pensar que, aunque justificaron la acci¨®n con los incidentes de ese d¨ªa, la represi¨®n estaba planificada¡±.

En ese sentido, destac¨® ¡°un salto cualitativo en la vocaci¨®n represiva¡± del gobierno con la instrumentalizaci¨®n de la acci¨®n judicial, que extendi¨® las detenciones durante varios d¨ªas a¨²n sin contar con pruebas para sostener las acusaciones. ¡°Ahora surge una gran pregunta en torno a c¨®mo vamos a hacer para continuar salvaguardando nuestro derecho a la huelga¡±, expres¨®.

Al ser consultado sobre la posible necesidad de ayuda internacional para hacerle frente a esta situaci¨®n contest¨® que ¡°actualmente, hay gobiernos que ven en el gobierno de Javier Milei una amenaza para la democracia. Los que estamos en el pa¨ªs vamos a seguir haciendo todo lo necesario para que se respete la libertad de expresi¨®n y los derechos humanos, pero puede que no sea suficiente. Puede que sea el momento para que alrededor del mundo se piensen estrategias concretas de apoyo y se involucren realmente¡±.