Milei deja a Argentina sin pol¨ªticas estatales de control de natalidad y de salud sexual

En Argentina, miles de adolescentes y adultos que recurren al sistema p¨²blico de salud para obtener anticonceptivos han quedado a la deriva bajo el Gobierno de Javier Milei. De los 26 millones de preservativos que ten¨ªa previsto entregar el Gobierno nacional, solo se entregaron 2,4 millones, menos del 10%; de los m¨¢s de 60.000 anticonceptivos de larga duraci¨®n para adolescentes ¡ªcomo implantes subd¨¦rmicos o dispositivos intrauterinos (diu)¡ª, solo han sido distribuidos un tercio, seg¨²n datos oficiales. Bajo el argumento de reducir el gasto p¨²blico, Milei dej¨® en manos de las provincias las pol¨ªticas de control de natalidad y de salud sexual. Algunos gobiernos provinciales asumieron el coste extra, pero otros no han podido hacerle frente, por lo que se prev¨¦ un retroceso en avances logrados en los ¨²ltimos a?os, como el descenso de embarazos adolescentes no intencionales y de la tasa de mortalidad materna. Algunas infecciones de transmisi¨®n sexual que ya iban en aumento, como la s¨ªfilis, podr¨ªan acelerar esa tendencia.

Desde el Ministerio de Salud argumentan que la pol¨ªtica sanitaria es competencia de las provincias: ¡°Las jurisdicciones tienen que contar con los mecanismos necesarios para cubrir con sus demandas sanitarias¡±. Para organizaciones como el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), en cambio, cualquier recorte del gasto deber¨ªa haberse hecho de forma negociada y gradual, porque las principales v¨ªctimas de la motosierra han sido las personas m¨¢s vulnerables.

¡°El Estado es un igualador de oportunidades¡±, dice Mariana Romero, investigadora del Cedes. Romero destaca que en los ¨²ltimos a?os las mujeres residentes en Argentina pudieron acceder de forma gratuita a m¨¦todos anticonceptivos modernos y de larga duraci¨®n y la poblaci¨®n adolescente tuvo acceso a informaci¨®n y a asesoramiento gracias al programa de Desarrollo de la salud sexual y la procreaci¨®n responsable. En 2018, siete de cada diez embarazos adolescentes en Argentina no hab¨ªan sido planificados; en solo cinco a?os, el porcentaje cay¨® al 50%.

Durante el tercer trimestre de 2024, en cambio, no se cumpli¨® ninguna meta de este programa. De acuerdo al an¨¢lisis que realiz¨® el Centro de datos del portal Chequeado de la ejecuci¨®n de las metas f¨ªsicas del Presupuesto abierto que publica el Ministerio de Econom¨ªa, la distribuci¨®n de insumos y de tratamientos (preservativos, anticonceptivos y medicamentos para la Interrupci¨®n Voluntaria del Embarazo -IVE-) sufri¨® una ca¨ªda del 64,1% si se compara el tercer trimestre de 2023 con el mismo periodo de 2024.

La desfinanciaci¨®n de estas pol¨ªticas estatales se siente con fuerza en las provincias m¨¢s pobres, que en algunos casos presentan tasas de fecundidad adolescente que triplican el promedio nacional, como Chaco y Formosa.

Ofensiva conservadora

En paralelo, se ha registrado una avanzada conservadora que pone en riesgo derechos adquiridos como el aborto e incluso la educaci¨®n sexual integral (ESI) que se imparte en las escuelas y que ha sido clave para identificar abusos sexuales intrafamiliares: ocho de cada diez denuncias de ni?os ocurrieron tras haber abordado esta tem¨¢tica en el aula, seg¨²n fuentes judiciales. La ofensiva cuenta con el apoyo del presidente argentino, que equipara el aborto a un asesinato, aunque en Argentina es legal desde 2020.

En Chaco, la Legislatura provincial intent¨® garantizar la continuidad del Plan nacional de prevenci¨®n de embarazos no intencionales en la adolescencia (Plan Enia) a trav¨¦s de una ley, pero el gobernador, Leandro Zdero, la vet¨® hace tres semanas. La presi¨®n de grupos religiosos fue clave para ese rev¨¦s: adujeron que esa ley promov¨ªa los abortos y el adoctrinamiento en ideolog¨ªa de g¨¦nero en las escuelas. ¡°Los argumentos para vetarla fueron absolutamente retr¨®grados¡±, lamenta Liliana Ensisa, pediatra que trabaj¨® en el Plan Enia hasta que el Gobierno de Milei dio de baja los contratos a finales de marzo. ¡°Chaco hist¨®ricamente tuvo muchos partos de ni?as, casi uno por d¨ªa, y se hab¨ªan reducido a 83 al a?o¡±, se?ala como hito del programa nacional en el caso de las menores de 15 a?os.

Durante el debate legislativo, la diputada peronista P¨ªa Chaccio Cavana remarc¨® que cuatro de cada diez adolescentes con hijos no terminan la secundaria, s¨®lo el 1% de ellas accede a la universidad y el 25% no puede ingresar en el mercado laboral. ¡°?Ser¨¢ que el gobierno de Zdero analiz¨® el costo de no entregar anticonceptivos?¡±, cuestion¨®. La legisladora provincial critic¨® tambi¨¦n los obst¨¢culos para que interrumpan un embarazo si no desean ser madres en ese momento: ¡°Esta administraci¨®n considera que las adolescentes no tienen la madurez ni el derecho a decidir sobre su propio cuerpo¡±.

Aumento de embarazos no deseados

La situaci¨®n es similar en Jujuy, otra provincia norte?a. La trabajadora social Marina Ariza, a cargo de la Consejer¨ªa en salud sexual y reproductiva de la Quebrada y la Puna, cuenta que las mujeres juje?as con menos recursos se ven obligadas a peregrinar por distintas localidades en busca de respuestas. ¡°Estamos viendo situaciones verdaderamente preocupantes porque no hay ni m¨¦todos anticonceptivos ni medicaci¨®n para abortos y cada vez vemos m¨¢s embarazos inoportunos por no acceder a tiempo a un implante o un diu¡±, advierte Ariza.

Al igual que en el Chaco, la ausencia de medicamentos abortivos gratuitos para aquellas mujeres embarazadas que no dispongan de un seguro privado de salud, amenaza con colapsar el sistema p¨²blico. ¡°Los pocos m¨¦dicos que garantizan abortos est¨¢n muy expuestos y sobreexplotados, con una sensaci¨®n de cansancio y hartazgo¡±, se?ala. Adem¨¢s, agrega, ¡°los m¨¦dicos no tienen el conocimiento de la situaci¨®n psico-social de las pacientes y a menudo tampoco la escucha suficiente y el seguimiento queda diluido¡±.

La situaci¨®n es distinta en las provincias con m¨¢s recursos. Es el caso de la de Buenos Aires, la m¨¢s poblada del pa¨ªs, o de Chubut, en la Patagonia. En esta ¨²ltima, la m¨¦dica Silvia Pino Cesia relata que solo tuvieron un bache de un par de semanas entre que el Gobierno nacional disminuy¨® la entrega de m¨¦todos anticonceptivos y comenzaron a recibir los que hab¨ªa comprado el Gobierno chubutense. El problema, se?ala, es que al adquirir una cantidad mucho m¨¢s reducida, el precio se encarece.

¡°Chubut no tiene la misma situaci¨®n econ¨®mica que el Chaco¡±, admite Pino Cesia. ¡°Hay mucha poblaci¨®n que tiene obras sociales (seguros m¨¦dicos sindicales) y a trav¨¦s de ellas consiguen anticonceptivos gratis¡±, contin¨²a. Aun as¨ª, ve que la falta de control sobre las empresas de medicina privada hace que se cometan abusos que antes no ocurr¨ªan, como exigir un gran n¨²mero de estudios y de auditor¨ªas para poner un implante subd¨¦rmico a una adolescente.

Romero sostiene que el freno impuesto por el Gobierno de Milei a las pol¨ªticas estatales de salud sexual y reproductiva supone ¡°una violaci¨®n a los principios de igualdad y no discriminaci¨®n¡±. Para las defensoras de los derechos de las mujeres, el retroceso es especialmente grave por tratarse de un pa¨ªs pionero en Latinoam¨¦rica en esta ¨¢rea. ¡°[Milei] busca borrar de un plumazo todo lo hecho durante d¨¦cadas sino que pretende regresarnos al siglo XIX, ?podr¨¢?¡±, se preguntaba la periodista Mariana Iglesias semanas atr¨¢s en este diario. Los resultados comenzar¨¢n a verse el a?o que viene.