Milei habilita por decreto a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interior

El desguace y debilitamiento del Estado que proclama Javier Milei en Argentina es selectivo: en determinadas ¨¢reas, el presidente ultraderechista impulsa un proceso inverso de fortalecimiento y ampliaci¨®n de atribuciones. Tal es el caso de la defensa nacional. A lo largo de su primer a?o de mandato, Milei ha se?alado en diversas oportunidades su prop¨®sito de reivindicar a las Fuerzas Armadas y ha anunciado la compra de armamento y veh¨ªculos militares. Ahora, con dos decretos que le permitieron evitar el debate p¨²blico, dispuso que el Ej¨¦rcito, la Fuerza A¨¦rea y la Armada pueden intervenir en asuntos de seguridad interior, algo hasta ahora vedado. El poder de decidir c¨®mo y cu¨¢ndo actuar¨¢n los militares se lo reserva el propio Ejecutivo, es decir, que no mediar¨¢n mecanismos de control.

Se trata de las primeras medidas concretas de Milei encaminadas a revertir la distinci¨®n entre defensa y seguridad, una separaci¨®n que est¨¢ en la base de la restauraci¨®n democr¨¢tica en el pa¨ªs. Tras los cr¨ªmenes aberrantes de la ¨²ltima dictadura militar (1976-1983), hace 36 a?os el Congreso resolvi¨® por ley que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar ante una ¡°agresi¨®n de origen externo¡±. El actual Gobierno hizo un intento de modificar ese consenso en agosto pasado, con un proyecto que no tuvo apoyos en el Parlamento y nunca fue tratado. Ahora Milei volvi¨® a la carga con los decretos 1107 y 1112, firmados el 18 y el 19 de diciembre pasados.

El primer decreto habilita a las Fuerzas Armadas a custodiar ¡°objetivos de valor estrat¨¦gico¡±, definidos sin demasiada precisi¨®n como ¡°cualquier bien, instalaci¨®n o conjunto de instalaciones fijas¡±, as¨ª como ¡°las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional¡±. La potestad de convocar a los militares con ese fin ¡ªque antes solo estaba prevista excepcionalmente y requer¨ªa conformar un comit¨¦ de crisis o declarar el estado de sitio¡ª queda concentrada en el Ministerio de Seguridad. A cargo de esa cartera hoy est¨¢ Patricia Bullrich, mentora de las medidas y quien ya las hab¨ªa impulsado durante el Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019).

El segundo decreto es m¨¢s extenso y, bajo la forma de una reglamentaci¨®n, implica una reforma del sistema de defensa nacional. Entre otras cosas, establece que las Fuerzas Armadas no solo deben intervenir ante ataques de otros Estados, sino tambi¨¦n ante agresiones o amenazas de ¡°organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales¡±. El ¨¢mbito de acci¨®n se ampl¨ªa y abarca, adem¨¢s de espacios terrestres, mar¨ªtimos, fluviales, lacustres y a¨¦reos, al ciberespacio y al ¡°espectro electromagn¨¦tico¡±. La norma habilita a las fuerzas militares a colaborar ¡°en tiempos de paz¡± con las fuerzas de seguridad en tareas de vigilancia y control de fronteras.

Uno de los puntos m¨¢s cuestionados del decreto 1112 es el que autoriza a los uniformados a ejercer el poder de polic¨ªa. En el marco de sus nuevas potestades para custodiar sus equipos e instalaciones, tanto en los cuarteles como en tr¨¢nsito rumbo a ejercicios u otras actividades, ahora pueden ¡°proceder a la aprehensi¨®n transitoria de personas que se encuentren cometiendo delitos¡±.

¡°Estamos jerarquizando y fortaleciendo a nuestras Fuerzas Armadas¡±, fueron las palabras con que el ministro de Defensa, Luis Petri, promocion¨® los decretos. Asegur¨® que las nuevas atribuciones les permitir¨¢n a los militares ¡°intervenir ante amenazas terroristas¡± y servir¨¢n para ¡°proteger m¨¢s y mejor a los argentinos¡±.

La oposici¨®n pol¨ªtica rechaz¨® los decretos. Un conjunto de diputados del Frente de Todos (peronismo) manifest¨® ¡°profunda preocupaci¨®n¡± por las medidas y, en particular, por la decisi¨®n de Milei de saltear al Congreso para modificar las leyes vigentes. ¡°Argentina ha sido testigo de los peligros de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas internas¡±, advirtieron. ¡°Bajo el pretexto de ¡®nuevas amenazas¡¯, como el narcotr¨¢fico o el cibercrimen¡±, se?alaron, ¡°estas normas podr¨ªan promover la militarizaci¨®n de problemas que requieren soluciones integrales y democr¨¢ticas¡±. Los legisladores del Frente de Izquierda, por su parte, presentaron un proyecto para anular los decretos porque ¡ªargumentaron¡ª constituyen ¡°una violaci¨®n flagrante de la Ley de Seguridad Interior y un avance represivo inadmisible¡±.

Los riesgos y los temores

Organizaciones sindicales y de derechos humanos tambi¨¦n alertaron sobre los riesgos que implican las iniciativas de Milei. ¡°El Gobierno instala la posibilidad de que cualquier cosa sea declarada un ¡®objetivo de valor estrat¨¦gico¡¯ y que, por lo tanto, el Ministerio de Seguridad pueda pedir la intervenci¨®n de las Fuerzas Armadas. Teniendo en cuenta que este Gobierno ha llamado ¡®terroristas¡¯ a manifestantes, a trabajadores organizados o a comunidades ind¨ªgenas, banalizando la categor¨ªa de ¡®terrorismo¡¯, el temor es que estas normas se utilicen para militarizar conflictos sociales¡±, explica Manuel Tufr¨®, director del ¨¢rea de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El experto se?ala, adem¨¢s, que la reformulaci¨®n de la noci¨®n de agresi¨®n externa, extendi¨¦ndola m¨¢s all¨¢ de su car¨¢cter militar, implica ¡°facultar a las Fuerzas Armadas a intervenir ante una actividad criminal si es de car¨¢cter transnacional. La cuesti¨®n del origen externo pasa a ser lo que justifica la intervenci¨®n militar y ya no el car¨¢cter o la magnitud de la amenaza¡±.

La antrop¨®loga Sabina Frederic, investigadora del Conicet y exministra de Seguridad (2019-2021), observa que, al margen del debate ideol¨®gico sobre el rol de los militares, ¡°hay un problema instrumental. A partir de nuestra historia, con la manera en que las Fuerzas Armadas participaron del terrorismo de Estado, todos aprendimos que su intervenci¨®n en asuntos de seguridad interior puede tener un costo alt¨ªsimo para la sociedad y tambi¨¦n para la instituci¨®n militar. Por eso hasta los militares rechazan involucrarse en estas tareas¡±. La experiencia en otros pa¨ªses latinoamericanos lleva a la misma conclusi¨®n, dice: ¡°Las consecuencias no fueron buenas para las fuerzas y tampoco fue una medida eficaz para controlar el crimen organizado¡±.

En el caso de Argentina, se a?ade otro aspecto clave. ¡°El pa¨ªs hoy tiene la tasa de polic¨ªas por habitantes m¨¢s alta de la regi¨®n: 600 polic¨ªas cada 100.000 habitantes. Adem¨¢s, tenemos una fuerza federal que interviene en seguridad interior, que es la Gendarmer¨ªa¡±, agrega Frederic. ¡°No hay ninguna raz¨®n, ning¨²n diagn¨®stico que justifique el corrimiento de las Fuerzas Armadas hacia la seguridad interior¡±.

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