¡®La represi¨®n de la posguerra¡¯, de Miguel Plat¨®n: datos sesgados y cifras manipuladas

El reciente libro del periodista Miguel Plat¨®n, La represi¨®n de la posguerra. Penas de muerte por hechos cometidos durante la guerra civil. (Editorial Actas, 2023), trata de acercarse a la represi¨®n franquista desde la ¨®ptica conservadora actual. El uso que hace de las fuentes es deontol¨®gicamente como m¨ªnimo discutible. Ni es riguroso ni se ajusta al contexto. Ya lo hicieron hace d¨¦cadas historiadores militares que proced¨ªan del propio ej¨¦rcito franquista como Salas Larraz¨¢bal o Mart¨ªnez Bande. Se atrevieron, con todas las limitaciones de entonces, a criticar los excesos, siendo los primeros en dejar de justificarlos. Posteriormente, en los a?os ochenta y noventa, la historiograf¨ªa espa?ola realiz¨® un gran salto en la misma direcci¨®n para tratar de conocer la cifra de v¨ªctimas de la guerra civil y de la posguerra. Comenzaba un proceso de recuento desigual que a¨²n no puede darse por concluido. La metodolog¨ªa unificada en el estudio de la represi¨®n comenz¨® a forjarse en las dos d¨¦cadas siguientes, al hilo de la desclasificaci¨®n de documentaci¨®n del Ministerio del Ej¨¦rcito. Gracias a ella, hoy pueden consultarse m¨¢s de medio mill¨®n de consejos de guerra en los archivos militares; volumen que por s¨ª solo pone en tela de juicio la cifra de 15.000 ejecuciones que se?ala este libro y que supone un claro ejemplo de tergiversaci¨®n hist¨®rica.

El estudio no recoge estos datos, tarea imposible para un solo investigador, y se centra en la informaci¨®n de la Asesor¨ªa Jur¨ªdica del Ej¨¦rcito sobre indultos y conmutaciones conservada en el Archivo General Militar de ?vila. Una documentaci¨®n muy valiosa y apenas trabajada, es cierto, pero que es necesario criticar como todas las fuentes. Analiza, en particular, los libros de registros de las sentencias. Se trata de tres vol¨²menes aceptados como estad¨ªstica fiable, que, sin embargo, tienen varios aspectos cuestionables para un estudio hist¨®rico.

En primer lugar, la cronolog¨ªa. La primera resoluci¨®n es del 10 de septiembre de 1940 y la ¨²ltima corresponde al 28 de noviembre de 1975. No hay ning¨²n registro, por tanto, hasta transcurrido un a?o y medio del fin de la guerra. Queda fuera del c¨®mputo el grueso de la represi¨®n, especialmente la que correspondi¨® a la Auditoria de Guerra de las tres grandes ciudades republicanas: Barcelona, Valencia y Madrid. Igualmente, tampoco est¨¢n representadas las provincias de Elche, Alicante, Murcia, Albacete, Ciudad Real, Ja¨¦n o Almer¨ªa, donde fueron concentrados la mayor¨ªa de los prisioneros del Ej¨¦rcito Republicano.

El segundo problema tiene que ver con el contexto. El libro atribuye el origen de esta documentaci¨®n a una orden del propio general Franco para acelerar las conmutaciones de las penas de muerte, cuando en realidad se trata de una reordenaci¨®n de todo el edificio de la justicia militar. El 5 de septiembre de 1939, se crea el Consejo Supremo de Justicia Militar. Una de sus funciones era unificar la resoluci¨®n de las peticiones de indulto simplific¨¢ndolas en tres categor¨ªas: ¡°devuelto¡± (expediente devuelto), ¡°conmutado¡± (perdonado por la pena inmediatamente inferior) y ¡°enterado¡± (ejecuci¨®n de la pena).

El problema de nuevo aqu¨ª es el grado de parcialidad de la fuente y de la interpretaci¨®n de los marcos legales del momento. Desde el 21 de mayo de 1940, la secretaria general de la asesor¨ªa jur¨ªdica del Ministerio del Ej¨¦rcito se encargaba de tramitar todas las penas de muerte. Tras separarlas por auditor¨ªas de guerra, las enviaban a cada capitan¨ªa general. Luego cada capitan¨ªa general, a su vez deb¨ªan remitir cada 15 d¨ªas a la asesor¨ªa el volumen de sentencias que hab¨ªan cumplida y explicar por qu¨¦ no las hab¨ªan cumplido. Esta era la orden: ¡°Los d¨ªas 1 y 15 de cada mes remitir¨¢n relaci¨®n de los ¡®Enterados¡¯ recibidos y que no se hayan cumplimentado, expresando el motivo por el que no se hayan cumplido a¨²n¡±. En el libro se interpreta que esta orden de Franco favorece la conmutaci¨®n. Y en realidad lo que hizo fue acelerar el cumplimiento de las sentencias de muerte.

Borr¨®n y cuenta nueva

Por ejemplo, el 15 de agosto de 1940, seg¨²n las propias capitan¨ªas, hab¨ªa 10.627 reclusos con sentencia de muerte firme, esperando una ejecuci¨®n inminente. Pero los registros utilizados aqu¨ª comienzan a finales de septiembre de ese mismo a?o. Ninguno de ellos, por tanto, est¨¢ incluido en la suma de ¡°enterados¡± de este libro, como tampoco los anteriores desde el final de la guerra. El c¨®mputo empieza justo despu¨¦s de esta modificaci¨®n. Borr¨®n y cuenta nueva. Franco, por tanto, no orden¨® una conmutaci¨®n general de las penas de muerte, sino su centralizaci¨®n en aras del cumplimiento de las ejecuciones. La historiograf¨ªa las ha situado en 50.000 una vez terminada la contienda.

Los historiadores cifran de momento en m¨¢s de 150.000 las ejecuciones, mientras este estudio habla de solo 15.000

La cifra provisional, que no puede aislarse de su origen, julio de 1936, como tampoco de los libros de registro de los cementerios, ni de las sentencias de los Consejos de Guerra, alcanza los 150.648 muertos. Aunque a partir de septiembre de 1940 se centralicen los ¡°enterados¡±, el cumplimiento de las penas de muerte sigue siendo claramente ascendente, como demuestran tambi¨¦n los propios datos del libro.

El relato, mientras tanto, permanece. Esta rebaja considerable del perfil represivo del franquismo, resaltada en el pr¨®logo por el historiador Stanley Payne, cumple una funci¨®n no menos inquietante al asegurar que todos estos ejecutados eran criminales de guerra. La imagen que proyecta el libro, desde el propio subt¨ªtulo, retoma la versi¨®n oficial de la dictadura por la que solo habr¨ªan sido juzgados aquellos ¡°con las manos manchadas de sangre¡±.

La mayor parte de los represaliados, sin embargo, proced¨ªan de la poblaci¨®n civil, eran vecinos que hab¨ªan permanecido o hab¨ªan vuelto a sus localidades, sin tener puestos relevantes de responsabilidad pol¨ªtica o militar. Considerados, tratados y condenados como delincuentes comunes, la mayor¨ªa de sus familias tuvieron que abandonar sus lugares de origen, cargando con un estigma que sigue siendo su pena m¨¢s larga y duradera hasta hoy. La violencia cometida en el territorio republicano durante la guerra, igualmente estudiada y medida todav¨ªa de forma provisional, no puede ser justificada en ning¨²n caso, ni tan siquiera por la ruptura total que supuso un golpe que provoc¨® el hundimiento del estado y el comienzo de la guerra.

Tampoco sirve de nada aumentar y extrapolar la represi¨®n franquista de forma artificial para compararla con los modelos de nazis o sovi¨¦ticos. La comprensi¨®n de nuestra ¨¦poca reciente m¨¢s oscura no puede hacerse utilizando argumentos, calificativos ni justificaciones de aquel mismo periodo. Tampoco es de esperar que dejaran las pruebas y las evidencias escritas para que fueran reproducidas intactas alg¨²n d¨ªa. El estudio del franquismo se ha caracterizado por todo lo contrario. Aunque ya somos varias las generaciones que no la vivimos, parece claro que, como sociedad, no hemos asumido a¨²n el impacto de aquella violencia.

Gutmaro Gomez Bravo es historiador. Autor de ¡®Geograf¨ªa Humana de la represi¨®n franquista. Del golpe a la guerra de ocupaci¨®n (1936-1942)¡¯ (C¨¢tedra, 2019).

La represi¨®n de la posguerra

Miguel Plat¨®n Carnicero
Actas, 2023
644 p¨¢ginas. 36 euros

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