Polic¨ªa Nacional y Municipal se coordinar¨¢n mejor ante las protestas
Cifuentes y Guindos acuerdan "medidas en la situaci¨®n que estamos viviendo y que vamos a vivir" Los indignados instan al Gobierno a respetar el derecho a manifestarse Instan a la delegada a no inmiscuirse en c¨®mo se organizan ni "imponga" censura a sus actos
Marea verde de profesores, marea blanca de sanitarios, 15-M, comerciantes contra la liberalizaci¨®n de los horarios comerciales, sindicatos y trabajadores contra los recortes... Ante la profusi¨®n de manifestaciones, concentraciones y todo tipo de convocatorias que se producen a diario en la regi¨®n, cifradas por Cristina Cifuentes en entre 10 y 15 e incluso 20, las polic¨ªas Nacional y Municipal mejorar¨¢n su nivel de coordinaci¨®n para que "alteren lo menos posible la vida de los ciudadanos". Esta es la principal conclusi¨®n de la entrevista mantenida entre la delegada del Gobierno con el concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad de la capital, Antonio de Guindos, la primera tras sus recientes nombramientos.
Cifuentes ha destacado de entre los acuerdos de la reuni¨®n de esta ma?ana -en la que tambi¨¦n han participado el jefe superior de Polic¨ªa de Madrid, Alfonso Fern¨¢ndez, y el inspector jefe de la Polic¨ªa Municipal, Emilio Monteagudo- que habr¨¢ "reuniones de coordinaci¨®n especifica en cada acto que se vaya a producir y en cada situaci¨®n que suponga un hipot¨¦tico riesgo de orden p¨²blico". Tambi¨¦n se quiere "mejorar la informaci¨®n respecto a la comisi¨®n de los delitos". En este sentido habr¨¢ "una reuni¨®n semanal entre los mandos para que establezcan los mecanismos de actuaci¨®n".
Se han acordado adem¨¢s "medidas para mejorar el transito en la situaci¨®n que estamos viviendo y que vamos a vivir en los pr¨®ximos meses". Preguntada si se puede vincular el aumento de las protestas con el paro, la delegada ha contestado que "se puede hacer o no" porque la situaci¨®n se arrastra desde que comenz¨® la crisis "y no ha habido una conflictividad espec¨ªficamente en la calle". Cifuentes se ha preguntado si,?aunque se mantengan cifras de paro "similares", va a aumentar esa conflictividad porque ha habido un cambio de Gobierno y su respuesta ha sido igualmente ambigua.
En todo caso, ha advertido de que, como delegada, no va "a entrar a hacer muchas valoraciones porque la obligaci¨®n de la Delegaci¨®n es garantizar el derecho constitucional a manifestarse y hacerlo compatible con el derecho de los ciudadanos a poder transitar". Ayer, la delegada emplaz¨® no obstante al 15-M a notificar al Gobierno sus convocatorias, como hace el resto de entidades pol¨ªticas, sociales y ciudadanas, porque "es obligatorio" y para que no haya "ning¨²n problema", dijo.
En una entrevista en ABC Punto Radio, se?al¨® que "si quieren beneficiarse de la legislaci¨®n en cuanto al derecho de reuni¨®n que lo cumplan ¨ªntegramente". "No queremos prohibir este derecho porque es constiucional, pero es obligatorio que se autorice para que lo protejamos. El problema es que no se comunica. Por ello, les pido que se notifique y que cumplan la ley", reiter¨®. En respuesta, los indignados han instado hoy a la Delegaci¨®n a que respete el derecho ciudadano a participar en la actividad pol¨ªtica "sin inmiscuirse ileg¨ªtimamente" en sus "formas de organizaci¨®n" ni pretender imponer la censura previa" de sus reuniones.
En un comunicado, la comisi¨®n legal del movimiento cita el art¨ªculo 21 de la Constituci¨®n sobre el derecho de reuni¨®n pac¨ªfica, que establece que "no necesitar¨¢ autorizaci¨®n previa" y que la autoridad solo podr¨¢ prohibir "cuando existan razones fundadas de alteraci¨®n del orden p¨²blico, con peligro para personas o bienes". Sobre la obligaci¨®n de comunicar a las autoridades estas reuniones, entienden que se trata de "prevenciones" que suponen "reminiscencias de un Estado autoritario que ve¨ªa a la ciudadan¨ªa como objeto de control y seguimiento, m¨¢s que como sujetos de derechos".
El 15-M considera que despu¨¦s de 30 a?os, el poder legislativo debe reinterpretar la norma para que se adapte "a los nuevos tiempos". Por otra parte, argumenta que el movimiento se organiza mediante asambleas que son "ampliamente comunicadas" a trav¨¦s de las redes sociales y los medios "y las autoridades tienen pleno conocimiento de todas". A su juicio, la exigencia del requisito administrativo de comunicar las reuniones contravendr¨ªa el mandato constitucional que obliga a los poderes p¨²blicos a "promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sean reales y efectivas". Ma?ana mismo habr¨¢ una reuni¨®n en Sol, convocada por el grupo de trabajo de econom¨ªa para denunciar el "expolio" de las cajas de ahorro y en defensa de una banca p¨²blica. Sin comunicaci¨®n previa, claro est¨¢.
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